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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1132
Febrero 9, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: La defensa privada es más violencia
Política: Lucha de poder en ARENA
Economía: Impactos negativos de la reforma fiscal
Regional: Impunidad
Derechos Humanos: Una lánguida propuesta ante la violencia
Comentario: El seguimiento de Monseñor Romero
Documento: Manifiesto de Porto Alegre: Doce propuestas para otro mundo posible
La defensa privada es más violencia
Los datos son incuestionables y, además, escandalosos, ante la pasividad, la indiferencia y la impotencia del gobierno, incluidos sus tres poderes. Los homicidios han alcanzado una cota intolerable, tanto que el gobierno de Saca ha sustituido su discurso contra las pandillas por el del combate contra el crimen. Ya no habla de las manos duras, sino de la violencia social, cuya manifestación extrema y general es el homicidio. Es evidente que los pandilleros que tiene tras las rejas no son los responsables, lo cual lo fuerza a reconocer la existencia de una violencia con un alcance mucho mayor y a cuyos responsables no ha podido identificar. El nuevo énfasis pone al descubierto la impotencia gubernamental, pero también la lentitud de su reacción e incluso su indiferencia. En su afán por ocultarlas, insiste otra vez en reformar la ley. Con todo, dada la pasividad e indiferencia anterior, hay que reconocer que el gobierno ha dado un paso importante, al proponer algunas reformas tímidas a la ley de armas de fuego. No se atreve todavía a adoptar medidas radicales como desarmar a la sociedad, mientras la población se mata con armas de fuego.
El gran argumento para no desarmarla es el temor a dejar en la indefensión a los “ciudadanos honrados”. La solución radical es autorizar el uso de armas de fuego sólo a las autoridades y, con restricciones muy severas, a los agentes de la seguridad privada. Permitir al “ciudadano honrado” andar armado es facilitar que las armas de fuego circulen sin control y alimentar la proliferación de los homicidios. Es un hecho incontrovertible que el ejército, al cual se le encargó controlarlas, hace muchos años que esta cuestión se le salió de las manos. Quienes sostienen el argumento tan especioso de la autodefensa del “ciudadano honrado”, se resisten a aceptar la evidencia empírica, que muestra que éste está más expuesto con un arma de fuego que sin ella. Aparte que nunca definen cómo se distingue al “ciudadano honrado” del sinvergüenza. Aceptar que este ciudadano necesita estar armado para defenderse, es reconocer la impotencia del gobierno para cumplir con una de sus obligaciones fundamentales. En esto, las coincidencias históricas son interesantes e iluminadoras. Cuando la oligarquía se quejó con uno de los últimos presidentes militares de la amenaza que representaba para ella la agresión comunista, éste le respondió que ya no podía protegerla, y, por lo tanto, ella tendría que hacerse cargo de su seguridad. La oligarquía le tomó la palabra y organizó los escuadrones de la muerte. Admitir que el ciudadano debe defenderse a sí mismo es reconocer el fracaso total de la seguridad pública.
El argumento del “ciudadano honrado” no se sostiene, pero se utiliza para ocultar las verdaderas razones de la libre comercialización y circulación de las armas de fuego: el dinero y la mentalidad. Desde hace mucho tiempo, la inseguridad predominante, las tendencias violentas de la sociedad, que se remontan bastante más allá de la guerra civil, y el descontrol de la seguridad ciudadana han sido la tierra fértil, donde los negocios de armas de fuego han proliferado. No pocos de sus propietarios están vinculados al ejército y a ARENA. Desarmar a la sociedad sería ir en contra del interés económico de este reducido grupo. Por eso, ARENA y los partidos de derecha han optado por privilegiar a estos pocos a costa de la inseguridad y de la muerte de decenas de miles de salvadoreños. Esta postura resulta extraña, en un partido como ARENA, que se jacta con frecuencia de su profundo sentido de la responsabilidad. Tampoco sorprende la postura del Partido de Conciliación Nacional (PCN) que, en lugar de endurecer las propuestas del gobierno de Saca, busca suavizarlas, ya que está vinculado, desde su fundación, a la dictadura militar y a la violencia.
