2003: la primacía de la política

Balance político

El año 2003 inició para El Salvador con una combinación de factores que propiciaron una doble expectativa contradictoria por parte de la mayoría de salvadoreños. En el contexto de las elecciones que se celebraron en marzo, muchos salvadoreños esperaban que los partidos políticos atacaran los principales problemas sociales del país. Por otro lado, el año inició con una huelga de los trabajadores hospitalarios que amenazaba las esperanzas de los más optimistas en cuanto a la posibilidad de una concertación entre los distintos actores para enfrentar los problemas nacionales más espinosos. Por consiguiente, transcurrió la vida política del país a lo largo del año 2003, entre expectativas optimistas y un pesimismo alimentado por los enfrentamientos entre los actores. En este balance se tratará de medir el comportamiento y las acciones de los principales actores del sistema y de las instituciones más representativas de la vida política nacional.

El enfrentamiento enconado
Basta con revisar los discursos de los diferentes actores para hacerse una idea del fuerte enfrentamiento que se ha experimentado a lo largo del año entre los sectores políticos. También esta situación fue suficiente para dar al traste con las esperanzas de los más optimistas, como lo han revelado distintas encuestas de opinión pública presentadas a lo largo del año. El escenario de luchas entre unos y otros actores quedó servido con la huelga de los empleados públicos de los centros hospitalarios, en contra del proyecto de privatización del Seguro Social. En este contexto, se enfrentaron la izquierda y la derecha. La primera fue acusada de ser la principal instigadora de la huelga, con el objetivo de desestabilizar al gobierno en la víspera de las elecciones. Al partido ARENA, en cambio, se le imputaron sus supuestos intentos de profundizar el estado patrimonialista a favor de sus miembros más prominentes.

Finalmente, por los resultados de las elecciones, se puede sostener que los salvadoreños sancionaron al partido gubernamental sus intenciones de comerciar con la salud, su pobre desempeño en materias sociales y su maridaje incuestionable con los intereses de los grandes empresarios. En el contexto de la derrota electoral arenera, el FMLN apostó a una radicalización de sus postulados para las elecciones presidenciales, cuyo prólogo se vivió a lo largo del año 2003. La designación de Schafik Handal a la candidatura presidencial es una muestra de este convencimiento por parte de los máximos dirigentes de la izquierda.

Esta realidad propició que el enfrentamiento entre las dos principales fuerzas antagónicas siguiera siendo el tema más destacado de la vida política a lo largo del año. ARENA siguió viendo en el FMLN su principal adversario, quien le amenaza constantemente de un relevo del poder. Mientras que este último partido siguió enfilando sus baterías hacia una derecha a la que acusa de ser la principal responsable de los problemas nacionales. En este escenario —que se ha radicalizado hasta llegar a la violencia electoral experimentada en los primeros días de la campaña para las presidenciales del próximo año— los partidos llamados de centro, predicadores de la moderación política entre la izquierda y la derecha, tuvieron poco eco en la opinión pública.

Sin embargo, por parte del FMLN, luego de conocerse los resultados de las elecciones, se observó una cierta preocupación por mejorar su imagen ante los salvadoreños. Los izquierdistas empezaron a pensar en la solución de ciertos problemas sociales desde la Asamblea Legislativa. Como prueba de lo anterior, este partido negoció un pacto con el PCN, el otrora aliado incondicional de ARENA, para resolver la huelga en el sector salud y la problemática de los agricultores, entre otros. Con ello, el FMLN quiso dar la imagen de un partido preocupado por asuntos de gobierno y granjearse una cuota de credibilidad a este nivel de responsabilidad pública. Este cambio es digno de subrayarse porque, hasta entonces, el partido de izquierda se contentaba con mantener una actitud contestataria en la Asamblea Legislativa. Era una oposición poco inclinada a presentar propuestas concretas ante los problemas reiteradamente denunciados.

Pero, a partir de marzo, el FMLN presentó una cara distinta. La agresividad mostrada ayudó a que se empezara a discutir sobre la necesidad de incluir en la agenda política nacional los problemas sociales y económicos de los salvadoreños. De un discurso totalmente autocomplaciente, algunos cuadros areneros —incluso su candidato a la presidencia— empezaron a hablar de los problemas sociales pendientes de resolver por su partido. Incluso el presidente Francisco Flores estuvo a la defensiva, reclamando un poco más de solidaridad a su partido que, al parecer, le recriminaba por su tozudez y poca respuesta a las demandas sociales de los ciudadanos.

Por otro lado, la ofensiva social del FMLN y su pacto con el PCN provocó ciertas fisuras en las filas de la derecha. Es importante recalcar este tema debido a la creencia, hasta ahora aceptada, de la comunión de propósitos entre los distintos grupos de derecha. Por eso, se solía describir al Partido de Conciliación Nacional (PCN) en términos de apéndice de ARENA. Sin embargo, la alianza —aunque pasajera— entre el FMLN y el PCN no sólo permitió plantearse la pregunta sobre si el país estaba en proceso de superar los viejos clivajes de la oposición izquierda y derecha, sino también se vio esta relación como el principio de la separación entre intereses distintos en la misma derecha. El PCN, con sus propuestas de reactivación de la agricultura, apoyó a los pequeños empresarios y habría puesto el dedo en la llaga de un partido ARENA más preocupado por los intereses de los grandes empresarios, especialmente vinculados con los sectores dedicados a la importación y a la actividad financiera.

Las discusiones y la amenaza de rupturas internas que provocaron los resultados de las elecciones legislativas y municipales de marzo 2003 confirman la hipótesis de una relativa crisis de identidad en la derecha. Si bien es cierto que con la designación de Elías Antonio Saca como candidato a la presidencia de ARENA se dio la sensación de que la cicatriz del divorcio entre los sectores se había cerrado, pronto la realidad se encargó de demostrar lo contrario. Poco tiempo después, el supuesto artesano de la remontada en las encuestas y en el ánimo de los militantes areneros tuvo que abandonar su puesto debido a los enfrentamientos relacionados con la postura oficial sobre los problemas de los agricultores.

Sin embargo, esos contratiempos no impidieron que la campaña arenera fuera viento en popa durante 2003. Además, como es costumbre, se sumaron al esfuerzo distintos sectores empresariales y algunos medios de comunicación que asumieron con virulencia unas recalcitrantes posturas anticomunistas. Distintas propuestas se presentaron con el objetivo, se dijo, de promover un proyecto de nación, capaz de solventar los problemas más acuciantes de los salvadoreños y sin poner el peligro el status quo pro mercado.

La precampaña
Luego de instalarse el 1º de mayo la legislatura que resultó electa de los comicios de marzo, lejos de apaciguarse, las luchas electorales recrudecieron. Con las elecciones presidenciales en ciernes, los distintos partidos iniciaron su batalla electoral bajo una nueva lectura de la realidad. Los que se estimaron vencedores de las justas iniciaron sus ataques. Los temas sociales, como ya se ha dicho, fueron los más debatidos. La oposición llegó hasta forzar la mano al presidente que empezó a hablar de la economía familiar. Estas iniciativas dieron paso a los anunciados aumentos del salario mínimo y lo que el presidente Flores llamó una iniciativa para bajar los precios de la energía eléctrica y del servicio de telefonía fija.

Con respecto a la Asamblea Legislativa, se puede decir que ésta retomó las preocupaciones sociales de los salvadoreños. Varios proyectos de ley relacionados con ello salieron del recinto parlamentario durante el 2003. Las iniciativas de ley estaban destinadas a abordar problemas tan viejos como acuciantes: salud pública, educación y alivio de la deuda del sector agrícola, entre otros. Todo ello fue motivo de disgustos y de luchas políticas con el presidente Flores, que no vio con complacencia el hecho de que la oposición estuviera “invadiendo terrenos reservados al Ejecutivo”. Debido en parte a este clima, el presidente tomó la iniciativa de impulsar el Plan mano dura, siendo fuertemente cuestionado por la oposición, que insistió en su ofensiva por una nueva agenda social.

ARENA en campaña
En este contexto de preocupación por los problemas sociales fueron elegidos los distintos candidatos de los partidos. Sin embargo, poco tiempo después, ARENA dio un giro extraordinario a los temas de la precampaña. Los servicios de comunicación del presidente vieron en el tema de la violencia de los miles de pandilleros diseminados en todo el país una posibilidad para ganarse simpatías electorales. Se anunció públicamente que este tema iba a ser un asunto electoral. Desde entonces, todos los sectores oficialistas anunciaron su deseo de luchar contra la criminalidad juvenil.

En este contexto, si bien es cierto que las encuestas afirman que ARENA terminó el año 2003 con la elección asegurada de su candidato a la presidencia, aún sigue pendiente el problema de la relación entre los distintos sectores que componen este partido. A finales del 2003, Elías Antonio Saca, debido a su posición bastante cómoda en los sondeos de opinión pública, pudo mantener la unidad del partido, cuyos sectores descontentos, al parecer, aún anhelan con poder convencer al sector financiero para que tome en cuenta sus reivindicaciones. En este sentido, la cohesión interna de ARENA se mantuvo en el contexto preelectoral del 2003, gracias, en parte, al temor y el odio existente en los círculos de derecha respecto del partido FMLN. Y, por otro, gracias a la incapacidad de este partido para lograr la confianza de los salvadoreños.

El FMLN en campaña
El partido FMLN inició la precampaña electoral con una sólida ventaja respecto de ARENA, en términos de aceptación por parte de los electores salvadoreños. Confortados por sus resultados electorales positivos, los líderes de aquel partido habían logrado ubicarse en una posición envidiable que dejaba suponer que habían dejado en el olvido su pasado reciente de luchas y desgarramientos internos. La elección de Carlos Rivas Zamora a la Alcaldía de San Salvador constituía una prueba fehaciente de que el FMLN estaba llamado para grandes conquistas electorales, no obstante la defección de ciertas figuras emblemáticas de sus filas, como fue el caso de la renuncia de Héctor Silva. Por lo menos, ese fue el razonamiento que esgrimieron los dirigentes de este partido para convencer a sus militantes que deberían apoyar la candidatura de Schafik Handal a la presidencia de la República.

Todavía es demasiado temprano como para saber si la apuesta de los dirigentes del FMLN fue la correcta. Lo único que se puede sostener es que, para finales del 2003, según las diversas encuestas de opinión cursadas, el partido de izquierda ya había dilapidado todo su capital de simpatías ciudadanas conquistado durante y después de las elecciones de marzo. Al parecer, los salvadoreños habrían visto en el candidato escogido —conocido por su pasado de dirigente comunista—, una prueba palpable de la voluntad de perpetuar el inmovilismo. Los resultados de las elecciones presidenciales de marzo del 2004 dirán si quienes valoraron de esta manera las proyecciones del principal partido de izquierda estaban en lo correcto. En todo caso, hay que subrayar que una franja importante de militantes efemelenistas enarbolaron el mismo argumento para desafiar a sus dirigentes, por medio de la candidatura de protesta de Oscar Ortiz en las elecciones internas de este partido.

Entonces, durante el año 2003, el partido de izquierda experimentó un cierto movimiento de péndulo en las diferentes encuestas de opinión pública. De una posición cómoda, el FMLN termina el año abajo del partido ARENA en las preferencias electorales. La estrategia de los dirigentes del FMLN consiste en apostar que el deterioro del nivel de vida de los salvadoreños, el desgaste de ARENA luego de 15 años en el poder y las contradicciones internas del partido oficial —incapaz de conciliar los intereses de sus grandes empresarios con las demandas de la mayoría de los salvadoreños— serán suficientes para motivar un voto a su favor. Dicho de otra manera, la dirección del FMLN piensa que deberá ser el heredero automático del rechazo popular a las políticas sociales y económicas areneras. Y en ello ha consistido su estrategia de campaña electoral

Los otros partidos
El resto de partidos en contienda —el PDC, CDU y el PCN— hicieron una doble apuesta. Esperaban que el desgaste que ARENA había experimentado en las elecciones de marzo, combinado por la apuesta radical del FMLN, les habría de catapultar como la principal opción para el cambio esperado por los salvadoreños. Por eso, en los primeros meses del año 2003 hubo varias tentativas de un pacto electoral entre estos partidos. Sin embargo, no obstante sus declaradas buenas intenciones, el año 2003 terminó con una coalición PDC-CDU y el PCN haciendo su camino en solitario.

Por lo que dicen las encuestas de opinión pública, los partidos llamados de tercera opción no serán considerados como tales. El PCN tendrá que luchar fuerte para evitar su cancelación como partido político. La coalición, por su parte, al parecer quedará en el olvido. El principal afectado, en caso de una debacle electoral del proyecto CDU-PDC, será, sin duda, Héctor Silva. Este último, luego de mantenerse durante muchos años como el preferido de los salvadoreños para llegar a la presidencia de la República, habría malogrado su carrera política por haberse apartado del FMLN. En caso de que se confirme esta dinámica en las elecciones de marzo, será una prueba más de la fuerza de los dos principales partidos, ARENA y el FMLN, y del anclaje del que gozan en el imaginario colectivo de los salvadoreños.

Las instituciones no pasaron las pruebas
A lo largo del año 2003, las instituciones volvieron a evidenciar su incapacidad para responder a las aspiraciones de los salvadoreños. Como prueba de lo anterior, una lectura de los diagnósticos de varios organismos privados sobre los disfuncionamientos de la vida política nacional da una idea de la envergadura del problema. Para el caso, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) da cuenta de la percepción negativa de muchos salvadoreños sobre los legisladores. “Los salvadoreños —dice la mencionada fundación empresarial— tienen una opinión inusualmente negativa de su Asamblea Legislativa y del funcionamiento de la democracia. (…) Una de las críticas que se escuchan es que los representantes no responden a los reclamos y aspiraciones de los votantes que los eligieron”.

Una Asamblea Legislativa deficiente
La Asamblea Legislativa tampoco es bien vista por los salvadoreños, según las distintas encuestas de opinión pública que se han publicado a lo largo del año. La desconexión de las decisiones de los legisladores respecto de los temas que interesan a los ciudadanos siguió siendo una tara del sistema. De esta suerte, en una encuesta realizada en mayo de 2003 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, el 82.9% de los salvadoreños consideraba que las leyes que promulgó la anterior legislatura no estaban destinadas a beneficiar a los ciudadanos. Por otro lado, el 79.3% de los consultados decía haberse sentido poco o nada representados por ese Órgano del Estado.

