Año 19

número 816

julio 22

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial Monseñor Romero en Westminster

Economía Tuxtla III: las relaciones comerciales México-Centroamérica

Sociedad La expansión del VIH/SIDA

Derecho ¿Hacia donde vamos?

Opinión Pública El desafío electoral de la izquierda

Derecho Humanos Seguimos sin procurador

Documento

Noticias

Casi desde el comienzo se afirmó que Monseñor Romero era el salvadoreño más universal. La colocación de su figura en la fachada occidental de la catedral de Westminster, en el corazón de Londres, confirma esta afirmación que, a primera vista, pudiera parecer exagerada. La catedral de Westminster, comenzada a construir en 1245, es uno de los centros religiosos más reconocidos de occidente. Es la primera Iglesia de la confesión anglicana, una de las más representativas del ámbito protestante. Es una catedral con una larga tradición histórica, tanto religiosa como social, y el centro de referencia del mundo anglosajón. En su interior descansan los restos de los mejores representantes de la tradición cultural y religiosa de la lengua inglesa. En ella son coronados los reyes ingleses. La asistencia de la reina, acompañada de la familia real, al acto de entronización sólo subraya la trascendencia religiosa e histórica de la presencia de Monseñor Romero en la fachada de Westminster.

Si Roma lo reconoce como un mártir de la Iglesia católica, Monseñor Romero debe ocupar un lugar privilegiado en la que fue su catedral y donde ahora reposan sus restos. Y, si no lo hace, también debiera ocupar un sitio relevante, donde el pueblo salvadoreño y todos los otros pueblos donde también es admirado y venerado puedan rendirle homenaje con sano orgullo, recordarlo con cariño y pedirle confiadamente favores. Monseñor Romero no puede permanecer en el sótano de su catedral, una vez que ésta esté concluida.

Tuxtla III: las relaciones comerciales México-Centroamérica

Recientemente se celebró en San Salvador una nueva Cumbre de presidentes de los países centroamericanos y México. En ella se firmaron acuerdos de diversa índole, aunque los más importantes sin duda giran en torno a la búsqueda de una mayor apertura comercial entre Centroamérica y México.

Así, se contempla negociar un tratado de libre comercio entre los países centroamericanos y México para finales de 1998, con lo cual se adoptarían mecanismos para eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias para el comercio. Esta propuesta ha provocado ya reacciones encontradas de representantes de las principales gremiales empresariales del país, como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), cuyo Presidente se habría mostrado en contra de una firma del citado tratado para finales de 1998.

En realidad, el tema del libre comercio con México no es nuevo, pues, desde 1992, los gobiernos vienen proponiendo su conveniencia; sin embargo, ninguna propuesta se ha concretado hasta ahora. El antecedente más importante de la citada reunión fue la Declaración de Tuxtla Gutiérrez, surgida de otra cumbre presidencial realizada en enero de 1991, donde los presidentes "resaltaron la importancia de la apertura de los mercados como forma de promover la competencia, estimular la eficiencia, la modernización y la competitividad de las estructuras productivas internas".

El reciente cónclave presidencial, denominado Tuxtla III, pone nuevamente sobre el tapete de discusión la adopción de un tratado de libre comercio, después de que el tema cayera en el abandono durante más de cinco años. Por lo anterior, resulta de interés revisar cuáles son las posibles oportunidades y amenazas para El Salvador de una posible liberalización del comercio con los demás países centroamericanos, pero especialmente con México.

El efecto más claro de la eliminación de los obstáculos al comercio es la intensificación del comercio internacional; por ello, para El Salvador, una eliminación de barreras al comercio podría representar la oportunidad de una mayor penetración de sus exportaciones en el relativamente grande mercado mexicano, así como en sus mercados tradicionales del resto de países centroamericanos. Esto implica, empero, que tendría que contar con la base productiva necesaria para generar una oferta exportable que tenga su correspondiente demanda en los países de destino y, además, que se obtengan convenios específicos favorables en lo relativo al tipo de producto y a la tasa arancelaria que se les aplicaría. Lamentablemente, ninguna de estas condiciones existe.

Concomitantemente, se presenta la amenaza de que el libre comercio se traduzca únicamente en un fortalecimiento de las economías con mayor capacidad de generación de exportaciones, tal como ocurrió en la década de 1960 con el Mercado Común Centroamericano, cuando El Salvador y Guatemala cargaron con la mejor parte de la apertura comercial. El mayor ganador del libre comercio Centroamérica-México sería, sin lugar a dudas, este último, pues cuenta con un aparato productivo mucho más diversificado y con mucha mayor capacidad instalada que El Salvador, e inclusive que todos los países centroamericanos en conjunto.

El sector empresarial siempre se ha mostrado cauteloso frente a posibles procesos de desgravación arancelaria y/o de liberalización del comercio. Desde que el gobierno planteó su programa de desgravación arancelaria, representantes de las principales gremiales empresariales, como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la ANEP, expresaron su preocupación por los efectos negativos que la reducción de aranceles y la intensificación de las importaciones de productos sustitutos tendrían sobre la producción nacional. Por lo mismo, proponían una revisión del calendario de la desgravación arancelaria para volverla más gradual, lo cual hasta el momento habrían logrado, ya que la misma se ha retrasado notablemente.

