Año 21
Número 906
junio 15, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial Inteligencia desviada
Política Interrogantes sobre el espionaje telefónico
Economía Impacto de la aplicación del IVA a los productos agropecuarios
Sociedad Las comunicaciones del señor presidente
Derechos Humanos La PNC sin máscara (II)
Documento Informe del primer año de gobierno (I)
 
 
 

EDITORIAL

    Una demanda judicial presentada por una empresa de telecomunicaciones (Saltel) ha obligado a reconocer la existencia de espionaje telefónico en El Salvador y ha llevado a la superintendencia respectiva a imponer una multa, más simbólica que real, a la empresa telefónica responsable, en su mayor parte propiedad de una transnacional francesa (Telecom). La iniciativa no provino, pues, de la Superintendencia, sino del propietario de Saltel. De no haber sido por su demanda judicial, la superintendencia nunca hubiera actuado en contra de Telecom, la empresa que se prestó a que terceros interceptaran las llamadas de sus usuarios, aun cuando esto era ampliamente sabido. Hay que reconocer que a veces, como en este caso, las instituciones cumplen con sus atribuciones, pero no sin presionarlas. Dejadas a sí mismas, se dejan llevar por la inercia y más cuando se trata de transnacionales poderosas. La existencia de espionaje telefónico implica la violación de la privacidad ciudadana, garantizada por la Constitución, y el autor de dicha violación —porque es claro que Telecom sólo ha sido un medio—, fue utilizado por un tercero que el gobierno, los políticos y la prensa dicen desconocer.

    A raíz de la demanda de Saltel, se ha reconocido que los gobiernos pecenistas, demócrata cristianos y de ARENA, sin excepción, han violado la privacidad de los ciudadanos con fines eminentemente políticos. Alguno incluso se atreve a argüir que en la década de los ochenta esta práctica era comprensible. En aquel entonces, el espionaje se llevaba a cabo desde ANTEL y estaba a cargo de la Fuerza Armada. Los militares escucharon incluso a Cristiani y a Calderón Sol. Los Acuerdos de Paz y la privatización de la actividad cambiaron el panorama. Los primeros sacaron a los militares, al menos de manera formal, de la seguridad y pasaron esta responsabilidad al recién creado Organismo de Inteligencia del Estado, y la segunda hizo muy difícil continuar con esta tarea, pues de una se pasó a varias empresas de telecomunicaciones. En algún momento aún no aclarado, el equipo fue sacado de la antigua ANTEL, pero los números telefónicos continuaron intervenidos y las conversaciones siguieron siendo escuchadas. De ahí el interés del ex director de dicha entidad y ahora director de la Policía Nacional Civil en modificar la Constitución, que prohibe esta clase de actividad. Porque, claro está, la prohibición constitucional no ha sido óbice para que los gobiernos de las tres últimas décadas hayan estado escuchando a los ciudadanos. Con lo que no contaron fue con que la privatización de las telecomunicaciones abriera la posibilidad para demostrar que la privacidad estaba siendo violada, ni mucho menos con la demanda judicial.

    Al comprar ANTEL, Telecom heredó la intervención y la permitió hasta hace muy poco tiempo. Lo mismo hicieron todos los directivos de ANTEL, a quienes también la Fiscalía General de la República debiera pedir cuentas, estableciendo sus responsabilidades civiles y penales. Es muy difícil creer que éstos no supieran que bajo sus narices, los militares primero y la inteligencia de Casa Presidencial después, tenían intervenidos ciertos teléfonos cuando esta actividad era del dominio público, tal como se puede demostrar con grabaciones existentes. La UCA misma tiene en su haber la grabación de una conversación telefónica de su rector Ignacio Ellacuría con el rector de la Universidad de El Salvador.

    Resulta, pues, ridículo que el gobierno, los políticos del bloque de la derecha y la prensa misma, tan temeraria en algunos casos, no hayan podido identificar aún quién es el responsable último de la violación de la privacidad de los ciudadanos. Algunos altos funcionarios del gobierno de Flores intentan distraer la atención al atribuir el espionaje al crimen organizado, sin por ello menospreciar su capacidad logística; pero otros, más cautelosos, prefieren esperar el resultado de unas investigaciones que quisieran que no condujeran a ninguna parte, tal como es usual. No hay que ser muy imaginativo para concluir que el Estado es el único con capacidad para ejecutar esta operación. Sólo los militares, en épocas recién pasadas, y el Organismo de Inteligencia del Estado, en la actualidad, tienen el poder necesario para interceptar las llamadas telefónicas, incluso del Presidente de la República. Así pues, la tarea de la Fiscalía General no es muy complicada. No es nada del otro mundo averiguar dónde estaba colocado el equipo en ANTEL, ni quiénes lo operaban; así como tampoco es muy complicado verificar cuándo, a dónde y quién lo trasladó; ni quién ordenó continuar interceptando las llamadas, ni su destino. El gobierno de Flores, los políticos de la derecha y la prensa lo saben perfectamente bien, pero no se atreven a reconocerlo o tal vez prefieren no reconocerlo por las implicaciones que de tal reconocimiento se derivarían. De nuevo, el olvido se presenta como la mejor solución para lo que es una clara y flagrante violación constitucional.

    El objetivo de esta violación al derecho y la libertad de la ciudadanía no ha sido perseguir el crimen, sino espiar al adversario político. Al menos, eso es lo que se concluye de los números telefónicos cuya intervención ha sido comprobada. El Organismo de Inteligencia del Estado tendría que demostrar fehacientemente lo contrario. Pero éste se podría negar a ello, alegando la confidencialidad. Existe, sin embargo, otro argumento para poner en evidencia el objetivo político de esta actividad ilegal del gobierno salvadoreño. Está comprobado que los tres gobiernos de ARENA han utilizando el espionaje telefónico a discreción durante años. Durante este tiempo, el actual director de la Policía Nacional Civil y ex director de la inteligencia estatal, Mauricio Sandoval, ha tenido a su disposición este instrumento sin ningún control o supervisión judicial, que entorpeciera su labor. Y aun así, no ha podido ganarle la batalla al crimen organizado. Ni siquiera ha podido controlar la industria del secuestro. Por lo tanto, el espionaje telefónico no ha estado al servicio de la seguridad pública, sino de los intereses políticos partidistas del gobierno. A juzgar por el destino de la información recogida, es muy poco verosímil pensar que el Organismo de Inteligencia del Estado carece de la capacidad para procesar la presunta información recogida sobre la actividad criminal.