Por otro lado, la sociedad salvadoreña, en general, y los partidos de derecha, en particular, consideran normal las medidas autoritarias y la represión para corregir las conductas desviadas o contrarias a la convivencia. No caen en la cuenta que el recurso a la violencia genera mayor violencia. El “ciudadano honesto” armado es un generador de violencia. Y al proponerle armarse, tal como hace ARENA, desde el presidente Saca hasta los diputados, es invitarlo a ejercer más violencia. Se engañan y lo engañan, porque le hacen sentirse más seguro, cuando en realidad es más vulnerable a ser víctima de un acto violento, con frecuencia fatal. Esta mentalidad tan arraigada en la conciencia nacional, combinada con la codicia, son obstáculos difíciles de remover para dar una posibilidad real a una convivencia más pacífica. De hecho, los gobiernos de ARENA han privatizado la seguridad ciudadana con resultados desastrosos y criminales, porque, en lugar de garantizarla mejor, exponen a quienes toman las armas a ser víctimas de la violencia que pretenden prevenir. Su mentalidad primitiva, que confía más en la fuerza que en la razón, los engaña.
Las nuevas reformas propuestas por el gobierno de Saca se quedan cortas, porque no llegan al meollo de la cuestión y porque no forman parte de un plan general de política criminal, sino que, como es usual, dispone medidas legales parciales para atender unas áreas que, de hecho, no han sido descuidadas. La Fiscalía General, desde hace mucho tiempo, no presta atención a las infracciones de menor gravedad, establecidas en el Código Penal, con el argumento de falta de recursos. La policía, por su lado, asegura que no puede actuar sin órdenes de la primera. Para remediar este descuido, el gobierno de Saca pretende trasladar a la policía la responsabilidad de estos casos de poca gravedad. Pero no es tan sencillo como parece, ya que la policía ha demostrado incapacidad para cumplir con sus responsabilidades básicas. Prueba de ello es que sólo investiga, y de forma incompleta y defectuosa, una parte de los homicidios; es más, no cumple con todas las órdenes de detención de los jueces. La Fiscalía, por su lado, no lleva a los juzgados una cantidad importante de casos remitidos por la policía, por falta de pruebas.
Recibir denuncias de hechos que puedan ser infracciones penales, investigarlos, recoger las pruebas y pasar éstas a la Fiscalía para que promueva la acción judicial son obligaciones de la policía de siempre. Por lo tanto, la modificación propuesta está de más. La policía debe investigar por propia iniciativa e informar siempre a la Fiscalía General, a menos que ésta le dé otras instrucciones. Por lo que parece, sin embargo, los asesores gubernamentales desconocen la legislación y toman por ley lo que es simple deficiencia policial y fiscal. De nuevo, el problema no es la legislación, sino la labor policial y fiscal. Estas nuevas reformas, al igual que las anteriores, más de veinte, son una fachada para ocultar esas fallas. No obstante la cantidad de reformas penales introducidas, su impacto todavía no se hace sentir. Al contrario, pese a ellas, la tasa de homicidios sigue siendo escandalosamente alta.
Lucha de poder en ARENA
Lucha de poder en ARENA y las próximas elecciones En la jungla que constituye la política salvadoreña, los medios de prensa y los analistas gustan recalcar las divisiones y divergencias internas de los partidos políticos de oposición, especialmente los de tendencia de izquierda. Pocas veces, en cambio, se toman el tiempo para analizar las luchas de poder dentro del partido oficial. En los casos extremos en los que no se pueden ocultar las diferencias internas, las suelen presentar como esfuerzos genuinos tendientes a resolver los problemas del país. Un ejemplo palmario lo constituyen los movimientos internos en cuanto a la designación del candidato a la presidencia por el partido de derecha en las elecciones de marzo de 2004. Mientras se presentaba la situación interna de la izquierda como una lucha a muerte entre hermanos enemigos, en ARENA, Elías Antonio Saca ya contaba con el apoyo de los medios de prensa más influyentes que presentaban lo suyo como una estrategia noble para ganarse la confianza de los militantes areneros.
Impactos negativos de la reforma fiscal
Impactos negativos de la reforma fiscal En anteriores artículos se ha hecho referencia a la reforma fiscal. Se destacó la opinión de muchos funcionarios y partidos políticos sobre el tema. Pero dada la complejidad del mismo, es pertinente volver sobre ciertos puntos, así como evaluar los posibles efectos negativos que pueden traer la aplicación de estas normas. Para efectos de mayor comprensión, se explican por separado las reformas al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y al Impuesto sobre la Renta.
