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Año 25
número 1184
Marzo 8, 2006
ISSN 0259-9864
Editorial: Valoración crítica de la campaña electoral
Política: Imitando los vicios de ARENA
Economía: Balance de las plataformas legislativas
Sociedad: Oferta electoral del FMLN
Regional: El legado de Lagos para la(s) izquierda(s) de Latinoamérica
Derechos Humanos: Las otras candidaturas
Valoración crítica de la campaña electoral
Este domingo 12 de marzo se celebrarán las elecciones municipales y legislativas correspondientes al año 2006. Más allá de los pronósticos acerca de sus resultados, ese día se decidirá tanto la nueva conformación de la Asamblea Legislativa como la nueva distribución del poder municipal. Pues bien, a estas alturas, es pertinente hacer una valoración crítica de la campaña electoral, en orden a identificar sus vicios y fallas más notables. Y es que en la campaña recién concluida han salido a relucir actitudes y prácticas que muchos desearíamos ver erradicadas de la dinámica política nacional.
En primer lugar, el compromiso abiertamente proselitista de funcionarios
públicos en ejercicio. Es una tradición que ello suceda, pero en esta campaña se
han sobrepasado los límites de lo permisible. El caso más llamativo ha sido el
del presidente Antonio Saca, quien se olvidó de sus responsabilidades al frente
del Ejecutivo y se convirtió en un activista más de ARENA. Habría que sacar las
cuentas de cuánto perdió el país —en términos económicos y jurídicos— gracias a
un presidente dedicado, no a gobernar, sino a hacer campaña a favor de su
partido. Ciertamente, no sólo fue el presidente Saca el que estuvo en campaña;
también lo estuvieron ministros, viceministros, diputados, alcaldes y mandos
medios de la administración del Estado. Hay lujos que un país pobre no puede
darse, y uno de ellos es que quienes tienen en sus manos la mayor
responsabilidad política pierdan el tiempo haciendo campaña para el partido al
cual pertenecen. No es que se les quiera privar de ese derecho, pero antes
deberían renunciar a sus cargos en la administración pública.
En segundo lugar, la demagogia de ARENA. Otra vez, como en tantas otras
ocasiones, la actual campaña ha sido rica en demagogia, la cual da pie a la
manipulación y el engaño. Ninguno de los partidos contendientes ha escapado de
ella. Sin embargo, uno ha destacado más que los otros: ARENA. El presidente Saca
y los candidatos oficialistas para diputados y alcaldes han vendido, a lo largo
de la campaña, un país de fantasía, un país en el cual la erradicación del
desempleo, la pobreza y los bajos niveles de salud, vivienda y educación están a
la vuelta de la esquina, gracias a la gestión de ARENA, la privatización, la
dolarización y la firma de un TLC con Estados Unidos. El colmo de la demagogia
del partido en el poder ha sido vender la migración de salvadoreños y
salvadoreñas a Estados Unidos —sin duda, un verdadero drama social— como uno de
los logros más importantes del gobierno.
Al presentar las cosas de esa manera, han jugado con la gente; con cinismo, han
escamoteado tres realidades indiscutibles: que la migración a Estados Unidos (y
a otras partes) comenzó antes de la llegada de ARENA al Ejecutivo, que los
gobiernos de ARENA no pueden impedir las deportaciones ni los abusos contra los
inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos y que la salida forzosa de
salvadoreños hacia el extranjero (principalmente, Estados Unidos) indica que el
modelo económico implementado por ARENA en El Salvador es un absoluto fracaso,
en lo que se refiere a garantizar el bienestar de la mayor parte de la población.
ARENA ha tenido suficiente tiempo para enfrentar el desempleo, el deterioro de
la economía familiar, el empobrecimiento de la clase media, la exclusión y la
marginación de las mayorías, pero no lo ha hecho. Pide otra oportunidad a la
población para enfrentar esos y otros problemas, y hace promesas que nunca va a
cumplir, porque su vocación es servir a los más ricos de los ricos en El
Salvador. En ARENA la demagogia no conoce límites. La manipulación y el engaño
son sus armas preferidas; los grandes medios, sus comparsas; y la gente pobre
del país, su principal víctima.