En el inicio de la actual legislatura, los salvadoreños, según las encuestas, optaron por dar un compás de espera a los nuevos diputados. Así, según el mismo sondeo público del IUDOP, el 57.1% de los salvadoreños pensaba que la Asamblea Legislativa iba a mejorar con la nueva composición del Organo Legislativo. Al mismo tiempo, tres de cada diez salvadoreños creía que se deberían aprobar leyes que favorezcan a la población, al tiempo que el 27.3% de encuestados esperaba que la lucha en contra de la corrupción en este órgano del Estado fuera prioritaria.

Al final del año 2003 no se sabe cuál es la percepción que tienen los salvadoreños sobre el desempeño de sus legisladores. Sin embargo, la ausencia de encuestas sobre este particular tema no significa que no se pueda postular algunas hipótesis. En primer lugar, hay suficientes elementos en el ambiente que permiten afirmar que la Asamblea Legislativa ha vuelto a defraudar a los salvadoreños. Como se ha referido anteriormente, el contexto electoral ha minado la base de la convivencia entre los legisladores. Si bien no se han conocido sonados casos de corrupción en esta entidad, no se puede sostener el mismo argumento respecto de ciertas prácticas de importantes empleados de la misma. En varias ocasiones, la prensa ha revelado que ciertos empleados de la Asamblea tenían la mala costumbre de modificar las leyes luego de su aprobación. La responsabilidad de los legisladores en este tema no proviene de las presunciones de su responsabilidad en este bochornoso hecho, sino debido a la actitud pasiva que han tenido a la hora de buscar los culpables.

En otros temas, también la Asamblea se ha hecho eco a lo largo de 2003 de la corrupción que carcome a las demás instituciones públicas. Se ha debatido acerca de la corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las revelaciones en torno a la supuesta responsabilidad de un ex titular de la institución, en su momento prominente miembro del partido ARENA. Asimismo, también los diputados se han hecho eco de la supuesta corrupción con que han actuado ciertos políticos del FMLN en el caso del tratamiento de la basura en los municipios del Gran San Salvador. Sin embargo, el abordaje de estos casos candentes no ha devuelto legitimidad y respeto al trabajo de los legisladores. La razón se debe a la ligereza con que han tratado el asunto. Dejaron la sensación de que su objetivo consistía más bien en ensuciar la reputación de sus adversarios o de defender la actuación de sus correligionarios. De nueva cuenta, en materia de combate a la corrupción, la Asamblea Legislativa, por su desastrosa actuación en los casos más sonados, dejó sedientos de justicia a los ciudadanos salvadoreños.

Lo anterior lleva a plantear el tema de la capacidad de control del legislativo sobre las demás instituciones del Estado. Y no cabe duda que este tema sigue siendo una asignatura pendiente. Del mismo modo, los diputados no mostraron ninguna capacidad para controlar el trabajo de los diferentes ministerios, cuyos informes de labores del año 2002 aún duermen el sueño de los justos en las bodegas de la Asamblea Legislativa. Esta incapacidad del poder legislativo de controlar y hacer de contrapeso también se ve revelada en las relaciones de este órgano con el Ejecutivo.

En este sentido, las relaciones han sido tumultuosas; además, han sido marcadas por la falta de respeto. En esto, se llevó las palmas el ministro de Hacienda, Juan José Daboub, cuyas declaraciones en contra de los legisladores ya no constituyen ningún secreto. Como muestra de ello, vale citar la declaración de ese funcionario sobre el comportamiento de los diputados. Al reaccionar sobre la no aprobación del presupuesto general de la nación, declaró lo siguiente: “es una actitud pasiva, conspirativa ¡a saber qué están tramando!”. Según el ministro, los diputados de la oposición manipulan “demagógicamente la Comisión de Hacienda”.

Un Ejecutivo autoritario
El desprecio y el autoritarismo que se respiran en la declaración del ministro de Hacienda, anteriormente citada, constituyen tan sólo un pequeño ejemplo de la tónica general que marcó la relación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. El presidente Francisco Flores fue el principal detractor de esta institución. No sólo se empeñó en minar la credibilidad de la oposición, sino que trató a la Asamblea poco menos que como una institución paria. Los distintos organismos de promoción y defensa de los derechos humanos también fueron víctimas del desprecio del presidente. Sus declaraciones en torno a la aprobación de la Ley Antimaras constituyen un ejemplo palmario de lo anterior. En esta ocasión, Flores, escudándose en la supuesta aprobación por parte de la población de las acciones policiales en contra de los jóvenes pandilleros, no tuvo reparos en acusar a quienes se opusieron a su proyecto de ley de estar a favor de la delincuencia.

El presidente Francisco Flores, sin duda, es el claro ejemplo de quien no está dispuesto a ajustarse completamente a los requerimientos de funcionamiento del sistema democrático. En los tiempos en que, gracias a la colaboración del PCN, su partido detentaba el poder de decisión en la Asamblea Legislativa, ignoraba a la oposición, a la que ni siquiera avisaba de sus decisiones más controversiales y con repercusiones graves sobre la vida de todos los salvadoreños. Su arrogancia y desprecio hacia los opositores quedó patente durante los terremotos de enero y febrero de 2001 y la aprobación inconsulta del proyecto de dolarización de la economía.

Así, cuando tiene el control del poder, Flores se comporta como un cacique autoritario que menosprecia a sus adversarios. El desdén con que ha tratado a la oposición, especialmente al FMLN, dice mucho de su adhesión a los principios de la democracia. Su mayoría legislativa instauró, en su momento, la arrogancia y la imposición a guisa de mecanismo de interacción con los demás actores de la vida política. Flores ha demostrado que no entiende de diálogo con sus detractores.

Balance económico

Un vistazo global y objetivo al desempeño económico de El Salvador en el año 2003 permite avizorar los retos que se avecinan con la llegada del año 2004. ¿Cuál fue la dinámica de la economía salvadoreña? ¿Cumplió o no con las expectativas que se había trazado el gobierno? ¿Qué políticas económicas predominaron en la estrategia económica del Ejecutivo?

Los resultados de las políticas económicas implementadas en el año 2003 confirman, en rigor, el talante neoliberal del gobierno en funciones. La preocupación por la estabilidad macroeconómica y la búsqueda por rubricar nuevos tratados de libre comercio han predominado en la agenda de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Sin embargo, la armonía con la microeconomía salvadoreña se ha mantenido precaria. Aún más, a tres años de haberse aplicado la dolarización en el país, (cumplidos el 1º de enero de 2004) tampoco se ha podido constatar su incidencia en materia de crecimiento económico, expansión de las oportunidades o atracción de la inversión extranjera.

Por otra parte, la política fiscal implementada por el gobierno ha demostrado sus limitaciones, cuando ya los índices de alarma de las calificadoras de riesgo señalan las limitantes que tendrá en el año venidero. La salud fiscal del país ha entrado en franco deterioro.

La política comercial parece haber sido la arista más afilada por el gobierno. El año 2003 será recordado por los esfuerzos concentrados en rubricar el tratado de libre comercio con la mayor potencia económica mundial, Estados Unidos. Durante todo el año, el Ministerio de Economía se convirtió en la práctica, en un virtual “Ministerio de Comercio”, al volcar todos sus esfuerzos en rubricar dicho tratado en el plazo máximo de un año, lo cual es todo un récord en materia de negociación de este tipo de tratados. Esta negociación se dio con suma celeridad, habiéndose finalizado el 17 de diciembre. Con esto, la principal apuesta gubernamental de lograr un tratado de libre comercio ha sido cumplida, ahora resta ratificarla por las asambleas legislativas de los respectivos gobiernos para que entre en vigencia.

Producción
En el 2003, la economía ha experimentado un lento crecimiento, como consecuencia de una baja dinámica de la demanda interna. En el primer semestre del año, se observó un crecimiento de 1.45% liderado principalmente por la construcción y los servicios, ya que la industria y la agricultura se hundieron. Para el segundo semestre, los principales indicadores daban cuenta de un proceso de contracción. En julio, el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) cayó 0.41% como consecuencia de la desaceleración de los sectores de servicios financieros (-5.2%), transporte (-4.3%) e industria manufacturera (-1.2%). El resultado neto, según datos preliminares del Banco Central de Reserva (BCR), fue que, al finalizar el año se observó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 2.0%, cifra inferior al nivel presentado en 2002.
Así pues, el panorama en el ámbito productivo del país para el año 2003 ha sido de un de estancamiento generalizado. De hecho esta tendencia tiene ya tres años de mantenerse: Para 2000, el crecimiento del producto interno bruto fue de 2.2%, bajó en el 2001, por el impacto de los terremotos y otros factores, en 1.7%, en 2002 se recuperó a 2.1% y finalizó estabilizándose en 2003 en una fase contractiva de 2.0%.

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundido en Santiago de Chile, la economía de El Salvador, pese a tener una tasa de crecimiento positiva del 2%, mantiene estancado por cuarto año consecutivo su producto por habitante. En dicho informe se señala que el leve crecimiento puede ser explicado por un incremento en la demanda externa a través de la expansión de las exportaciones de maquila. No obstante, la explicación de por qué no se logra salir del estancamiento económico, según la CEPAL, radica en que en los últimos años ha habido un sistemático deterioro de los términos de intercambio, cayendo en 1.3 por ciento en 2003, en 0.8 por ciento el año 2002 y en 3.1 por ciento en 2001.

Estas razones contrastan con las declaraciones de Luz María de Portillo, Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, para quien el crecimiento positivo de 2003 es producto del aumento en las exportaciones y remesas familiares, el dinamismo de algunos sectores, las bajas tasas de inflación, el menor déficit fiscal y el financiamiento del sistema bancario a las actividades productivas en mejores condiciones financieras.

Los sectores que más contribuyeron a la expansión del PIB de 2003 fueron la industria, el comercio, y el financiero, pero el sector agropecuario cayó en 0.6 por ciento, debido a la lenta recuperación de los precios del café y el azúcar en los mercados internacionales. Para 2004, según el BCR, se tienen perspectivas mejores para respaldar el crecimiento, puesto que proyectan una recuperación esperada de la economía mundial, nuevas oportunidades a partir del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el acceso a otros mercados, el aumento de remesas familiares, la inversión en obras de infraestructura, la mejor producción agropecuaria y la baja inflación.

El desempeño de la economía de El Salvador se sitúa en la línea del entorno internacional. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se calcula preliminarmente que en 2003, Estados Unidos creció a una tasa de 2.6% y América Latina en su conjunto en 1.1%. El mismo organismo calcula que, en los casos de Estados Unidos y América Latina, el crecimiento económico para 2004 se proyecta en 3.9% y 3.6%, respectivamente. Las perspectivas externas son, pues, un poco más positivas.

Sin embargo, al examinar los factores endógenos como la inversión, se puede observar al mismo tiempo, que para 2003, disminuyó la inversión pública, al terminar el programa extraordinario destinado a reparar los daños de los terremotos de 2001. En contraste, la inversión privada, sólo repuntó levemente, siendo este una mejoría mínima en vísperas del declive natural que acompaña a un ambiente electoral.

Precios y salarios
En lo que respecta a la inflación experimentada en 2003, según datos del BCR, la inflación se redujo en El Salvador desde el 2.8 al 2.6%. Según dicha institución, este indicador se explica gracias a que la dolarización ha tenido efectos positivos sobre la inflación. Aún a pesar de un mayor crecimiento de los precios en los últimos dos meses del año, la inflación se mantuvo en niveles bajos, lo que favoreció en alguna medida a mantener las tasas de interés. En el mes de septiembre, el crecimiento de los precios fue de 0.1% y la inflación anual llegó a 2.1%. El mayor crecimiento de los precios se atribuyó al incremento de los precios de los rubros de salud y transporte.

Este movimiento en los precios no obstante, no es indicador de una mayor capacidad adquisitiva de las personas. La fortaleza de dicho nivel de inflación más bien parece basarse en una “estabilidad macro- económica”, a costa de la microeconomía familiar. Esto significa que anclar dicha variable ha implicado un deterioro de los ingresos de los trabajadores, bajo el argumento de no generar presiones inflacionarias. La estrategia ha sido mantener los salarios a sus niveles mínimos y hacer esporádicos incrementos como maquillaje y sin incidencia en la capacidad adquisitiva real de las personas.

Lo anterior se puede constatar con una simple ojeada a la evolución de los niveles salariales mínimos en El Salvador. No fue sino hasta el 22 de mayo de 2003 que se realizó un incremento al salario mínimo después de cinco años sin modificarse; empero, dicha alza salarial fue tan pequeña que no soluciona el problema de la baja cobertura de los salarios sobre la canasta básica y mucho menos sobre la ampliada. Al respecto, se puede observar que el gobierno de ARENA no ha utilizado la política salarial como un instrumento para generar una nueva y equitativa distribución de los ingresos.

Así, el consenso alcanzado en 2003 fue el de aumentar por decreto los salarios mínimos que, hasta la fecha, habían estado fijados a un nivel de 1260 colones, es decir, 144 dólares mensuales. Pero el incremento fue pírrico. El sector rural fue literalmente marginado del beneficio directo de esta política económica. Para el sector comercio y servicios: se acordó un aumento de 10% en los salarios, por lo que los nuevos salarios mínimos se fijen en 1386 colones ($158.40 dólares) mensuales. Por otro lado, para el sector industria: Se impuso la propuesta de incremento de 7.5%, lo que se traduce en un aumento de 1355 colones ($154.90 dólares) mensuales. Y, por último, para la maquila: La propuesta de la empresa privada consistía originalmente en no modificar el salario mínimo, pero con la negociación éste se aumentó un 5%, con lo cual se aumenta a 1323 colones ($154.60 dólares) mensuales. Además se lograron acuerdos sobre un conjunto de medidas económicas para abaratar el costo de la vida y para crear puestos de trabajo.