Impunidad
Aunque el proceso de paz guatemalteco dista de ser ejemplar, en los últimos tiempos se dieron pasos importantes para superar la impunidad militar. Terminar, por ejemplo, con las aspiraciones presidenciales del ex dictador Efraín Ríos Montt, reducir el presupuesto destinado a la institución castrense, así como el número de sus efectivos y el compromiso que el presidente Óscar Berger ha tomado en el sentido de investigar las violaciones a los derechos humanos, son pasos gigantescos.
Una lánguida propuesta ante la violencia
Una lánguida propuesta ante la violencia La violencia social cobró la vida de 2,762 personas en el 2004; en el primer mes del 2005 se contabilizaron 290 ( La Prensa Gráfica, “ 290 asesinatos en enero”, p. 1, 2/02/05). Eso ocurre en El Salvador mientras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que “la violencia es epidémica cuando llega a diez muertes por cada cien mil habitantes” ( La Prensa Gráfica, “La violencia hija del desempleo”, p. 6, 14/11/04). Acá se ha cuadriplicado el indicador; en consecuencia, nuestra situación es alarmante. En ese marco, el gobierno acaba de anunciar otra “estrategia” distinta para enfrentar la crisis. Se trata de un plan denominado “Protección de la vida y cumplida justicia”, consistente en un plan piloto a ejecutarse en varios municipios y de más reformas legales. Nuestra opinión al respecto parte del hecho que toda política pública debe basarse en un examen riguroso de la realidad; debe considerar las causas que generan el problema a enfrentar, para encontrar soluciones acertadas. Un deficiente y corto análisis se traduce en medidas erradas. Por tanto, en este caso se deben ubicar los factores relacionados con un fenómeno tan complejo para realizar un diagnóstico objetivo, proponer salidas y superar la situación. Algunos de esos factores se exponen a continuación.
1. Tenencia libre de armas. El 74% de las muertes violentas registradas el año pasado fueron realizadas con arma de fuego. La mayor cantidad de víctimas eran hombres jóvenes. Eso no es casual. Recordemos que años atrás se aprobó la permisiva Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares. Eso contribuyó a que entre 1994 y el 2001 ingresara veinte millones de municiones, (http:// www.elsalvador.com/vertice/2003/091103/ deportada.html Revista dominical Vértice, año 6 Número 13, 9/11/03. “Civiles Armados” datos brindados por Marcela Smutt, del PNUD) cifra que, lejos de ser digna de un país en paz, más parece de uno en guerra.
La decisión legislativa permitió a mucha gente “equiparse” con revólveres y pistolas semiautomáticas, fusiles y carabinas de acción mecánica o semiautomáticos, y escopetas, argumentando la ineficacia estatal para garantizar su seguridad personal amenazada por la delincuencia. En este marco crecieron las empresas privadas de seguridad y se armaron aún más las pandillas, el crimen organizado y hasta los criminales comunes.
Hoy en día, se sufren las consecuencias de tan desatinada medida. Frente a eso, el movimiento infantil “Ángeles de la paz” entregó 47,000 firmas ciudadanas a la Asamblea exigiendo prohibir la portación de armas en la calle. El resultado de esa iniciativa: ninguno. La actual propuesta gubernamental se limita a elevar la edad para los permisos de tenencia, crear nuevas figuras delictivas e incrementar las penas por la tenencia ilegal. Esta reforma está destinada al fracaso mientras las armas continúen en circulación, como potenciales factores de violencia.
2. Deficiencias en la investigación del delito. La impunidad actual es posible por el mal funcionamiento de las instituciones, que no brindan una adecuada respuesta en lo que toca a la investigación y sanción de los hechos delictivos. Si una persona decide cometer un delito, es posible que la aliente esa fragilidad estatal. Constitucionalmente, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dirigir la investigación y a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutarla, pero esos mandatos no se han cumplido a cabalidad.