    A quienes aún defienden la necesidad de autorizar la intervención telefónica, bajo control judicial, para combatir al crimen organizado, este hecho les debiera hacer recapacitar. Está demostrado que este mecanismo, que ya ha sido utilizado durante años, no arroja los resultados deseados y no se puede esperar razonablemente que éstos se alcancen mientras sea dirigido por los funcionarios actuales. Cuando el director de la Policía Nacional Civil pide autorización para escuchar las comunicaciones telefónicas, lo que está pidiendo, en realidad, es autorización para practicar el espionaje político. Sin embargo, este “descubrimiento” es una nueva oportunidad para replantear desde su raíz el tema de una inteligencia pública desviada y también pervertida.

POLÍTICA

    "Espionaje telefónico" es el nombre del nuevo escándalo en la agitada vida política salvadoreña. Acaba de salir a luz pública, hace algunos días, una resolución de la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET) que multa a la empresa telefónica CTE-Telecom "por haber violado el secreto de las comunicaciones mediante la interferencia o intervención intencional de la misma" (sic). La existencia de la interferencia se conoció a raíz de una demanda interpuesta por SALTEL —otra empresa telefónica— ante la SIGET, en la que solicitaba una investigación de lo que sospechaba era una intervención de los teléfonos de los abonados de esta compañía. CTE-Telecom ha desmentido dicha acusación, explicando que no ha escuchado las llamadas, sino que las ha "reenrutado"; y además que la denuncia de SALTEL obedece a un diferendo con su empresa que está siendo estudiado en la Asociación Americana de Arbitraje, en Nueva York.

    Lo que parece una disputa comercial entre técnicos y expertos de dos empresas de comunicaciones, sin embargo, ha merecido la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Asamblea Legislativa. Vale recordar que la Constitución, en su artículo 24, prohibe tajantemente la intervención de los teléfonos. Por lo tanto, la acusación de "intervención intencional" de las llamadas constituye un delito grave de violación a la constitución, lo cual "amerita una acción y castigo penal contra quien haya cometido el delito", según el fiscal del caso. Y, por otra parte, la intervención de la Asamblea Legislativa se debe a las denuncias —así lo han manifestado el diputado Francisco Merino, ex vice-presidente de la República y el ex superintendente de telecomunicaciones, Orlando de Sola— de la existencia de una red de espionaje telefónico instalada en el Organismo de Inteligencia de Estado (OIE). Entonces, el "reenrutamiento" no sería una decisión técnica y con fines estrictamente de comunicación, sino que obedecería a otras razones —quizás de tipo político—, con una estructura bien montada desde casa presidencial, que viene funcionando desde hace bastante tiempo atrás y la cual debería ser conocida por los ex presidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. Asimismo, por la naturaleza de las afirmaciones de los denunciantes, no sería de extrañar que Francisco Flores también conociera del espionaje telefónico realizado por el OIE.

    De momento, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio para deducir las responsabilidades del caso. De cualquier modo, la respuesta a la pregunta por los responsables del delito de espionaje telefónico —¿CTE, los dos ex presidentes, o Flores?—, además de ir al fondo del asunto para descubrir todas las ramificaciones y personas involucradas, debe estar acompañada por otra pregunta fundamental: ¿a quién beneficia el "reenrutamiento" de las llamadas?

    La empresa denunciada aclara que ese procedimiento, a partir del código B-9, busca beneficiar al usuario, evitando congestionamiento en las líneas. Así, al contrario de lo que piensa la Superintendencia y SALTEL, se trataría de mejorar los servicios telefónicos garantizando una comunicación limpia y rápida. No habría motivo de alarma, puesto que CTE-Telecom es una empresa honesta que respeta a sus abonados. Esa es la razón por la que apelará la decisión de la SIGET, la cual, a su manera de ver, no "está apegada a derecho". Pero, de momento, lo que no ha aclarado CTE-Telecom es por qué, cuando decidió "reenrutar" las llamadas vía el B-9, hizo caso omiso de una cláusula de la ley de la SIGET que define el código B-9 como abonados interceptados. ¿Cómo pueden saber los salvadoreños qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Y si fuera una estructura de espionaje? ¿Quién escucha las llamadas? ¿El OIE? ¿Ha tenido el crimen organizado acceso a las llamadas interceptadas?

    En el caso del OIE, la sospecha fundada de espionaje telefónico involucra, en primer orden, a su ex director, actual responsable de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval. ¿Qué sabe Sandoval del espionaje telefónico, de sus motivaciones y de su utilización? ¿Cuáles son sus nexos actuales con el OIE? ¿Qué información puede aportar para aclarar la situación? La investigación de la Fiscalía debe arrojar luz sobre esas interrogantes, pero sólo puede hacerlo si centra su atención en figuras como Sandoval. Por ello, es de una importancia crucial la declaración e investigación de los ex presidentes Cristiani y Calderón Sol. Estos, según las denuncias recogidas por los medios, sabían de la existencia del espionaje y no hicieron nada para detenerlo, a sabiendas de su inconstitucionalidad. Con todo, lo más importante es determinar los fines por los cuales se usaba, en el sistema de la inteligencia estatal, el espionaje telefónico.

    Los números intervenidos indican que algunos sectores sindicales y personajes políticos importantes de la sociedad estarían bajo vigilancia estatal. ¿Cuál es el motivo de escuchar las llamadas telefónicas de empresarios y opositores políticos? ¿Se ha dado algún tipo de chantaje con esta práctica? Es difícil contestar a estas y a otras preguntas. Sin embargo, no deja de llamar la atención la gran confianza que goza el actual director de la PNC de parte del Presidente de la República. El mandatario ignoró el resultado de las encuestas que colocaba a la Ministra de Educación como la funcionaria mejor evaluada del actual equipo gubernamental, dedicándose a hacer una apología del director de la PNC, a quien atribuyó la mayor simpatía popular en el conjunto de sus funcionarios. ¿Qué sabe este funcionario para merecer tanta confianza?

    Pero lo más grave en este asunto, en caso de que se llegara a comprobar la participación directa del OIE en una red de espionaje estatal, es el enorme retroceso que implicaría en las garantías constitucionales en El Salvador. A raíz de los Acuerdos de Paz se lograron establecer los mecanismos de funcionamiento de una inteligencia estatal. Y se otorgó a la Asamblea Legislativa un papel preponderante en el control y definición de una Inteligencia de Estado en beneficio de toda la sociedad. Si fuera el caso que se estuviera fomentando un espionaje a espaldas de la Asamblea Legislativa, no sólo se estaría violando la Constitución, un hecho grave en sí mismo, sino que también se estarían manteniendo instrumentos y estructuras de control propias del pasado, que servían para eliminar a los opositores del régimen. Si no fueran así las cosas, los responsables de seguridad nacional no tendrían ningún motivo para obviar los preceptos legales que exigen un control del Órgano Legislativo sobre la Inteligencia de Estado.