Los anteriores incrementos diferenciados evidencian el privilegio existente hacia determinados sectores empresariales, como la industria maquiladora, que se caracteriza en su gran mayoría por otorgar bajos salarios y prestaciones, aunado al hecho de que su aporte a la inversión nacional de largo plazo es mínimo por ser capitales de alta volatilidad. El salario agrícola, sin embargo, se mantuvo al margen de cualquier cambio bajo el argumento de que el sector es incapaz de hacer frente a un incremento salarial debido a la crisis por la que atraviesa. Esto, a su vez, se contrasta con la visión en el sector externo, donde se argumenta que el sector agrícola califica para ser incluido en la competencia en un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Lo anterior denota pues, el lastre de una política que mantiene a la pobreza rural como parte de un círculo vicioso de carácter endógeno. Si bien el salario mínimo de la industria logra cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) urbana del país, éste no alcanza a cubrir las necesidades de vestuario, vivienda y esparcimiento. El informe de Desarrollo Humano 2003 señala cómo el cálculo de CBA adolece de serias deficiencias debido a que está desfasada. Los productos que la integran se determinaron en una encuesta de ingresos y gastos realizada en 1991, y es natural que a la fecha los patrones de alimentación en el país hayan cambiado. En este sentido, la cobertura del salario agrícola es mucho más baja, éste no logra cubrir la canasta rural, mucho menos la urbana. Según un informe de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de 27.10.03 para que el salario agrícola lograra cubrir el valor de la CBA rural, éste debería ser objeto de un incremento de alrededor del 30%.


 

Salarios mínimos vigentes al 2003

      SECTOR                                       Porcentaje             Salario        Salario

                                                                                          de incremento          vigente             anterior

    COMERCIO Y SERVICIO                         10%                     $158.40                   $144.00

    INDUSTRIA                                            7.50%                     $154.80                   $144.00

    MAQUILA                                                    5%                     $151.20                   $144.00

    AGRICULTURA                                          0%                       $74.06                     $74.06

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

En lo que respecta a los salarios mínimos reales, éstos han continuado perdiendo su capacidad adquisitiva. Los salarios mínimos reales mantienen un comportamiento similar al de la economía: crecen en promedio anual de 2.4% en el primer quinquenio de los noventa y luego decrecen –2.3% en los años siguientes, dando como resultado neto un crecimiento próximo al 0.1%, para todo el período, reflejando el nulo impacto que el crecimiento económico ha tenido sobre buena parte de los trabajadores.

Sector Externo
Según el Banco Central de Reserva, la balanza de pagos salvadoreña cerró 2003 con un superávit de 266 millones de dólares. Esto ha sido como consecuencia de un saldo neto entre un déficit de 617 millones en la cuenta corriente y un superávit de 883 millones en la cuenta de capital. Estos datos reflejan la fuerte dependencia externa de la economía salvadoreña.

Es por esta razón que no resulta tan positiva la afirmación del BCR de que las exportaciones crecieron en 6.3% durante 2003, cuando las importaciones superan en más del doble este crecimiento. El repunte en las exportaciones, según la entidad, ha sido estimulado por los nuevos mercados generados por los Tratados de Libre Comercio vigentes con México, República Dominicana, Chile y Panamá. Lo que es claro, es que no son las pequeñas y medianas empresas las que aprovechan esta ventana, sino la gran empresa. Esto se refleja en los datos del crecimiento de la industria de la maquila, la cual destaca entre las exportaciones y ha permitido mantener las fuentes de empleo en este sector.

Por otro lado, en el balance de labores anual del Ministerio de Economía, se destacó que “el cierre del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es el gran logro del país en materia comercial a lo largo del 2003.” Este tratado, se terminó de negociar el 17 de diciembre de este año. Se supone que se obtuvieron asimetrías favorables de 5, 10, 15 y hasta 20 años para distintos sectores productivos nacionales.

Dentro de los sectores que se vislumbra beneficiar con el tratado son: el avícola, azúcar, lácteos, textil y confección. Sin embargo, el sector de porcinos resultó afectado. Para los sectores industrial y agrícola se mantuvo los beneficios que ya se tenían con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), de la cual se conserva en un 100% los beneficios. Según el Ministerio de Economía, en el caso del azúcar, con el TLC las exportaciones del sector se incrementarán en 24 mil toneladas extras a las que se exportaban.

Para el Ministro Lacayo, este éxito significa que “endulzaremos las fiestas a los norteamericanos”. Sin embargo, según fuentes norteamericanas como el Washington Post, con la aprobación del TLC con EEUU, muy por el contrario a la visión del gobierno salvadoreño, los verdaderos ganadores en dicho tratado han sido los mismos estadounidenses. Al analizar los puntos básicos del acuerdo, el rotativo acepta que “los exportadores estadounidenses se beneficiarían (…) incluso hasta demasiado; el acuerdo está visiblemente inclinado a favor de Estados Unidos”. Esto es así en tanto que, mientras los mercados de los cuatro países centroamericanos que a la fecha han firmado el tratado (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) con Estados Unidos, estarán completamente abiertos a los exportadores estadounidenses de servicios financieros, telecomunicaciones y tecnología; en contraste, se mantendrán de manera indefinida las protecciones a la industria azucarera y textil estadounidenses, que no son competitivas.

De esta manera, los resultados que se vislumbran del TLC con EEUU para 2004, no parecen ser de ninguna manera prometedores. Respecto al Tratado de Libre Comercio que se lleva a cabo con Canadá, el proceso había estado en jaque por la misma atención dada al acuerdo con EEUU, pero los planes del gobierno de Flores, según el balances, son de concluirlo a más tardar en el primer trimestre del 2004.

En cuanto a las inversiones extranjeras, éstas en su mayoría a las maquilas y han mantenido un nivel positivo de crecimiento. Según el Ministerio de Economía, hoy existen 16 zonas francas operando en el país. el techo industrial en zona francas creció 64% con relación 2002, ubicando al país con 1,173,000 metros cuadrados construidos.

Finalmente, en cuanto a remesas familiares se refiere, el repunte ha seguido su tendencia al alza, ahondando la dependencia del país a esta fuente de recursos. Las remesas de familiares de los emigrados salvadoreños llegaron al 14 por ciento del PIB, impulsando el consumo privado. Así, según el MINEC, las remesas familiares serán de alrededor de 2,050 millones de dólares. El gobierno ha dicho que esto es el resultado de la extensión de los beneficios del TPS y el mayor crecimiento económico de los Estados Unidos en el tercer trimestre del año.

Por otro lado, en el 2003, a pesar del mayor déficit de la balanza comercial, la cuenta corriente parece haber mejorado ligeramente, pero esto se debe al importante crecimiento de las remesas familiares. Entre enero y agosto, el déficit de la balanza comercial se amplió a cerca del 12%, con respecto al mismo período del año anterior, ya que las importaciones crecieron en mayor proporción que las exportaciones. Así, durante este período, las exportaciones crecieron 6% lideradas principalmente por las exportaciones de maquila (7.6%) y los productos tradicionales (2.5%). En contraste, las importaciones crecieron 13.6%, debido a las mayores compras externas de bienes de consumo y petróleo. Lo anterior se reflejó en un déficit de la balanza comercial del orden de 1,738 millones que fue compensado con un saldo de remesas de 1,355.4 millones (entre enero y agosto, las remesas familiares cubrieron el 80% del déficit de la balanza comercial) Durante este período, la remesas familiares provenientes de los salvadoreños residentes en el exterior aumentaron 4.9% frente al mismo período del año anterior y equivalieron a 64% del valor de las exportaciones. Al finalizar el año, se prevé un monto de remesas del orden de 2,032 millones de dólares correspondientes al 13.5% del PIB. Lo anterior, sumado a un adecuado flujo de ingresos por turismo, permitiría según el BCR, alcanzar un déficit de la cuenta corriente cercano a 2.3% del PIB.

Por último, la deuda externa de El Salvador se mantiene aceptable. Sin embargo, ya roza los límites de lo manejable. El saldo de la deuda externa estimado para el 2003 es de 3,800 millones de dólares, equivalente a 1.2 años de exportaciones y a 25.7% del PIB. En los últimos años, el endeudamiento externo se ha incrementado como resultado de un mayor déficit fiscal.

A esto se suma el peligro de que El Salvador podría perder el grado de inversión. Finalizando 2003 la agencia internacional Moody’s Investors Service sometió a revisión la calificación de deuda de El Salvador. Dicha revisión evaluó la capacidad del gobierno y del Banco Central para enfrentar futuros episodios de nerviosismo financiero y para proveer apoyo a un sistema bancario que tiene que operar dentro de los límites definidos por una economía dolarizada. Hace algunos años, la agencia citada le otorgó el grado de inversión a El Salvador como reconocimiento al éxito de en su transición hacia la estabilidad económica y política tras doce años de guerra civil. Sin embargo, el deterioro de las cuentas fiscales del país y el bajo nivel de reservas internacionales son factores que pesarían en contra de la calificación crediticia del país. Por su parte, Standard and Poor’s y Fitch Rating Services han reiterado sus calificaciones durante el año 2003 en la categoría especulativa y han mantenido el Outlook estable, pero según datos de enero 2004, el Outlook ahora ha cambiado a negativo.

En el 2003, las reservas internacionales se han recuperado ligeramente, como consecuencia del adecuado flujo de divisas por remesas, turismo y exportaciones. En lo corrido del año, el saldo de reservas se ha incrementado cerca del 7.5%. Al finalizar el 2003 se prevé un saldo de reservas USD 1,700 millones equivalente a 3.8 meses de importaciones.

Sector público
En materia fiscal el presente año presentó una mayor recaudación de impuestos con respecto a los años anteriores. A octubre de 2003, el Sector Público No Financiero (SPNF) obtuvo como ingresos corrientes la cantidad de 1,921 millones de dólares. De esta cantidad, el 75.1% correspondía a ingresos tributarios, 11.5% a contribuciones a la seguridad social, y un 9.0 y 4.4 porciento a ingresos no tributarios y superávit de operación respectivamente. Cabe mencionar que entre agosto y octubre no se registraron ingresos de capital para el SPNF. Finalmente, al cierre del tercer trimestre del año las donaciones del exterior ascendían a 41 millones de dólares.

Los gastos corrientes del SPNF al finalizar el tercer trimestre del año ascendían a 1,698 millones de dólares. Los gastos en consumo representaban la proporción más alta del gasto corriente (74.0%) seguido por el pago de intereses (15.8%) y las transferencias corrientes (10.2%). Los gastos de capital fueron de 388 millones de los cuales 382 corresponden a inversión bruta y el resto a transferencias de capital. Es importante notar que la mayor parte de los gastos efectuados por el Estado, como es característico en otros años, corresponde a gastos corrientes (81.4%).

A octubre del presente año, el ahorro corriente del SPNF rondaba la cantidad de 223 millones de dólares. Esto constituía, según los cálculos de Ministerio de Hacienda, aproximadamente el 1.5% del PIB estimado para 2003. Para la misma fecha, el déficit global (incluyendo donaciones) fue de 122 millones de dólares, un poco más del 0.8% del PIB estimado para 2003.

En este año el PNUD, ANEP y FUSADES coincidieron en expresar la necesidad de realizar cambios importantes en materia fiscal para hacer sostenible la deuda del Estado en el largo plazo. Según los datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda total del Gobierno Central alcanzada hasta a octubre de 2003 presentaba un saldo de 5,655 millones de dólares. El 68% corresponde a deuda externa y el restante 32% es financiado con deuda interna. Es importante señalar que esta deuda representa aproximadamente el 37% del PIB estimado para 2003. En otras palabras, casi dos quintas partes del PIB están destinadas en el futuro a pagar las deudas que en el presente tiene el Estado. El actual gobierno ha logrado transferir durante los últimos años la deuda de corto plazo a largo plazo, buscando un mayor margen de tiempo dentro del cual se logre una reactivación económica capaz de volver sostenible en el futuro la deuda que mantiene el país.

En la coyuntura que atraviesa el país, para lograr una reactivación económica sostenida es necesario que el gobierno asuma un papel protagónico. Sin embargo, en la estructuración del presupuesto general de la nación, no se ha privilegiado suficientemente el gasto en aquellas áreas que tienen una mayor incidencia para obtener un desarrollo económico. Para evidenciar esto, al finalizar el tercer trimestre del año, el Estado había ejecutado casi dos terceras partes del presupuesto (1,812.9 millones de dólares). De este, únicamente 177.5 millones, que representan el 9.8% del presupuesto ejecutado a la fecha se había dedicado a la gestión del desarrollo económico del país. Según el anteproyecto de ley de presupuesto de la República para 2004, parece ser que la tendencia en la administración por áreas de gestión se mantiene en el largo plazo. Para lograr el desarrollo económico del país en 2004, se ha destinado un monto de 283.7 millones de dólares. Esta cifra representa apenas el 10.2% del total de presupuesto del Estado. Como se puede notar, el gobierno actual se está endeudado considerablemente y no está generando las condiciones necesarias y suficientes para reactivar la economía y hacer frente en el futuro a las obligaciones de deuda del Estado.

 

Presupuesto ejecutado por áreas de gestión al tercer trimestre de 2003

(Millones de dólares de EEUU)

Áreas                                                                   Modificado           Devengado

Conducción Administrativa                                                          258.7                         183.6

Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana                      335.1                         231.8

Desarrollo Social                                                                        1,141.8                         770.8

Apoyo al desarrollo económico                                                    273.1                         177.5

Deuda Pública                                                                               432.1                         304.0

Obligaciones Generales del Estado                                               124.6                         106.9

Producción empresarial pública                                                      38.3                           38.3

Total                                                                                          2,603.7                      1,812.9

Fuente: www.mh.gob.sv

Sector monetario y financiero
En el 2003 se profundizo el proceso de dolarización de la economía salvadoreña. Al cierre de 2002 la cantidad de colones que se encontraban circulando en la economía ascendía a un equivalente de 61.2 millones de dólares. En octubre del presente año, la cantidad de colones que aún circulaban en la economía era equivalente a 40.6 millones de dólares. Como se puede notar, durante los primeros 9 meses del año se han extraído una cantidad de colones equivalente a 20.6 millones de dólares, es decir ha existido una reducción del 33.7% con respecto a la cantidad de colones que aún se encontraba en la economía al final del año pasado.

En el mercado bancario las tasas de interés promedio ponderado presentan la siguiente dinámica: Para préstamos a corto plazo (préstamos menores a un año) la tasa de interés activa ha tendido hacia la baja. A inicios del presente año los bancos cobraban una tasa próxima al 6.7%. A octubre y después de experimentarse leves disminuciones en todos los meses anteriores, la tasa se ubica en un 6.51%. Es importante notar que en agosto, dicha tasa se disparo súbitamente de 6.56% (correspondiente al mes de julio) a 6.94%. Después tendió a un descenso acelerado. Para préstamos a largo plazo (mayores a un año) el tipo de interés alcanzo su máximo en el mes de mayo con un valor de 8.38% y en octubre se situo en 7.57%.