En tercer lugar, la violencia electoral. Cada vez se hace más normal, en épocas
electorales, la violencia entre militantes de los distintos partidos políticos,
especialmente entre militantes de ARENA y el FMLN. Se trata de una violencia
alentada, generalmente, por las cúpulas partidarias, que de esa forma pretenden
amedrentar a los simpatizantes de sus rivales políticos. En esta campaña, ha
sobresalido, en este apartado, la actitud violenta de los militantes de ARENA,
quienes han reproducido en cantones y caseríos la prepotencia y la agresividad
propias de algunos dirigentes de su partido. Es distintos lugares —por ejemplo,
en el Municipio de Guaymango, en Ahuachapán, y en el Cantón Laguna Seca, en el
Municipio de Nueva Concepción, Chalatenango— miembros de ARENA han agredido a
miembros y simpatizantes del FMLN, dando lugar a un clima de confrontación
política contrario a las reglas básicas de la democracia. Muchos militantes de
base de ARENA, pobres, marginados y excluidos ellos también, se comportan como
grupos de choque, a la manera de la desaparecida ORDEN. Si desde la cúpula de
ARENA se promueven esos comportamientos, lo mejor sería que dejara de hacerse,
pues no haría bien a nadie —recuérdese a ORDEN y a los escuadrones de la muerte—
tener en las calles a grupos de matones sembrando el terror por razones
políticas.
Por último, la complicidad de los grandes medios con el gobierno de Saca y el
partido ARENA. Esos medios proclaman a los cuatro vientos su compromiso
democrático pero, a la hora de criticar al poder, guardan silencio sin inmutarse.
Han sido comparsas de una lectura de las elecciones —esa que las ve como “fiesta
cívica”— en la cual ni se han discutido con seriedad los problemas fundamentales
del país ni se han cuestionado las violaciones a la legislación electoral y a la
Constitución por parte de prominentes miembros de ARENA, incluido el presidente
Saca. Los grandes medios han puesto de manifiesto, una vez más, que los
intereses de la derecha son los suyos propios. Sus foros, debates y entrevistas,
lejos de generar una conciencia crítica en los ciudadanos, han contribuido a la
trivialización de la realidad. En suma, los contenidos políticos que han
comunicado son los diseñados por la derecha para perpetuarse en el poder. Es por
eso que ha ocultado y distorsionado —ahora, como en otras coyunturas electorales—
lo que no conviene a la derecha, aunque convenga al conjunto de la sociedad.
En definitiva, la recién finalizada campaña electoral siembra serias dudas, no
sólo acerca de los derroteros del proceso de democratización en el país, sino
también acerca de la seriedad con la que asumen los problemas nacionales quienes
lo dirigen políticamente. Una campaña como la que acaba de terminar debería ser
motivo de preocupación para todos y todas, porque, lejos de reflejar un avance
en materia de democratización, refleja un franco retroceso con claros síntomas
autoritarios.
Imitando los vicios de ARENA
El partido gobernante ha conducido una campaña electoral de lo más abyecta. No hay otro adjetivo para describirla. Mientras su supuesto principal candidato, que contiende para la alcaldía capitalina, se las ve duras para defender una plataforma municipal que no pasa de enunciados generales, el partido ha violado las normas éticas y las disposiciones constitucionales con su propaganda electoral.
El candidato arenero a la alcaldía capitalina no convence, como tampoco
convencen el resto de candidaturas oficialistas a escaños legislativos y
gobiernos municipales. Por eso, ARENA cargó todas sus baterías en presentar al
público una campaña en la que las modelos mínimamente vestidas y las calumnias
contra el FMLN trataron de suplir los vacíos de fondo. Por esa razón, se rehuyó,
como siempre, al debate de fondo, pues debatir no es lo mismo que coincidir con
otros candidatos para tomarse una fotografía juntos y repetir, cada cual por su
cuenta, idénticas promesas de campaña.
Esto no resulta nada nuevo, pues las campañas tradicionales siempre se han
conducido de esa forma, tratando de llegar al hígado o al corazón del electorado,
pero no a su cabeza. No son campañas para pensar, porque a los partidos
tradicionales no les interesa que la gente piense, sino que vote por ellos. Otra
práctica tradicional es el papel que han jugado las administraciones
presidenciales. Aunque no se ha pedido el voto abiertamente, es común ver cómo
los gobiernos de turno inauguran obras largamente postergadas el mes de las
elecciones, como si ellos no hubieran sido votados para traducir los impuestos
en obras de beneficio común y no para convertirlos en propaganda.
La actual campaña electoral de ARENA sienta un precedente en cuanto a la
desfachatez y la carencia de principios. No sólo no se han conformado con las
viejas prácticas (insultos contra los adversarios, presentación de las obras
públicas como propaganda electoral, ausencia de planteamientos sustanciales),
sino que el mismo presidente de la República se ha presentado descaradamente
como el jefe de la campaña arenera de facto, aunque el de jure sea Julio Rank.
