Año 19

número 836

diciembre 17

1998

ISSN-0259

 

 

Editorial El Salvador en 1998

Balance político

Balance económico

Balance social

Balance regional

La opinión pública en 1998

Los Derechos Humanos en 1998

Cronología de 1998

Indice General

En resumen, 1998 no ha sido un año fructífero para la instauración democrática en El Salvador. Las resistencias de la clase política a la renovación interna, los efectos sociales de un proceso de privatización fraguado en función de determinados grupos de poder, el deterioro medioambiental, la presencia de grupos criminales en el seno de la PNC... Todo ello socava los esfuerzos por construir una sociedad democrática en El Salvador. Lo más preocupante es que nada indica que en 1999 esos dinamismos van a ser erradicados. Las mismas figuras y partidos seguirán regentando la política, los mismos intereses empresariales continuarán disputándose lo que queda del país, al parecer el mismo partido controlará el ejecutivo por un quinquenio más. Hay suficientes razones para no alegrarse por el futuro de El Salvador. Un cambio sustantivo en el modo de hacer política, de asumir los retos empresariales y de orientar los esfuerzos estatales no se vislumbra en el horizonte. Quizás habrá que esperar a dos o tres generaciones nuevas de salvadoreños para que los vicios y limitaciones de las que actualmente dirigen los destinos del país puedan ser superadas. Mientras tanto, no queda más que buscar, entre lo peor, lo mejor.

 En materia política, 1998 ha estado marcado por la carrera de los partidos hacia las elecciones presidenciales de marzo de 1999. Las modificaciones en el equilibrio de fuerzas a nivel legislativo y edilicio, producto de los resultados de los pasados comicios, anunciaban de antemano que 1998 sería un año determinante. Determinante porque el significativo aumento de cuotas de poder experimentado por el FMLN puso de manifiesto la posibilidad real de que este instituto político se hiciera del ejecutivo en 1999.

Esto no sólo puso en aprietos a ARENA —que para entonces enfrentaba una seria crisis de credibilidad—, sino también al mismo FMLN. El primero se veía obligado a trazar un plan lo suficientemente bien pensado como para permitirle recuperar la simpatía perdida. El segundo debía llevar a cabo la compleja tarea de responder satisfactoriamente a las expectativas generadas tras su elección, al tiempo que delineaba su estrategia electoral para los comicios presidenciales. Evidentemente, el reto del partido oficial iba a ser menos duro y más fácil de llevar a cabo que el del principal instituto político de oposición.

Pero no sólo los dos extremos del espectro político debían ponerse a prueba a lo largo de este año; también a los partidos minoritarios las elecciones de 1997 les plantearon serios desafíos. Uno de ellos fue el de asumir un papel protagónico en el Organo Legislativo. Quebrantada la hegemonía de ARENA en la Asamblea y convertido el FMLN en tan fuerte rival suyo, era a los institutos políticos "pequeños" a quienes les correspondía mediar entre los dos polos. Además, se hallaban tales instituciones ante el reto de consolidarse internamente y de afianzar alianzas que les permitieran hacerle frente a la polarización. Sólo así se les abriría la posibilidad de convertirse en alternativas de poder para 1999, canalizando los votos de los potenciales electores insatisfechos con los partidos "grandes".

En resumen, el ejercicio electoral de 1997 dejó por sentado que la tarea de amalgamar el desempeño gubernamental con la estrategia a seguir para participar en las elecciones de 1999 debía ser asumida por toda institución partidaria que persiguiera un resultado satisfactorio en ellas. Cómo fue ese desempeño y hasta qué punto los partidos pudieron llevar a cabo el desafío planteado es lo que intentaremos analizar a continuación.

Sin duda es ARENA el partido que más y mejor se ha preparado para entrar en el proceso electoral del próximo año. El primer paso hacia esa ruta —después de una serie de medidas preliminares que ya habían sido tomadas— fue la elección de un candidato que resultó quizá más polémico de lo que el partido oficial hubiera deseado, pero que ha dado hasta ahora los resultados que los dirigentes areneros esperaban alcanzar con su nombramiento. Tal candidato, como es bien sabido ya, es Francisco Flores. Inicialmente, se pensó que la controversia generada alrededor de la figura de "Paquito" obedecía al hecho de que la propuesta de su precandidatura provenía de un grupo de jóvenes areneros dispuestos a cuestionar a la cúpula su predominio al interior del partido.

Hubo razones para mostrar cierto optimismo al respecto, pues, de haber sido cierto que la iniciativa de la juventud del instituto político gobernante había adquirido un dinamismo propio, allende al mandato de la cúpula y acorde a los intereses de las bases, una probabilidad de que ARENA estuviera democratizándose internamente se hubiera abierto. Pero la verdad fue que "Paco" Flores no era tan independiente como se pensó en un principio. Su deseo de representar al partido oficial en la contienda venidera no había surgido únicamente de una facción de jóvenes diputados areneros, sino también —y eso fue determinante— del sector al que pertenece Armando Calderón Sol.