En sintonía con el comportamiento de las tasas de interés activas se encuentra el comportamiento de los créditos en el país. Al finalizar el mes de septiembre el saldo total de los créditos otorgados tuvo un crecimiento de prácticamente el 9% en relación a septiembre del año 2002. Esto resulta interesante, ya que después de implementar la dolarización de la economía en enero de 2001, el mercado crediticio no se dinamizo inmediatamente tal como se esperaba, fue hasta finales del año anterior que nuevamente la demanda de crédito por los agentes económicos se intensifico, generando tasas de crecimiento positivas. Los bancos con la mayor cantidad de préstamos son el Banco Agrícola, Banco Cuscatlán y Banco Salvadoreño. Los créditos otorgados por dichos bancos representa el 67.9% de los créditos otorgados por la banca nacional.

A octubre del presente año, el valor total de los créditos otorgados por la banca nacional era de 3,851.5 millones de dólares. Los sectores económicos que a dicha fecha habían recibido los mayores montos crediticios eran: Comercio (27.7%), Industria manufacturera (19.3%) y Sector Servicios (10.8%). El sector económico con menor crédito fue minería y canteras con apenas el 0.03% del total de créditos otorgados por la banca.

Como nota relevante en el mercado de crédito, ABANSA expresó que los créditos en mora habían experimentado una fuerte reducción durante el presente año. Del total de préstamos concedidos hasta el mes de septiembre, únicamente el 3.1% se encontraba en estado de mora. La tendencia en la reducción de la mora bancaria es muy importante, sobre todo si se considera que la reducción de la misma es fundamental en una economía dolarizada. Esta reducción es importante después que en 1999 y 2000, previo a dolarizar la economía, la cartera en mora era de 7.33% de los créditos del sistema bancario. Éste era una fuerte observación que hacían los analistas financieros otrora, si el gobierno perseguía dolarizar la economía. En la actualidad los créditos en mora de los principales bancos del país representan más de la mitad de los créditos en mora existentes en el sistema bancario a nivel nacional.

El saldo total de los depósitos a plazo no presenta una tendencia definida durante todo el año. De enero del presente año a junio, los depósitos a plazo presentan un incremento de 9%. Entre junio y octubre se experimenta un descenso en dicho saldo. Llegado el mes de octubre, el total de depósitos a plazo ascendía a 2,985 millones de dólares, una cifra bastante menor que la existente al cierre del año 2002 (3,044.2 millones).

Desde inicios del segundo semestre algunas calificadoras internacionales de riesgo centraron sus ojos en el país. Esto se debe fundamentalmente a dos cosas: La situación de las finanzas públicas en el país y el clima preelectoral. Ambos se han conjugado para dar una clasificación de riesgo al país que no es lo suficientemente buena para la atracción de inversión extranjera. Sin embargo la calificadora Fitch Raitings de Centroamérica considera que este tipo de clasificación se debe fundamentalmente al ambiente preelectoral que atraviesa el país.

Perspectivas
En el próximo año se espera un mayor dinamismo de la actividad económica con respecto al presente año. El gobierno ha expresado que en 2004 se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre un 2.5 y 3.5 porciento. Este incremento en la actividad económica se basa fundamentalmente en la esperanza del presente gobierno en la ratificación de un TLC de la región centroamericana con EEUU. Sin embargo, para muchos analistas este mayor dinamismo puede comenzar a evidenciarse el próximo año a partir del segundo semestre, ya que es necesario que de dicho tratado sea ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador y por la instancia similar en EEUU (El congreso y senado de los EEUU) en los primeros meses de 2004.

Con este tratado se espera un mayor incremento de las exportaciones salvadoreñas, fundamentalmente las de productos no tradicionales, que están presentando un dinamismo relativamente mayor a las de productos tradicionales. Se espera que los productos centroamericanos, una vez ratificado el convenio comercial, puedan tener buena aceptación en el mercado estadounidense.

En el plano monetario, se espera que para 2004 las remesas representen alrededor del 14.1% del PIB, es decir, una cantidad mayor a los dos mil millones de dólares. Estos cálculos se dan sobre la base de que en los últimos años cada vez son mayores los montos de dólares que entran al país. Se debe tomar en cuenta que la entrada de dichos recursos a la economía nacional es de suma importancia, ya que es a través de los mismos que se logra surtir de suficiente masa monetaria para transacciones nacionales e internacionales. Una caída abrupta en la entrada de dólares al país, podría generar en el corto plazo serios problemas de liquidez y con ello problemas financieros en el país.

También en el ámbito monetario se espera que la inflación ronde el año próximo entre el 2 y 3 porciento. Esto se encuentra relacionado con el flujo de remesas que entren a la economía nacional. Hay que recordar que con la Ley de Integración Monetaria, el Banco Central de Reserva no tiene control sobre la masa monetaria del país. Las fluctuaciones en los precios se encuentran supeditadas, en cierta manera, al desarrollo de la política monetaria de la Reserva Federal de los EEUU, por tanto es de esperar que las tendencias en la variación de los precios sea similar al comportamiento en EEUU. A esto hay que agregar que una apertura comercial entre Centroamérica y EEUU puede tender a igualar los precios de algunos productos en ambos mercados.

Para 2004, el fisco espera cerrar el año con un déficit fiscal de 1.1% del PIB. Esta es una meta bastante ambiciosa, sobre todo si considera que este calculo no toma en cuenta los cambios necesarios sobre la estructura tributaria del país, y, además, no considera los desembolsos por el pago de pensiones. En esta dirección, muchos sectores sociales han hecho un llamado al gobierno a mantener una férrea disciplina fiscal que para ser efectiva deberá generar cambios sustanciales en la tributación y la política de gastos.

En lo que respecta al tema fiscal, se espera que para 2004 la deuda externa alcance un 34.8 del PIB. La deuda representa una cifra alarmante y tiende a aproximarse, aunque lentamente, a los parámetros de alerta que utilizan las entidades internacionales que prestan al país. Por ello, varios analistas concuerdan que es necesario hacer cambios en aras de no sacrificar la estabilidad financiera que presenta el país a la comunidad internacional.

Finalmente, para el primer semestre de 2004, se espera que las elecciones presidenciales generen cierta incertidumbre y cautela para los agentes económicos. Se espera, asimimo, que durante el mismo período las variables económicas tengan un comportamiento similar a las tendencias observadas en este año, principalmente durante el segundo semestre de 2003.

Balance social

El Salvador ha culminado un año marcadamente electoral, de intensos cabildeos comerciales y de conflictos sociales irresueltos. Sobre los dos primeros asuntos se han tomado decisiones transcendentales: por un lado, el gobierno del presidente Francisco Flores se ha volcado durante 2003 a negociar junto a sus socios centroamericanos para firmar un TLC con la mayor potencia económica mundial. Nueve rondas de negociación culminaron un proceso de intensas jornadas en las que la región puso sobre la mesa sus temas sensibles, como la agricultura. De acuerdo a la versión de la prensa, El Salvador y el resto de países que firmaron el acuerdo habrían obtenido grandes beneficios de los Estados Unidos. Por otro lado, en lo que al proceso eleccionario se refiere, los salvadoreños quedaron oficialmente convocados a los comicios presidenciales de marzo de 2004, con una oferta electoral suficientemente definida.

No obstante, en lo que a la dinámica social se refiere, lo que más llama la atención es la ausencia de una agenda definida a lo largo del año, en una circunstancia histórica que exige la toma de decisiones que lleven a la reducción de la pobreza, de la marginalidad y del desempleo. El Salvador sigue siendo un país con grandes rezagos sociales —lo cual no es nada nuevo— que, luego de salir de doce años de guerra y haber firmado la paz, no fue capaz de sacar provecho de las potencialidades que le ofrecía un nuevo contexto nacional e internacional —lo cual sí es reprochable—. Lo social aparece, al cierre del tercer gobierno del partido ARENA, como una gran deuda.

Cuestionados en distintos sondeos de opinión pública divulgados durante el año, los salvadoreños resienten que el actual gobierno se ha alejado de sus necesidades más sensibles, pese a que le dan su respaldo electoral. Muchos ciudadanos no han dudado en afirmar que la actual administración ha sido, de entre sus antecesores cercanos, la más distante en lo que a la satisfacción de sus demandas sociales se refiere.

Para ser electo presidente de la República, Francisco Flores irrumpió en 1999 acompañado de un selecto grupo de burócratas que han conducido al país hacia la apertura de la economía y a la religiosa adopción de las medidas dictadas por los organismos financieros internacionales, dejando indefensos a los sectores nacionales más sensibles y desdibujando la agenda social que se imponía luego de los Acuerdos de Paz: la reunificación de la sociedad, la elaboración de un plan de desarrollo nacional, la reducción de la pobreza, la ampliación de la cobertura de servicios sociales básicos, el aumento del ingreso familiar, la creación de fuentes de empleo digno, etc.

Ni se elaboró un plan de desarrollo nacional ni se escucharon a los sectores que criticaban la pésima conducción económica, social y ambiental del país. Por el contrario, la imposición y la falta de consensos ha sido la regla en los distintos niveles de la vida nacional. En los medios informativos —la mayor parte de ellos conformes con el statu quo—, cualquier crítica a los círculos gubernamentales o ha sido ignorada o, en el caso de ser escuchada, ha sido colocada en el bando de los sediciosos, comunistas, terroristas o antipatriotas.

Los terremotos de enero y febrero de 2001 permitieron al país incrementar la inversión pública y dinamizaron sectores como el de la construcción, con lo cual las fuentes de empleo tendieron a crecer. No obstante, los sismos se ensañaron en las zonas rurales y deprimieron aún más otros sectores como la agricultura, especialmente el sector del café. De hecho, este último sector dejó cesantes a miles de salvadoreños cuya subsistencia dependió durante años de su trabajo en las fincas ahora abandonadas. La crisis social del café es una de las deudas que aún quedan pendientes a inicios del 2004.

Flores pareció darse cuenta de la brecha que le separa de la población luego de los resultados electorales de marzo, en los que el FMLN desplazó a ARENA como la primera fuerza política del país. Urgido por mantener en una posición privilegiada a su partido y a su gobierno, el mandatario retomó la cuestión social, a escasos meses de ceder el despacho de Casa Presidencial. Inmediatamente, anunció la ejecución de medidas para atender la economía familiar e intentó “acercarse a la gente”. Más tarde, peleado con la Constitución, impuso la aprobación de una ley antimaras y la ejecución de un plan represivo en contra de las pandillas, medidas que le devolvieron a ARENA y a su gobierno las preferencias electorales perdidas en marzo.

Esta ha sido la agenda social en la actual administración: una serie de medidas e iniciativas encaminadas a mantener en lo fundamental el orden social establecido; es decir, nada más allá de lo mínimo requerido para la supervivencia de los salvadoreños. Se han descartado —por desidia o por incapacidad— toda suerte de esfuerzos nacionales que surjan de la concertación y del diálogo, prácticas que todavía aparecen como rara avis en El Salvador.

La cuestión social
Si la sociedad salvadoreña, a fuerza de insistentes campañas mediáticas, asimiló los comicios de marzo, los preparativos de las presidenciales de 2004 y la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA) como lo más relevante del año, lo social ha quedado irremisiblemente desdibujado en la agenda nacional. Dicho en otras palabras, lo político y lo económico han sido tomados como prioridad en una sociedad que se caracteriza precisamente por el rezago social. Por ello, lo social se impone como problema. ¿Cuál es, pues, este problema? O, mejor dicho, ¿por qué lo social se constituye como problema en un país que históricamente ha adolecido de importantes déficits sociales y no ha sabido remontarlos incluso después de la firma de la paz?

La cuestión social así entendida da lugar a dos preguntas básicas: ¿por qué es problema? y ¿qué es eso de lo social? Debe decirse como primer punto que lo social se constituye como problema desde que aparece desdibujado en la agenda nacional o, a lo sumo, supeditado a la actividad política y económica. Sin afán de desdeñar la actividad política y económica de una nación —aspectos vitales de cualquier sociedad organizada—, lo social debe gozar de un grado de autonomía en la gestión de un país, si quiere tomarse como eje de acción prioritario de un gobierno, por ejemplo. En este punto, la figura de un Ministerio de Planificación o una comisión de primer nivel encargada de coordinar las políticas sociales de un gobierno aparecen como instituciones claves. No obstante, la sola mención de esa figura institucional causa resquemores en la actual administración pública.

Segundo punto del problema será definir qué es eso de lo social. Luego del desastre causado por el terremoto de enero de 2001, desde este semanario se escribía —bajo el sugerente título “La irrupción de lo social”— que lo político había pasado a ocupar la principal atención de un país que salía de la guerra. “Han proliferado libros, artículos, coloquios y seminarios —decía el editorial de Proceso— dedicados a los políticos y a la política. Se ha hablado de todo, desde la transición y consolidación democráticas hasta la dinámica del sistema de partidos y las debilidades y fortalezas del sistema electoral (…) Con el terremoto del 13 de enero pasado —prosigue el editorial—, lo social ha vuelto por sus fueros. La situación de riesgo estructural en que vive la mayor parte de la población del país aparece como un problema de primera importancia, al cual hay que dedicarla tanta o mayor atención que a los problemas específicamente políticos”.

El editorialista, pese a tener razón, se equivocó; pues, si bien momentáneamente lo social pasó a ser prioridad nacional —no sin que los políticos intentaran sacar dividendos para sus causas— la sociedad salvadoreña volvió a entregarse a la agenda política. En ese contexto, lo social es, pues, esa estructura de actividades y políticas públicas encaminadas a suplir las principales demandas de la población en vistas del mejoramiento de sus condiciones de vida. Claro está, ello presupone una serie de decisiones políticas y de medidas económicas sin los cuales sería imposible cumplir los objetivos propuestos. De lo cual se concluye que, por otro lado, sería quimérica una autonomía absoluta de lo social.

Con todo, este apartado hubiera sido perfectamente obviado en un recuento del año si en El Salvador lo social así definido gozara de sana autonomía. Así definida la cuestión social, habrá que hacer un recuento de los principales hechos ocurridos a lo largo del año.

Sociedad y elecciones
Los comicios legislativos y municipales de marzo de 2003 marcaron el capítulo electoral más importante del año que culmina. En ellos, poco más de un millón de salvadoreños eligieron a los 84 diputados que los representarían en la Asamblea Legislativa durante los próximos tres años. De paso, fueron elegidos los 262 concejos que fungirían hasta el año 2006. Meses después, en noviembre, el Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a la ciudadanía para elegir su presidente y vicepresidente en marzo de 2004.

