Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


No habrá paz sin derechos humanos

08/05/2017
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La semana pasada, la PNC informó de una reducción general de los homicidios. Poco después, el Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública se dio el lujo de afirmar que, ante situaciones que amenazan “la legitimidad plena del Estado”, los policías no deben permitir que les tiemble la mano, porque “ahí no hay manera de estar pensando que hay derechos humanos de por medio”. Otros hechos, también acontecidos durante los últimos días, nos hablan del asesinato de un sordomudo bajo fuego policial y de la colocación de pruebas falsas en las propiedades de un detenido. La repetición de frases en contra de los derechos humanos por parte de personas vinculadas a la seguridad es alarmante, porque va acompañada de abusos que con frecuencia quedan en la impunidad. Es increíble que algunas autoridades no se den cuenta de que, más allá de su política de mano dura, su lenguaje incita a la violación de derechos fundamentales.

La reducción de homicidios con respecto a 2015 y 2016, así como de otros delitos, es sin lugar a dudas positiva. Sin embargo, hay que señalar también que ello no nos pone por debajo de las fluctuaciones de delitos registradas en los últimos 50 años. En otras palabras, continuamos en una situación grave y no deseable, a pesar de las disminuciones. Si esto, además, es acompañado de serias violaciones a derechos humanos por maltrato y abuso de la fuerza, la situación se vuelve complicada y peligrosa. Y se torna todavía peor cuando las autoridades usan un lenguaje que favorece la conculcación de derechos. Porque todo descenso de delitos basado en un uso abusivo de la fuerza estatal deslegitima al Estado, rompe la cohesión social y prepara nuevas escenas de aumento de la violencia. Dar dinero a la ciudadanía para que se arme contra la delincuencia, como han hecho algunos políticos, es apoyar el caos y la brutalidad.

El Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública es abogado, ha sido candidato a puestos importantes dentro del ámbito jurídico e incluso ha trabajado en el campo de los derechos humanos. Que una persona con esa formación menosprecie públicamente y sin penas los derechos humanos debería inhabilitarle para ejercer cualquier función en el Estado. Porque los derechos humanos son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Incitar a no tenerlos en cuenta es alentar a la violación de la ley. Además, son una categoría moral externa al poder público y que está por encima de este. Es decir, el director de la Academia no solamente incita a la violación de leyes, sino a un comportamiento inmoral. Algo que lo descalifica para ocupar el puesto que ostenta.

Los derechos humanos no son juguete de nadie; son la mayor conquista de la humanidad para cimentar una convivencia pacífica. Despreciarlos es incitar al odio y la violencia. Muchas veces se ha repetido, y con razón, que en la violación de los derechos económicos y sociales está la causa del desarrollo de la delincuencia. Añadir la violación de derechos civiles y políticos no arregla la situación. Es evidente que la Policía tiene derecho a defenderse y que ha sufrido atentados muchas veces infames. Pero ello no justifica que responda con abuso de fuerza. Incluso sufriendo un ataque, la PNC debe responder con un uso proporcional de la fuerza. Esta institución ciudadana no surgió para eliminar enemigos, sino para proteger a los ciudadanos, detener a los delincuentes y llevarlos a juicio.

La seguridad ciudadana no puede construirse sobre la violación de leyes y normas. Los derechos humanos —repiten de muchas maneras diversas personalidades— son la mejor manera de construir convivencia pacífica. Dado que el Gobierno y otras instituciones estatales hablan de crear cultura de paz, deberían saber que esta o se edifica sobre los derechos humanos, o no es de paz. Se pueden perdonar, aunque no sin corregirles y llamarles la atención, las necedades de antiguos combatientes de la guerra civil, pues la violencia de una guerra suele afectar la racionalidad de sus protagonistas. Pero en profesionales relativamente jóvenes, la irresponsabilidad ante los derechos humanos marca, si se extiende, una tendencia a la repetición de la brutalidad del pasado. El Estado salvadoreño no debe permitir que sus funcionarios den marcha atrás a ese futuro que la población desea, un futuro de pleno respeto a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.


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