Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Reformar políticas y policías: una tarea urgente

22/05/2017
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Persisten los enfrentamientos, la mano dura, el uso abusivo y sangriento de la fuerza. Los homicidios se han reducido, pero continúan siendo una verdadera epidemia. El clima violento sigue tempestuoso. El desplazamiento interno, aunque algunos funcionarios del Gobierno lo nieguen, es una realidad. Demasiada gente desea irse del país. El número de migrantes no desciende. Las pandillas continúan con prácticas aberrantes, como la de asesinar a alguien como paso previo para incorporarse a la organización. La PNC mata con facilidad y cada vez hay más casos en los que se sospecha o se comprueban abusos, ejecuciones extrajudiciales o construcción de acusaciones falsas. Reformar la política de seguridad es imprescindible si se quieren dar pasos eficaces para la superación de la violencia. Pero también es imprescindible sujetar a reforma a una Policía que ha confundido la tarea de perseguir el delito con la represión. Incluso algunas autoridades hablan de represión, cuando lo propio en una policía democrática y en funcionarios civilizados es perseguir el delito a través de procedimientos en los que la investigación debe tener la prioridad y el uso de la fuerza debe estar regido por el respeto a los derechos humanos. A la Policía no le toca castigar, sino poner a los delincuentes a disposición de la Fiscalía y los juzgados.

Al reformar las políticas, hay que pensar con seriedad en la reinserción social de los pandilleros, dado su elevado número y juventud. Y eso difícilmente se hará sin tener algún tipo de diálogo, directo o indirecto, con ellos. Por supuesto, las pandillas tienen que comprometerse a no matar; especialmente, a no agredir a personas externas a sus organizaciones. Si matan, extorsionan, amenazan y le hacen difícil la vida a otros salvadoreños, muchos de ellos pobres también, están dándole la razón a quienes alientan medidas de guerra y de uso de fuerza letal. Negarse a dialogar con las pandillas y alentar la mano dura en público, y reunirse secretamente después con ellas para conseguir ventajas electorales ha sido el vicio hipócrita y traicionero de los políticos, especialmente de los dos partidos dominantes. Haciendo eso pierden el respeto de los salvadoreños. Como se gana el respeto de la ciudadanía es dialogando desde la legalidad, la transparencia, la exigencia de convivencia pacífica y la finalidad de reinserción de tanto joven inmerso en situaciones de grave ilegalidad y carencia de valores.

En la reforma de la PNC deben contemplarse diversos factores. Alentar el uso de la fuerza, hablando incluso de un modo irresponsable de utilizar fuerza letal, como si eso fuera normal, no debe permitirse en funcionarios del Gobierno ni mucho menos en miembros de la Policía. Los enfrentamientos deben estar sujetos a protocolos y normas claras, y tanto la Fiscalía como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos deben presentarse inmediatamente en los lugares donde se den para comprobar el buen procedimiento policial. Las estructuras de control interno de la PNC deben tener mayor independencia y apoyo técnico. La Inspectoría General y otras instancias de investigación de abusos policiales deben estar mejor dotadas y disponer de libertad y de pleno respaldo a su trabajo. Las amenazas a defensores de derechos humanos deben investigarse a fondo. La Fiscalía, en particular, debe tener una actitud de mayor responsabilidad ante los casos que presenta la Policía, en vez de aceptarlos inmediatamente sin revisión seria. Hay fiscales que por exceso de trabajo o porque son poco acuciosos se conforman con lo que les dan los agentes. En vez de ser ellos quienes dirigen la investigación, parecen simples receptores acríticos de investigaciones ajenas.

Hoy por hoy, lo peor que le podría pasar al país es que se desnaturalice la PNC. La mayoría de los agentes son buenos y honrados. Pero en los casos registrados de desplazamiento interno, aunque se suelen atribuir a la presión y amenazas de las pandillas, un 8% afirma que huye de la violencia ejercida por policías. Los casos sospechosos de ejecuciones extrajudiciales se multiplican, aunque sigan siendo un porcentaje pequeño en el mar de asesinatos. Además, se observan casos de abuso que deberían ser castigados con mayor rapidez y otros de falsas acusaciones que en un país democrático no tendrían posibilidad de llegar al sistema judicial y que podrían ser causa de juicio contra los policías involucrados. Reformar las políticas de mano dura que se están aplicando, iniciar diálogos de reinserción serios y reformar a la PNC son tareas indispensables para superar la violencia que nos aqueja.


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