Lecciones de la tregua

Editorial UCA
11/08/2017

El Salvador es el país de la coyuntura. La atención, especialmente mediática, se focaliza sobre un problema determinado y después de unos días se olvida, no porque el asunto se haya resuelto, sino porque la atención se ha posicionado en otro. Somos especialistas en postergar soluciones. Una semana la atención la acaparan las pensiones; otra, las candidaturas; otra, la corrupción. En estos días, el tema del momento es el caso que se ventila en el Tribunal Antimafia de Sentencia sobre la tregua entre las pandillas.

La cobertura de los medios de comunicación deja claro por lo menos dos cosas: las características de la tregua y la condena general de la que ha sido objeto. Lo primero que se ha confirmado es la participación directa de la administración de Mauricio Funes, llámesele política de Estado, política de gobierno o, eufemísticamente, “facilitación”, como gusta decir el expresidente. Que un esfuerzo con las características de la tregua era imposible realizarlo sin el consentimiento y el apoyo del Estado, fue evidente desde un principio. También los excesos permitidos a cambio de la reducción de homicidios era algo que ya se había hecho público y que los testimonios han confirmado. Además, la hipocresía de Arena y el FMLN ha quedado, por enésima vez, en evidencia: mientras se mantiene un discurso en contra de la tregua y de todo acercamiento a las pandillas, emisarios de los partidos políticos negocian votos a cambio de dinero.

El esfuerzo de pacificación, como han insistido en llamarlo los directamente involucrados, no representaba en sí mismo algo que pudiera generar tanto rechazo. Fue el modo de implementarla lo que provocó que la tregua cayera en desgracia ante la opinión pública. El empeño en ocultarla y, una vez que fue conocida, en negarla, le quitó toda posibilidad de seguir adelante. Además, los detalles sobre las facilidades otorgadas a los miembros de las pandillas y, sobre todo, que la extorsión, una de las más agobiantes cargas sobre las espaldas de la gente, siguiera y se extendiera generaron detractores hasta debajo de las piedras.

La más lamentable consecuencia del fracaso de la tregua sería que se cierre puertas a una salida racional al problema de la inseguridad y la criminalidad. Excluir el método del diálogo, como advertía en medio de la guerra civil Ignacio Ellacuría, es poner por delante intereses ideologizados sobre los anhelos de los salvadoreños. No se puede dudar de la extrema necesidad de buscar una solución sensata, pacífica y legal a la violencia. Más de 11 mil muertos en los últimos dos años en un país de poco más de 6 millones de habitantes es demasiado sufrimiento. Está claro que la violencia juvenil es uno de los factores que está destrozando la convivencia nacional. Pero debe entenderse bien que la violencia que padecemos es consecuencia, no principio fundamental de lo que sucede. Por supuesto, lo primero es detener la violencia, pero mientras las causas que la producen (como la exclusión, la desintegración familiar y la cada vez más deshumana y deshumanizante desigualdad) no sean abordadas de frente, cualquier acción solo será un analgésico.

Por razones estructurales, el diálogo, que parece tan imposible en estos momentos, no debe descartarse ni limitarse solo al problema de la violencia; debe abarcar todo lo que está detrás de ella. Es una estéril necedad insistir en que solo con represión terminará este sufrimiento. Claro está que cualquier iniciativa para buscar salidas racionales debe transparentar a la sociedad los criterios fundamentales que la guiarán, teniendo como finalidad principal detener el derramamiento de sangre y combatir las causas que lo producen. Lo que hay que descartar de una vez por todas es cualquier diálogo que no busque el bien del país, sino el de grupos particulares. Si todo lo que está saliendo a la luz es cierto, la tregua debe ser una lección, para no repetirla en sus formas. La salida a este problema no se halla en pactos clandestinos para granjearse votos y privilegios, sino en eliminar las causas que precipitan a una parte de la juventud más excluida hacia caminos subterráneos de subsistencia.