Después de la oficialización de su candidatura, se supo que no fue la imagen de joven líder, intelectual y conciliador lo que le ganó a Flores la simpatía de las bases, sino que más bien esa imagen había sido definida de antemano por el actual Presidente y sus allegados como la más conveniente para nombrarlo su sucesor en el ejecutivo. Si ARENA pretendía innovar debía elegir a un candidato fuera de lo común, fue el razonamiento que llevó a Calderón Sol y los suyos a respaldar a "Paquito". Pero ese respaldo no fue unánime. Al interior del principal partido de derecha, otras figuras importantes discrepaban con la opinión del Primer Mandatario. Una de ellas fue la del presidente del COENA, Alfredo Cristiani.

Largas polémicas incentivaron los medios en torno a ese asunto. Pero lo cierto fue que, si bien Cristiani hubiera preferido a un candidato propuesto por él, al final eso terminó siendo prácticamente irrelevante. Primero, porque la voz del ex Presidente ya no parece ser determinante en las filas de ese partido; segundo, porque Flores tuvo una acogida popular satisfactoria desde el principio; tercero, porque, a pesar de sus limitaciones —el desgaste producido después de ocho años de administración, la coexistencia de grupos con intereses económicos de distinto tipo, el verticalismo y la poca apertura democrática predominantes, entre otros—, ARENA sigue siendo el partido que más alto nivel de institucionalización posee, lo cual hace posible que, pese a las fisuras, la unidad de la institución no se resquebraje ante la mínima contrariedad.

Paralelo a este proceso de consolidación de la candidatura de Francisco Flores —que continuó con las visitas de "Paco" a todos los departamentos del país, siguió con la formulación de su plan de gobierno y culminó con la apertura de la campaña electoral—, ARENA ha venido realizando su tradicional "proselitismo gubernamental"; esa condenable costumbre de aprovechar cualquier oportunidad para hacerse propaganda. Es evidente que a lo largo del año el partido oficial ha ido intensificado el número de campos pagados, cuñas radiales y anuncios televisivos que publicitan las "bondades" que el gobierno de Calderón Sol le ha traído a la población salvadoreña.

Expertos en aprovecharse de poseer el control del Estado, los funcionarios areneros hacen de cualquier evento, por mínimo que sea, ocasión de porras a su favor. Casos lamentablemente paradigmáticos de ello han sido la publicación de una campaña propagandística en contra del FMLN —cuando éste exigía el estudio de la situación de la deuda externa como condición para aprobar un préstamo al sector educativo— y la burda utilización que de la entrega de donativos internacionales a los damnificados del "Mitch" están haciendo el Presidente y la Primera Dama con el fin de figurar y adquirir popularidad.

En el primero de los casos mencionados, fue de las arcas del Ministerio de Educación de donde —por orden directa del ejecutivo, sin previa consulta a la titular de esa cartera— se extrajeron los fondos para financiar la millonaria campaña antiefemelenista. De ahí una de las razones por las cuales la más sobresaliente integrante del gabinete de Calderón Sol, Cecilia Gallardo de Cano, decidiera abandonar el cargo. A tan inesperada dimisión siguieron cuatro más, todas de funcionarios de alto rango en el gobierno arenero: la de Roberto Orellana Milla, Presidente del Banco Central de Rerserva (BCR); la de Ana Cristina Sol, Comisionada Presidencial para la Modernización del Estado; la de Arturo Zablah, Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); y la de María Teresa de Rendón, Presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

El corto lapso de tiempo en el que se dieron estas renuncias impidió creer el argumento con el que unánimemente los titulares las justificaron: "motivos personales", arguyeron todos. Pero era obvio que más que tener que ver con "motivos personales", la fuga masiva de funcionarios estaba relacionada con la inconformidad de éstos con la conducción que del gabinete estaba haciendo Calderón Sol. El mal manejo de los fondos del Estado y la incapacidad del Presidente de separar los intereses del partido de la dinámica gubernamental parecen ser explicaciones más acertadas del fenómeno de las renuncias masivas.

Del segundo de los casos en cuestión sólo resta añadir lo reprobable que resulta el hecho de que la administración arenera se halla dado a la labor de capitalizar para su beneficio partidario un mérito que no corresponde más que a los países que solidariamente han contribuido a la reconstrucción de las zonas afectadas por la tormenta. Ciertamente, muchos de los partidos políticos han pretendido salir beneficiados de algún modo del trágico acontecimiento. Pero la forma descarada en la que el gobierno arenero ha estado sacando ventaja de su cuota actual de poder, para recibir créditos que no le corresponden en lo más mínimo, es sin duda la más condenable. Así pues, el gobierno, más que preocuparse por elaborar un plan de reconstrucción que determine cómo será invertido el dinero y qué institución estatal será la encargada de administrarlo, se halla afanado buscando pretextos para publicitarse.