    Por otro lado, otra pregunta interesante en el contexto salvadoreño es la posibilidad de que el espionaje haya beneficiado al crimen organizado. Es sobradamente conocida la incapacidad e ineficiencia de las autoridades de seguridad pública para controlar el crimen organizado en El Salvador. La delincuencia organizada que actualmente azota el país revela poseer no sólo armamentos sofisticados y de grueso calibre, sino un grado sorprendente de capacidad operativa y logística, mucho mayor que la de la misma PNC. Asimismo, hay fuertes indicios de infiltración en la policía por parte del crimen organizado, el cual, quizás, ha invadido otras esferas del aparato estatal. ¿Guarda esto alguna relación con el espionaje telefónico?

    La investigación que en este momento realiza la Fiscalía tiene que aclarar estas preguntas. Quizá la profundidad a la que se llegue en la investigación del espionaje telefónico pueda ayudar a dilucidar una pregunta ciudadana, de la que hizo eco el Fiscal General de la República en días pasados; la pregunta por los "peces gordos", los cerebros de los secuestros, del narcotráfico y del lavado de dinero. De ser tratadas con seriedad, las interpelaciones que se darán en la investigación que lleve a cabo la Asamblea Legislativa deberían ayudar a establecer responsabilidades políticas de ex funcionarios y funcionarios de alto rango, así como su compromiso hacia la democracia, el respeto de la Constitución y los derechos humanos.

ECONOMÍA

    Durante los últimos días la eliminación de las exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos agropecuarios se ha convertido en una fuente de conflictos sociales, de incrementos desproporcionados en los precios de los alimentos y cuestionamientos a las medidas económicas que propone el gobierno de Francisco Flores. Para el sector empresarial, aglutinado en gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO), la eliminación de las exenciones al IVA beneficiará al sector agropecuario y, contrariamente a lo que pudiera creerse, no provocará mayores incrementos en los precios de los productos agropecuarios. En cambio, para los comerciantes de estos productos, la eliminación de las exenciones es una medida que afectará sus ventas debido a que incrementará el precio de los productos obligando a los consumidores a reducir su consumo.

    Durante la semana del 5 al 9 de junio, los comerciantes aglutinados en el Comité de Vendedoras Mayoristas de La Tiendona implementaron medidas tendientes a boicotear la compra-venta de verduras y frutas importadas, con la finalidad de que el gobierno restablezca las exenciones al IVA a frutas y verduras y, a la vez, de demostrar que los productores nacionales no están en capacidad de abastecer el mercado nacional.

    Lógicamente, estas acciones generaron rápidamente un desabastecimiento de frutas y verduras y un subsecuente incremento de precios que superó con mucho el 13% del IVA que se les debía incorporar que, sin embargo, no será permanente. Al mismo tiempo, surgieron reacciones gubernamentales que poco o nada contribuyeron a solucionar dicho desabastecimiento, tales como la fallida “feria de hortalizas y verduras”, la cual pretendía ofrecer productos agropecuarios nacionales, pero lució desabastecida durante su primer día de funcionamiento.

    Más allá de las protestas de los comerciantes, los cuales por cierto amenazan con nuevas medidas de presión, esta coyuntura llama la atención sobre los aspectos negativos de la decisión gubernamental de eliminar las exenciones al IVA, la cual ha afectado no solamente a las frutas y verduras, sino también a los productos agropecuarios y farmacéuticos. Las protestas de los comerciantes de frutas y verduras reflejan solamente una parte del escenario que se ha conformado a partir de la eliminación de las exenciones al IVA. Existen tres aspectos de importancia para el desarrollo sostenible que se perciben en la actual coyuntura y que vale la pena destacar: la escasa capacidad de incidencia de los sectores mayoritarios (obreros y campesinos), los efectos inflacionarios (directos e indirectos) de la eliminación de las exenciones al IVA y la incapacidad de la producción agropecuaria nacional para abastecer el mercado nacional.

    Curiosamente, no han sido los consumidores ni los sectores obreros los que se han mostrado en contra del pago del IVA en las compras de alimentos y productos farmacéuticos, pese a que estos sectores por ser los más afectados deberían ser los primeros en reaccionar. Más bien, han sido los comerciantes los únicos que han mostrado su inconformidad ante la medida. Esta dinámica sugiere que, por el momento, los sectores mayoritarios del país o no están muy interesados en la imposición de nuevos impuestos —y de la política económica en general— o no cuentan con la organización suficiente para hacer acciones de incidencia que pongan en claro su posición frente a un problema concreto —o ambas cosas a la vez.

    Los precios de los granos básicos y de los alimentos también sufrirán un incremento que, en teoría, debería ser equivalente al 13% del IVA y que deberá ser pagado por el consumidor. Sin embargo, lo cierto es que el sólo anuncio de la incorporación del IVA ha tenido ya un notable impacto directo e indirecto sobre los precios: los precios de los productos se han incrementado por la incorporación del IVA y, además, por el boicot de los comerciantes de La Tiendona. De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), para el mes de mayo la inflación se incrementó hasta alcanzar un 0.6% mensual, principalmente debido al incremento del rubro vegetales y legumbres, cuyos precios se incrementaron hasta en 11.8%. Cabe señalar que estos datos no reflejan todavía los efectos indirectos que resultarán del desabastecimiento de verduras y frutas ocurrida durante la segunda semana de junio, lo cual provocó que durante esa semana los precios de estos productos se incrementaran en tasas de entre 50% y 100%.

    Por otra parte, en relación a la incapacidad de la producción doméstica para abastecer el mercado es importante anotar que la asistencia técnico-productiva para el sector agropecuario ha sido uno de las áreas más desatendidas por la administración pública, primero porque no se han dedicado los escasos esfuerzos de investigación y transferencia tecnológica a los rubros que podían abastecer el mercado interno de alimentos y, segundo, porque el contexto macroeconómico ha sido desfavorable para la producción agrícola no exportable prácticamente desde la década de 1970.

    Desde su creación, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) enfiló sus principales esfuerzos hacia la creación de las condiciones para mejorar la productividad de los productos tradicionales de exportación, como café, algodón y caña de azúcar; mientras, los cultivos de granos básicos, verduras, hortalizas y frutas no fueron apoyados con el mismo énfasis, provocando con ello una profundización de la dependencia de las importaciones de alimentos.

    Al mismo tiempo, la política económica y de inversión pública se encargó de configurar un contexto donde resulta más conveniente importar los alimentos que producirlos internamente: la reducción de impuestos a las importaciones de alimentos, el incremento de los impuestos a los insumos, los controles de precios, la construcción de carreteras que conectan con países vecinos productores y el abandono de la infraestructura productiva y de transporte nacional, son algunos de los elementos que se han sumado a los obstáculos para el desarrollo del sector agropecuario.