Previo a la realización del evento electoral de marzo, los candidatos y sus partidos derrocharon, en el marco de la propaganda, una serie de propuestas encaminada a agenciarse la mayor cantidad de escaños legislativos y comunas disponibles. Los resultados dejaron un predominio del efemelenismo en las alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador y, en el interior del país, una distribución de las comunas entre todas las fuerzas política, con un predominio notable de ARENA.

La salud fue el tema más manoseado durante la coyuntura electoral. Una huelga de sindicalistas y médicos del Seguro Social no terminó sino hasta principios de julio, luego de nueve meses de paralización de labores en los principales centros de la red del ISSS y de estériles negociaciones entre la patronal y los médicos huelguistas. Algunos centros de la red pública se sumaron a las acciones. A lo largo de esos nueve meses, los movimientos sociales organizados realizaron sendas marchas multitudinarias, pidiendo la no privatización de la salud. Los movimientos levantaron expectativas en la sociedad, debido a la capacidad de convocatoria mostrada.

Tanto Francisco Flores como la directiva del ISSS negaron cualquier indicio de privatización en el sector y mantuvieron su férrea postura hasta que terminó la huelga. En resumidas cuentas, la ausencia de diálogo fue la constante en torno a un tema vital de la vida nacional como es la salud de los salvadoreños. Pese a la expectativa generada, la reforma del sistema nacional de salud quedó pendiente.

El 2003 pasará a la historia como uno de los años en que las epidemias abatieron con mayor fuerza a la población salvadoreña. La epidemia de neumonía se cobró la vida de unas 378 personas a lo largo del año. De julio a septiembre, las autoridades de Salud mantuvieron una alerta nacional, invirtiendo $3.5 millones para atender a los pacientes. La conjuntivitis y algunas enfermedades gastrointestinales fueron los principales padecimientos atendidos en la red nacional hospitalaria.

Seguidamente, hubo otro motivo de enfrentamiento cuando la oposición política intentó aprobar un merecido incremento a las municipalidades por la vía del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES). Un pleito entre los órganos Ejecutivo y Legislativo se dio tras la emisión de un decreto orientado a aumentar al 8% la transferencia de los gastos corrientes del Presupuesto General del Estado para las 262 alcaldías del país. El Órgano Ejecutivo resintió la medida parlamentaria, aduciendo que desequilibraría las finanzas públicas y obligaría a revisar el presupuesto asignado a áreas sensibles como educación, salud y vivienda. Los reclamos del Ejecutivo desembocaron en el veto presidencial.

En el marco de la refriega, el ministro de Hacienda, Juan José Daboub —haciendo uso de su habitual discurso demagógico— vendió la idea que, de implementarse el incremento presupuestario a las alcaldías, la inversión pública sería duramente golpeada: se dejarían de construir más de 2 mil viviendas, 13 unidades de salud y 533 aulas escolares, entre otros. Los ediles ofrecían, por su parte, un incremento en la construcción de caminos rurales, reparación de calles, ampliación de la cobertura de agua potable y ampliación de la red eléctrica.

El 30 de julio, los diputados de oposición sumaron sus 56 votos para superar el veto que Flores había hecho al decreto legislativo que amparaba el aumento presupuestario a las alcaldías y se abrió nuevamente la pugna, hasta que el 24 de septiembre la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del Ejecutivo. La magistrada Victoria Marina de Avilés hizo un voto razonado en contra de sus compañeros de la Sala de lo Constitucional, aduciendo que éstos habían entendido un concepto demasiado pobre del municipalismo. Al final, se terminó postergando, indefinidamente, la descentralización del Estado salvadoreño.

A las puertas del cierre del año, el tema educativo volvió a ser, momentáneamente, objeto de debate público. Antonio Saca, candidato de ARENA; Schafik Hándal, por el FMLN; y Héctor Silva, por la coalición CDU-PDC, invitados a un foro organizado por una universidad capitalina, coincidieron en que debía incrementarse la inversión pública en educación si el país quiere obtener resultados satisfactorios en ese rubro en el mediano plazo. El encuentro suscitó gran interés en la prensa nacional, pero fue sólo circunstancial: respondió meramente a la convocatoria de una reconocida universidad preocupada por el asunto y a la exposición de las buenas intenciones de unos candidatos presidenciales. Nada más.

“Lo más probable —se escribía en este semanario, a propósito del encuentro— es que una vez pasado el escándalo de los medios, la cuestión educativa vuelva al letargo a que ha sido destinada”. Y así ha ocurrido hasta el cierre del 2003. Quedaron pendientes otras aristas del problema educativo, como por ejemplo el aumento presupuestario y modernización de la Universidad de El Salvador, el fortalecimiento del magisterio, la tarea de la alfabetización y una evaluación desapasionada y detenida de la reforma educativa a partir de sus logros y yerros.

Sociedad y libre comercio
Sin lugar a dudas, las negociaciones del CAFTA han sido uno de los más importantes puntos de la agenda del gobierno. Desde que el 8 de enero se hiciera el anuncio oficial del comienzo de las negociaciones, hasta que las mismas cerraron el 16 de diciembre, la prensa nacional se volcó a dar cobertura al discurso oficial, pero no logró filtrar la información pertinente para que la ciudadanía pudiera tener acceso a un balance desapasionado de las negociaciones.

En pocas palabras, el Ejecutivo rubricó el acuerdo y la población no sabe ni qué ganará ni qué perderá en el marco del libre comercio con la mayor potencia económica mundial. A lo sumo, apela al sentido común que dicta que los empresarios más poderosos y competitivos serán los ganadores y los pequeños y micro empresarios —más allá de lo que diga la parafernalia gubernamental— serán expuestos a perder sus fuentes de ingresos.

A estas alturas, pocos creen que el TLC será la panacea para reducir la pobreza en el país. De ahí que haya que traer a colación opiniones de personalidades en el extranjero —cosa que gusta a los grandes empresarios del país para que les digan qué hacer— que apuntan que la sociedad salvadoreña no se encuentra preparada para afrontar los desafíos del CAFTA. En diciembre, el matutino El Diario de Hoy —acaso marginalmente— cita un periódico hondureño que recoge las declaraciones de la funcionaria de CEPAL, Rebeca Grynspan, para quien la pobreza, la desigualdad, los bajos niveles de educación y la desarticulación del aparato productivo son los principales retos de los países de la región que negocian con Estados Unidos. Cada país —concluye Grynspan— deberá concebir un programa de desarrollo para enfrentarse a los retos del TLC.

Más allá de realizar protestas callejeras en contra del TLC y la globalización —realidades a las que inexorablemente deberá enfrentarse El Salvador en el 2004— la sociedad civil deberá buscar la manera de contrarrestar los efectos nocivos de estos fenómenos.

Sociedad y medios de comunicación
En El Salvador, las grandes empresas de comunicación organizadas han jugado un papel crucial en el mantenimiento del orden establecido, desde que el partido en el poder llegó al control del Ejecutivo. Su alianza declarada con las elites políticas y económicas les ha permitido mantener las reglas del juego cuando dicho orden se ha visto amenazado. Asimismo, su privilegiada posición en el tejido social les ha autorizado a trazar, en connivencia con las estructuras gubernamentales, la agenda de país.

En el primer trimestre del año, a pocos días de realizadas las elecciones legislativas, los propietarios y directores de las empresas mediáticas más poderosas de El Salvador tuvieron la oportunidad de manifestar sus quejas ante los asistentes a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Durante cuatro días —gozando de una extensa cobertura periodística en los principales medios del país—, los empresarios de la comunicación del continente discutieron la situación de la libertad de prensa en las Américas y condenaron todo tipo de cortapisas que, a su juicio, coartan ese derecho consignado en el cuerpo jurídico internacional.

Los propietarios salvadoreños incidieron en que la SIP considerada que “no se halla plenamente garantizado el derecho de acceso a la información pública en El Salvador, aunque existe la norma constitucional sobre el derecho de petición”; y, además, que repudiara “las prácticas del FMLN y de otros partidos y grupos de instar a la violencia contra periodistas y medios”. Los medios, a lo largo del año, no escatimaron esfuerzos para desminuir la presencia del FMLN en sus espacios, si no era para mantener una posición crítica contra ese partido.

No obstante lo anterior, los medios informativos realizaron importantes investigaciones periodísticas que destaparon sonados casos de corrupción en el aparato estatal salvadoreño. El caso de ANDA fue el más relevante. Le siguen —con sus respectivas investigaciones— los indicios de corrupción descubiertos en el Seguro Social, la Corte de Cuentas de la República, la Asamblea Legislativa, el Fondo Social para la Vivienda, el Banco de Fomento Agropecuario, algunos centros judiciales y algunas municipalidades, entre las que destacan las administradas por el FMLN en San Salvador.

La agenda de los medios culminó el año con los dos tópicos expuestos al inicio de estas líneas: los comicios presidenciales y la firma del TLC con Estados Unidos. No es de extrañar que, por un lado, los medios tendieran a favorecer al partido oficial en cuanto a cobertura y líneas editoriales se refiere y, por otro, a reproducir el discurso que presenta el TLC como la panacea de los principales problemas sociales.

Sociedad y violencia
Año con año, El Salvador encabeza, en el ámbito centroamericano, las estadísticas de violencia en los principales períodos festivos. En la semana santa y las festividades de diciembre, las estadísticas de hechos violentos aumentan año con año. La población reciente —únicamente por debajo de sus situación económica— que la inseguridad es el problema más grave al que se halla expuesta.

En ese sentido, el primer balance nacional realizado por la Fiscalía General de la República reportó, durante 2003, unos 9 asesinatos diarios, muy por encima de las estadísticas policiales que reportan 6 muertes por homicidio durante el año. La Fiscalía —recogiendo datos entre enero y noviembre— determinó, además, que cada día se produjeron unos dos intentos de homicidio en todo el país. En total, 3 mil 160 homicidios fueron reportados por el Ministerio Público, frente a los 2 mil 161 casos que da cuenta la Policía Nacional Civil, en el mismo período. La institución recibió 95 mil denuncias por diversas causas.

Pero el despliegue más impresionante de estadísticas en este sentido tuvo que ver con las tres mil capturas de pandilleros realizadas en el marco del Plan Mano Dura que el presidente Francisco Flores impulsó desde julio. Dicho plan tuvo un impacto sin precedentes en la historia del país, pese a que su efectividad fue prácticamente nula: unas pocas decenas de enjuiciados. Con el fabricado escándalo de las maras quedaron en entredicho las verdaderas intenciones del Ejecutivo en lo que al combate de la delincuencia se refiere y en lo absoluto se tocó siquiera tangencialmente la raíz del problema.

La agenda social pendiente
Los más respetados informes nacionales e internacionales señalan importantes déficits en materia social, por lo cual este ámbito constituye quizás el más grande desafío para el gobierno que se instale a partir de junio de 2004. “La más grande obra social de la historia” a la que Flores alude en sus discursos no es más que una quimera. La cuestión social es una tarea pendiente. Pendiente, primero, de ser asumida como tal, con la autonomía que merece, para lo cual hacen falta prácticas como el diálogo, la concertación y la elaboración de propuestas basadas no en criterios políticos. Finalmente, emprender una estrategia nacional de desarrollo requiere de una voluntad política de la cual este gobierno no ha hecho el menor esfuerzo.

Balance regional

2003 se cierra para Centroamérica con dos acontecimientos sobresalientes: la inminente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés, CAFTA) y la condena de prisión contra el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Ambos hechos nos remiten al fin del año anterior: tanto la apertura de negociaciones del CAFTA como el proceso de desafuero contra el ex gobernante fueron el cierre de 2002. En el transcurso de estos doce meses, tanto el proceso judicial contra Alemán como el tratado comercial mencionado han pasado por una serie de vicisitudes.

Junto a estos dos acontecimientos, en la región se han dado otros hechos importantes: las protestas ciudadanas contra el libre comercio y las privatizaciones, una progresiva inclinación por parte de la mayoría de los gobiernos hacia medidas de corte autoritario —justificadas bajo la bandera del combate a la delincuencia—, así como los hechos concomitantes al proceso electoral en Guatemala. Por otro lado, cabe destacar el involucramiento de las naciones centroamericanas en la guerra de Estados Unidos contra Irak, una guerra a la cual se opusieron los pueblos del mundo y varios gobiernos, como los de Francia, Alemania, China y Rusia. En las líneas que siguen, pasaremos revista a estos hechos.

El CAFTA: ¿fast track o camino accidentado?
2003 fue el año durante el cual se llevaron a cabo las principales rondas de negociación del CAFTA, como pasos previos a la firma del mismo, la cual tuvo lugar en diciembre. El curso de las negociaciones registró ciertos patrones constantes: En primer lugar, se realizó a espaldas de la sociedad civil. Los negociadores restringieron el acceso a la prensa y manejaron la información a su antojo, dando a conocer únicamente lo que les interesaba. En segundo lugar, fueron negociaciones completamente inconsultas. Las supuestas “consultas” con la ciudadanía y el famoso “cuarto de al lado”, en el que las organizaciones de la sociedad civil sólo escuchaban el contenido previamente censurado de las negociaciones, fueron una completa burla.

En segundo lugar, los Estados Unidos fueron el verdadero protagonista de las rondas de negociación del CAFTA. Cuando las cosas no iban al compás de los intereses de Washington, este país hacía uso de sus múltiples recursos disuasorios. La amenaza de exclusión del CAFTA sirvió para que EEUU obtuviera lo que quería. Así logró, por ejemplo, sacar a los países centroamericanos del incómodo G-21, que puso en aprietos las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Cancún. Así logró, también, que todos los países participantes en el CAFTA, con la digna excepción de Costa Rica, enviasen tropas a Irak, todo para congraciarse con el Gran Hermano del Norte y no perderse de la gran oportunidad del TLC.

En tercer y último lugar, los países centroamericanos actuaron en total desunión, cuando la lógica dictaba que, ante un socio del tamaño y las ambiciones de los EEUU, las pequeñas economías centroamericanas debían negociar en conjunto. “Divide y vencerás”: el viejo lema del imperio romano surtió efecto para que los gobiernos del Istmo se pusieran a competir entre sí para lograr los favores de Washington, aún a costa de desproteger, en muchos casos, a sus sectores económicos. Así, por ejemplo, Guatemala llegó a ofrecer a EEUU una apertura total a sus productos, ante la amenaza de que Washington le quitara la certificación de lucha contra el narcotráfico y la corrupción y afectara con ello sus relaciones económicas con la primera potencia mundial.