Basten estos ejemplos —entre muchos otros que podrían darse— para ilustrar que si bien es cierto que ARENA es el instituto político que con más cuidado y anticipación ha planificado su llegada a marzo de 1999, también lo es que esos preparativos tienen un carácter eminentemente formal. No hay nada de fondo en el desempeño gubernamental de ARENA que pruebe que el partido oficial está realmente dispuesto a subordinar los intereses del partido a las exigencias que un gobierno para todos —como el que dice estar llevando a cabo— plantea. Es más, las políticas que ha implementado ponen serios reparos al retórico discurso según el cual lo que se desea es el bien común.

Es cierto que ARENA ha aventajado al FMLN en cuanto a las posibilidades de triunfo en los próximos comicios, pero sería un error pensar que esto se debe a que el electorado está superando su inconformidad con respecto a aquél. El que el partido oficial haya alcanzado mayores niveles de popularidad en las últimas semanas se debe a su habilidad para vender los "logros" de su administración y las maravillas que promete su candidato. Así las cosas, si ARENA resulta nuevamente electo en las próximas elecciones no será debido al reconocimiento y beneplácito del electorado con su gestión —porque muy pocas cosas hay en ella que merezcan reconocimiento. Será gracias al impresionante aparato publicitario que, en detrimento de la consolidación de un aparato gubernamental eficiente y responsable, se ha dedicado a construir en los últimos años.

Los obstáculos del FMLN en la lucha por alcanzar el ejecutivo

Desde el punto de vista de su desempeño en el pleno y en las administraciones municipales, hay que decir que el FMLN no ha logrado ponerse al nivel de las expectativas que su triunfo en los pasados comicios le plantearon. En la Asamblea, el Frente no ha podido hacer más que intentar poner cortapisas a las iniciativas areneras, muchas veces cuando era poco lo que se podía hacer para revertirlas —como fue el caso de las AFPs. Valiosas oportunidades de demostrar su compromiso con las mayorías se escurrieron de las manos de los diputados efemelenistas de manera injustificada. Lamentable ejemplo de ello fue la elección del Procurador de derechos humanos.

En este sentido, injusto sería responsabilizar completamente al FMLN del modo en el que el Organo Legislativo arribó, tras interminables debates, a tan cuestionable conclusión. Lo que sí cabe reprocharle es su participación en el estancamiento de la elección, pues nada determinante hizo el partido de izquierda para evitar la acefalía a la que durante meses la indecisión de los diputados sometió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Y no es que ARENA y los demás partidos no fueran responsables de velar porque esa institución —surgida de los Acuerdos de Paz y destinada a proteger los derechos de la ciudadanía— contara con la persona idónea para conducirla. Es que, teniendo en cuenta la mentalidad que ha caracterizado a los partidos de derecha que con más peso cuentan en la Asamblea —ARENA, PCN y PDC—, era del Frente de quien cabía esperar mayor preocupación y compromiso para con la PDDH.

Fue este el más sobresaliente caso en el que la indefinición y la tardanza de los diputados del FMLN convirtieron a su instituto político en blanco de críticas. Pero también en otros asuntos relacionados con la problemática social la participación del principal partido de oposición ha dejado mucho que desear.

Otro tanto sucede con la gestión edilicia del Frente. No se puede dejar de reconocer, claro está, que los gobiernos municipales efemelenistas han tenido que embarcarse en la enmienda de los males que la corrupción y la incompetencia de las administraciones anteriores habían dejado en las alcaldías. Sin embargo, los ediles tienen ya un año y medio de haber sido electos y pocos son los logros que pueden reconocersele al FMLN en ese rubro. Por razones obvias, es la alcaldía de San Salvador la que más ha dado de qué hablar en este aspecto. Resulta que de todos los proyectos que Héctor Silva prometió llevar a cabo, sólo el de la recuperación del centro histórico se ha empezado a poner en marcha. Y es que a las dificultades con las que Silva tuvo que habérselas al inicio de su gestión, entre las que indudablemente se incluye la falta de recursos, deben añadirse las repentinas aspiraciones de éste a convertirse en candidato presidencial del FMLN.

No es descabellado afirmar que lejos de haber sido beneficioso para el Frente pensar en Silva como posible candidato —dado su talante moderado y su relativa independencia del partido—, para la alcaldía pudo haber sido perjudicial que Silva cayera en el juego preelectoral de aquél. No hay que olvidar que para llevar a cabo los proyectos que ha planeado, el edil capitalino está obligado a negociar, entre otros sectores, con grupos que difícilmente vieron con buenos ojos tanta cercanía a un partido con respecto al cual no dejan de sentir cierta desconfianza. Si esto es verdad, el empeño de Facundo Guardado en impulsar la candidatura de Silva pudo haber sido desfavorable tanto para la alcaldía como para el FMLN.