    La propuesta del actual gobierno pretende romper con el sesgo antiagrícola de las políticas públicas a través de medidas como incrementos en los aranceles a los productos agropecuarios, incremento de la inversión de infraestructura en el sector agropecuario, eliminación de las exenciones al IVA y creación de líneas crediticias para el sector cafetalero. Empero, las declaratorias de buenas intenciones no son suficientes y en la práctica la estrategia asumida por el gobierno presenta incoherencias: se persigue favorecer a los productores de alimentos con la eliminación de las exenciones al IVA, pero se crea un línea crediticia especial que sólo favorece a los productores de café; por otra parte, se incrementan los aranceles a los productos agropecuarios, pero no se adopta a la vez una política de fomento de la producción doméstica de estos productos a través de programas masivos de transferencia tecnológica y, en general, de asistencia técnica y productiva.

    En resumen, la coyuntura actual sugiere que ante la desorganización de los movimientos populares obreros y campesinos el gobierno parece estar en posición de implementar cualquier medida que le parezca conveniente, aun y cuando estas afecten los ingresos de los sectores más desfavorecidos y sin que necesariamente se traduzca en beneficios para la mayoría de agricultores ni en una reactivación del agro. Aun así, es totalmente necesario dar coherencia a las medidas de política económica, pues —tal como están planteadas— solamente tendrán efectos aislados y hasta contradictorios sobre el conjunto de la economía.

SOCIEDAD

    Al principio erráticas y ahora excesivamente rígidas, las políticas de comunicación empleadas por el presidente Francisco Flores han dado mucho de qué hablar durante su primer año de gestión. Como en las demás áreas del gobierno, Flores pretendió inaugurar una nueva manera de conducción de la cosa pública desde las comunicaciones, multiplicando funciones e incorporando novedades en la movediza estructura de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia (SECOP). De entrada, anunció la creación de una figura inédita, copiada de las estructuras de difusión de información de los países desarrollados: el vocero presidencial. Además, dijo estar dispuesto a reproducir, desde la silla presidencial, el mismo mecanismo que tanto provecho le dio durante la campaña electoral y prometió gobernar cerca de la gente, jamás separar su oído de lo que la población le quisiera decir. Así, a Flores le acompañaron durante su traspaso a la Presidencia infinidad de intensiones —que por el beneficio de la duda pueden ser vistas así, como intensiones— pero que, a un año de haberlas anunciado, no han sido más que palabras.

    Con todo y los traspiés que sufrió su estrategia de comunicación en los albores de su gestión presidencial, actualmente los medios lanzan loas a la forma como el presidente y su equipo han sabido "vender" su mensaje y su trabajo a la población. Bajo la sombra de una fortalecida estrategia publicitaria que no se concentra en la Presidencia y algunas autónomas, sino que también incluye a varios ministerios, el equipo de gobierno de Flores ha pretendido salir al paso de los reclamos que se le hacen constantemente con respecto a su ausencia de la vida nacional. Pero, ¿en verdad es este exceso de publicidad lo que el mandatario ofreció cuando juró como presidente? ¿Acaso es ese el tipo de estrategia de comunicaciones que debería emanar de la Presidencia de la República? En esta precisa coyuntura, en la que Flores ha atendido las críticas que ha querido atender, es necesario —y hasta urgente— evaluar esa política de comunicación de la que él, sus asesores, secretarios y jefes de prensa tanto han hablado.

    Poco después de cumplir sus primeros tres meses como presidente, Flores recibió severas críticas de parte de varios medios nacionales por reproducir los mecanismos de aislamiento del presidente anterior, Armando Calderón Sol. Literalmente, huyó de la prensa durante el primer encuentro que sostuvo con los diputados de su partido. Sus pronunciamientos sobre temas de relevancia nacional eran escasos y parcos. A la vista pública, Flores comenzó siendo un presidente huidizo, temeroso de la interpelación pública y acaso poco preparado para enfrentar el tumultuoso legado de su antecesor. El famoso vocero apareció en dos ocasiones ante los medios y su papel bien pudo ser reemplazado, desde el principio, por el de un memorándum oficial. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante la Asamblea General de octubre de 1999, hizo eco de las críticas al mandatario al denunciar la evidente intención de manipular la información y la misma participación de los periodistas en las pocas conferencias de prensa que Flores se dignaba a ofrecer. Para la SIP, Flores había sido el principal protagonista de “100 días de silencio” en el país.

    A esta deslucida presentación le siguió la destitución —de común acuerdo, según se sostuvo— del vocero y la recomposición de "las comunicaciones del señor presidente". Lo que se perseguía era hacer del presidente su propio vocero y darle un espacio en todos los medios de comunicación nacional. Su mensaje semanal y las entrevistas concedidas a la prensa más incondicional ocuparon buena parte de esta remozada estrategia. A las puertas de las elecciones, la publicidad estatal, bajo el lema "Presidencia Francisco Flores", quiso hacer contrapeso a la caída en las preferencias electorales del partido de gobierno y, pasada esa coyuntura, la difusión de las grandes obras y los grandes proyectos empezó a restar dinero, de forma permanente, a las abultadas partidas publicitarias de Casa Presidencial. El trabajo de la SECOP, de la cual muchos esperaban algún tipo de cambio para bien, volvía al redil de los publicistas.

    Sin duda, a Flores le quedaron grandes huecos durante su experiencia como secretario de comunicaciones de Calderón Sol. Fundamentalmente porque en El Salvador, donde las decisiones importantes se siguen tomando a espaldas de la opinión pública, pretender reducir el trabajo de comunicaciones de la presidencia a las actividades de los grandes medios es condenar al fracaso cualquier tipo de "acercamiento" con la gente. Flores y su equipo de comunicaciones deberían entender que a la mera difusión de información siempre le sobreviene una respuesta, sea positiva o negativa, pero que siempre debe ser tomada en cuenta. Pero nada parece indicar que el mandatario vaya a renunciar a su ambición de someter a los medios y a la población del país a su propia visión de la realidad nacional; lejos de ello, la rigidez a la que le obligan sus asesores de prensa continúa coartando los cuestionamientos públicos más urgentes —como ocurrió en la conferencia de prensa del pasado 13 de junio.

    La millonaria campaña propagandística que ARENA lanzó durante los comicios legislativos y municipales demostró que la mera publicidad —así de simplificadora y constructora de “estrellas” electorales— no es suficiente para persuadir a la población a aceptar una oferta política determinada. Sin embargo, el presidente se empeña en impulsar una estrategia publicitaria en la que puentes, carreteras y elocuentes discursos contienen un mensaje determinado: "esto basta para ser presidente, esto basta para que me aprueben". En definitiva, el calificativo de "comunicacional" que Flores y su equipo de prensa se atribuyen les queda grande, en tanto sólo se dedican a la mera divulgación de información filtrada y maquillada. ¿Dónde quedó la pretendida cercanía con la gente? ¿Dónde la actitud de escucha, la voluntad de trabajo conjunto prometida durante la campaña?