Al cierre de las negociaciones, Costa Rica no logró suscribir los acuerdos generales del CAFTA, dadas las reservas que siempre tuvo para proteger sus sectores económicos estratégicos. El gobierno de San José tendrá que negociar por aparte con los EEUU en enero próximo. De esta forma se cerraron unas negociaciones que lo único que hicieron fue poner en claro las taras de un modelo de integración regional basado en algo que enfrenta en vez de unir: la competencia comercial.

El libre comercio en tela de juicio
La V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada a principios de septiembre en Cancún, México, fue el escenario de la impugnación del unilateralismo económico de los países ricos. El cónclave, que se convocó para reunir a los responsables de la economía de los 146 países miembros de la entidad para llegar a acuerdos sobre la liberalización del comercio mundial, significó un golpe duro a los planes de globalización económica. “Se desploman las negociaciones comerciales de Cancún”, titulaba The Wall Street Journal Americas, en su edición del 15 de septiembre. “El fracaso de Cancún”, fue el título de la nota editorial del rotativo francés Le Monde. El periódico habanero Granma titulaba “Colapso en Cancún”. Por su parte, el boletín electrónico de La Voz de Alemania se interrogaba: “¿Más vale ningún acuerdo que un mal acuerdo?”.

El grupo de los veintiún países en desarrollo (G-21), que encabezan Brasil, la India, China y Sudáfrica, impidió que se llegara a un acuerdo apresurado sobre el tema de los subsidios agrícolas, tema sensible para las naciones pobres. El temor de éstas últimas reside en que EEUU y otros países primermundistas protegen a sus agricultores. Ello no representaría problema alguno, si no exigieran a los países subdesarrollados que dejen sin efecto medidas similares.

El G-21 se originó para que los países exportadores de productos agrícolas buscaran posturas comunes en las negociaciones de comercio mundial. Sus integrantes son México, Cuba, Turquía, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, la India, China, Paquistán, Sudáfrica, Paraguay, Perú, Filipinas, Egipto, Tailandia, Venezuela y anteriormente El Salvador. Evidentemente, la postura del grupo provocó malestar en los países desarrollados, que no toman en cuenta las asimetrías con las naciones pobres. Por tanto, impugnaron la postura del G-21.

La unidad del G-21 se vio puesta a prueba en Cancún. Algunos gobiernos, como el salvadoreño abandonaron el grupo, en claro aval a los intereses norteamericanos. El Ministro de Economía salvadoreño, Miguel Lacayo, ha justificado esa decisión, afirmando que llegó a Cancún a negociar y no a quedarse con los brazos cruzados. El funcionario criticó acérrimamente la postura del Brasil, afirmando que con ello no se llega a nada y que está en desacuerdo con la agenda del grupo.

En términos de involucrarse en una negociación de comercio ágil, en la que las objeciones de los sectores productivos —incluyendo industriales, agricultores, entre otros— sean dejadas de lado por considerarlas rémoras, el funcionario salvadoreño tiene razón. Si pensamos que estos acuerdos comerciales tendrán consecuencias, no solamente inmediatas, sino que también incidirán en la vida futura de nuestras naciones, es posible que el ministro Lacayo esté equivocado.

El poder de disuasión de los Estados Unidos se manifestó nuevamente, cuando el responsable del comercio exterior del gobierno de Bush, Robert Zoellick, visitó la región centroamericana. Zoellick concluyó su gira exitosamente, pues logró que Nicaragua y Guatemala abandonaran el G-21, so pena de excluirlos de las negociaciones del CAFTA. Hablar en este caso de “injerencia norteamericana” en los asuntos internos de Centroamérica no es una cosa tan disparatada.

La captura de Arnoldo Alemán
El mes de diciembre comenzó con la noticia de la captura de Arnoldo Alemán, ordenada tras un fallo judicial que lo encontró culpable de corrupción durante su mandato presidencial. La pelea por el desafuero del ex presidente puso en evidencia que su poder, basado en la fuerza y la corrupción, era capaz de poner en crisis la institucionalidad nicaragüense. Sin embargo, el veredicto de la jueza Juana Méndez puso punto final a la intocabilidad de la que parecía estar revestido el ex caudillo del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El veredicto de Méndez, que lo condenó a prisión domiciliaria en su lujosa hacienda de Los Chiles, fue una muestra de la valentía que hace falta para erradicar la corrupción y la impunidad.

Nicaragua tiene que trabajar muy duro para superar lo que Alemán deja detrás de sí. Los políticos de ese país tienen que recuperar la credibillidad que han perdido ante la ciudadanía, por sus arreglos oscuros y sus corruptelas. La oposición política deberá mostrar que su agenda va más allá de los intereses personales de sus caudillos. El partido gobernante deberá depurarse internamente. Quizás la lección que deja este caso es que cuando la ciudadanía se organiza no hay impunidad que valga.

Por la senda del autoritarismo
2003 se caracterizó por haber sido el año en que la mayoría de gobiernos centroamericanos experimentaron un retroceso al autoritarismo bajo el pretexto del combate a la delincuencia juvenil. En Guatemala, Honduras y El Salvador se pusieron en marcha planes antidelincuenciales que revestían características muy similares: primero, se basaron en la explotación del miedo e impotencia de la ciudadanía al auge delincuencial, sentimientos exacerbados cómplicemente por una parte de la prensa; segundo, se trata de planes que privilegian las medidas represivas —redadas masivas en barrios “sospechosos”, detenciones “preventivas” por la sola apariencia de las personas —muy en la vena de la doctrina Bush de la guerra “preventiva” contra presuntos Estados terroristas—. En tercer lugar, estos planes antidelincuenciales, que vulneran las mínimas garantías ciudadanas y que han probado estar reñidos con el sistema judicial, obedecen a estrategias electorales.

El colmo de lo anterior ha sido la propuesta del presidente hondureño Ricardo Maduro, que se inclina por que las órdenes de captura tengan validez en todo el Istmo, sin mayores trámites judiciales, violentando así el debido proceso y las leyes internacionales.

Finalmente, estos planes han sido exhibidos como prueba que solamente la represión funciona contra el problema de la delincuencia juvenil, dejando de lado la solución de los problemas estructurales que la originan. Más aún, representan una peligrosa tendencia a ahondar más la marginación de los jóvenes de zonas pobres, criminalizándolos por el mero hecho de ser lo que son: jóvenes y pobres. Ser joven, tener tatuajes, vestirse de un modo determinado y ser pobre son cosas peligrosas, como antes era peligroso ser tildado de comunista.

Elecciones en Guatemala: las cuentas pendientes del pasado
Efraín Ríos Montt, otrora “hombre fuerte” de Guatemala, fue el protagonista negativo de los comicios celebrados en noviembre y diciembre. Sobre el dictador que gobernó su país con mano dura en los ochenta, practicando una represión sistemática contra la oposición y contra la nación maya, pesaba la prohibición de contender por la Presidencia de la República. Al igual que ocurrió con el desafuero de Alemán, la nominación de Ríos Montt como candidato presidencial del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) movilizó a la sociedad para impedir que se consumara un atropello contra el Estado de derecho.

Ríos Montt, que era el presidente del Congreso guatemalteco, tuvo que enfrentar la apertura de un juicio en España por crímenes de guerra. Ni esto, ni la repulsa ciudadana a su candidatura, lo alejó de las aspiraciones presidenciales. Sin embargo, la primera ronda de los comicios celebrados en noviembre pasado lo desplazó hacia un vergonzoso tercer lugar, quedando abierta la segunda ronda para los candidatos Berger y Colom, ambos de derecha, en la cual resultó ganador el primero de ellos. En pocas palabras, lo que las instituciones jurídicas guatemaltecas no lograron por sus mismos condicionamientos, los votantes lo expresaron con contundencia: la ciudadanía guatemalteca no quiere al ex dictador y está cansada de la corrupción del partido gobernante.

El pueblo guatemalteco está perdiendo el miedo en el que se han sustentado los despotismos militares. El hecho de que en el país se presentara el libro Violencia y genocidio en Guatemala, escrito por la antropóloga estadounidense Victoria Sanford, sobre las masacres perpetradas en las zonas del interior de Guatemala durante el gobierno de Ríos Montt, manifiesta la conciencia que se está tomando contra la impunidad de los ex gobernantes millitares, de enfrentar las heridas del pasado en lugar de ocultarlas.

Otro signo saludable tiene que ver con los resultados de la elección presidencial, ganada por Óscar Berger. Éste propuso una concertación con el partido de su rival, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a fin de trabajar en una agenda legislativa en común, dado que los escaños de ambos partidos alcanzan la mayoría en el congreso, lo cual hace que no tengan necesidad alguna de los votos del FRG para la aprobación de leyes. Sería deseable que esa voluntad concertadora, indispensable para la necesaria gobernabilidad democrática en Guatemala, se extienda a otros sectores de la vida social y política del país. De lo contrario, se perpetuarán las ya inveteradas prácticas excluyentes que solamente han generado inestabilidad política en la nación centroamericana.

La fallida reivindicación del Goascorán
Como suele ocurrir, la retórica unionista de los gobernantes centroamericanos choca contra las rivalidades y mezquindades nacionalistas existentes entre las élites que gobiernan los países del Istmo. Mientras los presidentes centroamericanos vendían el CAFTA como la llave al sueño de la unión del área, a lo largo del año salieron a relucir toda clase de discordias: las rivalidades comerciales —que sería largo enumerar— y los problemas limítrofes.

En lo tocante a esto último, el caso más notorio fue la demanda que el gobierno salvadoreño interpuso ante la Corte Internacional de Justicia con sede en la La Haya, para apelar al fallo que le otorgaba a Honduras potestad sobre el bolsón fronterizo de Goascorán. Esto ocurría a principios de mayo. El equipo salvadoreño estuvo encabezado por la Canciller María Eugenia Brizuela de Ávila y el controversial ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro —controversial por su complicidad con los militares en la época de la guerra y por su célebre frase, pronunciada cuando se pedía su destitución por ese mismo motivo: “A mí sólo Dios puede quitarme”.

La reclamación salvadoreña estaba sustentada en documentación de la época colonial que afirmaba que el cauce del río Goascorán había sido desviado por una inundación, con lo cual cabría afirmar que el bolsón en disputa había sido salvadoreño en el principio de los tiempos. Reclamación endeble, porque el gobierno hondureño poseía documentación mucho más sólida y porque la demanda salvadoreña tenía la sospecha de ser otra cortina de humo más.

El gobierno salvadoreño invirtió cuantiosos recursos —para costear la estancia de su equipo diplomático y de algunos complacientes periodistas en La Haya, pero también para mantener una campaña mediática que pretendía hacer ver que el destino nacional se jugaba en la posesión de un territorio tradicionalmente abandonado por los gobiernos salvadoreños— tan sólo para solicitarle a la Corte Internacional que considerara reabrir el caso. El veredicto de la Corte fue conocido en la segunda quincena de diciembre y establecía que no había motivo alguno para reabrir el caso. En otras palabras, mucho ruido y pocas nueces.

Centroamérica en guerra ajena
Si en alguna cosa fueron consecuentes la mayoría de los gobiernos centroamericanos fue en su decisión firme e inquebrantable de someterse a los designios estadounidenses, muy por encima de la hermandad centroamericana tan traída y llevada en los discursos. Contra toda sensatez, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala enviaron contingentes de soldados para reforzar la ocupación estadounidense de Irak. Para acallar las críticas, los gobernantes tuvieron que mentir. Dijeron que enviaban soldados a tareas exclusivamente humanitarias, como sanar enfermos y construir carreteras, eso como un gesto de reconocimiento a la generosidad del Gran Hermano del Norte.

Con todo, poco a poco se fue conociendo que los centroamericanos no iban a cumplir ninguna tarea humanitaria, sino a reforzar la ocupación militar. La imagen de un soldado salvadoreño, armado con fusil y registrando a un civil iraquí que tenía las manos en alto fue una muestra elocuente de lo anterior. Para fines de año, la preocupación de los familiares de los integrantes del contingente centroamericano en Irak era más creciente. Y con razón: algunos de estos soldados habían estado cerca de lugares que habían sido atacados por las fuerzas de la resistencia iraquí. Ojalá que los gobernantes del Istmo comprendan a tiempo que esto tipo de aventuras belicistas son totalmente contraproducentes.

Epílogo: las enseñanzas del II Informe de Desarrollo Humano del PNUD
El segundo informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, presentado en septiembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sostiene que el primer quinquenio de la década de los noventa implicó transformaciones importantes en los países del Istmo. Atrás quedaban las dictaduras militares y su secuela de violaciones a los derechos humanos. También los conflictos militares tocaban a su fin y se daba paso a sistemas partidarios que, en muchos casos, incluían a actores tradicionalmente proscritos.

¿Qué ocurre a partir del segundo quinquenio de la década anterior? Ocurre que la región “ha perdido dinamismo en el ritmo de progreso que caracterizó su desarrollo humano”. La recuperada estabilidad social de la región no se tradujo en la superación de aquellos indicadores que demuestran que el nivel de vida de las mayorías populares aún dista de ser decoroso. Podría decirse, pues, que la recién instaurada democracia política en la mayoría de países centroamericanos —con todo y sus insuficiencias, como ya habremos de ver— no se tradujo automáticamente en democracia económica ni en democracia social, o dicho de otra manera, el desmontaje de los conflictos armados y de las dictaduras militares, no fue, por sí solo —ni podía serlo—, un factor que abriera mayores posibilidades de desarrollo humano para la población.

Claro está, la excepción es Costa Rica. Otra excepción la conforma Panamá, la cual tuvo una dinámica política distinta en la década de 1980, no sin ser ajena, por ello, a las dinámicas políticas de la región. Los indicadores de desarrollo humano de este último país también están en una situación de ventaja con relación a los del resto del Istmo, están dentro (Costa Rica), o por lo menos muy cerca (Panamá) de los estándares de vida correspondientes a los de los países con alto desarrollo humano. En lo tocante al resto de naciones, sus indicadores se encuentran en una posición intermedia, entre los países de alto nivel de desarrollo humano y aquellos cuyo nivel es bajo.