Pero vayamos ahora a los desafortunados intentos del Frente por consolidar una fórmula presidencial que lo pusiera a la altura de ARENA. Tres Convenciones Nacionales, dudosos ajustes en el reglamento del partido e innumerables cambios en las figuras fueron necesarios para que los correligionarios efemelenistas eligieran a los candidatos que los representarán en las urnas durante las elecciones venideras. Alto fue el precio que tuvo que pagar el FMLN por su intento de democratizarse. El desgaste y descrédito que adquirió tras la elección y la poca acogida con la que fue recibida la fórmula, son prueba de ello.

Y es que de no haber sido porque los dirigentes del partido de izquierda convirtieron las elecciones primarias en el terreno en el que debían dirimirse sus pugnas intestinas, el saldo que éstas trajeron no hubiera sido tan nocivo. Lamentablemente, lo que en principio se planteó como un proyecto democratizador, en la práctica se desnaturalizó por completo, evidenciando que ninguna de las partes en conflicto— "ortodoxos" y "renovadores"— estaba dispuesta a aceptar la decisión de la mayoría, si ello implicaba ceder espacio a su adversario ideológico.

Rebotando de un desacierto a otro, el FMLN logró al fin elegir a Facundo Guardado y Marta Valladares como su fórmula presidencial. De nuevo, el ala "progresistas" pareció salirse con la suya, pero a qué precio. La polarización interna, la desconfianza del electorado en la capacidad del Frente para gobernar, una considerable disminución en las posibilidades de acceder al ejecutivo... son los problemas que los candidatos heredan de la anterior coyuntura y con los que tendrán que habérselas a lo largo de la campaña. Ello, sumado a que esta candidatura no goza de un consenso significativo dentro del partido ni de aceptación fuera de él, pone serios reparos al intento del Frente de sustituir a ARENA el año que viene.

Así las cosas, es evidente que el FMLN no ha sabido articular los requisitos necesarios para posicionarse con fuerza frente al partido gobernante en los futuros comicios: realizar un buen desempeño gubernamental, por un lado, y elaborar una estrategia eficaz, capaz de competir con la de ARENA, por el otro. Lo más preocupante es que el Frente no sólo fue incapaz de articularlos, sino que ni siquiera pudo lograr avances significativos en la construcción de cada uno de ellos por separado.

Como se había señalado ya, tras los resultados de las elecciones de 1997 se supuso que los partidos de centro eran los llamados a contrarrestar la tensión que la polarización traería al Órgano Legislativo. En ese sentido, el número de escaños que alcanzó el PCN (11) lo convirtió en el más determinante de ellos. Que ese buen resultado se hubiera dado tras la incorporación a la cúpula pecenista de un grupo de disidentes de ARENA dio pie a pensar que el PCN se mantendría firme en sus aspiraciones de adquirir autonomía respecto de aquél y consolidarse como una verdadera alternativa de poder en 1999.

Sin embargo, si bien es cierto que inicialmente la fracción legislativa de dicho partido respaldó ciertas iniciativas del FMLN y dio muestras de querer convertirse en una fuerza de oposición real, el escaso protagonismo que ha caracterizado al PCN este año y las dificultades que han presentado los antiguos areneros para adaptarse a su seno indican que el proyecto pecenista ni se cristalizó ni va a cristalizarse en el futuro inmediato. Si a eso añadimos lo mal que se ha preparado el partido para entrar en la contienda, más difícil aún será no mostrar pesimismo con respecto a él.

El hecho de que, iniciado ya el período oficial de la campaña, el PCN no hubiera designado a su candidato a la vicepresidencia anticipa el bajo perfil que seguramente acompañará al partido durante todo el proceso electoral. Y no se trata de un bajo perfil en relación al de los demás partidos "pequeños", sino más bien en relación al que hubiera podido adquirir de haberse tomado más en serio lo favorable que le fueron los comicios pasados.

Pero más grave que la tenue participación del PCN en la vida política nacional es, sin duda, la crítica situación en la que los grupos que conforman al PDC han mantenido a su partido a lo largo del año. Lejos de haber abonado puntos a la unificación, los diferentes sectores democristianos han permanecido enfrentados; ciegos a la evidencia de que su enfrentamiento no pudo más que recrudecer la pugna intestina. Por un lado, los incansables detractores de Ronal Umaña llegaron hasta el extremo de establecer una dirigencia paralela que, desde el seno mismo del partido, ha intentado a toda costa socavar el mandato del Secretario General pedecista. El alto costo político que el PDC ha tenido que pagar por ello es algo que los inconformes parecen haber pasado de largo por completo.

Por otro, el retórico discurso en defensa de la unidad del partido, que Umaña adoptó poco antes de la elección del candidato presidencial, no hizo más que exacerbar los ánimos de sus opositores. Y es que hablar en nombre de la consolidación habiendo sido su cargo fruto de una agria controversia y, más aún, habiéndose convertido él en el objeto de la confrontación no era menos que la más descarada muestra de cinismo. Por si fuera poco, aquello fue sólo el preludio de lo que más tarde vendría a caldear más todavía los ánimos de los detractores de Umaña: la eliminación de las elecciones primarias que el Secretario democristiano efectuó con el fin de nombrar, arbitrariamente, a Rodolfo Parker como candidato a la presidencia.