    La divulgación no agota el campo de trabajo de las comunicaciones. Para un presidente que recibe a diario las punzadas de la opinión pública, lo más adecuado sería pensar en fortalecer los mecanismos formales de contacto con los diferentes sectores de la población. El gobierno de Flores se ha acomodado fácilmente a la tradicional negativa de las administraciones areneras frente a la posibilidad de abrir nuevos cauces para la expresión de las demandas sectoriales. Actualmente, es escuchado quien tiene suficientes medios como para hacer oír su opinión. En esta categoría entran los banqueros, industriales, grandes agricultores y figuras que tienen espacios asegurados en la agenda de los medios. Muy aparte quedan quienes tienen que recurrir a las protestas y a los paros, quienes se ganan calificativos ofensivos de parte de funcionarios públicos y de los medios de informativos más orgánicos ("los que queman llantas", "la oposición anti-sistema", etc.).

    Así, a Flores le falta abrir su Presidencia hacia los reclamos —que cada vez son más— de todos los sectores de la población que, por acción u omisión, no ven en las políticas que dicta el mandatario un medio para su bienestar. Para ello, el mandatario y su comitiva de jefes y estrategas de la SECOP deben entender que para que el gobierno comunique mejor su trabajo, debe acoplarse al principio de reciprocidad en el intercambio de opiniones. Y más aún, esa reciprocidad no debe dejarse manipular por el ciego deseo de hacer parecer que la administración de la nación simplemente “va bien”. De esta actitud es de donde se nutren el favoritismo y la exclusión, ya típicos en el proceder de Flores y sus funcionarios. La imagen de un buen gobierno no puede sobrevivir mucho tiempo de eso: pura imagen. Sobre todo cuando encontramos por todos lados contradicciones evidentes entre discurso y hechos, es decir, cuando se habla de nuevas políticas "comunicacionales" y no se procede a dialogar con quienes no pertenecen a la clase política, cuando se establece una diferencia marcada entre quienes expresan críticas aceptables y quienes no y, sobre todo, cuando se somete a la población a medidas que de ninguna manera van a favorecer su calidad de vida.

DERECHOS HUMANOS

    Lo dijimos la semana anterior y ahora, lastimosamente, tenemos que insistir: la PNC continuó y continuará, quien sabe hasta cuando, en el “ojo del huracán”. A diario, los medios de difusión masiva siguieron informando sobre algunos agentes policiales detenidos y otros supuestamente involucrados en actos delictivos, que van desde simples robos hasta asesinatos a sangre fría. El hecho que más acaparó la atención pública es el de la llamada “masacre de Pasaquina”, cuando un efectivo mató a siete personas en un instante. A lo anterior se sumaron otras críticas contra la recién creada comisión depuradora de la PNC; ahora los señalamientos trascienden lo relacionado a las posibilidades reales de la misma para evaluar e incidir en la ”cabeza” de ese joven cuerpo que —a estas alturas— ya se encuentra bastante maltrecho. Entre los otros argumentos que apuntan en ese sentido destacan las limitaciones de su responsable, debido a su opaca actuación como Fiscal General de la República hace unos años, así como ciertas inquietudes sobre sus otros integrantes: son los mismos dos asesores externos de siempre junto a un grupo de sub comisionados, algunos de los cuales cargan sobre sí cuestionamientos de diverso tipo por su actuación profesional.

    Al incursionar en esta gran nebulosa, es necesario plantearse una inquietante pregunta: ¿Cómo garantizar que el trabajo de ésta sería el más adecuado y que no se perdería todavía más tiempo, lujo que ya no podemos ni debemos darnos en medio de una situación tan grave como la que se vive hoy en el país? A la base de esta interrogante concreta y por encima de lo que cualquiera argumente para intentar responderla “elegantemente”, hay algo que —desde nuestra perspectiva— no admite mayor discusión: una gran duda generalizada acerca de la transparencia y credibilidad. ¿Por qué? Pues porque nadie o casi nadie puede asegurar que dicho proceso estaría libre de “amiguismos” entre policías investigadores e investigados; nadie o casi nadie puede certificar que el mismo no se contaminaría por rivalidades o cualquier otro tipo de conflictos que existen al interior del cuerpo.

    Quizás puedan haber más incógnitas y seguramente las respuestas atinadas no abunden mucho. Como sea, estamos ante una situación demasiado peligrosa que no admite m[as equivocaciones. Tenemos una “nueva” Policía que ya no resiste “maquillajes”; por el contrario, es una institución que debe ser objeto de una profunda y urgente transformación de lo que es ahora a lo que debe ser, partiendo de su fundamentación original: la de un instrumento eficaz para garantizar la seguridad de todas las personas, sobre la base de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Ello sin permitir que voces ingenuas, ignorantes o interesadas confundan a la población argumentando que de esa manera sólo se favorece a los delincuentes. Tales argumentos los vienen utilizando desde hace varios años cuando, por ejemplo, aprobaron una ley de emergencia para combatir la delincuencia y la cual no sirvió para nada; simplemente nos hizo perder un valioso e irreparable tiempo. Otro ejemplo es el de la larga y estéril discusión sobre la pena de muerte como la fórmula más “atinada” para enfrentar el problema; a estas alturas, Ricardo Simán —alto dirigente empresarial— y hasta Walter Araujo se oponen a tal medida.

    Hay que hablar con la verdad: la tranquilidad y la paz en el país comenzarán a instalarse cuando se ponga fin a la impunidad. Y eso quiere decir, en otras palabras, que El Salvador sería civilizado y decente sólo cuando la ley se aplique con todo su peso; es decir, sin ningún tipo de distinción o privilegio. Sobre esa base se debe depurar la PNC e impulsar —de ser necesaria— cualquier reforma a su normativa. Sobre esa base, también, se debe buscar la participación libre y consciente de la sociedad entera en el esfuerzo por tener una institucionalidad capaz de garantizarle seguridad y justicia.

    Alrededor de estos aspectos y otros sobre la inseguridad en El Salvador opinó hace unos días, exactamente el jueves 8 de junio, el actual Fiscal General de la República en una emisión más de la Radio Revista del IDHUCA, titulada “Sembrando futuro”. Sin vacilar, Belisario Amadeo Artiga reconoce que dentro de la Policía hay malos elementos; pero también estima que cuenta con personal capaz, bien intencionado y con deseos de servirle a la población. Según él, tanto la Fiscalía como la corporación están en la obligación de detectar —en el corto plazo— las anomalías señaladas públicamente y otras que aún no han trascendido.