Aun así es posible percibir que los efectos de la desgravación arancelaria practicada hasta ahora han estado acompañados de un grave empeoramiento de la balanza comercial general y de la balanza comercial respecto a México. Los datos del cuadro anexo muestran que el déficit de la balanza comercial con México se incrementó en 160% en sólo tres años, aun cuando no se le han otorgado a este país ventajas comerciales como las que podrían surgir de un tratado de libre comercio.

Es importante destacar también que El Salvador enfrenta déficits en sus relaciones comerciales hasta con países de la región centroamericana como Guatemala y Costa Rica, con los cuales anteriormente se mantenía un intercambio comercial relativamente equilibrado e inclusive superavitario. Esta situación es claro reflejo del estancamiento de los sectores agropecuario e industrial. Las exportaciones más importantes han dejado de ser los productos agropecuarios tradicionales que han sido sustituidos por los de maquila.

Esta situación da más pábulo a la interpretación del experto en competitividad Michael Porter, para quien los empresarios salvadoreños están acostumbrados al proteccionismo estatal para desarrollar sus actividades. De hecho, pese a que desde 1992 se consideraba como inminente la firma de un tratado de libre comercio con México y a que existían ya temores por los posibles efectos sobre la industria nacional, no se han desarrollado acciones decididas para promover la reconversión industrial y mejorar la competitividad de las empresas nacionales. El sector empresarial, pese a profesar una ideología con claras tendencias desestatizantes, parece esperar que el gobierno le resuelva sus problemas y cifra sus esperanzas en un mantenimiento de las restricciones al comercio.

Lo cierto es que se han desperdiciado seis valiosos años en los que las empresas salvadoreñas debieron haberse preparado para una inminente reducción de las barreras al comercio internacional, las cuales nuevamente amenazan con desplazar la producción nacional y provocar quiebra de empresas nacionales.

En este contexto, lo más razonable es postergar la adopción de un tratado de libre comercio con México, al menos hasta que se asegure la existencia de empresas y productos con potencialidad para revertir la tendencia deficitaria prevaleciente en el intercambio comercial con ese país. De lo contrario, únicamente se estaría promoviendo un incremento de la importaciones que podrían venir a reducir la generación de producción y empleo locales.

País/rubro	1994	1995	1996	1997
México Guatemala Costa Rica Honduras Nicaragua	-734,284 -565,994 -49,726 90,116 45,229	-1,297,196 -759,378 -75,346 217,779 49,656	-1,397,436 -604,634 -73,833 237,930 -3,885	-1,911,026 -523,311 -43,479 447,808 118,160

La expansión del VIH/SIDA

Poco menos de un mes ha transcurrido desde que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la 12ª Cumbre Internacional sobre el SIDA. Esta se viene celebrando desde 1985, cuatro años después de haberse descubierto el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. La Cumbre, de una semana de duración, tiene como propósito principal exponer los nuevos tratamientos, las nuevas técnicas para evitar el contagio entre mujeres embarazadas y sus hijos y algunas estadísticas, entre otras cosas. En la última se reveló que cerca de 12 millones de personas han muerto a causa del SIDA en 20 años, desde que se detectó la enfermedad, y 31 millones son actualmente portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Aunque se sabe de avances significativos en los países desarrollados, en países subdesarrollados —como Zimbabwe— el mal es cada día más catastrófico. Y es que son éstos los que están sufriendo en mayor medida las consecuencias de la enfermedad por no disponer de los medios económicos y tecnológicos para poner en práctica los tratamientos adecuados contra ella.

Para entender la importancia de lo que aquí se discute es necesario describir primero, a grandes rasgos, lo que es el VIH y cómo éste causa SIDA. El VIH se caracteriza por el deterioro constante del sistema inmunológico; es decir, desarticula la estructura de defensa del cuerpo humano, dejándolo vulnerable ante cualquier enfermedad. Esto comienza cuando las células inmunológicas más esenciales, denominadas TCD4+ o "Linfocitos T", son descompuestas y eliminadas durante el proceso de infección del VIH. Sin la actividad normal de los "Linfocitos T", las demás células del sistema de defensa no realizan sus respectivas funciones.

Una persona no infectada por el VIH posee normalmente entre 800 y 1200 "Linfocitos T" por milímetro cúbico de sangre. La infección hace que el número de estas células se reduzca a menos de 200 por milímetro cúbico. Es entonces cuando la persona se vuelve particularmente vulnerable a las "infecciones oportunistas" y a los diferentes tipos de cáncer que caracterizan al SIDA. El curso de la infección del VIH es peculiar, porque hay un extenso período de tiempo entre la infección inicial y la aparición de síntomas graves, por lo que la epidemia se expande entre los portadores sin que éstos sean siempre conscientes de ello.