Pero el comportamiento de Umaña no sorprendió a nadie. Era lo menos que cabía esperar de quien se ha caracterizado por utilizar al PDC a su antojo, cuando de obtener beneficios personales se trata. Esta vez el Secretario pedecista necesitaba consolidar la candidatura de Parker a como diera lugar, debido a las componendas de las que dicha designación había sido fruto. Se rumora que —en alianza con el grupo "Amigos de la Libertad", por un lado, y con Alfredo Cristiani y sus allegados, por el otro— el objetivo de Umaña es restar la mayor cantidad de votos que le sea posible a ARENA con el fin de obligarlo a ceder, si no la vicepresidencia, sí importantes cuotas de poder a la Democracia Cristiana en el futuro gobierno.

Así las cosas, parece claro que lo único que ha conseguido el PDC bajo la conducción de su actual mandatario es perpetuar la crónica enfermedad de la que el partido ha venido padeciendo desde hace décadas. Atravesada por las más crudas disputas internas y plegada a los intereses de los sectores económicamente dominantes, la Democracia Cristiana se ha convertido en paradigma del atraso que caracteriza al proceso de institucionalización democrática en El Salvador. Un instituto político cuya vida no da más vueltas que alrededor de sí mismo ni puede ser verdaderamente representativo ni su desempeño puede reconocerse como un ejercicio propiamente democrático.

Con respecto a los demás partidos minoritarios, es importante recalcar lo propensos que éstos han sido tanto a la falta de definición de sus plataformas ideológicas, como a la improvisación en la preparación de sus estrategias electorales en miras a 1999. De lo primero, hay que decir que si bien es cierto que ciertos institutos políticos de centro han venido intentando consolidar alianzas, la estabilidad que de ellas se puede esperar es bastante incierta. Tal es el caso del Centro Democrático Unido (CDU), integrado por una serie de fuerzas —la CD, el PD, el PPL, el MUDC (Movimiento de Unificación Demócrata Cristiano) y el partido en formación Fe y Esperanza— entre las cuales no se observan puntos de coincidencia: sea porque no ha terminado de quedar clara la concordancia existente entre ciertos planteamientos medianamente consolidados, sea porque la escasa o nula presencia de ciertos grupos en la opinión pública dificultan la determinación de sus propuestas.

De lo segundo, el hecho de que avanzado ya el proceso electoral LIDER, el PLD, PUNTO y el CDU o bien no hubieran terminado de decidir si participarían o no en la contienda, o bien no hubieran elegido siquiera a quienes serían sus candidatos en los comicios, desdijo mucho de la capacidad de estos de ser consecuentes con la posición crítica que discursivamente mantienen frente a la polarización. Parece contradictorio que, pese a proclamar en cada oportunidad la necesidad de establecer un bloque de centro que canalice la inconformidad del electorado con respecto a ARENA y al FMLN, cuando se les presenta la oportunidad de hacerlo, los partidos en cuestión se esfuercen tan poco por conseguirlo.

La campaña electoral lleva ya casi dos meses de haberse iniciado. La polarización, la ventaja de ARENA sobre el FMLN y la pobre participación de los partidos minoritarios en ella, son las notas características que el actual proceso electoral compartirá con el que le antecedió. Que el FMLN hubiera sabido mantener sus amplias posibilidades de desbancar a ARENA del ejecutivo; que su desempeño gubernamental hubiera sido loable; que los partidos minoritarios hubieran alcanzado algún protagonismo en el pleno y hubieran logrado, finalmente, su consolidación; que ARENA se hubiera preocupado más por la problemática del país que por no perder la silla presidencial... son las novedades que cupo esperar de 1998 en el plano político. Ahora tales expectativas parecen casi milagros imposibles.

Ciertamente, ninguno de los partidos logró dar una respuesta satisfactoria a los desafíos que las elecciones de 1997 les plantearan a cada uno. Sólo dos innovaciones ameritan ser tomadas en cuenta en este examen: la designación de Francisco Flores en la candidatura de ARENA y el hecho de que en la campaña electoral la beligerancia y la confrontación no han prevalecido sobre las propuestas serias y pertinentes. Ambas novedades se vinculan en la convicción a la que finalmente llegó el partido oficial de que no es atacando al contrincante como se logra el triunfo en las elecciones. Eso hay que reconocerlo, pero, como se dijo ya, se trata de una cuestión de forma y no de fondo.

