Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Retos y riesgos electorales

17/05/2017
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Con la asignación del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para los comicios del año entrante, y la apertura de la inscripción a las elecciones internas de los partidos políticos, se ha dado el banderillazo de salida al próximo proceso electoral, el cual finalizará hasta marzo de 2019, pues están previstas dos elecciones en años consecutivos: las legislativas y municipales de 2018, y las presidenciales de 2019. Esta confluencia electoral no es lo más conveniente para El Salvador, no solo por lo muy costoso que resultará, sino por lo desgastante que es para la población soportar una lluvia en extremo prolongada de promesas que jamás se cumplen. Dos procesos electorales seguidos no solo cansan, sino que también distraen la atención de los problemas nacionales. La preocupación por salir bien parados de las elecciones hace que todas las decisiones de los partidos políticos estén más en función del rédito electoral que de la búsqueda del bien común.

Además, el sistema electoral, al separar la elección presidencial de la legislativa, dificulta la gobernabilidad del país, pues se incrementa la posibilidad de que un Gobierno no cuente con el respaldo legislativo necesario para sacar adelantes sus proyectos. Por ejemplo, la administración de Sánchez Cerén tendrá que lidiar con tres Asambleas Legislativas diferentes: una en el primer año de su mandato, otra en los siguientes tres y una tercera para el último año de su período. Bien sabido es que la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa a los planes gubernamentales ha impedido, entre otros, encontrar una solución razonable al problema fiscal y al de pensiones, que hace años debió ser abordado con seriedad. Una problemática que los partidos no han querido enfrentar por las implicaciones electorales que su solución conlleva.

Hay varios aspectos que en estos momentos preocupan del próximo proceso electoral; aspectos que si no son gestionados con la eficiencia y transparencia debidas, incidirán negativamente en la legitimidad de los comicios. A pesar de que por primera vez tienen la obligación de celebrar elecciones internas para nombrar a los candidatos a diputados, alcaldes y concejales municipales, los partidos parecen más interesados, antes que en la práctica democrática, en la elección de personas que les ofrezcan garantías de plena fidelidad partidaria, que no vayan a cuestionar las estructuras del partido ni sus lineamientos. De ser así, pocas caras nuevas se verán tanto en las candidaturas a las diputaciones como a las alcaldías.

Por otro lado, todavía está muy fresco en la memoria el fiasco del último proceso electoral: el Tribunal Supremo Electoral fue incapaz de gestionarlo con rapidez y transparencia. Como se recordará, el Tribunal no pudo ofrecer resultados en el plazo esperado, y diversas inconsistencias en algunas actas obligaron al reconteo de un porcentaje de los votos, lo que fue arduo y tardado, sembrando dudas entre la población. El querer hacer las cosas a su modo en lugar de aprovechar la experiencia acumulada, sumado a la complejización del conteo por la introducción del voto por rostro y el voto cruzado, dieron como resultado un proceso electoral opaco. Además, en esta ocasión, al Tribunal le corresponderá formar las Juntas Receptoras de Votos, que ya no estarán integradas por representantes de los partidos, sino por ciudadanos elegidos al azar. Esta es una tarea de relevancia, de gran peso e importancia, que se añade a las que ya le correspondían al organismo.

Dado que el Tribunal Supremo Electoral no ha recibido el presupuesto que solicitó para celebrar las elecciones, tendrá que recomponer sus planes evitando sembrar dudas y suspicacias. Para ello, podría disminuir el número de Juntas Receptoras de Votos mediante el incremento del número de votantes para cada una de ellas. La experiencia enseña que 500 votantes por Junta es muy poco; la cantidad puede aumentarse sin dificultad alguna. Y si tiene que hacer el conteo de los votos a mano, el Tribunal debe pedirle a la Asamblea Legislativa que avale que cada marca en la papeleta se cuente como un voto, en lugar de fraccionar el mismo entre el total de marcas a las que cada ciudadano tiene derecho. Ello agilizaría el conteo, lo haría más efectivo, sin afectar en nada el resultado final. Igualmente, debería iniciarse el conteo por la elección más fácil de procesar, la de las alcaldías, lo que permitiría conocer resultados a las pocas horas de cerrar la votación. Y por supuesto, el Tribunal no debe correr los riesgos y aventuras de la vez pasada, contratando a empresas sin experiencia para la transmisión y consolidación de los datos. Por el contrario, debe buscar a las empresas con mayor experiencia, que han ofrecido sus servicios con efectividad y que puedan ajustarse a un presupuesto reducido. Ciertamente, una difícil combinación, pero solo así tendremos un proceso electoral confiable y transparente que legitime nuestra muy maltrecha democracia.


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