En los países industrializados, las medidas preventivas están siendo muy bien aplicadas, las terapias dan resultados positivos y los exámenes para detectar la enfermedad son constantemente aplicados. A esto favorece la existencia de una gran campaña de lucha contra la enfermedad y de apoyo a las personas infectadas. Por el contrario, los países en desarrollo tienen una serie de limitantes que afectan la prevención y el combate contra el VIH/SIDA. Una de las más significativas es la falta de recursos económicos para abastecerse de los fármacos que impiden el progreso del virus. Para las familias del tercer mundo sus precios son prácticamente inalcanzables. El más asequible cuesta más de 100 dólares, mientras que el tratamiento mensual asciende a casi 1,400 dólares.

En Africa, por ejemplo, en donde el dinero es escaso, hay 21 millones de personas infectadas por VIH; el 90% de esta población desconoce que es portadora del virus por falta de controles médicos. Según se prevé, casi todas estas personas morirán y la epidemia no se detendrá. Africa es uno de los lugares más pobres del mundo, allí no existen ni los cuidados más básicos, los nuevos tratamientos contra el virus son desconocidos y la posibilidad de una vacuna contra el virus es definitivamente más remota que en cualquier otro lugar. Las cifras son escandalosas en las ciudades africanas: el 70% de las mujeres embarazadas están infectadas, más de un tercio de la población en las ciudades más grandes del continente son VIH positivo, el SIDA dejó huérfanos a 16 millones de niños en 1997 y los pronósticos señalan que la cifra aumentará. Para visualizar esta situación basta con saber que existen zonas en Africa que han quedado desoladas por la mortandad causada por el SIDA.

Distinta es la situación de países desarrollados como Estados Unidos o España, donde es posible aplicar a los infectados todo tipo de medicamentos innovadores, y donde constantemente se está estudiando todo acerca de la enfermedad. En Estados Unidos, las minorías étnicas conforman el mayor número de afectados. De entre 7,200 casos de VIH, el 63% son de raza negra y el 5% son hispanos. Aunque actualmente el SIDA es la principal causa de muerte en EEUU en personas de 25 a 44 años de edad, demás está decir que el control e investigación de la enfermedad es todo un movimiento científico, tecnológico, social y económico en esta potencia mundial.

En Centroamérica la situación no deja de ser inquietante. Nicaragua es el país centroamericano con más bajos niveles de infección, mientras que Honduras es el más contaminado. Guatemala es un caso, hasta cierto punto, similar a El Salvador y Costa Rica. Se conocen 2,500 casos de SIDA, aunque no se descarta la existencia de más personas infectadas, pues muchas desconocen su estado. Además, cerca del 90% de los VIH positivos no podrá obtener los medicamentos y tratamientos para controlar la enfermedad. El Ministerio de Salud de Guatemala dijo recientemente que sólo tiene la capacidad para atender a un 60% de mujeres y menores. El resto de los afectados, hombres en su mayoría, no tendrán atención médica por la falta de recursos de la institución. Guatemala necesitaría 5.3 millones de quetzales por mes para pagar el costo de los medicamentos que necesitan los infectados reportados en el último año (Ver, Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, CERIGUA).

En El Salvador, la información estadística es bastante inexacta. Se conoce la existencia de 8 organizaciones que apoyan a los enfermos de SIDA y luchan contra la enfermedad. La Asociación entre Amigos, el Instituto de Estudios de la Mujer (CEMUJER), FUNDASIDA, son algunas de ellas. Sin embargo, no se cuenta con una campaña fuerte, contundente, que fomente preocupación y conciencia sobre la situación. Las Unidades de Salud, el Seguro Social y otro tipo de servicios de salud estatales no deben esperar a que las personas pregunten o se decidan a hacerse el examen del VIH. Se necesita mucha mayor presión y difusión de información respecto a la enfermedad en comunidades, zonas rurales, centros de estudio, centros de trabajo, etc. Informar a la ciudadanía, haciendo hincapié en lo fácil que es contraer el virus y en los métodos de prevención, sería un buen inicio.

Uno de los grandes problemas de la comunidad salvadoreña es creer que el SIDA sólo puede ser contraído por personas muy promiscuas. Además, se tiene la errada idea de que los índices de VIH/SIDA son bajos; esto es producto del descuido y de la poca profundidad con la que los distintos sectores públicos y privados involucrados enfocan el tema. Una vez más, el problema no es simple. Ejemplificando: más del 50% de las trabajadoras del sexo en El Salvador son portadoras del virus. Si se piensa en la cantidad de hombres, casados o con vidas sexualmente activas, que hacen uso de los servicios de estas mujeres sin el más mínimo sentido de protección, se puede tener una idea de lo que realmente está pasando y de su grado de gravedad.

¿Hacia donde vamos?

Esta pregunta es la que en la práctica nos hacemos los salvadoreños: ¿hacia dónde vamos?, ya que a todas luces el rumbo político se ha perdido debido a la incapacidad de nuestros dirigentes para encauzar la economía, la justicia, el orden interno y la misma seguridad nacional. A pesar de que el gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia actuales arrancaron con muchas expectativas, en la práctica su funcionamiento, operatividad y capacidad para solucionar los problemas no han generado los resultados esperados. Es más, se ha caído en muchos problemas de antaño y en otros nuevos que sirven para demostrar la poca capacidad de nuestros políticos para responder a las expectativas de la población.

