Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Nueva disyuntiva

11/10/2017
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Ya está en manos de la Asamblea Legislativa el Presupuesto de 2018, presentado por el Ministro de Hacienda. Desde el día de su entrega, el 29 de septiembre, no han cesado las críticas al mismo, señalando que contempla un importante incremento en el número de plazas de funcionarios públicos, que no está debidamente balanceado y que requiere de mayor deuda para cubrir todos los gastos previstos. También se acusa de que no cumple con la ley de responsabilidad fiscal aprobada en noviembre del año pasado ni con la sentencia de la Sala de Constitucional sobre el Presupuesto 2017. Algunos además critican que disminuya la inversión en educación y que no se privilegien suficientemente las áreas de salud, justicia y seguridad.

Todo ello hace pensar que la aprobación del Presupuesto para el próximo año fiscal será un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno y requerirá de importantes negociaciones. Tal como ha sido presentado, el Presupuesto implica la aprobación de 554.1 millones de dólares en deuda pública, lo cual requerirá de los votos de al menos 56 diputados, es decir, 31 diputados del FMLN más otros 25, entre los cuales deben estar algunos de Arena. Así, una vez más, Arena es imprescindible para la aprobación del Presupuesto, lo que le otorga una posición muy ventajosa ante cualquier negociación.

Es importante destacar que en esta ocasión, según el Ministro de Hacienda, el Presupuesto incluye todos los ingresos y gastos previsibles, lo cual no solo cumple con la ley, sino que permite conocer cuál es realmente el costo del funcionamiento del Estado y de sus inversiones. Ello no solo es necesario para la transparencia, sino que evitará las acostumbradas reformas para hacer frente a gastos no presupuestados y dará al Gobierno la seguridad de que podrá cubrir todas las necesidades que ha previsto para su funcionamiento durante el próximo año. Precisamente, la inclusión de todos los gastos es una de las razones por las que el Presupuesto de 2018 es mayor al del año en curso. También es cierto que se incluyen nuevas plazas, sobre todo para las instituciones autónomas y para las empresas públicas, que solicitan 2,066 frente a las 458 nuevas plazas para el Gobierno.

Habrá que revisar con detalle la necesidad de cada una de esas nuevas plazas, especialmente en aquellas instituciones donde se piden más sin que ello suponga un mejor servicio a la población. En este sentido, es fundamental un ordenamiento de todo lo relativo a los funcionarios públicos, expresado en una nueva ley de la función pública. Hay que poner orden al proceso de contratación de nuevos funcionarios y a la asignación de salarios, con un sistema que garantice la calidad de la administración pública y la equidad en las remuneraciones (que, dicho sea de paso, son en promedio más altas que la de los Estados vecinos).

El problema del déficit presupuestario no obedece a los gastos; a pesar de ser altos y estar mal distribuidos, siguen siendo insuficientes para lo que el país requiere. Los gastos pueden y deben revisarse y redistribuirse en base a un criterio de eficiencia, pero difícilmente pueden disminuirse. A nuestro juicio, dado que las necesidades de la población —y no solo en materia de salud, educación y seguridad— continúan sin estar debidamente cubiertas, es imprescindible hacer más inversiones en infraestructura. En contraste, los que siguen siendo demasiado pequeños son los ingresos corrientes del Estado, insuficientes para impulsar el desarrollo humano y el crecimiento de la economía nacional. Si se quiere detener el endeudamiento del país, sacarlo de la pobreza, invertir en la gente, generar las condiciones para más y mejores empleos, es necesario que las finanzas públicas tengan mayores ingresos. Y para ello no hay otro camino que un pacto fiscal que incremente los recursos del Estado por medio de impuestos progresivos que redistribuyan la riqueza.

La aprobación del Presupuesto 2018 pone al país ante una nueva disyuntiva y reafirma la necesidad de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo pensando, antes que en nada, en las necesidades de los más pobres y en el futuro de El Salvador.


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Comentario

Pompilio Flores
12/10/2017 01:39:44 PM



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Lo del pago de impuesto que no entra al estado que según estudiosos ronda entre 1,200 a 2,000 millones de dolares me parece como un punto medular de discusión como país. ¿Qué cosas pudiéramos hacer con ese dinero?. Me parece que esta debería ser la discusión por parte de los medios. Creo que se deben revisar, no solo los gastos, sino también los impuestos no pagados que cambiarían el curso de nuestro historia de llegar a las arcas del estado.




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