    Las y los “radio hablantes” de la YSUCA escucharon al Fiscal, en la mencionada Radio Revista “Sembrando futuro”, afirmar su compromiso de realizar todas las pesquisas necesarias que ayuden a identificar las estructuras criminales que puedan existir al interior de la PNC. En ese sentido, mencionó como un logro la detención de dos policías presuntamente involucrados en el reciente asalto a un hotel capitalino. No hay duda que merece una felicitación por ello; además, se le debe invitar a que convierta esta experiencia en un importante precedente para el resto de sus funcionarios, en lo relativo a cómo se deben realizar las investigaciones iniciales y evitar as[i dificultades mayores como en el caso “Katya”. Pero para la ciudadanía, eso no es suficiente; ésta espera que, además de capturarlos, todos los delincuentes que se aprovechan de su uniformes, armas y otros recursos sean juzgados y sancionados conforme a lo establecido en la ley. Se trata, pues, de un trato igualitario: medir con la misma vara tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales, sus cómplices y quienes los encubren.

    En el que quizás es el último informe de la Inspectoría General de la PNC, se reportan 469 denuncias durante el primer trimestre del año. Además, en dicho documento se mencionan 1,400 expedientes sobre faltas cometidas por agentes y 3 mil procesos acumulados en vías de investigación. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) afirma que a diario emite una resolución contra personal del cuerpo. También reporta que del 1 de junio de 1999 al 31 de mayo del presente año ha recibido 1,349 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cuya responsabilidad se atribuye a elementos; eso representa un promedio de casi cuatro diarias. De igual forma, el IDHUCA conoce de graves casos en los que están involucrados miembros de la PNC a distinto nivel. Aquí, cabe preguntar: ¿Cuántas denuncias y resoluciones más habrían si no se hubiera dañado tanto, también, a la PDDH? ¿Fue premeditado el ataque frontal a la figura del Ombudsman, al nombrar a Peñate Polanco y ahora que se le ha dejado en esa especie de “limbo” en que se encuentra su conducción?

    Frente a este panorama, vale la pena ofrecer algunas de las consideraciones formuladas por el responsable de garantizar el respeto a la legalidad y —en ese marco— conducir la investigación del delito. A continuación, pues, ofrecemos parte de lo dicho por el Fiscal General en la entrevista radiofónica ya mencionada: En un primer momento, yo diría que obviamente la Policía tiene problemas que están siendo identificados a medida que se van denotando dentro de la comunidad. Si hay una crisis, eso es bueno; porque las crisis sirven para mejorar situaciones en forma dramática y acelerada. Existe una buena parte de la población que percibe el trabajo de la policía como bueno. De hecho, Ustedes saben que la corporación tiene más de 18,000 personas y, siendo justos, tiene muy buenos policías. Hay un grupo menor que genera mala imagen, pero que incluso se impone para que los otros policías trabajen y no los dañe esa deteriorada imagen.

    A mí me gusta definir una circunstancia: hace unos seis meses cuando era una persona civil, mi percepción sobre la PNC seguramente era la compartida por la mayoría de salvadoreños. Aun cuando fui víctima de la delincuencia, yo comprendía que la Policía —por ser una institución nueva, en proceso de maduración— lamentablemente tenía malos elementos. Sin embargo, es deber de toda la ciudadanía lograr que los malos elementos sean sujeto de una investigación, a través de la denuncia ciudadana. Debemos ser positivos en este momento.

    El problema de los malos policías tiene una solución que va a venir de todos los sectores, no sólo de la población sino de las instituciones y de la PNC. Con el rescate ciudadano, la crítica constructiva y un proceso de depuración, el trabajo de la Policía podría mejorar.

    La Fiscalía sí tiene diversos informes sobre delitos donde están involucrados policías. Estos se le enviarán a la comisión depuradora, para que los tome en cuenta en sus procesos de análisis sobre la confiabilidad de los agentes policiales. Si hay estratos más arriba de los agentes, vamos a investigarlos para ver qué tan grave es el problema a ese nivel. La gente lo que se pregunta es sí se pueden hacer las cosas. Nosotros lo que queremos comprobarle a la gente es que, pese a los pocos recursos que se tienen, se pueden lograr pero se requiere una gran dosis de voluntad.

    A nosotros como Fiscalía General de la República, nos corresponde investigar los delitos que cometan los policías. Yo no tengo facultades para hacer procesos de depuración en la Policía. Esos son dos temas que hay que distinguirlos y, definitivamente, lo que a mí me corresponde es investigar los delitos de los policías. Eso lo haré. También la Fiscalía tiene un problema histórico que es el de implementar la nueva normativa. Esto debido a que el número de fiscales capacitados en la nueva normativa, por razones ajenas a nuestra voluntad, se fueron de la institución. Ante este evento, la Fiscalía se vio en la necesidad de contratar estudiantes de Derecho que no habían sido capacitados en la aplicación de la nueva normativa y eso generó un problema de raíz. A ello agreguémosle que, a estas alturas, para el mes de noviembre —según el decreto transitorio aprobado por el Asamblea Legislativa— los fiscales deben ser abogados de la República autorizados. Yo he hecho un estudio con Recursos Humanos y éste reveló que un buen porcentaje de fiscales, arriba del 50 por ciento, no están graduados. Eso me preocupa porque va a ser necesario solicitar a los miembros de la Asamblea una prórroga para que los fiscales puedan finalizar sus estudios y sean abogados de la República. En lo particular, no estoy de acuerdo con la prórroga. Pero debe insistirse en el título profesional, lo cual me obliga a tocar tema dirección funcional.

    A los fiscales —y no a todos, sino a una buena parte— hay que enseñarles a ser verdaderos fiscales. Es decir, que aprendan a ejercitar la dirección funcional sobre los policías. El día que nuestros fiscales aprendan a dirigir la investigación de sus respectivos casos, pero con una fortaleza legal y moral, va a cambiar dramáticamente el curso de las investigaciones.

    Por eso, nosotros vamos a priorizar en este momento el ejercicio de las capacitaciones en materia de códigos. Y, si es necesario, vamos a enseñar a los fiscales a ser fiscales; que aprendan a practicar todos los días la filosofía y la disciplina de ejercer la dirección sobre las investigaciones.

    Estas palabras sinceras, autocríticas y decididas del Fiscal General, en alguna medida nos alientan. Pero falta que las voces de otros funcionarios relacionados con el tema de la seguridad y la aplicación de la justicia se sintonicen. Y eso se debe exigir sobre todo a quienes dirigen la PNC. Porque: o se quitan la máscara o los quitan del puesto.

DOCUMENTO

Presentamos a continuación el Informe del primer año de gobierno, leído en la Asamblea Legislativa, el 1 de junio de 2000, por el señor Presidente de la República, Licenciado Francisco Flores.