La Asamblea Legislativa, que ha pretendido hacer gala de su pluralismo político como bandera de su accionar, muestra los viejos síntomas del poco conocimiento de nuestra realidad, del desorden y la improvisación para conducir la legalidad dentro del Estado salvadoreño. El cambio de bando, la declaratoria de diputado independiente, es sólo una muestra de lo fácil que resulta mudar las convicciones de los "padres y madres de la patria", quedando muy al margen las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. La incapacidad para solucionar problemas del medio ambiente y de seguridad ciudadana, únicamente es comparable a la que tienen para nombrar funcionarios de segunda elección, y en ambos casos la solución dada genera más problemas y conflictos.

El consenso, palabra muy en boga en el vocabulario político, es lo que menos existe en la realidad, prevaleciendo ante ello las componendas, arreglos bajo mesa, el dame que te daré, y así no se hace labor cívica y política, así se hace politiquería y demagogia, de lo cual no se salva ninguno de nuestros representantes dentro de la Asamblea. Es obvio que de su labor el único resultado notable será el ausentismo político, en estas y las próximas elecciones.

La improvisación para emitir leyes es otro defecto palpable en la ejecución de su deber constitucional, de tal forma que ni pasado un año ya están emitiendo reformas a lo decretado anteriormente. Pero lo criticable es su pretendida intocabilidad, llegando al colmo de crear o pretender crear comisiones para perseguir a todo aquel que se les atraviese en su camino. El compromiso de nuestros diputados es grande y aún están a tiempo de retomar el rumbo, actuar con responsabilidad y demostrar capacidad para ello; si no lo hacen la factura política será grande.

Nuestro gobierno también es otro yacimiento de problemas, y no es tratando de dar pasos ante la proximidad de las elecciones que podrá recorrer el camino que hace mucho tiempo abandonó. Es obvio que un gran fruto de su política gubernamental es la estabilidad macroeconómica, pero hay mucho que hacer para que los efectos de ésta lleguen a la población. La inseguridad ciudadana, el caos vehicular en la capital, las renuncias de funcionarios de sus cargos, son sólo una muestra de la incapacidad de tomar medidas atinadas para solucionar los problemas que aquejan a la población salvadoreña.

Se ha ganado mucho a nivel externo, confianza de organismos internacionales, apoyos de otros Estados, pero a nivel interno el descontento general es cuota diaria, y debe recordarse que en la democracia los votos y el apoyo que cuentan en última instancia son los de la población. La falta de visión por parte de nuestros actuales gobernantes no puede solucionarse, y le tocará al próximo gobierno, de la bandera que sea, analizar adecuadamente nuestra realidad, buscar soluciones a nuestros problemas.

También las esperanzas cifradas en la Corte Suprema de Justicia se quedaron en eso, esperanzas, pues los señalamientos de retardación de justicia, de violación a los derechos humanos por parte de jueces y magistrados no es algo que pueda dejarse a un lado. La posible intromisión del Organo Legislativo en su accionar, al tratar de controlar y domar a la Corte, es una muestra del caos y el irrespeto al orden jurídico existente. La amenaza de crear comisiones por parte de la Asamblea Legislativa sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el dar marcha atrás a pasos ya dados por miedo a esta amenaza, lleva a pensar si el mecanismo para elegir a los Magistrados del Organo Judicial es el más adecuado para mantener la independencia de ellos.

La Corte debe pensar más en impartir justicia que en esperar ser reelegidos por la Asamblea. Los méritos se ganan trabajando, enfrentando los problemas, luchando por los justo y lo equitativo, y es eso lo que debe hacer nuestro Organo Judicial, no tambalear ante las presiones de los demás órganos del Estado, sino mostrar la valentía y fortaleza que se espera de un verdadero funcionario responsable. Es posible que no sepamos hacia dónde vamos, pero sí es obligación de nuestros representantes encauzar el camino y llevarnos al desarrollo y seguridad de la nación.

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Colaboración de Ernesto Villalobos Ayala, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA

El desafío electoral de la izquierda

En las últimas semanas, la opinión pública nacional se ha dedicado a seguir con particular interés el tema de los posibles candidatos a la presidencia para las elecciones de 1999, y lo ha hecho especialmente en el caso de los personajes que podrían constituir la fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Los debates sobre los posibles precandidatos del FMLN para poder integrar la fórmula que disputará los comicios del año próximo han revelado la complejidad de la correlación de fuerzas al interior de ese partido político y han mostrado los intentos de cada una de las facciones del FMLN por llevar adelante sus proyectos políticos particulares. A la luz de estas disputas es que se debe entender las afiliaciones al partido de personas que esperan integrar la dupla de candidatos a las elecciones, al igual que las posiciones de algunos de los posibles candidatos de resistir y poner condiciones para contar con su candidatura dentro del instituto de izquierda. En tal sentido, el Frente estaría en el dilema de resolver la cuestión de las precandidaturas de forma que le asegure la preeminencia de un proyecto aglutinador y que evite el resquebrajamiento —al menos antes de las elecciones.