El documento aporta un concepto a través del cual busca entender la interacción de factores que inciden en el desarrollo humano: en él se habla de “estilo de desarrollo”, en vez de “modelo de desarrollo”. Por estilo de desarrollo, “se entienden los componentes principales de una economía, y sus modalidades características de interrelación, mediante los cuales ésta enfrenta, durante una época, sus desafíos de crecimiento y desarrollo”. El concepto “modelo”, se explica, implicaría “una intención común” que dotaría de una “coherencia general” a las acciones y políticas de desarrollo.
De la lectura del II Informe de Desarrollo Humano, puede colegirse que el estilo de desarrollo imperante en Centroamérica, al menos en los últimos años, ha realizado un viraje importante, al abandonar la agenda de crecimiento sostenible de la región, por otra, cuyo principal componente es el libre comercio. Como lo dice el texto, la búsqueda de una agenda común se abandonó, cuando cada país se vio librado a sus propios esfuerzos para superar “los efectos del huracán Mitch y para superar conflictos bilaterales”.

Como resultado de este viraje, los proyectos de integración regional se ponen en función de la perspectiva de concretar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en desmedro de otros problemas urgentes. En ese sentido, como bien se afirma en el documento, “hoy más que nunca la apertura y la negociación comercial se han constituido en los elementos que no sólo determinarán la inserción mundial de Centroamérica, sino que redefinirán la agenda de las próximas décadas”.

No hay recetas preestablecidas para “salvar” al Istmo. Lo que está en el horizonte es la necesidad de buscar otro estilo de desarrollo. El actual resulta inviable: los desequilibrios que genera hacen precarios aquellos avances que puedan darse en algunos indicadores de desarrollo humano. El Informe señala que el Istmo tiene una reserva importante de personas en edad productiva, que perfectamente pueden aumentar el nivel de desarrollo económico. Sin embargo, al no haber posibilidades de acceso a educación, salud y empleo, esta reserva se torna en un problema. Las relaciones simplistas entre cobertura educativa y acceso al empleo demuestran sus obvias limitaciones.

El estilo de desarrollo que se busca, deberá orientarse a mejorar los estándares de vida de las mayorías. Es quimérico esperar que el “rebalse” le dé mejor salud a los que la necesitan. Es necesario replantearse el papel del Estado. Pero esto no puede ser la empresa de un solo país. Nuestras naciones son tan pequeñas y sus caminos están históricamente entrecruzados, que la búsqueda de este nuevo estilo de desarrollo, orientado al desarrollo humano, impone retomar los desafíos comunes. ¿Será posible en esta nueva etapa que abre el CAFTA o se habrá perdido el rumbo para siempre?

Los derechos humanos en el 2003

Introducción
El año que recién finalizó debe resultar muy interesante para toda aquella persona que pretenda efectuar un análisis de la situación de los derechos humanos en El Salvador. Lamentablemente, esa riqueza de insumos para la investigación estuvo ligada, sobre todo, a circunstancias que le fueron adversas tanto a la población salvadoreña como al sueño —aún lejano y casi bicentenario en nuestro país— de concretar la real democratización de la sociedad. Huelgas en el sector de la salud pública, graves dificultades en el desarrollo humano, crisis económica, epidemias, elecciones para diputados y alcaldes, campaña para comicios presidenciales, violencia social exacerbada, leyes de corte autoritario, gobierno elitista, impunidad, participación en guerras ajenas, aumento de la fragilidad institucional, amenazas a defensores de derechos humanos y corrupción gubernamental, son algunos de los rasgos más representativos de lo ocurrido el año recién pasado.

Luego de la tradicional quema de pólvora que anunció la llegada de otro año, los salvadoreños y las salvadoreñas nos despertamos al 2003 con hechos que en definitiva fueron presagios del tipo de época que se nos venía encima. Durante la primera semana de enero, ocurrió la ocupación policial de unidades hospitalarias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que todavía se encontraban en huelga; por otro lado, un grupo de encapuchados se “tomó” la Catedral Metropolitana exigiéndole al gobierno —con ese método propio de tiempos pasados— que desistiera de sus planes privatizadores en materia de salud. Aunque parezca irónico, fue en ese marco que Kofi Annan —Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)— declaró finalizada la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz, no sin antes señalar graves falencias en el proceso salvadoreño.

Sobre este último punto, pese a la clausura oficial de la observación internacional —que algunos interpretaron como el aval del organismo a un “cabal acatamiento” de los compromisos adquiridos por el gobierno y la antigua insurgencia— la ONU continuó poniendo el dedo en la llaga. Se refirió al sistema judicial, señalando que éste había “demostrado ser insuficiente para enfrentar las demandas derivadas de una ola de delincuencia de posguerra en una sociedad donde abundan las armas y hay pocos controles…”; es más, denunció que “a menudo el sistema judicial funciona con lentitud, y muchos jueces siguen siendo susceptibles a influencias políticas”. De igual forma, el funcionario más alto de las Naciones Unidas apuntó sus baterías hacia la Policía Nacional Civil, sobre todo por la desnaturalización de su filosofía democrática a través de las reformas a su Ley Orgánica. Kofi Annan también calificó como negativa la actitud de desprotección y asedio contra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por parte de otras instituciones estatales. Además, urgió a las autoridades del país a “superar la exclusión económica y social generalizada”.

Así comenzó el 2003, con esos y otros sucesos otros ocurriendo en plena campaña electoral para diputados, teniendo como colofón graves hechos de violencia social tales como las brutales decapitaciones de mujeres jóvenes en diversos puntos del país. Ante ello nos preguntamos: ¿Será que a casi once años del fin de la guerra, también decapitaron los intentos democratizadores de los acuerdos de paz al neutralizar los principales logros institucionales de los mismos? Pretendidos avances como las reformas judiciales y la creación de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral —a estas alturas y por diversas razones— no responden a las expectativas que antes despertaron. Como dice una frase obligatoria de la oratoria forense: “A las pruebas me remito”.

I. Situación general del país
Sin duda, uno de los acontecimientos que más influencia tuvo sobre la situación de los derechos humanos fue el lanzamiento publicitario del llamado “Plan mano dura” y la posterior aprobación legislativa de la denominada “Ley anti maras”, ambas iniciativas como parte de una misma estrategia impulsada por el titular del Órgano Ejecutivo, Francisco Flores, y el partido para el cual trabaja: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Esta maniobra respondía de manera muy clara a dos importantes hechos que la generaron en el marco del 2003, el cual fue un año eminentemente electoral. No cabe duda que la inesperada retención de la Alcaldía capitalina por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el desplazamiento de los “areneros” al segundo lugar en las últimas votaciones municipales y legislativas, marcaron desde el primer trimestre del período examinado un cambio en la agenda gubernamental de cara a las siguientes elecciones: las presidenciales a realizarse en marzo del 2004.

Y es que hasta antes de los comicios del domingo 16 de marzo del 2003, el confiado gobierno de Flores parecía sordo, inmutable y decidido a seguir de manera autoritaria y cuasi dictatorial con su plan económico y social, excluyente e infame, en plena complicidad con la gran empresa privada y haciendo caso omiso a cualquier crítica que se le hiciera. Su política de imposición tenía una retaguardia segura en la Asamblea Legislativa y, de alguna manera, creyó que su permanente propaganda y presencia en los medios de comunicación le garantizaban a su partido una continuidad indiscutible.

La notable y publicitada asistencia presidencial, de altos dirigentes “areneros” y de funcionarios del gabinete de Flores a eventos públicos masivos como “teletones”, peleas de boxeo y otras actividades similares, así como la entrega de medallas a atletas nacionales de “alto rendimiento” y el bautizo de escenarios deportivos con nombres que le dicen mucho a la afición salvadoreña, fue la manera que se utilizó —desde finales del 2002 hasta antes de las elecciones mencionadas— para tratar de seducir a la población y distraerla de los problemas más grandes y graves del país. Este método circense les había dado resultado en ocasiones anteriores.

Con esa seguridad, desde el mismo gabinete gubernamental se extrajo la que Flores y la dirigencia de ARENA consideraron entonces como su mejor carta de presentación: Evelyn Jacir de Lovo, quien se desempeñaba como Ministra de Educación. Ella fue la elegida para devolver la emblemática e importante Alcaldía de San Salvador al partido fundado por Roberto D’Aubuisson. Un adelantado, ilegal y delirante lanzamiento publicitario junto a una dispendiosa campaña electoral de esa candidata y de otras “figuras” propuestas para distintas comunas y para la Asamblea Legislativa, tenían al Presidente de la República y los círculos de poder que lo respaldan haciendo “cuentas alegres”. Según ellos, no sólo se comerían la mayor parte del pastel electoral —al conseguir el control parlamentario— sino que hasta se quedarían con la cereza del mismo: la municipalidad capitalina.

Sin embargo, en las urnas el resultado fue otro: el FMLN no sólo retuvo la Alcaldía metropolitana con un candidato señalado por los grandes medios de difusión masiva como “desconocido”, sino que obtuvo más diputados que ARENA y —como dato inédito— el instituto político de izquierda recibió más votos que su eterno rival. Hasta entonces, el Ejecutivo y la cúpula empresarial no habían caído en la cuenta de algo fundamental: pese a todo, la gente comenzaba a cobrarles con más fuerza la factura por el deterioro en su calidad de vida en aspectos demasiado elementales; es decir, por la violación de sus derechos humanos producto de la iniquidad del modelo económico, la inseguridad pública y la impunidad impulsadas, favorecidas y toleradas desde el poder formal y el poder de facto.

Esos resultados seguramente inesperados —por la característica principal de un ejercicio gubernamental alejado de la realidad cotidiana en la que vive la mayoría de la gente— desataron una verdadera sacudida en el partido oficial y los principales dardos que se lanzaron desde dentro del mismo iban dirigidos contra quienes fueron señalados como los principales responsables de lo que consideraron una debacle: Francisco Flores y sus ministros, quienes se engolosinaron en ese su particular estilo de gobernar. De ahí surgió la necesidad de echar mano a Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, predecesores de Flores; éstos, tras una urgente y desesperada consulta sectorial y territorial al interior de ARENA, plantearon el cambio de dirección partidaria y una estrategia para el resto del período presidencial con un claro objetivo: impedir la llegada del FMLN a la Presidencia de la República el 1° de junio del 2004.

Si algo realmente patético le ocurrió a ARENA y a la cúpula de la gran empresa salvadoreña durante el 2003 –y quizás en muchos años– fue esa evidente demostración del pánico a cederle la silla presidencial al FMLN o a cualquier otro instituto político, lo que demuestra la poca seriedad con que se tomaron la parte de los acuerdos de paz relativa a la democratización del país y, dentro de ésta, lo relativo al necesario fortalecimiento institucional. Con sobrada razón y más conocimiento, el economista Juan Héctor Vidal afirma: “El daño que la debilidad institucional produce a la misma democracia es evidente. Si nuestras instituciones fueran sólidas, ni siquiera deberíamos vivir atemorizados por la posibilidad de una alternancia, porque esto, siendo consustancial a la democracia, fortalecería los mecanismos internos del sistema para evitar los extremos” (La Prensa Gráfica, 03.11.03). El problema es, pues, evidente: falta de convicción hacia una apuesta seria por la verdadera democratización de nuestra sociedad.

Es así como, tras la “derrota”, emergió un Francisco Flores aparentemente interesado en atender las necesidades de la “economía familiar”; para ello propuso, mediante el gastado uso y abuso de sus retóricos mensajes por cadena nacional de radio y televisión, cuatro grandes medidas: la primera de ellas, el alza del salario mínimo y la generación de empleo; en segundo término, otorgar mayor poder a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para evitar cobros abusivos; como tercer elemento ofreció corregir un defecto en la reforma del sistema de pensiones, para garantizar una revalorización de las mismas para casi 140 mil jubilados; la última línea de acción anunciada fue la de otorgar dos años de gracia de capital e intereses, para aliviar la carga financiera sobre el sector cafetalero.

Pero vayamos por partes. Este sorpresivo “cambio de rumbo” parecía enfilado a atender la reivindicación de algunos de los derechos económicos y sociales más importantes para buena parte del pueblo salvadoreño: salario digno, defensa del consumidor y seguridad social. En suma, como por arte de magia, se anunciaba un repentino interés por ciertos sectores desprotegidos de la sociedad y eternamente olvidados por las tres sucesivas administraciones “areneras”. Pero, pese a los anuncios hechos, el gobierno de turno no se caracterizó en su accionar anual por tratar de garantizar ese tipo de derechos y mucho menos por intentar aliviar la pesada carga de necesidades básicas entre los sectores más pobres del país.

Si no, recordemos que al inicio del año miles de personas que laboraban en la administración pública fueron despedidas de sus cargos debido a las políticas de “modernización estatal” que dicta el manual “neoliberal”, el cual es impulsado de manera ortodoxa por la dupla en el poder —la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y ARENA— y responde a los intereses foráneos que tratan de liberar el comercio para los más poderosos y globalizar la injusticia. Este desprecio hacia los ahora ex servidores públicos ha sido constante durante la última década. Incluso, en nuestro balance del 2002 sobre la situación de los derechos humanos en el país, también se señaló esa misma injusticia; como es costumbre, dicha denuncia no fue considerada por las autoridades estatales.

Cesar a empleados que están a punto de jubilarse, retirar a otros sin otorgarles siquiera una justa indemnización o dejarlos en la calle sin derecho a la seguridad social u otras prestaciones, son situaciones que reflejan lo inhumano de las políticas económicas y sociales que se continuaron impulsando desde el Órgano Ejecutivo en el 2003 y revelan el menosprecio de éste hacia los derechos que otorga la Constitución de la República para todas las personas que habitan en el país. ¿Cómo, entonces, se tiene el valor de anunciar tres meses después que se crearán nuevas fuentes de trabajo?

Por otro lado, el incremento del salario mínimo resultó ser un episodio bochornoso de la pieza teatral montada por Flores, tras la “tragedia electoral” de ARENA. En la práctica, el publicitado “gran aumento” salarial consistió en lo siguiente: el 10% para el sector comercial, el 7.5% en el sector servicios, el 5% en las maquilas y ¡el 0% para el campo! Eso quiere decir —traducido a números— que las personas más “beneficiadas” incrementaron sus ingresos en unos catorce dólares, las menos “favorecidas” recibieron unos siete dólares adicionales y las más necesitadas —“pobres de solemnidad”— ¡nada! Incluso para quienes recibieron algo, dichas cantidades no representan de manera alguna un verdadero alivio para sus deterioradas economías pues se trata de cientos de miles de familias que viven debajo de la línea de pobreza.