Señoras Diputadas y Señores Diputados:

He venido a cumplir con la obligación que me manda rendirle cuentas a la nación al final de cada año de Gobierno.
Cuando asumimos la responsabilidad de cumplir a los salvadoreños nuestra promesa de generación de empleos, nos hallábamos en un entorno muy desfavorable.
Internacionalmente, esa adversidad se traducía en los efectos todavía negativos de la crisis financiera mundial que afectó a Latinoamérica, el aumento en los precios del petróleo y la disminución dramática de los precios del café y el azúcar.
Encontramos una América Central enferma de desconfianza y en desánimo de sus esfuerzos integracionistas.
En cuanto al acceso de nuestro país a otros mercados, la ausencia de acuerdos de libre comercio con posibilidades reales de corto plazo, nos limitaba a un crecimiento muy por debajo de nuestras potencialidades.
Como punta de lanza de nuestra visión de crecimiento, concebimos que Centroamérica —y El Salvador en el corazón de ella— debía capitalizar su posición estratégica como punto de encuentro entre los dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico, y en la convergencia de los inmensos mercados de Norte y Sur América.
El Acuerdo del Triángulo del Pacífico que hemos firmado con los gobiernos de Nicaragua y Guatemala nos permitirá establecer un corredor económico que una a los océanos y concentre, por mucho, la mayor parte de la productividad centroamericana.
El acuerdo de libre comercio con México, que establece un trato preferencial para nuestro país, nos conecta directamente hacia el norte del continente, incrementando así nuestro índice de exportaciones. Por otra parte, al haber logrado la inclusión de El Salvador en la Iniciativa de la Cuenta del Caribe, nos convertimos en destino de la más importante inversión extranjera que se haya verificado en nuestra historia.
Por primera vez, nuestro país cuenta con una visión estratégica de su ventaja comparativa en el mundo y con los instrumentos que necesita para aprovecharla.
En el ámbito nacional, hace un año encontramos una serie de factores que estancaban nuestras posibilidades de crecimiento. Por una parte sufríamos las consecuencias del endeudamiento en que caímos durante el año de 1996, y 1997, tanto por el uso excesivo del crédito como por inversiones, principalmente del mercado de inmuebles, basadas en proyecciones poco realistas de nuestras posibilidades. Esto colocó al sistema financiero en una fragilidad peligrosa y a nuestra empresas en serios problemas de solvencia.
Optamos por el camino de la prudencia y la responsabilidad. La única solución sostenible era asumir las pérdidas y procesar la mora de forma responsable. Ello implicaba aumentar las reservas de los bancos, iniciar una lenta desgravación del encaje para garantizar a ala economía una liquidez acorde a su base, productiva, y reducir el otro factor de riesgo, el déficit fiscal, a través de un presupuesto conservador y una recaudación eficiente.
Sufrimos fuertes presiones para optar por la solución fácil: condonar las deudas, calentar la economía artificialmente por medio del incremento al déficit y abrir la llave de la liquidez monetaria.
Tomamos el camino correcto. Hoy, a un año de esa fecha, tenemos un nivel de inflación controlado, una moneda estable, un sistema financiero sólido que compite a través de la reducción de las tasas de interés —que ya han disminuido cerca de un 2%—, un déficit fiscal de crecimiento, una recaudación que aumenta y un repunte de las exportaciones de casi el 20%. Nos encaminamos a un crecimiento del 3 1/2% este año y 4 1/2% el siguiente.
Sé que la estabilidad es imprescindible para el desarrollo, mas sé también que no es suficiente. Hemos impulsado cinco leyes que promueven la inversión internacional. De 16 trámites que se requerían para invertir en el país, hoy sólo son cinco. De 400 días hábiles que demoraba el sistema anterior, ahora toma únicamente cinco. Hemos confirmado una fuerza de trabajo que combina los esfuerzos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Vicepresidencia. Somos el único país en Centroamérica que cuenta con ese tipo de estructura en materia de atracción de inversiones.
Estamos apostando a la generación de empleos masivos por medio de políticas para la micro y pequeña empresa. Hemos invertido 168 millones de colones para construirles un sistema de apoyo, comenzando por el fortalecimiento de las instituciones de soporte, como CENTROMYPE y FUNDAMYPE, que proporcionan asistencia técnica variada, poniendo a disposición líneas de crédito bajo condiciones favorables a través de nuestra fundación y fideicomiso para la pequeña y mediana empresa. Sabemos a la vez que estas empresas necesitan acceso oportuno a la información y tecnología apropiada. Para esto hemos creado la red de centros de información que ya provee estos servicios.
Hemos iniciado la recuperación del agro salvadoreño. Este es un sector que genera en nuestro país más de 400 mil empleos permanente. Y siendo las zonas rurales del país también las más pobres, garantizar la estabilidad de estos ingresos es parte de nuestro esfuerzo en el combate a la pobreza. Hemos inyectado competitividad al agro salvadoreño nivelando sus oportunidades en fiscal y arancelaria. Adicionalmente, hemos promovido el acercamiento del producto al mercado y le hemos asistido técnicamente en sus cosechas, fortaleciendo su diversificación y reduciendo sus riesgos.
Para imprimirle solvencia al sector cafetalero, hemos puesto a su disposición el Programa Integral de Renovación del Parque Cafetalero. Asimismo, nos estamos acercando a un acuerdo entre productores como una forma de enfrentar los oligopolios de compradores, y hemos visto en la renovación del parque cafetalero una opción real de reforestar y preservación de nuestros recursos naturales.
La rentabilidad del agro está íntimamente ligada a una red vial sostenible. Nos encontramos con una red vial rural muy deteriorada. Este primer año de Gobierno hemos rehabilitado con tecnología tradicional más de 1,190 kilómetros de caminos rurales, es decir, el 90% de la red vial que destruyó la tormenta tropical Mitch.
Por otro lado, nos comprometimos a construir 300 kilómetros de caminos sostenibles con nueva tecnología. Hemos construidos 375, involucrando a las comunidades en su mantenimiento y llevando reales opciones, de crecimiento a las zonas más pobres del país.
El proyecto de Reactivación del puerto de Cutuco, en la Unión, y la instalación del ferry le dará a toda la Zona Oriental del país una garantía de reactivación económica al convertirla en el encuentro del flujo comercial de tres economías centroamericanas, y de una opción de Canal de Panamá al convertirla en el centro de transbordo de barcos de gran calado.