Por lo demás, resta decir que si bien es positivo que en este proceso electoral los partidos se concentren en hacer propuestas atinadas, a la luz de su desempeño gubernamental tales propuestas palidecen irremediablemente. Y es que, como hemos visto, los partidos parecieron no vislumbrar la importancia de hacer una buena gestión como requisito para captar votos en los futuros comicios. Si el "vamos a hacer" del proselitismo hubiera podido convertirse en un "hicimos", probablemente la sombra del abstencionismo, el descrédito y la desconfianza no se cerniría como ahora lo hace sobre los políticos y todo lo relacionado con ellos.

Balance económico  

Durante 1998 se suscitaron al menos cuatro dinámicas que marcaron claramente el comportamiento económico: las privatizaciones, la propuesta impositiva de la Alcaldía Municipal de San Salvador, el incremento de los encajes bancarios y el desastre provocado por la depresión tropical "Mitch". Debido a esta última inclusive las proyecciones oficiales debieron ajustarse.

Uno de los logros más importantes habría sido un crecimiento del PIB en el orden del 3.8%; sin embargo, los niveles de crecimiento de 3% a 4% obtenidos en los últimos años no son suficientes como para esperar mejorías considerables en las condiciones de vida de la población. Ni siquiera las altas tasas de crecimiento de 6% y 7%, obtenidas en los primeros años de la década de 1990, mostraron tener incidencia decisiva en el comportamiento del empleo y la pobreza.

A nivel del sector externo se continua planteando el dilema de la devaluación como posible medida que estimule el crecimiento de las exportaciones a través de una reducción de su precio expresado en dólares y con ello a un incremento de su competitividad. Esto principalmente debido a que en 1998 se renovó la tendencia hacia el incremento en el déficit de la balanza comercial.

Sólo la afluencia de remesas explica, en lo fundamental, porqué el tipo de cambio no se ha desplomado con los elevados y crecientes déficits en la balanza comercial que se han reportado a lo largo de toda la década de 1990. Esto, conjuntamente con las prácticas de control de la masa monetaria, han permitido mantener niveles inflacionarios de un sólo dígito desde el año 1996.

En las siguientes líneas se argumenta que, pese a la permanencia de la estabilidad económica, El Salvador aún no ha sido capaz de implementar un aparato productivo capaz de generar las exportaciones necesarias para mantener el crecimiento y la estabilidad, ni tampoco de producir los bienes necesarios para consumo e inversión. Asimismo, se reseñan las principales características de los hechos más importantes que han afectado el entorno económico en el año 1998.

Como se mencionó al principio, la producción no creció a la tasa esperada de 4% y, de acuerdo a datos estimados del Banco Central de Reserva, será, al cierre del año, de 3.8%. A diferencia de los ocho años precedentes esta vez el crecimiento no se habría concentrado en los sectores terciarios de la economía, pues el sector manufacturero experimentó un importante repunte durante 1998, mientras que las actividades terciarias experimentaron una sensible baja en su tasa de crecimiento. Sólo el sector agropecuario continuó con su etapa crítica, la cual se remonta prácticamente hasta la década de 1980. En cambio los sectores comercial, servicios y financieros han experimentado una expansión mucho más vigorosa, aunque no tanto como la de 1997.

De acuerdo al Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), elaborado por el BCR, el sector más dinámico de 1998 fue la industria con una tasa de crecimiento sectorial de 7.4%; seguida por el transporte, almacenaje y comunicaciones con 7.3%; electricidad y agua 5.5%; servicios financieros, construcción y servicios personales con un 3.7% y comercio con 2.2%.

Sin temor de ser pesimistas, cabe agregar que en realidad el dinamismo de la industria se debe en gran medida a la expansión de la maquila, especialmente de ropa, que se realiza en zonas francas y genera más un 40% del valor total de las exportaciones. La industria doméstica tradicional no está creciendo a esas tasas y se encuentra en desventaja competitiva frente a la desgravación arancelaria, la cual se reseña más adelante. Adicionalmente, debe mencionarse que la tasa general de crecimiento, aunque hubiera alcanzado el proyectado 4%, se encontraría a niveles extremadamente bajos en relación a las tasas de crecimiento experimentadas entre los años 1992 y 1995. Para mejorar sustancialmente el ingreso por habitante se requieren tasas de crecimiento mucho más elevadas del 4%.

En términos de empleo, las tendencias sectoriales de crecimiento exhibidas hasta 1997 provocaron una menor generación de empleo en relación a la que se produciría si el crecimiento hubiera estado concentrado en los sectores agropecuario e industrial y no el financiero, por ejemplo, pues la mayor parte de los ocupados se encuentran en los sectores agropecuario e industrial, un 46% para 1997, mientras que los establecimientos financieros dan empleo a solamente un 1.3% de los ocupados.

Con todo, de acuerdo a datos citados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), la tasa de desempleo abierto se redujo, pasando de 8% en 1997 a 7.2% en 1998, lo cual supuso la creación de 375 mil puestos de trabajo. Esta dato es congruente con la supuesta reactivación del sector industrial, aunque se levantan dudas razonables acerca de la posibilidad de generación de empleo de este sector, y más en concreto de la maquila. A lo largo de toda la década los empleados en este subsector apenas llegan a las 70,000 personas.