Ahora que el problema es incontrolable, estas entidades comienzan a reconocer sus deficiencias; sobre todo, en lo relativo al cuidado de las evidencias. También se acepta que no utilizan la prueba científica y que, por ende, se abusa de la prueba testimonial poniendo en riesgo a las pocas personas que colaboran en el esclarecimiento de los delitos. Asimismo, aceptan que sus miembros no han sido dotados de herramientas técnicas y jurídicas para trabajar en esta área como es debido, no obstante la existencia, en la PNC, del Laboratorio de Investigación Científica del Delito. El pasado mes de enero, una Jueza de Instrucción reconoció que en el 95% de los casos ventilados en su tribunal no se cuenta con la prueba científica de cotejo de huellas, pese a que la legislación penal la considera prioritaria. ( La Prensa Gráfica, “Falta de banco de huellas afecta investigaciones”. p. 12, 21/01/05)
3. Vulnerabilidad de testigos, víctimas y otros. Si la declaración de víctimas, testigos y peritos es la prueba más utilizada, estas personas son blanco frecuente de amenazas y venganzas por parte de los criminales. Sin embargo, no se han reforzado las medidas legales y presupuestarias para resguardarlas. Desde 2001 está vigente un régimen de protección endeble, cuya superficialidad lo convierte en un adorno más dentro del Código Procesal Penal. Se debe contar con una ley integral de protección para todas las personas expuestas y en todos los niveles —familiar, espacial, temporal y laboral— para resolver el problema.
4. Pandillas, crimen organizado y violencia social. Esta es una de las aristas más difíciles y contradictorias de la crisis. Sólo se cuenta con diagnósticos confusos, falta de datos objetivos y declaraciones oficiales contradictorias. Ejemplo: el año pasado nos prometieron un país seguro a través de un plan antipandillas, porque se decía que éstas constituían el factor más grande de inseguridad. Frente a un indiscutible fracaso de dicho plan, el mismo Presidente de la República ha reconocido que la violencia no es exclusiva de estos grupos ni es la más grave. En tal sentido, existe incertidumbre sobre el impacto de las actividades delictivas del crimen organizado y se acepta ya la existencia de grupos de extermino. Por otra parte la llamada violencia social, entre la que destaca la violencia “intrafamiliar”, y la delincuencia común también están fuera de control.
5. Retardo de justicia. Si la mayoría de los casos no se resuelven, o “cuesta” que se resuelvan, lo más lógico es que la gente no crea en la justicia por culpa de las instituciones encargadas de impartirla. Este fenómeno ha generado prácticas de linchamiento en otros países donde se hace justicia por mano propia y de forma colectiva; salvo alguna excepción, en el nuestro no ocurre eso porque el fácil acceso a las armas permite que muchas personas hagan justicia por mano propia empuñando —sobre todo— armas de fuego.
Es urgente que las instituciones estatales correspondientes discutan y concreten, de una vez por todas, medidas integrales para superar los obstáculos que impiden el acceso a una justicia pronta y cumplida. Una reciente evaluación del Consejo Nacional de la Judicatura y un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuestionan la labor del Órgano Judicial; ojalá sean tomados en cuenta esos señalamientos y que sean considerados e incorporados a una estrategia nacional en el corto, mediano y largo plazo para la superación de la impunidad.
6. Condiciones socio-económicas. Este es un elemento que el gobierno no toma en cuenta al momento de diseñar sus planes contra la delincuencia; éstos se enfocan sólo en la represión del delito y no asumen como prioritaria la prevención. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la criminalidad no es producto de la libre circulación de armas únicamente; también lo es de la marginación. En un país con más del 40% de su población en situación de pobreza y sin mayores oportunidades de desarrollo humano, no es raro que algunas personas busquen salidas ilegales a su precaria situación económica y social.
Así el problema, es necesario contrastarlo con las medidas oficiales impulsadas o por impulsar. Eso no quiere decirse que automáticamente éstas sean erradas; algunas quizás sí, otras talvez insuficientes y quién sabe cuántas malas de plano por haber sido pensadas y adoptadas en función de intereses partidarios electorales. Con el plan piloto lanzado en tres municipios sólo se pretende capturar delincuentes, utilizando a los mejores investigadores; pero así no se prevendrán más muertes ni los beneficios para la ciudadanía serán permanentes. También se han planteado estrategias a mediano y largo plazo; éstas son las más importantes y, por tanto, a las que debe darse mayor relevancia. Se habla de reformas legales e institucionales para proteger testigos y lograr una investigación efectiva.