Un jefe de campaña que es también jefe de barra, aunque ostente el cargo de
presidente de la República y comandante en jefe de las fuerzas armadas de El
Salvador. La participación de Saca en la campaña y la indiferencia con la cual
la sociedad salvadoreña la ha acogido son un baremo de lo bajo en que puede caer
la política criolla.
Esto resulta indignante, pero no sorprendente. Desde los gobiernos militares, el
público salvadoreño está acostumbrado a este tipo de campañas antiéticas e
ilícitas. Lo que resulta sorprendente es el viraje que ha tomado la propaganda
del FMLN en la recta final de las elecciones. La izquierda se había distinguido
por marcar una diferencia con los políticos tradicionales. Frente a campañas de
simples promesas, la izquierda intentaba hacer un esfuerzo por poner en la mesa
de discusión algunos de los más acuciantes problemas nacionales. No es que lo
haya dejado de hacer, pero, a juzgar por el tenor de la campaña política del
FMLN en estos últimos días, es alarmante pensar que estén aprendiendo los vicios
de la derecha.
Balance de las plataformas legislativas
Este miércoles se cierra la campaña electoral. Los partidos políticos han presentado sus plataformas legislativas al pueblo salvadoreño. Las propuestas de los candidatos a diputados han sido variadas: unos partidos basan sus propuestas en aspectos ideológicos que limitan el abordaje de problemas concretos, otros se dedican a criticar a sus adversarios antes que expresar sus pobres programas de trabajo en el parlamento. No hacen falta los que, a pesar de sus limitaciones, mantienen unas cuantas propuestas creíbles, aunque no cuenten con mucho respaldo entre la población.
En materia económica, la propuesta legislativa de ARENA se basó, una vez más, en
el mensaje de las pasadas elecciones presidenciales: “la profundización del
sistema de libertades y la promoción de la igualdad de oportunidades”. Conceptos
demasiado amplios que si bien avivan el “espíritu arenero” de los seguidores
incondicionales del partido, dice poco a la población que busca soluciones
concretas a los problemas del país. Esta vaguedad se debe, entre otras razones,
a que los candidatos a diputados por el partido oficial no tienen nada nuevo que
ofrecer. Los nuevos diputados del partido oficial están llamados a facilitar la
aprobación de todas las iniciativas del presidente Elías Antonio Saca. En otras
palabras, quien marca la pauta y las dinámicas de los diputados de ARENA en el
parlamento es el jefe del Ejecutivo. No en vano dice el mandatario salvadoreño
que “un voto por los diputados de ARENA es un voto por Tony Saca”.
Los problemas concretos del país, como la falta de crecimiento económico y el
desempleo, son abordados con medidas generales como la “creación de empleos de
mayor calidad” y el impulso de “políticas sectoriales” para el desarrollo
económico. Propuestas que no especifican qué leyes se pueden crear o reformar
para trabajar en la consecución de dichos objetivos. De igual forma, la
propuesta en materia de medio ambiente sobre el establecimiento de un
“desarrollo territorial armónico” no expresa qué normativas se impulsarán o
reformarán para combatir los problemas ambientales. De todas las propuestas,
únicamente las reformas legales en materia de seguridad pública son puntuales y
concretas. Sin embargo, en materia económica existe una falta de claridad para
desarrollar nuevas medidas desde la nueva legislatura.
Oferta electoral del FMLN
La cuarta publicación de esta serie de análisis social en torno a las elecciones legislativas y municipales del 12 de marzo próximo se detiene en la oferta electoral del principal partido político de oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Como se ha hecho hasta el momento, la primera cuestión a abordar será el contenido de las propuestas legislativa y municipal. En el ámbito de las iniciativas legislativas, se pasará revista a la denominada Plataforma de la esperanza 2006-2009; en el caso de la oferta municipal se revisará, a grandes rasgos, la propuesta del FMLN para gobernar la ciudad de San Salvador, un bastión representativo de ese partido. La segunda cuestión pasa por analizar, dentro del plano de la imagen y las percepciones, la recepción que la ciudadanía hace de la oferta electoral del principal partido de oposición.
