Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Prioridades de la política criminal

29/05/2017
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En días reciente se informó oficialmente sobre el uso que se le dará a los fondos provenientes del impuesto especial a la telefonía, creado para enfrentar la violencia delictiva. Durante el segundo semestre de este año, de los 74 millones recaudados, el 62% se destinará a “control y represión” del delito, el 37% a “prevención” y el 1% a la “atención a víctimas”. El anuncio, tanto por las palabras escogidas como por la distribución del dinero, refleja con bastante exactitud la política gubernamental frente al delito. El control y la represión se llevan casi dos terceras partes de este presupuesto especial, indicando así cuál es en la práctica la primera prioridad. El uso de las palabras “control” y “represión” señalan también la tónica del enfrentamiento del delito, que privilegia la fuerza bruta y la mano dura.

La repetición de expresiones como “guerra contra el crimen”, “fuerza letal” y “represión”, utilizadas por altos mandos de la PNC y algunos funcionarios del Gobierno, así como el número de muertos en enfrentamientos con la Policía, indican claramente el rumbo que se está siguiendo. Y la llamada a no tener en cuenta los derechos humanos en algunas circunstancias reconfirma la posición agresiva de las autoridades y el olvido de las víctimas. En realidad, ese 1% que se les asigna a las víctimas es vergonzoso y lesivo a los derechos de la ciudadanía, dado que la indefensión de las víctimas de la violencia y la despreocupación por ellas es un problema grave en el país. Y máxime cuando algunas de ellas, aunque por supuesto no la mayoría, son tales por los atropellos de agentes del Estado.

Frente a esta situación, expresada gráficamente en el reparto de recursos, hay que recordar que legalmente la misión de la Policía y de las instituciones encargadas de salvaguardar las leyes es prevenir el delito y proteger la convivencia ciudadana a través de la investigación, la persecución y puesta a disposición del sistema judicial de todo hecho delictivo. La prevención del delito, hay que decirlo, no es solo función de otras instituciones estatales y privadas, sino también modo de actuar imprescindible de la Policía. El lenguaje agresivo de las autoridades no anima al uso de la inteligencia, esencial para frenar el crimen, sino a establecer formas operativas rayanas en la ilegalidad o claramente ilegales. Las palabras “control” y “represión” suenan más a régimen militar que a democracia.

La participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad agrava la situación y dificulta que se enfrente el delito de manera atinada y razonada. En varias ocasiones, distintas organizaciones nacionales han insistido en la necesidad de que el Estado salvadoreño ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Somos el único país de Centroamérica que no lo ha firmado. En el contexto actual, hacerlo sería no solo un signo positivo por parte del Gobierno, sino un buen paso en defensa de una ciudadanía que reporta excesos de fuerza en el ejercicio de la autoridad policial.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia desarrolló hace un par de años un excelente plan que posteriormente el Gobierno llamó El Salvador Seguro. En aquel entonces, más del 80% de lo que se presupuestaba para enfrentar el problema de la violencia iba destinado a prevención. Y es un hecho que la situación de violencia ha mejorado en aquellos municipios en los que la ciudadanía ha colaborado más para prevenir el delito. Donde se ha trabajado en conjunto con las instituciones y asociaciones locales, los resultados han sido mejores, sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza letal o a esa peligrosa e ilegal forma de defenderse que consiste en repartir armas entre los ciudadanos. En este sentido, sería mucho mejor invertir en prevención la mitad o un poco más de los fondos del impuesto a la telefonía y asignar el resto dándole prioridad a las víctimas, que por hoy están marginadas y olvidadas.


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Comentarios

Sebastián Castellón
31/05/2017 08:40:51 AM




Sugiero unas precisiones: La distribución la propone el gobierno pero los diputados piden cambios. ARENA y GANA priorizan represión y han presionado para destinar la mayor parte de los recursos para ello. Las asignaciones CESC no reflejan el total de los recursos destinados a un tema, son un extra o complemento. Ciertamente víctimas es minoritario y recibió en esta asignación menos que en las previas, pero estos no son los únicos recursos para el tema, pues también los hay de presupuesto ordinario. El Plan El Salvador Seguro estima un 70% (no el 80%) de sus inversiones para prevención. De acuerdo en todo lo demás.



Miguel Martínez
30/05/2017 06:31:45 AM




Al respecto de que la mayor parte del dinero del impuesto a la telefonía se utiliza en represión, un diputado conocido porque se pronuncia por implantar la pena de muerte, los grupos de defensa civil, que prometió ayudar a acusados de pertenecer a grupos de exterminio, acusó en cierta ocasión al gobierno porque no estaba utilizando incorrectamente el dinero recaudado. Se refería la denuncia a que el dinero se estaba utilizando en otra cosa, aludiendo al uso del dinero en prevención. Podemos ver como alguien desesperado por conseguir votos pretende representar a quienes piden las ejecuciones de pandilleros, pena de muerte, asesinato de familias enteras. Como vemos, existen todavía personas que creen que con más represión van a resolver los problemas de la violencia en el país. No aprendieron de la guerra, pues tratan a sus oponentes peor que los trataron a ellos, ignorando también el mecanismo que hizo que la guerra terminara: el diálogo/negociación.




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