Pero esta intención de largo plazo debe ser una construcción nacional, dado que el problema es también de esa dimensión. Ojalá que las propuestas no terminen siendo simples anhelos; ojalá se discutan ampliamente para que se le dé su lugar a la prevención de los delitos y a la rehabilitación de las personas que los cometan. Si no se consideran en serio todos los factores de violencia y se siguen equivocando en los diagnósticos, la “camisa de fuerza” que se le quiere poner a la situación se quedará chica.
El seguimiento de Monseñor Romero.
Meditación cristiana ante el XXV aniversario
Meditación cristiana ante el XXV aniversario El Vigésimo Quinto Aniversario del martirio de Monseñor Romero hay que celebrarlo bien. Unos no lo harán, los que le insultaron en vida y celebraron con champán su asesinato, aunque ahora están más comedidos y se muestran como condescendientes y comprensivos ciudadanos. Y como también son populistas, si es necesario, irán a Roma cuando lo beatifiquen, pues captan que Monseñor es querido por muchos salvadoreños.
Otros se alegrarán de celebrar un año más a Monseñor. Lo recordarán de corazón, participarán en eucaristías, charlas y conferencias, exposiciones y conciertos, y en la gran vigilia del 2 de abril. Lucirán camisetas con su figura, pondrán un afiche en su casa y escucharán su palabra por la YSUCA. De fuera vendrán centenares, y en total serán miles los que participen en el aniversario. Y nada digamos si se da alguna señal de que la beatificación puede estar cerca. Pero, con todo, todavía falta una cosa, que queremos explicar recordando lo ocurrido tras la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
Los primeros cristianos celebraban su recuerdo en la eucaristía, entonaban himnos en su honor, desarrollaron una teología llena de entusiasmo, le empezaron a llamar “Señor”, “Hijo de Dios”, “Cabeza de la creación” y tenían la esperanza de su pronta venida. Pero los cristianos más clarividentes vieron que “sólo” eso no bastaba. Más aún, que “sólo” eso era peligroso. Y entonces apareció Marcos con su evangelio. Vino a “molestar” a cristianos demasiado complacientes, y nada digamos a cristianos que se habían olvidado de Jesús, y hasta renegaban de él, como ocurría en la comunidad de Corinto porque habían encontrado otra cosa mejor: un vaporoso espíritu.
El evangelio de Marcos, por supuesto, “celebra” a Jesús y le llama “Hijo de Dios”, pero no pone la invocación en labios de gente piadosa que espera prodigios, sino sólo en labios de un pagano, el centurión romano, y al pie de la cruz. También le llama “Mesías”, pero, cuando eso ocurre, Jesús dice a la gente que no lo digan a nadie. Marcos nos dice también que la fe en Jesús no fue nada fácil, ni para sus familiares, ni para los discípulos —en especial para Pedro—, y ciertamente no lo fue para los teólogos y sacerdotes de aquel tiempo. Por último, su evangelio termina abruptamente en Marcos 16,8: junto a la tumba, las mujeres “tuvieron miedo y no dijeron nada a nadie”. Tan chocante fue ese final que, más tarde, se le añadieron unos versículos que pacificasen el susto.
¿Por qué traer a colación a Marcos en este vigésimo quinto aniversario? Para aprender una importante lección. No basta la celebración ni la alegría, aunque son bienvenidas como brisa de aire fresco en medio de tantos sufrimientos de la vida. Ni siquiera bastará el aplauso que responderá al anuncio de su posible beatificación. Y si no basta, ¿qué es lo que falta? Volvamos a Marcos. El Jesús que no está interesado en que le llamen Mesías sí está interesado en una cosa: el seguimiento.
Volvamos a Monseñor Romero. Celebrarlo significa ante todo “seguirle”. ¿Y cómo hacerlo? En primer lugar, hay que pasar por el cambio —o conversión— por el que él pasó. Y en segundo lugar hay que rehacer su vida. Ambas cosas son difíciles, pero son necesarias para el país y para la Iglesia —en lo que ahora nos vamos a centrar— y traen salvación. Por lo que toca a la “conversión”, baste con recordar las siguientes palabras: el profeta denuncia también los pecados internos de la Iglesia. ¿Y por qué no? Si obispos, papa, sacerdotes, nuncios, religiosos, colegios católicos, estamos formados por hombres, y los hombres somos pecadores y necesitamos que alguien nos sirva de profeta para que nos llame a conversión. Sería muy triste una Iglesia que se sintiera tan dueña de la verdad que rechazara todo lo demás. Una Iglesia que sólo condena, una Iglesia que sólo mira pecado en los otros y no mira la viga que lleva en el suyo, no es la autentica Iglesia de Cristo (Homilía del 8 de julio de 1979).