La inflación, aunque sólo fue de 3.8%, se incrementó sustancialmente en 1998, pues para 1997 fue de 1.9%. Con todo, esta es una de las tasas históricas de inflación más bajas, lo cual no resulta en realidad demasiado destacable en un contexto de abundancia de divisas y férreo control de la masa monetaria, tal como se explica más adelante.

De acuerdo a datos gubernamentales, el incremento de la inflación se debe principalmente al impacto de "Mitch" en los productos agrícolas experimentado a partir de noviembre. Lo cierto es que después del desastre se experimentaron alzas inmoderadas en los precios de los productos básicos en las zonas afectadas, y hasta en el mismo San Salvador, los cuales incluso obligaron a la Asamblea Legislativa a promulgar un decreto con el que se sancionaba con prisión el acaparamiento y la especulación de precios.

En lo tocante al salario mínimo es importante destacar que en mayo este fue incrementado en un 9%, pasando desde los 1,150 a los 1,260 colones mensuales en el caso del comercio, industria y servicios. Este incremento es el primero que se realiza desde julio de 1995 y resulta claramente insuficiente siquiera para recuperar el nivel de salario real existente en este momento; mucho más para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos y, peor aún, la canasta ampliada. Para diciembre de 1992 se estimaba que el costo de la canasta de alimentos era de 1,313.38 colones, la de vivienda 728.30 colones, la de vestuario 223.05 colones y la de misceláneos 895.66 colones; en total la canasta ampliada tenía un costo de 3,160.4 colones. Para 1998 el valor de la canasta de alimentos habría elevado su valor hasta cerca de 2,400 colones y la canasta de mercado habría alcanzado aproximadamente 4,900 colones.

Ateniéndose a estos datos, ni el salario mínimo de la industria, comercio y servicios sería suficiente para cubrir el costo de la canasta de alimentos, mucho menos de la canasta de mercado. Se necesitarían casi 2 salarios mínimos para adquirir la canasta de alimentos y 4 salarios mínimos para adquirir la canasta básica ampliada.

La situación del sector externo continua en aparente tranquilidad, con estabilidad en el tipo de cambio, balanza de pagos superavitaria e incremento sostenido de las Reservas Internacionales Netas. Un examen más detallado revela que estas señales son más bien aparentes, y que las verdaderas causas del desequilibrio externo están aún presentes. En efecto, al examinar el comportamiento de exportaciones, importaciones, balanza comercial y saldo de cuenta corriente resulta claro que en realidad la economía no es capaz de mantener el comercio internacional sin recursos externos. Se importa mucho más de lo que se exporta, pero se recibe más en concepto de remesas familiares de trabajadores que no pudieron ser absorbidos por la economía salvadoreña radicados mayoritariamente en Estados Unidos.

Un examen del comportamiento de la balanza comercial revela que esta ha venido experimentado incrementos sostenidos de su déficit tal como muestra el cuadro 2. Entre 1994 y 1997 el déficit en la balanza comercial pasó desde los 1,325 a los 1,817 millones de colones

El déficit del Sector Público no Financiero (DSPNF) habría alcanzado un 2.3% del PIB durante 1998, como resultado de un incremento del gasto por encima de los ingresos públicos. Las mayores presiones hacia el incremento del gasto son resultado de presiones para financiar las áreas de seguridad pública, administración de justicia y social y también a partir necesidades surgidas a partir del proceso de privatización de las telecomunicaciones. Esta última, generó gastos por el orden de los 240 millones de colones para indemnizar a los trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

El déficit fiscal tiene dos causas principales: dificultad para expandir los ingresos tributarios e incrementos del gasto público por encima del incremento de los ingresos. La reforma del sistema tributario no ha resuelto el problema del déficit porque aunque logró incrementar la recaudación con la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), también provocó reducciones por la eliminación de los impuestos a las exportaciones y al patrimonio, la desgravación arancelaria y la reducción a la mitad del impuesto sobre la renta que pagan las empresas.

A partir del segundo semestre de 1998, se registraron nuevas reducciones en los impuestos a las importaciones o aranceles, los cuales pasaron de 20% a 17% para los bienes terminados, de 15% a 12% para algunos bienes intermedios y de 10% a 7% para otros. Esto habría provocado que los impuestos a las importaciones se redujeran en un 3.1% y cayeran de los 1,278 a los 1,240 colones. El efecto no ha sido tan notable por dos razones: sólo estuvo vigente durante el segundo semestre y el incremento de las importaciones ha compensado la reducción de los aranceles.

Por otra parte, el déficit también se incrementa como resultado de las presiones para aumentar el gasto público en administración de la justicia, seguridad pública y, más recientemente, financiamiento de los gobiernos locales. En el Presupuesto General de la Nación de 1998 este último tema adquirió especial importancia mientras que, para 1999, se proyecta que el presupuesto del ramo de seguridad pública se incrementará en un 13.9% (180 millones de colones), mientras que la administración de justicia aumentaría un 27.2% (313.2 millones de colones). En conjunto, la seguridad pública y administración de justicia con todos sus componentes alcanzará un 24.6% del presupuesto destinado para el financiamiento de las instituciones y un 16.8% del presupuesto total.

