La campaña subterránea de ARENA

Consejos electorales del Gran Hermano

Hace tres años, la carrera electoral hacia la presidencia de Nicaragua fue el escenario de una alianza un tanto desconcertante. Los sectores antisandinistas, aliados con el gran capital internacional y con los principales medios de comunicación, junto con el respaldo de influyentes funcionarios estadounidenses, desataron una campaña nacional de desprestigio, de miedo y de terror psicológico en contra del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y su candidato a la presidencia. En este entonces, la prensa no tuvo reparos en predecir incertidumbre económica, deserción de empresas, aumento exponencial de la pobreza y crímenes crapulosos, en caso de un triunfo electoral de este partido.

El 2003: un año más de estancamiento económico

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha presentado recientemente su informe sobre el estado de la economía nacional durante el año anterior. En el documento se destaca la fuerte caída de la actividad económica, sobre todo, en algunos de los rubros más importantes del país. Según el informe, la economía tiene prácticamente siete años de experimentar un bajo rendimiento.
FUSADES comenta que una de las situaciones que impide el despegue de la economía es el clima de incertidumbre por los posibles resultados de las elecciones. Hay que resaltar que el estudio manifiesta que existe un índice de incertidumbre con respecto a inversiones futuras, muy cercano a los índices registrados durante el período de la guerra.

Violencia electoral durante las primeras semanas del año

Los conatos de violencia protagonizados por activistas y simpatizantes de los dos partidos políticos mayoritarios han puesto la nota reprochable de la campaña electoral, que desde noviembre del año pasado mantiene oficialmente en contienda por la presidencia y vicepresidencia de la República a cuatro fuerzas políticas. En la mayoría de los casos, ninguno de los institutos políticos se responsabiliza por las acciones delictivas cometidas por sus simpatizantes. Por el contrario, suelen culpar al adversario, mientras el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil y las mismas cúpulas partidarias poco han contribuido a que la campaña se desarrolle con normalidad.

Balance y perspectivas de las cumbres internacionales

Las cumbres de mandatarios y las reuniones de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebradas a lo largo de 2003, poco a poco prueban que la unanimidad en torno a la agenda de los países ricos está rota. La impresión general que dejan estas reuniones, cuyo telón de fondo lo constituye el avance acelerado del proceso de globalización capitalista a escala mundial, es que la retórica y las declaraciones vacuas han tropezado con el desacuerdo de los países pobres. Antes, este desacuerdo se hacía sentir extramuros de las reuniones, por la boca de los manifestantes de sindicatos y organismos no gubernamentales. Ahora, algunos mandatarios de los países pobres son los que toman la palabra para objetar, para cuestionar, para proponer alternativas a la globalización tal y como la quieren los países poderosos. Sin retóricas demagógicas o populistas, pero con propuestas y con capacidad de convocar a otros países, algunos jefes de Estado han puesto una nota distinta a la complacencia habitual en esas reuniones. Un vistazo a algunos de esos encuentros permite ver esto con mayor claridad.

¿Quién protege a la justicia?

El número de personas que mueren a diario en el país, fruto de la violencia generalizada que padecemos de una u otra forma, ha aumentado seriamente en las últimas semanas. Eso no nos extraña, pues conocemos la dolorosa realidad salvadoreña. No obstante, inquieta que algunas de las personas asesinadas recientemente hayan tenido un nexo común: querían colaborar con la justicia, porque presenciaron un crimen y se encontraban a la espera de la celebración del juicio para declarar contra los responsables del mismo. Pero desgraciadamente, como casi siempre ocurre por acá, los impunes victimarios fueron más rápidos.

La propaganda oficial sobre el combate a la criminalidad y la reducción de los elevados índices de inseguridad, sitúan constantemente a El Salvador como uno de los más agresivos y diligentes en ese esfuerzo; hay quienes sostienen que es el que más se destaca en el continente. Sin embargo, está claro que el actual Presidente de la República no resolverá el problema en el corto tiempo que le queda de su mandato. Por mucho que ahora quiera figurar públicamente, llegó tarde y lo está haciendo bastante mal. Ni ordenándole a la Policía Nacional Civil (PNC) que se dedique casi exclusivamente a combatir las “maras”, ni contando con el apoyo de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública, ha podido reducir la violencia y garantizarle seguridad a la población.

La razón es bien sencilla y bastante lógica: las pandillas juveniles no son sólo las únicas ni las principales responsables de todos los homicidios dolosos ni de otros delitos que ocurren diariamente en nuestro país. Francisco Flores insiste en señalar a la delincuencia juvenil organizada. Como seguramente le han aconsejado y conforme a su práctica habitual, Flores asume la cómoda posición de echarle la culpa a otros; casi hace dúo con un cantante mexicano, entonando esa estrofa que dice: “Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui”.

En lugar de responsabilizarse seriamente —tras hacer un análisis crítico de la situación— y tomar decisiones que refuercen al sistema de justicia, opta por lanzar discursos trasnochados llenos de acusaciones para las demás instituciones. En esta ocasión, según el todavía Presidente, la culpa la tienen los jueces porque no aplican la más que cuestionada “Ley antimaras”

Antes de valorar sus comentarios, es necesario recordar que todavía sigue pendiente el dictamen de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este deberá definir si la ley diseñada por el “lujoso” equipo de asesores jurídicos de Casa Presidencial, respeta o no lo establecido en nuestra vigente Constitución. Por tanto, resultan demasiado precipitadas —por no decir otra cosa— las declaraciones de Flores y sus intentos por liberarse de responsabilidad. No se puede reprochar a las y los jueces su negativa a aplicar esta ley, mientras no se dé este fallo judicial. En todo caso, el Presidente debería lanzar sus dardos hacia la Sala de lo Constitucional pues la gravedad de la problemática exige que resuelvan —con urgencia— la cuestión de inconstitucionalidad pendiente.