Y tras la conversión, la praxis. No es el momento de exponer en detalle cómo debe ser la praxis de una Iglesia fiel a Monseñor Romero, pero podemos mencionar los impulsos de lucidez, ánimo, firmeza, resistencia y esperanza que de él nos llegan.
Como seguidores de Monseñor, hay que decir la verdad, no sólo predicar una doctrina, aunque sea verdadera. Y entonces la verdad se convierte en denuncia profética de los males que existen en el país, se nombra a los victimarios y a las víctimas. Aunque algo han cambiado las cosas en estos veinticinco años, Monseñor Romero nos sigue remitiendo a los ámbitos donde campea el mal:
1) la idolatría del dinero, la oligarquía antes agrícola, ahora financiera,
2) la idolatría del poder militar, más latente aquí y más patente en Estados Unidos, a lo que hay que añadir la espantosa violencia actual —de ocho a diez homicidios diarios en los últimos tiempos—,
3) la convivencia de unos partidos políticos con la injusticia y la irresponsabilidad de la mayoría de ellos ante la miseria y el sufrimiento, a lo que hay que añadir la corrupción,
4) el imperialismo de Estados Unidos, en el comercio, en nuestra política internacional y, sobre todo, en los pseudovalores que nos impone: individualismo, éxito, buen vivir,
5) la corrupción de la administración de justicia, que no ha esclarecido todavía ni siquiera quién mató a Monseñor,
6) los medios de comunicación, con la mentira, las verdades a medias, el encubrimiento, según los casos,
7) el falseamiento de la religión, el espiritualismo exagerado, que no es la vida con espíritu, el individualismo alienante, que no es la apropiación personal de la fe, el gregarismo que llena estadios, que no es la comunidad y el llevarse mutuamente, la infantilización de lo religioso, que no es la sencillez —como niños— ante el misterio de Dios.
Hay que volver a una praxis, la de la misericordia, señal última de nuestro ser cristiano, y volver a promover la justicia, la transformación de estructuras. Hay que recuperar la opción por los pobres, en serio, sin aguarla bajo el pretexto de que es “preferencial”, arriesgando por ella, recordando y honrando a quienes la vivieron hasta el final: nuestros mártires. Hay que recobrar la parcialidad de Dios y de su Cristo hacia los pobres de este mundo.
Hay que recuperar a la evangelización, en el sentido primigenio que tiene en Jesús: el anuncio de una buena noticia a los pobres, sin que la novedad en métodos y lenguaje sustituya lo esencial. Hay que anunciar ese reino con credibilidad, sin pensar que hay cosas más importantes que hacer, algunas buenas, como la vida sacramental, otras ambiguas, como el sinnúmero de concentraciones, fiestas, jubileos, canonizaciones, años dedicados a algo, de modo que todo eso se acumula como si hubiese un horror vacui , un miedo a dejar vacíos, lo que puede acabar ocultando la buena noticia de Jesús. Y otras son peligrosas y pueden llegar a ser pecaminosas: proselitismo competitivo, buscar triunfos, basarse en apoyos financieros en los ricos de este mundo.
Hay que recuperar y promover la organización del pueblo, en la sociedad y en la Iglesia. No hay por qué volver a los años ochenta, pero si hay que volver a la intuición fundamental: como Iglesia somos antes que nada comunidad, cuerpo; y para influir en la sociedad desde la base esa comunidad debe estar estructurada, organizada, relacionada con otras fuerzas sociales. Es difícil, pero por lo menos hay que pensarlo.
Comenzamos así, pues en esto cojeamos, siendo así que en eso era eximio Monseñor, y no se ve cómo podemos celebrarlo sin al menos plantearnos estas cosas. Pero sobre todo hay que levantar el espíritu de la gente. Dicho con sus palabras, hay que llevar:
Cercanía: “¡Cómo me da gusto en los pueblecitos humildes que las gentes y los niños se agolpan a uno, vienen a uno!” (Homilía del 12 de agosto de 1979).