Sin embargo, hasta ahora, a la base del debate de las precandidaturas del FMLN —al igual como lo fue en su momento con la precandidatura de Paco Flores al interior de ARENA— ha estado el tema de las diversas corrientes ideológicas o de intereses al interior de los partidos; lo que ha alejado las discusiones centradas en lo que conviene más al país o a la población. Las intenciones expresadas por el FMLN a principios del presente año según las cuales se concentrarían más en la elaboración de un plan de gobierno antes que en la búsqueda del candidato, han quedado como eso: sólo intenciones. En la práctica el partido de izquierda se ha visto sobrepasado por una dinámica en la que han pesado más las disputas del poder y la hegemonía dentro del partido que la iniciativa de construcción de una plataforma de gobierno que pueda ser ofrecida convincentemente al país. Aunque parece que el Frente ha caminado algo en la dirección de confeccionar una plataforma mínima, al final parece estar sujeto a la elección de sus presidenciables para poder orientar su propuesta de gobierno ejecutivo. El FMLN ahora se esfuerza por encontrar un candidato que satisfaga a las bases pero que simultáneamente pueda constituirse en una plataforma política por sí mismo.

Toda esta dinámica de competencia intrapartidaria e interpartidaria de la izquierda salvadoreña, bajo el derrotero de las elecciones presidenciales de 1999, trae a cuenta la discusión sobre los desafíos de los partidos políticos de cara a tales comicios y en el sentido de encontrar la fórmula —no sólo en términos de los candidatos, sino también en términos de condiciones— para poder competir efectivamente y ganar el proceso electoral en cuestión. Y es que los partidos políticos salvadoreños, independientemente de cuál sea su signo ideológico, no están pasando precisamente por su mejor época, al menos si se ve desde la óptica de la población y desde las contribuciones y logros de los institutos partidarios a la transición del sistema político nacional.

Sin duda, el objetivo fundamental de los partidos políticos es ganar las elecciones, pero para ello deben lograr que la gente vote por ellos, que aquélla los elija de forma contundente. En una sociedad carcomida por la indiferencia política y en un sistema político debilitado por el problema del absentismo, lo anterior constituye un desafío radical. En un país en el cual los dos partidos mayoritarios no consiguen siquiera reunir al 30 por ciento de los ciudadanos, el reto fundamental de ganar las elecciones pasa por romper la barrera de la apatía y el desencanto nacional.

Los sondeos de opinión pública han revelado que detrás del comportamiento de abstención política se halla un profundo rechazo y un genuino cansancio a una forma de hacer política basada en la polarización y en el enfrentamiento estéril de intereses muy particulares; además, han revelado que buena parte de la población no confía más en los partidos políticos por su incapacidad —revelada cotidianamente— para poner en marcha un proyecto de país que resuelva los problemas y mejore las condiciones de vida de las mayorías.

En este contexto, el mejor candidato de los partidos políticos probablemente no sea un político, al menos no alguien de los cuadros más tradicionales de los aparatos partidistas, sino alguien que sea capaz de romper los techos tradicionales de los partidos, una fórmula que no encaje en la dinámica de la polarización y con capacidad de darle credibilidad a una plataforma amplia de participación que va más allá de la alineación ideológica. Alguna persona en ARENA parece haber comprendido esto mucho antes y con más astucia que en el FMLN y ello se tradujo en la inesperada —pero todavía débil— candidatura de un Francisco Flores moderado y conciliador. Esto no parece haber sido comprendido en el Frente de la misma forma.

Independientemente de que tenga bases objetivas o no, el FMLN sigue teniendo una imagen entre la opinión pública mucho más polémica y radical que la de su antípoda ARENA; por ello, las posibilidades de aquel partido por lograr romper su límite tradicional de simpatías son aún más complejas y difíciles que las de su contrincante y la necesidad de salir de su propia cofradía se vuelve indispensable para poder ganar las elecciones. Algunos sectores dentro del Frente parecen haber comprendido esto y han impulsado desde el inicio una fórmula de alianzas y coaliciones políticas para incrementar su potencial de electores. Sin embargo, este esfuerzo parece estar llevándose más de manera formal que real, al entender las alianzas no más allá del ámbito partidario.

Las pretensiones del Frente Farabundo Martí de hacer inscribir a todos sus precandidatos dentro de su aparato para poder competir por el apoyo del partido probablemente satisfagan a los correligionarios más chauvinistas de la izquierda y legitimen internamente un proceso de competición más o menos democrático, pero acentúan la incapacidad del sistema político actual para poder relacionarse con la sociedad civil y con las posibilidades de ésta, al tiempo que empeoran el contexto de poca representatividad de los partidos políticos. Al poner como requisito la inscripción partidaria y, más aún, al exigir que la fórmula candidatable acepte representar a una tendencia dentro del mismo, el Frente ahuyenta sus posibilidades de crecimiento entre quienes no están dispuestos a verse y definirse a sí mismos como efemelenistas —y ojo que éstos son la mayoría—, además de que pierde la oportunidad de convertirse en el facilitador de una posible plataforma de gobierno amplio, con participación de la sociedad civil sin adscripción política.