Pero no lo hace, quizás por los favores que les debe a cuatro miembros de dicha Sala. En cambio, Flores insiste en reprochar temerariamente a las y los jueces por liberar a la mayoría de los pandilleros detenidos tras la vigencia de la mentada ley especial y el llamado “Plan Mano Dura”. “El pueblo les pasará la factura”, se atrevió a decir públicamente el poco apoyado aspirante a Secretario general de la Organización de Estados Americanos. Este tipo de declaraciones constituye una clara injerencia en la función de juzgar. Tanto así que ha provocado la reacción de la judicatura a través de una de sus asociaciones: la del Foro de Jueces Democráticos e Independientes. Mediante un inusual escrito dirigido a la Corte Plena —o sea, a los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia— dicho Foro le solicitó al máximo tribunal intervenir para que el Ejecutivo respete la independencia judicial. Para tal fin, piden que de ahí salga un pronunciamiento oficial hacia la Presidencia de la República en aras de frenar esa escalada de autoritarismo.

Mientras tanto, la Comisión Especial Anti Maras —léase el grupo de confianza que Flores juntó para obtener respaldo político y llevar a cabo su plan— guarda silencio. Ni Juan Antonio Martínez Varela ni Francisco Bertrand Galindo, han dicho “esta boca es mía”; mucho menos Juan José Daboub, que se mantiene callado esperando que la Asamblea Legislativa apruebe el Presupuesto General de la Nación. El único miembro de esa Comisión que insiste en la necesidad de vigorizar la oferta presidencial es Ricardo Meneses, director de la PNC. Que Flores siga machacando en querer darnos atol con un dedo de su publicitada “mano dura”, lo pone públicamente en ridículo.

Como a final de cuentas no le resultó su jugada electorera de la forma que esperaba, ahora se ha lanzado a reclamar tribunales especiales antimaras. De su nombre se desprende que en éstos, de concretarse, la imparcialidad quedaría más que en entredicho. Lo que Flores busca imponer es un trámite veloz para que el tránsito de los delincuentes juveniles de las bartolinas judiciales al centro penal, sea sólo un simple requisito. Ninguno de los dos gobiernos anteriores ni el suyo —administrados todos por el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— se han preocupado de verdad por las víctimas de este y otros tipos de violencia, tan generalizados en nuestro país. Por desgracia, es imposible resolver en menos de un año lo que no se ha hecho en más de catorce.

Mientras tanto, entre los problemas actuales que más afectan a nuestra sociedad se encuentra el de asegurar que los presuntos culpables de diversos delitos sean juzgados y condenados conforme a la ley. Las acusaciones fiscales se apoyan, sobre todo, en declaraciones de testigos presenciales. Pese a contar con medios y profesionales capacitados, no se profundizan las pesquisas ni se buscan otro tipo de evidencias. En medio de la marcada debilidad de nuestro sistema de justicia, esos testigos mueren “en extrañas circunstancias” antes de celebrarse la vista pública. Así, la impunidad se perpetúa al quedar libres los presuntos culpables por falta de pruebas.

La situación se agrava por las negligentes faltas de coordinación que existen entre la PNC y la Fiscalía General de la República. Funcionarios policiales aseguran que ellos no pueden proteger la vida de los testigos, mientras no se lo ordenen. Y Belisario Artiga, el Fiscal General, rechaza esas afirmaciones diciendo que a la PNC le corresponde reforzar la seguridad de las zonas donde se encuentran éstos. El resultado ya lo conocemos: la gente que quiere colaborar con la justicia sigue muriendo por la incompetencia de la institucionalidad.

Dentro de la Fiscalía existe un programa de protección de testigos, pero no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo realidad. De esa forma, las autoridades siguen sin querer reconocer la trascendencia que para el combate de la impunidad supone la concreción de un programa como ese. Para colmo de males, mientras altos funcionarios de gobierno se guardan las espaldas con un buen número de agentes, para las personas sencillas que quieren colaborar con la justicia no existe ni un solo policía que les acompañe.

Eso es grave. En un país como el nuestro, donde el proceso judicial se fundamenta en la prueba testimonial, que no exista una política seria de protección de testigos y víctimas demuestra la falta de voluntad para impartir justicia a toda la gente por igual. La cereza del pastel la pone Flores porque, para él, la seguridad, no la justicia, consiste únicamente en llenar de “mareros” los penales.

La oleada reciente de asesinatos a la que hacíamos referencia al inicio, ha provocado que se reabra de nuevo el debate sobre la necesidad de una ley para proteger testigos y víctimas. Sin embargo, el abordaje oficial al respecto resulta —por lo menos— cuestionable. Basta con hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo se pretende esconder a una persona en el país más pequeño y más densamente poblado de la región? La lógica lleva a pensar en la necesidad de impulsar un proyecto coordinado para toda Centroamérica, pero no se hace nada.

En realidad, estamos ante uno de los problemas que afectan de raíz a toda la sociedad; una sociedad que —más allá de la abusiva publicidad de Flores— no vive en paz sino que aún transita por una difícil etapa de posguerra, muy mal administrada por cierto; sobre todo porque no se ha combatido en serio la impunidad. Para eso, hay que partir de un principio fundamental: cuidar a víctimas y testigos es proteger la justicia. Queda, entonces, la pregunta: ¿Brillará la justicia si no se protege a lo más básico, que es a la gente decidida a colaborar —incluso arriesgando su vida— para transformar positivamente el país?