Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Derechos humanos, sin defensa

09/10/2017
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La Constitución es enfática sobre el derecho a ser defendido en juicio. A todo salvadoreño hay que asegurarle no solo la presunción de inocencia, sino “todas las garantías para su defensa”. “Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales”, dice el artículo 12 de nuestra Carta Maga. Sin embargo, la realidad es otra. En la doctrina jurídica, el texto constitucional señala y garantiza los derechos mínimos de todos los habitantes de un país. Pero entre nosotros la Constitución se presenta más bien como un ideal de justicia social, bienestar, rapidez y eficacia del sistema judicial, honradez de los diputados. Por ejemplo, aunque la Constitución garantiza el derecho de respuesta en su artículo 6, los dueños de los periódicos deciden a quién se lo otorgan. Al final, los derechos constitucionales solo los goza una minoría, la más estable y rica de la población.

Los números muestran con contundencia que el derecho a ser defendido no se cumple. Según la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de este año ha defendido a más de 21 mil personas. A parte de ellas, hay más de 15 mil detenidos de años anteriores cuyos procesos también son llevados por miembros de la institución. Así, si la cantidad de detenidos se repartiera equitativamente entre los 264 defensores públicos de la Procuraduría, cada uno tendría a su cargo 140 casos. En otras palabras, una tarea imposible que en la práctica deja a mucha gente sin defensa. Por supuesto, no faltarán los que digan que ciertos criminales no merecen ser defendidos, menos con fondos públicos. Pero el derecho a una defensa pública es la única manera de proteger a los ciudadanos frente al abuso o los errores del poder. Son demasiadas las experiencias de redadas multitudinarias en las que a la audiencia inicial llega solamente un abogado de la Procuraduría, para enterarse allí mismo de la acusación contra sus defendidos y representar a 30 o 40 detenidos.

Nos pasamos criticando al Estado y con frecuencia decimos que es corrupto o ineficiente. Pero al mismo tiempo, se le exigen unas tareas imposibles de atender. No nos damos cuenta de que el poder funciona mal precisamente porque los ciudadanos no tenemos la coherencia suficiente para exigir el cumplimiento de las normas que nos rigen y aportar los recursos adecuados para ello. Podemos culpar a los políticos de una Procuraduría mal pagada y sin recursos, pero al final la responsabilidad por su mal funcionamiento es de la ciudadanía. Primo Levi, un sobreviviente de los campos de concentración, decía que los monstruos existen, pero que son “demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son verdaderamente peligrosos son los hombres comunes”. Y somos precisamente nosotros, las mayorías, los hombres y mujeres comunes los que al acostumbrarnos a la injusticia y a la violación de derechos humanos terminamos avalando atropellos.

En el actual contexto de violencia, se está desatendiendo cada vez más una buena cantidad de derechos fundamentales, confiando excesivamente en la mano dura y propiciando ideas y ánimos reñidos con el Estado de derecho. Espíritu de venganza, ojo por ojo e imprecaciones pidiendo que los encarcelados se pudran en la prisión son algunas de la joyas antidemocráticas que anidan en el clima de violencia del país. Nada de eso es coherente con la Constitución ni con los derechos humanos que le dan vida y la han inspirado. Incluso se repite en demasía que los derechos humanos solo sirven para proteger a los criminales. Aunque esa peligrosa afirmación carece de fundamento, pocas personas la rebaten en público. Ni siquiera la mayoría de los funcionarios, políticos de los diversos partidos y miembros del sistema judicial se atreven a defender los derechos humanos públicamente, creando de esa manera un ambiente de irrespeto hacia los mencionados derechos. Algo que puede generar autoritarismo y entrañar muchos riesgos para los defensores de derechos humanos.

Se considera escoria a los detenidos y se les trata como tales en las bartolinas, a pesar de que la mayoría sale libre posteriormente porque eran inocentes o porque cometieron una falta que no ameritaba prisión. Ya en las cárceles, y más aún en las que están sujetas a medidas especiales, el trato es cruel e inhumano, como lo demuestra la epidemia de tuberculosis que se ha desarrollado en el sistema carcelario y que está a punto de convertirse en un verdadero problema de salud pública. Si queremos subsanar el clima de violencia existente, tenemos que comenzar, en todos los niveles, a respetar y fomentar los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos en tanto Estado supuestamente democrático.


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Comentarios

Fredis Sandoval
11/10/2017 10:49:25 PM




El titular debería ser: "Derechos humanos, sin defensa en la democracia formal; construyamos por tanto democracia real participativa". Como referencia doctrinal para la democracia participativa, en cuanto superación radical de la formal, puede servir la enseñanza del Documento de Aparecida, de los obispos latinoamericanos, 2007. Invito a sacarle provecho a ese posicionamiento doctrinal, pastoral, social, aunque no seamos católicos, cristianos o creyentes. Luego podemos generar debate, conscientización y organización para incidir efectivamente en la actualización de nuestras leyes, su conocimiento y aplicación; sin descuidar, por supuesto, que nuestro cuerpo de leyes deben actualizarse a tenor de los tratados internacionales en materia de derechos humanos..



Rosario Gómez
09/10/2017 06:43:33 PM



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En la lectura de este texto me parecen unas lecturas muy interesantes" todas las garantías para su defensa" Las personas estrato social bajo no posee todas esas garantías. "21 mil mas 15 mil detenidos se repartiera equitativamente entre 264 defensores públicos de la Procuraduría cada uno tendría a su cargo 140 casos" aproximadamente. Es ahí donde entra en escenario el señor dinero en algunos casos. Es ahí donde se ve en desventaja la persona que pertenece a un estrato social bajo. Quedando libre quien no lo merece.



Miguel Martínez
09/10/2017 03:00:14 PM



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Para ejemplificar lo dicho en el editorial, solo basta saber que la mayor parte de gente pide que los pandilleros capturados sean ejecutados en el momento en que son capturados. Desprecian las leyes de la República y le apuestan con ira al "ojo por ojo" que lo que trae es más venganzas. Se podría entender tal actitud debido al daño causado por quienes solo son la consecuencia de problemas estructurales históricos en nuestro país. Siempre que alguien se pronuncia en defensa de las leyes y no de los pandilleros, es tomado como tal por una sociedad acostumbrada a ver muertos por todos lados. Pero no sólo es la gente del común la que se pronuncia por ejecuciones, sino también un reconocido diputado que tiene un alto cargo en la Asamblea Legislativa, quien públicamente ha aprobado el asesinato y aún ha defendido a policías acusados de crímenes. También ha apoyado fervientemente los grupos armados en ciudades y cantones. Y además la repudiada pena de muerte.




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