El FMLN se enfrenta por tanto un dilema crucial para su supervivencia como una de las principales fuerzas políticas del país. Por un lado, puede actuar en el sentido tradicional de los partidos políticos salvadoreños y definir su fórmula desde el interior, apostando a defender su posición con sus propias fuerzas, pero ignorando las posiciones del resto de la sociedad que históricamente se ha resistido a participar políticamente para no identificarse con una ideología; por otro lado, puede convertirse en un vehículo de otras fuerzas no partidarias de la sociedad civil, corriendo el riesgo de perturbar la ya frágil armonía interna y exponerse a otra división más.

En todo caso, el futuro de la izquierda, marcado por los resultados de las próximas elecciones, dependerá de la mayor o menor inteligencia que muestre el FMLN para definir su fórmula presidencial, esto es, para lidiar entre sus propios intereses y los de la mayoría de la población.

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Colaboración del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA

Seguimos sin procurador

El tema de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos (PDDH) continúa debatiéndose, pero ya no sólo en el seno parlamentario sino también entre amplios sectores de la sociedad y —sobre todo— en los medios de comunicación. A más 20 días de haberse conocido el nombramiento del ahora tristemente célebre Eduardo Peñate Polanco, la situación comienza a dar un interesante giro pues algunos partidos políticos ya no están contentos con la decisión que tomaron. Así es: cuando las cosas se perfilaban de forma negativa para la institución, surgieron muchos señalamientos contra el funcionario, algunos de los cuales se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la misma PDDH; otros no llegaron hasta esas instituciones. Pero unos y otros, no pasaron desapercibidos; sobre todo cuando en ellos se hablaba de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la justicia.

Una vez cometido ese grave error, es positivo que se esté en capacidad de reconocerlo y buscar las medidas para subsanarlo. Porque no se debe permitir que este tipo de acciones y sus consecuencias para la población y la institucionalidad, tengan costos tan altos como la frustración de la gente, su desencanto y su falta de participación, derivadas más de la irresponsabilidad de la administración pública que de la violencia y la inseguridad. El intento por enmendar tan incorrecta decisión, también es un buen paso pues motiva a la reflexión y se suma a los reclamos de la sociedad tras el nombramiento de Peñate Polanco.

Quizás resulte difícil reconocer una mala actuación, pero hacerlo le da una dimensión favorable a quien tiene el valor para ello. Sobre todo en el caso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ya que algunas de sus dirigentes comprometieron sus votos en esta elección y después quisieron descargar su responsabilidad en las organizaciones sociales de derechos humanos; pero dicho partido ya asumió lo que tenía que asumir —que se equivocaron— y así, además, echó por la borda los rumores sobre componendas partidaristas y determinados beneficios que pensaba obtener de esa negociación.

Esa decisión del FMLN, entonces, pudo haber tenido que ver con la situación en que se encontraba la PDDH tras la reforma a su ley mediante la cual la dejaron en completa acefalía. Para algunos observadores, eso fue lo que colocó al Frente entre la espada y la pared, llevándolo hasta una especie de desgaste político que —según dicen— lo obligó a comprometer sus votos. Así, pues, lo ocurrido debe motivar a una reflexión profunda por parte de las agrupaciones que están realmente comprometidas con la transformación de nuestro país, para no trabajar pensando sólo en sus propios cálculos partidaristas y sus tiempos políticos sino a partir del interés superior de la población.

No dudamos de que también el resto de las y los diputados que eligieron al ahora titular de la PDDH deben rectificar, pero sí dudamos que lo hagan; de no aprobar la destitución, será mayor su actual desprestigio. Y es que desde que empezaron a surgir los señalamientos sobre su capacidad y solvencia, este personaje contó con defensores que —por todos los medios— trataron de limpiar su imagen y presentarlo como el profesional más idóneo. Sin embargo, las denuncias en su contra llegaron a pesar más que los pocos atributos que le adjudican quienes lo apoyan...

Durante varios días, los amigos de Peñate Polanco guardaron silencio y esperaron a ver qué ocurría con el arsenal de críticas hacia su protegido; pero ahora ya volvieron a la carga y anunciaron que no existe base para separarlo del puesto. También el aún funcionario se escondió todos estos días y sólo hasta hace poco —cuando se empezaron a oír opiniones a su favor en el recinto legislativo, que es uno de los pocos lugares donde eso ocurre— aceptó dar la cara y soltar la lengua, aunque únicamente para responder sin sustento y hasta incoherentemente.

Eso sí, lo que Peñate Polanco ha dejado bien claro es que no piensa renunciar, cuando lo lógico y decente era retirarse mientras las instituciones correspondientes —incluida la misma PDDH— indagaban; de esa forma, si después de una verdadera y transparente investigación se concluía que no había nada en su contra a partir de las denuncias —lo cual dudamos— podía volver al cargo para esperar nuevas acciones tendientes a destituirlo, pero ya fundamentadas en su falta de conocimientos sobre el tema y su incapacidad para dirigir tan importante institución.