En cuanto al intento por reducir las tarifas de la energía eléctrica mediante un trabajo más dinámico por parte de la SIGET en favor de los consumidores, no dejó de ser una simple propaganda electoral de la peor clase. En concreto, la pretensión de “darle dientes” a esta Superintendencia se limitó en esencia a las siguientes medidas: la primera, que el establecimiento de las variaciones del costo de la energía —generalmente para aumentar su precio— ya no se efectuaría mensualmente sino de manera semestral; en segundo término, se ordenó un cambio cosmético en la factura eléctrica consistente en la separación de los cobros municipales de los relacionados con el servicio de la energía. Esto último, con el argumento de que así las y los usuarios tendrían mayor “claridad” de lo que estaban pagando. En suma, no se hizo nada, ya que los precios siguen en alza —eso sí, ahora cada seis meses y no cada mes— y el costo de la energía ahora aparece separado del de los impuestos municipales.

Ambas cantidades son de obligatorio pago; sin embargo, la decisión del Ejecutivo afecta de manera muy sensible la recaudación de impuestos municipales y los proyectos de las alcaldías financiados con dichos fondos, debido a la posibilidad cierta de la evasión. Reflejando el sentir de los alcaldes de oposición a ARENA, sobre todo de aquéllos pertenecientes al FMLN, Óscar Ortiz —edil de Santa Tecla— sostuvo que “la modificación del formato de las facturas es una decisión negativa porque atenta contra la autonomía de las alcaldías y fomenta la cultura del no pago” (La Prensa Gráfica, 31.05.03). Asimismo, Ortiz señaló: “Es una decisión política, porque la SIGET lo que quiere hacer es un manejo mentiroso y dar la impresión que al no pagar los impuestos se rebaja la tarifa eléctrica”.

El fiasco de las medidas anunciadas por el Presidente Flores se acrecienta con la falta de concreción de las reformas al sistema de pensiones, ya que éste —fruto del modelo económico privatizador— sigue produciendo enormes perjuicios a los derechohabientes, quienes no logran tener acceso a una retribución justa al momento de jubilarse. Y las medidas para recuperar el sector cafetalero, las impulsó demasiado tarde y fueron muy limitadas.

Con todo lo anterior tenemos, de la iniciativa presidencial anunciada tras las elecciones de marzo, los resultados siguientes en el 2003: el salario mínimo no llegó a ser digno, lo cual se nota más con el aumento en los precios de la canasta básica; el costo de la energía eléctrica y de otros servicios continúa creciendo, en franco detrimento de las y los consumidores; y el tema de la seguridad social y el desempleo no sólo siguen sin ser atendidos por el gobierno central, sino que su problemática se incrementó a lo largo del año que acaba de finalizar.

Pero también existen otros derechos en lo económico, social y cultural que fueron gravemente vulnerados ante la indiferencia estatal. Así, la situación de pobreza que afecta a casi la mitad de la población sigue generando que muchos niños y niñas tengan que dedicarse a trabajar, con el objeto de aportar al sostenimiento de sus hogares. De hecho, según cálculos del Ministerio de Trabajo y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, cerca de 223 mil niñas y niños salvadoreños realizan algún tipo de actividad remunerada para contribuir al sustento de sus grupos familiares. Esto, sumado a la falta de infraestructura y cuerpo docente, generan que el acceso a una buena educación para la niñez y la adolescencia siga siendo un problema sin solución.

Aunado a ello, se debe considerar que esa misma condición de pobreza obliga a miles de compatriotas a emigrar a los Estados Unidos de América; la mayoría de estas personas lo hacen en condiciones infrahumanas que les generan graves perjuicios personales, incluyendo la muerte en el intento. La falta de empleo o la indignidad de las ofertas laborales influyen en esta problemática. Por ejemplo, uno de los bastiones del actual modelo económico impuesto es la oferta de mano de obra barata para fábricas dedicadas a la maquila. Sin embargo, este rubro sigue destacando por no respetar las disposiciones laborales vigentes y por maltratar a las empleadas y los empleados. Según datos de organizaciones no gubernamentales y sindicales, varias empresas maquileras —entre aquellas que se logra investigar su comportamiento, porque el espíritu corporativo de sus dueños es un bastión casi infranqueable para monitorear la situación de derechos humanos dentro de éstas— no pagan las cuotas al ISSS ni a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de sus trabajadores, aun cuando le efectúan el descuento a los salarios de las y los trabajadores.

En este marco, conviene resaltar que el Informe del 2003 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que, si bien de 1992 al 2002 en El Salvador se redujo la pobreza del 65% al 43%, la brecha entre pobres y ricos aumentó a lo largo de ese decenio. Así, a estas alturas, el 20% de los hogares recibe el 58.3% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 2.4% de los mismos, cuando en 1992 la distancia era siempre grande pero menor que la actual: los primeros recibían el 54% y los segundos, el 3%. Estos datos, junto a otros relacionados con el tema, colocan a nuestro país en el puesto 105 dentro de una lista de 175 países en los que se realizó el estudio. Con sobrada razón y contrario al discurso oficial, en el citado Informe del PNUD se advierte que el contar con casi la mitad de la población sumida en condiciones de pobreza “explica por qué no se aprovechan plenamente las oportunidades de la globalización y por qué se es tan vulnerable a sus amenazas”.

Sobre el tema de la salud pública, podemos afirmar que la huelga en el ISSS fue uno de los sucesos más destacados en el año que examinamos. Con esta acción se logró detener el supuesto plan privatizador que el gobierno había diseñado para ese sector y todo concluyó con el reinstalo de los huelguistas. El final del conflicto resultó polémico, ya que a lo largo del mismo las demandas de médicos y trabajadores se centraron en sus propios intereses gremiales y contra la privatización del ISSS; sin embargo, la posterior nominación del principal líder de la protesta —Guillermo Mata Benett— como candidato a la vicepresidencia por parte del FMLN dio buenas armas al gobierno para sostener que el propósito de los organizadores del movimiento era puramente político electoral.

Pero en realidad, los verdaderos y más graves problemas de salud en El Salvador son el deterioro de la misma para la mayoría de la gente y el difícil acceso a servicios de calidad para enfrentar los problemas en la materia. Nuestro país se caracteriza por la cantidad de epidemias que ocurren y, para colmo de males, no se cuenta con planes efectivos de prevención. En el 2003 destacaron —entre otras— el alza en las enfermedades gastrointestinales, una epidemia de neumonía con la escandalosa cifra de más de 300 personas fallecidas y los altos índices de desnutrición infantil que se registraron. Sobre este último aspecto, vale la pena señalar el siguiente dato: uno de cada cinco niños o niñas la padece; incluso, en las zonas cafetaleras este flagelo cobró numerosas vidas.

El fracaso reiterado de las políticas oficiales de salud pone en claro entredicho al Órgano Ejecutivo y al Ministerio respectivo, cuyo titular terminó presentando su renuncia luego de miles de muertes a causa de epidemias a lo largo del período que duró su gestión. Al menos, la salida de este funcionario —que también estuvo marcada por señalamientos serios de corrupción— fue un anuncio positivo para la población.

Como se puede observar, el 2003 pasará a la historia siendo uno de los peores años en materia económica y social; obviamente para la mayoría de la gente y no para quienes pretenden que su riqueza y privilegios se interpreten como el “gran éxito nacional”. Y será evaluado así, no obstante los intentos gubernamentales por maquillar la situación y aparentar que iba a atender a la población más vulnerable frente al tipo de adversidades que le afectan. En este marco, el resultado fue un fallido intento por parte de Flores al querer mejorar su imagen y la de su partido por esta vía, de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ante el fracaso real de la política social y debido a lo insostenible que resultaba seguir publicitando hechos falsos, la estrategia electoral de ARENA y de imagen del Presidente enfiló sus baterías en otra dirección: se anunció el “Plan mano dura” contra las pandillas juveniles o “maras” y se comenzó a exigir la aprobación de la mentada “Ley antimaras”, como los mecanismos que pondrían punto final a la violencia generalizada y la delincuencia en el país.

Este aspecto también hay que analizarlo con mucho cuidado. Para empezar, el presidente Flores pretendió justificar esas medidas extraordinarias aduciendo lo que según él era una verdad absoluta: que la mayoría de crímenes que ocurren en El Salvador pueden atribuirse a las “maras” y a que esas pandillas tienen sometida a buena parte de la población. Para nadie es un secreto que, desde hace muchos años, las “maras” son un problema para numerosas comunidades y colonias populosas. Sin embargo, atribuirles a éstas tanta incidencia en la criminalidad del país no parece ser un dato objetivo. Mucho más sospechosa fue la actitud gubernamental de querer enfrentar este fenómeno casi al final de su mandato, luego de quince años de administraciones “areneras” que dejaron que este problema creciera hasta salirse de todo control.

El asunto de las “maras” hay que enfrentarlo y estamos de acuerdo en que, en ese esfuerzo, se deban aplicar una dosis de medidas de carácter represivo. Lo que se cuestiona ampliamente es que la propuesta del Ejecutivo sea exclusivamente represiva, obviando desarrollar las etapas preventivas y de rehabilitación para los integrantes de esos grupos. Por si esto fuera poco, la iniciativa del gobierno vulnera derechos y principios que se encuentran consagrados en la Constitución de la República y en tratados internacionales reconocidos y ratificados por el Estado salvadoreño, lo que la convierte en jurídicamente inviable.

La violación de derechos tan elementales como el de igualdad, la no discriminación y la presunción de inocencia, así como del principio que establece el interés superior de la niñez, son las principales características de esta nueva ley. Eso ha provocado que la mayoría de tribunales en el país no apliquen la normativa aprobada; ante tal situación, el Presidente Flores ha recurrido a la amenaza velada y abierta contra los jueces, así como al irrespeto público de la división de poderes que es un principio básico del sistema democrático.

Una cosa cierta es que la actividad delincuencial y la violencia en el país aumentó a lo largo del 2003, muy a pesar de la existencia de la “Ley antimaras” durante los últimos meses del año. Para corroborar lo anterior, tenemos que en el 2002, la Policía Nacional Civil reportó 1,953 homicidios. En el 2003, la Fiscalía General de la República, en el estreno de su registro informático de casos, reportó 3,159 hechos de ese tipo en todo el país durante los once primeros meses del año. Ello representa un aumento de casi el 62% de las muertes violentas acaecidas en el 2002. Esta estadística difiere de la presentada por la Policía para el 2003, en la que señala que han ocurrido sólo 2,161 asesinatos, reflejándose —según la corporación— un aumento de casi el 11% en los crímenes con relación al año anterior.

En todo caso, más allá de las acostumbradas diferencias en los datos de estas dos instituciones, las cifras se elevaron y no en balde un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que El Salvador es el país más violento de América Latina; incluso arriba de Colombia, nación que otrora ostentaba tan penoso liderazgo.

Como cada año, el IDHUCA realiza un recuento exhaustivo de las muertes violentas que aparecen reportadas en los cuatro principales periódicos de circulación nacional. Como siempre, también insistimos en advertir que no son todos los hechos fatales que ocurrieron a lo largo del período sino únicamente los que aparecieron en las noticias. En 2001 se registraron 610 crímenes; en 2002 fueron 682, lo que representó un incremento de casi el 12% con relación al año anterior. Y ahora, al final de 2003, el total es de 758 víctimas mortales; eso representa un crecimiento de un 10% comparado con 2002. Pese a la propaganda oficial, pues, la muerte sigue paseándose por el territorio nacional y cada vez lo hace con paso más firme.

 

MUERTES VIOLENTAS E INTENCIONALES

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003

(Fuente periodística)

 Circunstancia       Ene    Feb     Mar     Abr   May   Jun   Jul  Ago     Sep      Oct   Nov   Dic   Totales

 No identificado      2        0        0         0        0       0        2       1         0         0         0        0         5

 Arma blanca          4      11      10       12        7       8        5       3       11         8       12      15     106

 Arma de fuego        46      39      27       58      51     44      29     36       50       48       58      62     548

 Decapitado/a               3        6        7         5        0       0        6       0         0         3         1        1       32

 Estrangulado               2        2        0         2        1       2        0       2         0         0         2        1       14

 Golpes                   6        0        0         1        0       0        0       1         1         2         1        2       14

 Granada                 2        2        0         3        0       1        1       0         0         0         0        0         9

 Lapidado                3        0        1         2        4       1        1       1         3         1         5        3       25

 Quemado                       1        1        0         1        0       1        1       0         0         0         0        0         5

 TOTALES           69      61      45       84      63     57      45     44       65       62       79      84     758

Cabe señalar que más del 72% de los homicidios reportados fueron realizados con arma de fuego, mientras que los hechos cometidos con arma blanca suman el 14% del total. No obstante lo anterior, en el país la tenencia y portación de armas de fuego siguen siendo permitidas, no se combate el mercado negro donde se pueden adquirir fácilmente y los propietarios de los negocios donde se venden legalmente —algunos de ellos más pandilleros y criminales que los de la “mara salvatrucha”— continúan lucrándose con el dolor y el luto de tantas y tantas familias salvadoreñas. ¿Por qué las autoridades estatales no hacen algo al respecto?

Con esto queda claro, que los niveles de violencia e inseguridad se han disparado al alza y que la denominada “Ley anti maras” y el “Plan mano dura” poco o nada han servido, en la práctica, para enfrentar con éxito el fenómeno generalizado de la violencia en El Salvador. Es más, la citada normativa y el referido “Plan” han generado un enfrentamiento serio entre los poderes estatales, del cual es responsable sobre todo el Ejecutivo. Quién sabe si sea más o menos grave que lo anterior, pero también hay que denunciar las amenazas a muerte contra activistas de derechos humanos y la misma Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, por el hecho de haberse opuesto —con fundadas y jurídicas razones— al descabellado proyecto electoral “arenero”.

Con relación a esto último, no puede dejar de mencionarse la conmoción que causó el que se filtrara a la opinión pública una información reveladora de los niveles de malicia y perversidad por parte de quienes —a última hora— pretenden aparecer como “defensores de las víctimas” y se ufanan de eso. Semanas después del lanzamiento publicitario de la iniciativa de Flores, en los medios masivos de difusión apareció revelado que esta supuesta guerra contra las “maras” impulsada por el gobierno, formaba parte de la estrategia política de ARENA en su desesperación por mantener en sus manos el Ejecutivo. Como resultado de lo anterior, la imagen del Partido mejoró y —según las últimas encuestas de opinión— recuperó la punta en la carrera electoral. El grave problema es que estos planes de endurecimiento de leyes no van a lograr, en el mediano y el largo plazo, la disminución de la criminalidad y la violencia en el país; así, la población se va a desencantar ante una nueva promesa no cumplida y frente a otra esperanza frustrada.