El legado de Lagos para la(s) izquierda(s) de Latinoamérica
Este próximo fin de semana, además de celebrarse las elecciones para alcaldes y diputados en El Salvador, también se dará un acto político importante en Suramérica. En Santiago de Chile, la socialista Michelle Bachelet, recibirá el 11 de marzo la banda presidencial de manos del también socialista Ricardo Lagos. Tanto Bachelet como Ricardo Lagos vienen de la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición que incluye a los siguientes partidos: Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y Partido Socialista (PS). De hecho, son candidatos de la Concertación los que gobiernan Chile desde 1990. En fin, Lagos traspasa este sábado su mandato a Bachelet, dejándole no sólo el poder para presidir Chile, sino un gran reto, y es mantener y superar la altura política y la eficacia económica de su gobierno, lo que le mereció dejar la silla presidencial con un 70% de popularidad y el calificativo de “el mejor presidente que ha tenido Chile”, de acuerdo a la opinión pública chilena.
Lo cierto es que Lagos es parte del fenómeno comúnmente conocido como “el giro a
la izquierda” en Latinoamérica: Nestor Kirchner en Argentina; Tabaré Vázquez en
Uruguay; Lula da Silva en Brasil; Ricardo Lagos; y hoy Michele Bachelet, en
Chile; Hugo Chávez en Venezuela; y Evo Morales en Bolivia. Sobre este “giro” ya
proliferan los análisis, pero más que todo las observaciones superficiales, por
parte de políticos, comentaristas y escritores en general.
Las otras candidaturas
Los comicios municipales y legislativos concluirán en unos días, cuando se anuncien sus resultados oficiales y entreguen las respectivas credenciales; pero luego habrá más elecciones en otros ámbitos de la administración pública, como el judicial. El 1 de julio, máximo, cinco magistrados dejarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El proceso para sustituirlos incluye la participación de abogados y abogadas, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y de la Asamblea Legislativa. El gremio de juristas y el CNJ proponen, cada cual, quince nombres para que de ahí surja la selección final que realiza la legislatura. Este mecanismo es cuestionable de principio a fin, comenzando porque no consta que las treinta postulaciones cumplan todo lo requerido para ocupar un lugar en el “máximo” tribunal. Con facilidad se verifica si la persona es salvadoreña, seglar, mayor de cuarenta años y abogada; pero de la “moralidad y competencia notorias” que exige el artículo 176 constitucional, ¿quién da fe? Por eso, en muchos casos, alrededor de las candidaturas se genera cierta duda razonable, por lo menos.
En la práctica, la carrera por la elección arranca cuando el CNJ entrega a las
diversas asociaciones de abogados y abogadas los nombres de quienes dicen
alcanzar el perfil exigido. A partir de esa nómina, integrada en la actualidad
por más de 4,000 nombres, las gremiales pueden y deben integrar sus planillas
para someterlas a votación entre su membresía; en esta coyuntura, dicho evento
tendrá lugar el sábado 18 de marzo. Quienes alcanzan los primeros quince lugares,
integran la propuesta de las referidas asociaciones. La otra lista se elabora de
forma menos democrática, en la medida que lo hace el CNJ sin que la ley le
obligue a fundamentar su decisión. Así, sea por criterios subjetivos o por
intereses particulares, se corre el peligro de obtener un resultado parcial y
oscuro. Como ya se anotó, la Asamblea Legislativa recibe ambas propuestas y
elige.
La etapa previa a la decisión parlamentaria no garantiza la calidad final del
producto. Al observar con acuciosidad las listas presentadas por las gremiales
de cara al 18 de marzo, surgen interrogantes alrededor de algunas candidaturas
en cuanto a lo esencial para ser ungidas: su “moralidad y competencia notorias”.
Estas exigencias son las más importantes, sobre todo cuando destacan abogados y
abogadas que han debilitado el sistema de justicia por incapacidad o indecencia,
o por la combinación de ambas. De ahí la exigencia de una rigurosa verificación
de las personas preseleccionadas en lo concerniente a su idoneidad, basada en el
conocimiento que tengan de la ley y su sometimiento a la misma, así como en su
intachable trayectoria de respeto a los derechos humanos.
A la luz de lo anterior, cabe mencionar cuatro casos dignos de resaltar para
ilustrar la “calidad” del proceso. Salvador Nelson García es uno de los
competidores; este abogado de la República es célebre más que nada por haber
sido procesado en el 2003, al imputársele la comisión de delitos sexuales en
perjuicio de menores de edad y su utilización con fines pornográficos. Salió
libre, producto de dudosos errores policiales y fiscales durante la
investigación; por eso, los funcionarios judiciales no se pronunciaron sobre la
certeza de las acusaciones. Prevaleció entonces la impunidad del sistema de
justicia, pero no la moral. Sin embargo, ahí va a competir con posibilidades de
llegar a ser magistrado de Corte.