Hay que lamentar esta piedra en el camino —porque así debe entenderse el arribo de Peñate Polanco al lugar donde ahora está— pero no podemos empantanarnos y hundirnos ahí; la población salvadoreña, artífice de la existencia de la PDDH, no lo merece. Este "accidente" ocasionado por la mala conducción del país, es una oportunidad para que toda la gente —tanto la "común y corriente" como la que está en la administración pública— entienda de una vez por todas qué es la "magistratura de conciencia", para qué sirve y cuáles son sus desafíos. Pero ahora, se deben tomar las medidas para impedir que estos cargos sigan siendo el "botín político de la paz" y las "agencias de empleo" para simpatizantes o miembros de los partidos políticos. Ello, sobre todo, cuando ya se acerca una nueva e importantísima elección de "segundo grado": la del o la titular en la Fiscalía General de la República, que es donde se encuentra depositado constitucionalmente el patrimonio de la acción penal y la conducción funcional de la investigación del delito.

Aprendamos de esta experiencia para que lo que ahora se está haciendo —el escrutinio público de Peñate Polanco— se lleve a cabo antes de adoptar decisiones tan delicadas. Así, la sociedad podría hablar previamente y los "Padres de la Patria" tendrían que escucharla para tener suficientes elementos de juicio; y, de esa forma, únicamente quienes verdaderamente estuviesen en capacidad de cumplir con los requisitos legales de moralidad y competencia se animarían participar en el proceso.

En ese sentido, pensando en que se discuta y mejore, hacemos la siguiente propuesta:

a. Que el proceso de selección inicie 60 días antes de que finalice el período de la persona que, para entonces, ocupa el cargo.

b. Que en los primeros 10 días, las y los aspirantes presenten sus respectivos "curriculum vitae" a la Comisión Política del Órgano Legislativo.

c. Que en los siguientes 5 días, la citada Comisión elabore y dé a conocer ampliamente un programa de sesiones públicas para discutir con las y los aspirantes su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el país y sus propuestas para cumplir, en ese marco, la misión institucional en favor de la población salvadoreña.

d. Que dichas sesiones públicas se desarrollen durante los siguientes 30 días y que en ellas participen —además de las y los aspirantes al cargo— la Comisión Política de la Honorable Asamblea Legislativa y un grupo de personas calificadas, previamente seleccionadas, junto a la población interesada mediante sus diversas expresiones organizativas o de forma individual.

e. Que durante las citadas sesiones públicas también se puedan hacer todos los señalamientos serios y fundamentados relacionados con la idoneidad o no de las y los aspirantes al cargo, a partir de los requisitos que determina la ley y sobre la base de pruebas testimoniales o documentales.

f. Que los últimos 15 días del proceso sean utilizados por la Asamblea Legislativa para elegir, mediante mayoría calificada, a la persona más adecuada.

Al momento de escribir estas líneas, aún no se sabía qué iba a suceder con la tan maltratada Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pese a que durante los últimos días se menguó el apoyo político a Peñate Polanco, no hay que confiarse pues —conociendo a quienes se encuentran en la Asamblea Legislativa— sabemos que no siempre las decisiones parlamentarias están a la altura de las justas aspiraciones de la gente.

Por de pronto, en la práctica seguimos sin procurador: porque el actual —ese "mal menor", como dijo alguien por ahí intentando defenderlo— sólo lo es formalmente. Si se logra su destitución, la Asamblea Legislativa debe buscar un "bien mayor"; es decir, a la persona más idónea para ocupar el cargo tomando en cuenta la opinión del pueblo que —en la práctica— ha demostrado tener la sabiduría que tanto escasea entre la administración pública y los partidos políticos. Y, para que la consideren en el "salón Azul", a continuación reproducimos la pieza de correspondencia que presentamos un grupo de organizaciones sociales y diversas personas a título individual, todas preocupadas por el presente y el futuro de El Salvador.

CUMBRE. Los presidentes de México y Centroamérica, acompañados por el primer ministro de Belice y el canciller de Panamá, se reunieron del 16 al 17.07 en el marco de la cumbre "Tuxtla III". En el encuentro, las mandatarios firmaron 69 acuerdos, previamente elaborados por los cancilleres y ministros de cada país, que comprendían temas como el combate al narcotráfico, el respeto a los derechos de los inmigrantes centroamericanos en México, protección al medio ambiente, fomento de los servicios de salud y educación, integración comercial e inversión mutua, entre otros. Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el Triángulo Norte centroamericano, manifestaron en repetidas ocasiones su particular interés en concretar para antes de fin de año un Tratado de Libre Comercio con México, tal y como lo han realizado ya Nicaragua y Costa Rica por separado. En este sentido, el ministro de relaciones exteriores de Honduras, Fernando Martínez, indicó que era primordial crear las condiciones para fortalecer los lazos comerciales entre los países que participaban del cónclave. Por ello, Ernesto Zedillo, presidente de México, dispuso que la región gozara de ventajas económicas, en miras a promover la inversión y el comercio recíproco (LPG 17.07, p. 5-6, 18.07, p. 4-6; DH 18.07, p. 3-4).

