Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


La Asamblea ante la desigualdad

15/05/2018
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La Asamblea Legislativa, tanto en sus ediciones anteriores como en la actual, no entiende la importancia de la igualdad ni comprende el problema que genera la desigualdad. Los datos confirman sistemáticamente esta afirmación. En el poco tiempo que lleva funcionando la actual legislatura, algunos diputados empezaron a insistir en que la corrupción debería ser un delito imprescriptible. No está mal la idea, pero siempre que se ubique en un marco racional. La prescripción es un asunto legalmente muy discutible. Estados Unidos, sin ir muy lejos, no tiene prescripción para los homicidios; otros países la tienen condicionada y en relación a la duración de las condenas estipuladas para cada delito.

Nosotros tenemos una prescripción absurda, con un máximo de 10 años para dejar los crímenes sin responsabilidad penal. Y en vez de establecer un marco racional, nos lanzamos a proponer prescripciones para lo que esté de moda condenar, sin tomar decisiones posteriormente. Está bien eliminar la prescripción de los delitos de corrupción, tanto públicos como privados. Pero el homicidio y el feminicidio tienen mayor peso para que la prescripción sea eliminada. El principio de la igualdad no es posible sin establecer proporcionalidades y relaciones entre diversos aspectos. Y esto no lo entiende la Asamblea.

Si lo entendiera, se preocuparía por todos los signos de desigualdad que día a día nos sacuden. Y comenzarían nuestros diputados a preocuparse por trabajar en la eliminación de esa plaga y enfermedad social auténtica que es la desigualdad y que está presente desde el inicio de la vida de los salvadoreños. En El Salvador actual hay aproximadamente medio millón de niños y niñas de entre cero y cuatro años. En esa edad se produce el desarrollo neuronal más intenso, que determinará las posibilidades de futuro de la persona. Por eso todo Estado moderno y democrático tiene una política para los niños en esas edades. Salud, cuidado, estimulación y desarrollo educativo de capacidades están presentes en ella. Nuestro país, si exceptuamos los planes de vacunación, carece de una política pública para los niños de esas edades.

Visitas familiares frecuentes, vigilancia de la alimentación (la desnutrición existe), jardines de infancia a partir de uno o dos años son realidades ausentes. La preocupación por estimular el desarrollo de los niños en la primera infancia, más allá de la ternura y el cariño familiar, es una asignatura olvidada. El Ministerio de Educación publica sistemáticamente información estadística educativa a partir de los cuatro años del niño, cuando los tres previos son claves en el desarrollo de las capacidades, como lo señala la neurociencia desde hace más de 30 años. No hay una política pública que atienda esas edades, y ello crea, desde muy pronto, una desigualdad difícil de extirpar. Los que tienen recursos pagan ambientes e instituciones privadas que ayudan a los niños en los primeros tres años a tener los estímulos necesarios para su propio desarrollo. Pero la inmensa mayoría carece no solo de medios, sino incluso de conocimientos para la estimulación adecuada en el seno de la familia. La ausencia de políticas públicas al respecto reproduce y aumenta esa desigualdad que genera tantos problemas en El Salvador.

La Asamblea Legislativa, entre otros retos, debe diseñar políticas adecuadas al desarrollo infantil si quiere enfrentar el problema de la desigualdad. La inversión en la primera infancia produce un retorno, tanto a las personas como a la sociedad, muy superior a otras inversiones educativas. Y facilita tanto el desarrollo individual como el social. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó recientemente un estudio sobre la íntima relación entre ineficiencia y desigualdad. No hay desarrollo equitativo y justo si no se superan los índices de desigualdad en los que es campeona mundial América Latina. Pero el debate sobre la desigualdad asusta a una buena parte de nuestro liderazgo político y económico. Trabajar en una política pública para la primera infancia es una buena forma de comenzar a combatir la desigualdad y de perder el miedo a la igualdad.

* José María Tojeira, director del Idhuca


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Comentario

Mauricio Canales.
29/05/2018 10:35:42 PM




La prescripción de un delito o un acto de corrupción es equivalente a impunidad. No olvidamos aquellos tiempos en que la voz del presidente era la que resonaba a manera de una orden en los tres órganos del Estado. De igual manera jueces y fiscales estaban atentos a las órden del régimen extremadamente presidencialista. Al respecto, hemos visto a jueces y miembros de la sala de esa época rasgándose las vestiduras dando consejos de cómo legislar, en tanto en prisión deberían estar por los actos de omisión que realizaron o por cumplir y desarrollar órdenes, a veces injustas, del ejecutivo. Durante esos períodos fue que se dió el mayor número de actos de corrupción, que acumuló años que hoy sirven para decretar la injusta prescripción de los delitos. No indica esto de que hoy estamos en la gloria, pero la separación de órganos es fácilmente comprobada como en el caso de las decisiones de la actual Sala de lo Constitucional, que antes existía, pero no actuaba.




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