Otro postulante es Guillermo Wellman, quien fue descubierto y denunciado en el
2002 por cobrar al mismo tiempo dos jugosos salarios en la administración
estatal: uno como asesor de la fracción legislativa del Partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA); otro en la misma Corte Suprema de Justicia, a
la cual ansía regresar pero como protagonista principal.
Arturo Argumedo, hijo, también merece atención. No por contar con mejores o
peores referencias, sino porque anda tras tres “huesos”. Compitió para ser
diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y, al momento de escribir
estas líneas, aún no se sabía si había triunfado; además, su nombre figura en la
lista de aspirantes a Fiscal General de la República y también le apuesta a una
magistratura en la CSJ. Si no resulta electo diputado, la Asamblea Legislativa
deberá considerar que Argumedo está directamente vinculado a una opción política
partidaria y eso riñe con la independencia del sistema de justicia; en concreto,
nombrarlo Fiscal o magistrado de Corte podría afectar para mal la investigación
de los delitos o el castigo a sus responsables, respectivamente. Por si fuera
poco, en la actualidad, Argumedo es investigado por la CSJ debido a
declaraciones públicas en perjuicio de una magistrada.
El último ejemplo: Rodolfo Garay Pineda, anterior director del sistema
penitenciario. También pretende ingresar a la Corte, pese a sus antecedentes
como funcionario público. Su gestión al frente de las prisiones no fue
satisfactoria; por el contrario, la crisis carcelaria se incrementó durante su
administración que se caracterizó por múltiples motines, muertes y tráfico de
drogas, entre otros males. Destacan los estallidos de violencia en diciembre del
2002 y agosto del 2004, dentro del penal conocido como “Mariona”. Garay renunció
tras permanecer en el cargo por más de una década.
Estos “perfiles” son apenas una muestra de un problema de fondo, que afecta la
calidad de la justicia salvadoreña: la elección de personas inapropiadas para
conducir el Órgano Judicial. De ahí las siguientes interrogantes para quienes se
empeñan en corregir el rumbo del país, sobre todo en este importante ámbito: ¿qué
está fallando y cómo superar las fallas? En cuanto a lo primero, de nuevo se
debe denunciar el procedimiento para elegir integrantes de la Corte Suprema a
partir de la discrecionalidad del Consejo Nacional de la Judicatura; éste, sin
ningún control, propone quince nombres y su decisión se equipara —por ley— a la
voluntad de más de once mil abogados y abogadas en capacidad emitir su voto para
definir otro número igual de aspirantes.
El CNJ puede ser sometido a presiones partidistas, económicas o de otro tipo. Y
nadie garantiza que no ceda ante las mismas. En la configuración del actual
Consejo Nacional de la Judicatura fue evidente el apoyo de ARENA para David
Cabezas, quien lo preside; a Nora Montoya la promovió el Partido de Conciliación
Nacional (PCN). Así, existe fundado temor de que miembros del CNJ paguen
“favores” políticos al momento de estructurar las candidaturas a la Corte. De
esa forma, las fracciones legislativas tienen a quién escoger para influir en el
Órgano Judicial según sus particulares intereses.
En la votación gremial también se manifiesta ese problema y otros como el
absentismo electoral. ¿Se pueden superar tales fallas? Claro que sí. Para ello,
las nuevas generaciones de juristas no contaminadas por la corrupción y otros
males deben asumir poco a poco el liderazgo organizativo y participativo, con
una visión y una actitud distintas a las tradicionales, para ganar así
credibilidad entre la sociedad e impactarla positivamente. Se necesitan, además,
reformas legales. Hay que acabar, por ejemplo, con la potestad del CNJ para
presentar una lista de aspirantes a la Corte; sólo se deben presentar las
candidaturas surgidas de comicios transparentes. También tiene que establecerse
un filtro bipartito constituido por representantes de la Asamblea Legislativa y
de organizaciones sociales, que examine “con lupa” las hojas de vidas de quienes
pretendan cumplir los requisitos constitucionales para pertenecer al “máximo”
tribunal del país. Cambiar la forma de selección de magistrados y magistradas,
volviéndola más objetiva y democrática para que responda a los intereses de la
sociedad y no de los partidos políticos, contribuirá mucho a mejorar la calidad
de la justicia para las víctimas en El Salvador. Esas candidaturas, también
deberían preocupar.
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