REACCIONES. Diversas reacciones surgieron al respecto de la cumbre "Tuxtla III", realizada en nuestro país, cuyo principal fin era concretar acuerdos comerciales y económicos entre los países de Centroamérica, Panamá, Belice y México. El candidato presidencial del partido ARENA, Francisco Flores, expresó, el 17.07, que la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México debe ser examinada con mucha prudencia, dado que las industrias de la región no alcanzan condiciones óptimas de competitividad. Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, Luis Cardenal, concordó con las apreciaciones de Flores, al aceptar, el 16.07, que "existen claras desventajas respecto al país azteca en áreas como asimetría y barreras arancelarias", las cuales no permitirían establecer una relación bilateral como la que se impulsa en la cumbre. Igualmente, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán, al tiempo que expresó su rechazo ante la posible firma definitiva del TLC en este año, opinó, el 17.07, que era más conveniente que para el estudio del "tratado se tome el tiempo necesario". Empresarios e industriales ven como principales obstáculos para la negociación la deficiencia de la infraestructura y del marco legal, la ausencia de un grupo negociador firme y la burocracia que persiste en el país (DH 17.07, p. 6 y 18.07, p. 4).

VENTA. La venta de la compañía inalámbrica INTEL, concretada el 17.07, fue calificada por sus representantes como todo un éxito, al registrar un precio de venta de 41 millones de dólares, cuatro veces superior al establecido para la subasta. La compañía Telefónica de España adquirió el 51% de las acciones de INTEL, luego de superar las ofertas presentadas por otras dos empresas presentes en la subasta. Juan José Daboub, presidente de la inalámbrica, aseguró que los resultados de la venta son un reflejo de la confianza que se tiene en el país, e indicó que se espera un ingreso aproximado de más de 100 millones de dólares luego de la inversión que realice la compañía española. El director general de negocios de dicha empresa, Juan Rovira de Osso, aseguró ese mismo día que iniciará sus operaciones el próximo año con un monto aproximado de 40 millones de dólares, que servirá en parte para la construcción de la infraestructura que le permita operar con la señal "B" en nuestro país. Por su parte, Luis Castro Lachner, representante de Mesoamérica Fund, miembro de Telefónica de España, sostuvo que buscarán "aprovechar al máximo las posibilidades y potencialidades de los recursos de personal" que haya en nuestro país, donde "la fuerza laboral salvadoreña es fundamental" (DH 18.07 p. 24-25; LPG 18.07 p. 28).

DEUDA. El presidente de CTE-ANTEL, Juan José Daboub, sugirió, el 19.07, que, dentro del presupuesto especial que se elabore en base al dinero obtenido con la venta de la compañía inalámbrica INTEL, se podría incluir una parte para cancelar la deuda externa que posee el país. Con ello, el gobierno podría definir una política de endeudamiento concreta, tal y como se lo ha solicitado en repetidas ocasiones la oposición política de la Asamblea Legislativa. Daboub dijo tener conocimiento de que dichos fondos se utilizarían "en inversión, en proyectos, en estabilidad social e infraestructura", pero dejó claro que esa es una decisión que debe tomar el Ejecutivo y el Legislativo. En una "apreciación netamente técnica", el presidente de la telefónica expresó que era conveniente pagar la deuda que tenía los intereses más altos, y que eso sería posible si se invertía una parte de las ganancias producidas por la venta de INTEL. "Es una consecuencia lógica de cualquier economista de cualquier mentalidad, sin importar el color político", aseguró Daboub. El dinero obtenido con la transacción, informó, pasaría a formar parte del Fondo General de la Nación, y para ello el Presidente de la República debe detallar en un presupuesto especial los proyectos a los que irá destinado el dinero que se incluirá (LPG 20.07, p. 5).

CUESTIONARIO. La Fiscalía General de la República y los acusadores de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) borraron el nombre del diputado Schafik Handal del cuestionario que será enviado a Joaquín Villalobos para establecer responsabilidades en los casos de secuestros. Tal como lo pidió el Juzgado Primero de Instrucción de Nueva San Salvador, la Fiscalía y ANEP presentaron, el 15.07 y 16. 07, los nuevos cuestionarios. Sin embargo, "para no retrasar más la investigación y evacuar una diligencia", las partes agregaron más preguntas al cuestionario. Aunque no detallaron el contenido de las nuevas preguntas, los miembros de ANEP dijeron que éstas son de carácter general. Aseguraron que, pese a que no se pregunta si Handal participó en una reunión, si se cuestiona sobre quiénes fueron los que participaron en el encuentro. "Hemos omitido las preguntas donde se mencionaba al señor Handal, cambiamos las preguntas de forma, pero no de fondo. Joaquín Villalobos tendrá que responder a las dudas, y si se llega a mencionar a Handal, quien lo hará será él, y no nosotros", manifestó uno de los acusadores particulares, Juan Gerónimo Castillo. El Juzgado deberá enviar a la Corte Suprema de Justicia el documento, para que se inicie el trámite del suplicatorio y se envíe el cuestionario a Inglaterra (DH 17.07 p.18).