Consuelo: “Para mí son nombres muy queridos: Felipe de Jesús Chacón, “Polín”. Yo les he llorado de veras” (15 de febrero de 1980).
Dignidad: “Ustedes son el divino traspasado” (19 de julio de 1977).
Gozo: “Con este pueblo no cuesta ser buen pastor” (18 de noviembre de 1979).
Esperanza: “Estoy seguro de que tanta sangre derramada y tanto dolor no será en vano” (27 de enero de 1980).
Y todo eso con humildad. “Yo creo que el obispo siempre tiene que aprender del pueblo” ( 9 de septiembre de 1979).
Y con credibilidad: “El pastor no quiere seguridad mientras no se la den a su rebaño” (22 de julio de 1979). Es el consuelo que nace de la compasión, el gozo que nace de la cercanía y la solidaridad, la esperanza que nace de la credibilidad.
Todos sabemos cuán difícil es esto, pero en este aniversario al menos no lo declaremos imposible, y pidamos que ésta sea nuestra utopía. Monseñor ni ofreció ni ofrece recetas, pero si caminos, luces, impulsos.
Muchas otras cosas se pueden decir sobre cómo celebrar este XXV aniversario. Sólo queremos añadir una última cosa, de la que sólo pueden hablar “con autoridad” quienes han vivido situaciones cercanas a la de Monseñor. A mediados de los años ochenta, las madres de desaparecidos me pidieron que dijera una misa para recordar a Monseñor Romero. Cuando estaba para salir de mi casa, una sencilla trabajadora de la UCA me dijo: “en la misa de Monseñor, recuerde a mi hijo”. Su hijo había sido asesinado por los cuerpos de seguridad. Pensar que estaba con Monseñor era su mayor consuelo.
No sabemos qué ocurrirá dentro de otros veinticinco años, pero todavía hoy hay mucha gente que el 24 de marzo recuerda a sus hijas e hijos, esposos, padres, hermanos y hermanas, que también fueron asesinados. Y piden a Monseñor que ahora cuide de ellos. A ese Monseñor le hablan como se habla a un padre. Quizá le piden favores, milagros, pero pienso que no lo hacen porque ven en Monseñor a un santo “milagrero”, con poder, sino porque ven a un hombre bueno, alguien que les quiere de verdad. Sigue siendo para ellos buena noticia. Eso ocurre “en lo escondido”, pero es lo más importante, pienso, de este vigésimo quinto aniversario.
Jon Sobrino
Manifiesto de Porto Alegre: Doce propuestas para otro mundo posible
Desde el primer Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre en enero de 2001, el fenómeno de los foros sociales se ha extendido a todos los continentes, incluso a niveles nacional y local. El Foro ha favorecido la emergencia de un espacio público planetario de la ciudadanía y de sus luchas, así como la elaboración de propuestas de políticas alternativas a la tiranía de la globalización neoliberal impulsada por los mercados financieros y las transnacionales, cuyo brazo armado es el poder imperial de los Estados Unidos. Por su diversidad, así como por la solidaridad entre los actores y los movimientos sociales que lo componen, el movimiento altermundialista se ha transformado en una fuerza que ya es tenida muy cuenta en todo el planeta.
Entre las innumerables propuestas que han salido de los foros, un gran número de ellas cuenta sin duda son un amplio apoyo en el seno de los movimientos sociales. Los firmantes del Manifiesto de Porto Alegre, que nos expresamos a título estrictamente personal y que no pretendemos, en ningún caso, hablar a nombre del Foro, hemos identificado doce de esas propuestas, que en conjunto dan sentido a la construcción de otro mundo posible.
Si fuesen aplicadas, permitirían que la ciudadanía comenzara por fin a reapropiarse de su futuro. Sometemos estos puntos fundamentales a la apreciación de los actores y movimientos sociales de todos los países. Son ellos los que, a todos los niveles –mundial, continental, nacional y local- podrán llevar adelante los combates necesarios para que se transformen en realidad.
No nos hacemos ninguna ilusión sobre la real voluntad de los gobiernos y de las instituciones internacionales de que apliquen espontáneamente estas propuestas. Otro Mundo Posible debe respetar el derecho a la vida de todos los seres humanos, mediante nuevas reglas económicas. Por lo tanto, es necesario:
1) Anular la deuda pública de los países del Sur, que ya ha sido pagada varias veces y que constituye, para los Estados acreedores, los establecimientos financieros y las instituciones financieras internacionales, la mejor manera de someter a la mayor parte de la humanidad a su tutela y mantenerla en la miseria.