En resumen, en este primer año, la construcción de una base productiva para el país es la siguiente: la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, el Tratado de Libre Comercio con México, el Acuerdo del Triángulo del Pacífico con Guatemala y Nicaragua, la Reactivación del Puerto de Cutuco y la instalación del ferry, una política agropecuaria integral, un sistema apoyo para la pequeña empresa, unan red vial sostenible, un esfuerzo coherente de atracción de inversiones; un mayor dinamismo de la economía sustentado en un repunte de las exportaciones, una moneda estable, un déficit decreciente, tasas de interés en reducción y un mayor ritmo de crecimiento.
Nuestro esfuerzo en el combate a la pobreza tiene dos ejes principales: empleos permanentes y la educación como el bien público de mayor importancia en la creación de oportunidades. Nuestro Gobierno ha querido concentrarse en la riqueza más grande que tiene el país: los salvadoreños, su gran capital humano.
La única manera de asegurar el futuro de un niño, de una niña, es asegurar su acceso a la educación.
Para lograr una cobertura adecuada en el área rural, es necesario revertir la concentración de los docentes en las zonas urbanas. A partir de este mes de junio pondremos a disposición del cuerpo docente estímulos para que opten por las zonas rurales del país, otorgando 4 mil colones a cada maestro y director rural por su trabajo. Para ello, 123 millones de colones han sido integrados al presupuesto.
Hemos ampliado la cobertura nacional creando 1,400 plazas docentes y 1,600 sobresueldos para jornadas adicionales, lo que ha permitido que 90 mil niños y niñas ahora disfruten los beneficios de la educación.
Uno de los problemas de la educación de nuestro jóvenes es el caso de aquellos que se retrasan en sus programas de estudios y no hay mecanismos para incorporarlos y nivelarlos. Estamos iniciando en 25 comunidades el programa de "Educación Acelerada", para resolver este problema.
Quiero citar un ejemplo: Ana Carolina Castillo tiene 16 años. Perdió en tercer grado a sus padres, razón por la que no pudo continuar asistiendo a la escuela. Sin embargo, animada por sus amigos para retornar sus estudios, ella se acogió al Programa de "Educación Acelerada" y ahora se encuentra cursando cuarto grado, con la posibilidad, no sólo de avanzar 2 ó 3 grados por año hasta alcanzar el nivel educativo correspondiente a su edad, sino también de cumplir su sueño de ser contadora pública.
Y ya que ella se encuentra en este recinto legislativo, te pido, Ana Carolina, que te pongas de pie para que aplaudamos tu determinación.
Nuestras escuelas necesitan acceder a un recurso adicional que puedan utilizar en la renovación de su material didáctico, instrumentos pedagógicos o invertir en la mejora física de sus planteles. Para esto les hemos entregado 130 millones de colones a través de nuestro programa del bono de calidad educativa. Con la entrega de este bono hemos beneficiado a 1 millón 600 mil estudiantes.
Adicionalmente, en este año, hemos construido más de 1,400 aulas, distribuidos 87 mil pupitres, 2,500 becas para educación media y superior y cerca de 4 millones de libros y programas de estudio.
La segunda área que hemos reforzado es la de las relaciones con la comunidad educativa en general y con los padres de familia en especial. Hemos canalizado el involucramiento de la empresa privada a través del comité de amigos para la educación, creando una corresponsabilidad de los empresarios con sus comunidades y el proceso de aprendizaje.
Hemos brindado espacios a la cultura y la recreación a través del programa "País Joven", cuyo objetivo es fomentar, desde la red nacional de Casas de la Cultura, un nuevo significado de responsabilidad en las nuevas generaciones. Con este programa, la juventud se beneficia de una alternativa de aprendizaje, formación artística y deportiva que estimula su sentido de pertenencia e identidad.
Adicionalmente, gracias a gestiones realizadas por la Secretaría Nacional de la Familia, ya contamos con planes de acción dirigidos a nuestra población discapacitada, nuestros adultos mayores y nuestra niñez en situación de riesgo.
En los servicios de salud, estamos comprometidos con un sistema gratuito, de amplia cobertura y concentrado en la salud preventiva.
Hemos ampliado la infraestructura básica a través de la construcción de nuevas unidades de salud, casas y dispensarios, así como en la reparación de los existentes. Esto nos ha permitido acercar los servicios primarios de salud a más de medio millón de salvadoreños.
Para el fortalecimiento de la red de atención en salud hemos conformado sistemas básicos, cuya máxima expresión podemos encontrar en Metapán y Nueva Guadalupe, donde la comunidad participa activamente en el mantenimiento de la red de servicios de salud.
En materia de saneamiento ambiental hemos conseguido, con apoyo internacional, mejorar la cobertura de letrinización y servicios de agua potable en importantes zonas del país.
La oportunidad de acceder a una red de servicios básicos llega hasta donde llega la carretera. Los límites de un país no son sus fronteras, sino los extremos de sus caminos, por que hasta ahí llega el progreso con sus beneficios. Es una carretera, una vía de acceso, la que ha hecho posible que desde ahora comunidades antes aisladas puedan enviar a sus hijos a la escuela, mandar a sus enfermos a la clínica de salud, vender sus productos a mejor precio y comprar sus productos a precios más bajos.
Para ampliar la cobertura y eficiencia de los servicio básicos, durante este primer año de administración hemos invertido fuertemente en la rehabilitación de los sistemas generales de abastecimiento de agua potable y generación de energía eléctrica.
Hemos iniciado la descentralización de los servicios de agua. Para citar tres modalidades de descentralización, menciono a San José Villanueva, donde la municipalidad ha creado una empresa de economía mixta que supervisa la administración del servicio hídrico, al Plan de La Laguna, donde empresas y vecinos firmaron un convenio de administración con ANDA; y municipios que como Berlín, en Usulután, participan ya en el mantenimiento de su propio sistema de abastecimiento.
Sé que el problema más acuciante para la familia salvadoreña es la inseguridad. La súplica de los familiares pidiéndole compasión a los secuestradores, la profunda incertidumbre que causa ver agentes de la Policía Nacional Civil involucrados en actos delictivos, y el comportamiento violento generalizado en nuestro país, hace del combate a este problema la prioridad de nuestro Gobierno.
Al iniciar nuestra gestión, identificamos que las amenazas delincuenciales más graves contra nuestra sociedad se dividen en cuatro grupos: bandas deportadas de los Estados Unidos, organizaciones delictivas que operan en el área centroamericana, delincuencia común exacerbada por los efectos de la posguerra y algunos malos agentes policiales que, protegidos por las leyes inadecuadas, manchan el esfuerzo y sacrificio de toda nuestra institución policial.
 Para hacer frente a las bandas de delincuentes deportados y las organizaciones delictivas que operan en Centroamérica, hemos establecido convenios con Estados Unidos, Agregadurías Policiales con Guatemala y Nicaragua para establecer estrategias conjuntas, y ya obtuvimos la sede regional de la oficina de Interpol para nuestro país.