2) Aplicar tasas internacionales a las transacciones financieras (especialmente la tasa Tobin a las transacciones especulativas de divisas), a las inversiones directas en el extranjero, a los beneficios consolidados de las transnacionales, a la venta de armas y a las actividades que emiten de forma sustantiva gases que producen el efecto invernadero.
3) Desmantelar progresivamente todas las formas de paraísos fiscales, jurídicos y bancarios que no son más que refugios de la criminalidad organizada, la corrupción, y todo tipo de tráficos, fraudes y evasiones fiscales, operaciones delictivas de grandes empresas e incluso de gobiernos.
4) Cada habitante del planeta debe tener derecho a un empleo, a la protección social y la jubilación respetando la igualdad entre hombres y mujeres, siendo esto un imperativo de políticas públicas nacionales e internacionales.
5) Promover todas las formas de comercio justo rechazando las reglas librecambistas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y poniendo en ejecución mecanismos que permitan, en los procesos de producción de bienes y servicios, dirigirse progresivamente hacia una nivelación por lo alto de las normas sociales (tal como están consignadas en las convenciones de la Organización Internacional del 16 Trabajo, OIT) y ambientales. Excluir totalmente la educación, la salud, los servicios sociales y la cultura del terreno de aplicación del Acuerdo General Sobre el Comercio y los Servicios (AGCS) de la OMC. La convención sobre la diversidad cultural, que actualmente se negocia en la UNESCO, debe hacer prevalecer explícitamente el derecho a la cultura sobre el derecho al comercio.
6) Garantizar el derecho a la soberanía alimenticia y seguridad de cada país mediante la promoción de la agricultura campesina. Esto supone la supresión total de las subvenciones a la exportación de los productos agrícolas, en primer lugar por Estados Unidos y la Unión Europea, y la posibilidad de aplicar impuestos a las importaciones para impedir las prácticas de dumping. De la misma manera cada país o conjunto de países debe poder decidir soberanamente prohibir la producción y la importación de organismos genéticamente modificados destinados a la alimentación.
7) Prohibir todo tipo de patentamiento del conocimiento y de los seres vivos (tanto humanos, como animales o vegetales), del mismo modo que toda privatización de los bienes comunes de la humanidad, en particular el agua.
B) Otro Mundo Posible debe alentar la vida en común en paz y con justicia, a escala de toda la humanidad. Por lo tanto, es necesario:
8) Luchar, en primer lugar, por las diferentes políticas públicas contra toda discriminación, sexismo, xenofobia, antisemitismo y racismo. Reconocer plenamente los derechos políticos, culturales y económicos (incluyendo el dominio de los recursos naturales), de los pueblos indígenas.
9) Tomar medidas urgentes para poner fin a la destrucción del medio ambiente y a la amenaza de cambios climáticos graves debidos al efecto invernadero, resultado además en primer lugar de la proliferación del transporte individual y del uso excesivo de energías no renovables. Comenzar a ejecutar otro modelo de desarrollo fundado en la sobriedad energética y en el control democrático de los recursos naturales, en particular el agua potable, a escala de todo el planeta.
10) Exigir el desmantelamiento de las bases militares extranjeras y sus tropas en todos los países, salvo que actúen bajo mandato expreso de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
C) Otro Mundo Posible debe promover la democracia desde el plano vecinal al planetario. Por lo tanto, es necesario:
11) Garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de los ciudadanos mediante legislaciones que:
a) pongan fin a la concentración de medios en grupos de comunicación gigantes;
b) garanticen la autonomía de los periodistas ante los accionistas y;
c) favorecer a la prensa sin fines de lucro, en particular a los medios alternativos y comunitarios. El respeto de estos derechos implica contrapoderes ciudadanos, en particular en forma de observatorios nacionales e internacionales de medios de comunicación.
12) Reformar y democratizar en profundidad las organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, haciendo prevalecer en ellas los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto implica la incorporación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OMC al sistema y mecanismos de decisión de Naciones Unidas. En caso de persistir las violaciones de la legalidad internacional por parte de los Estados Unidos, transferir la sede de la ONU fuera de Nueva York y hacía otro país, preferentemente del Sur.
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