Presiones adicionales sobre las finanzas públicas se experimentan por elementos netamente coyunturales, tales como la indemnización de ex empleados de ANTEL y, más recientemente, por las necesidades adicionales requeridas para la atención del desastre provocado por la depresión tropical "Mitch". De acuerdo al Presidente Calderón Sol, en un primer momento se asignaron 150 millones de colones para la atención de la emergencia; sin embargo, falta por ver cual será el efecto neto una vez consideradas las donaciones.

En este campo el aspecto más destacable ha sido el inicio de un proceso de ajuste del encaje bancario que persigue llevarlo hasta un 24% para el mes de marzo de 1999. El incremento en los encajes habría dado inicio en junio pasado cuando se comenzó a elevar la tasa de encaje bancario en 0.3 unidades mensuales.

Las tasas de interés, por otra parte, aún presentan niveles considerablemente altos en relación a la inflación, pero lo más cuestionable es el fuerte margen de intermediación financiera prevaleciente. Una cifra de margen de intermediación aceptada hasta por el mismo Presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña, Archie Baldocci, y calculada por el BCR es de 5.1%. Esta cifra no contempla el efecto de las elevadas comisiones que cobra el sistema bancario y es, más bien, un promedio pues existen casos extremos.

Un ahorrante de uno de los mayores bancos del país que, a la vez, es usuario de préstamos al consumo, está recibiendo un 4% por sus depósitos de ahorro y estaría pagando cerca de 23% por su préstamo. Esto implica que el margen de intermediación de los bancos en estos casos podría estar llegando hasta un 19% como margen de intermediación, sin considerar comisiones. Por su parte, un empresario podría estar pagando hasta un 6% en el mismo concepto debido a que recibe mayores tasas por sus depósitos y paga menos por sus préstamos.

Las expectativas para 1999 de cara al incremento de los encajes son hacia el aumento de las ya de por sí elevadas tasas de interés. De hecho, esta tendencia se experimentó ya durante el segundo semestre de 1998 en algunas instituciones financieras. Un dato de importancia en el ámbito financiero de El Salvador fue el cierre de la asociación de ahorro y préstamo, Crédito Inmobiliario S.A. (CREDISA) debido a su descapitalización. Empero, en este caso, no se defraudó a los depositantes, quienes fueron absorbidos por tres bancos del sistema, al igual que los activos de CREDISA.

Aunque debe reconocerse que este caso no tiene comparación con el caso de Financiera de Inversiones Seguras y Productivas (FINSEPRO), sí revela que al interior de las instituciones financieras existe demasiada discrecionalidad sobre los uso que deben hacerse de los fondos del público. Esto se refleja claramente en las actuales tasas de interés y en la marginación del sector agropecuario e industrial del crédito para favorecer la construcción, el comercio y los servicios.

La propuesta de la Alcaldía Municipal de San Salvador en relación a los impuestos municipales ha sido un tema polémico, tanto desde el punto de vista político como desde el económico. Las implicaciones de una propuesta impositiva como la de la Alcaldía Municipal de San Salvador son importantes en la medida en que contradicen completamente el espíritu de la reforma tributaria implementada por los dos últimos gobiernos de ARENA en la década de 1990.

Como se mencionó arriba, uno de los efectos de esta reforma ha sido la eliminación de impuestos que eran pagados por los empresarios: exportaciones, renta de personas jurídicas, patrimonio, timbres; y la adopción del IVA como principal impuesto y el cual, a su vez, se presta fácilmente para que los contribuyentes inscritos evadan el pago del IVA hasta en su consumo personal, algo no permitido por su ley de creación.

La tabla de impuestos propuesta por la Alcaldía de San Salvador está diseñada de manera progresiva, es decir, a medida que se avanza en los niveles de activos de las empresas, en esa medida también se incrementa la tasa de impuestos para cada sector y viceversa. Esto contradice el planteamiento que subyace en la reforma tributaria de ARENA sobre la unificación y generalización de las tasas impositivas.

Debido a la concentración de la actividad bancaria en el municipio de San Salvador, uno de los sectores más afectados será el sector financiero, el cual sufrirá incrementos de consideración en sus tasas impositivas. Algunos contribuyentes se enfrentarían a un astronómico incremento de sus impuestos municipales, especialmente debido a que, en la estructura actual, los sectores de mayor capital imponible son los que pagan menos impuestos, mientras que en la propuesta de la Alcaldía sería lo contrario. Así, por ejemplo, un contribuyente con un capital de 175 millones de colones verá incrementarse sus impuestos en un 1700% pasando de un nivel de sólo 35,000 colones a otro de 630,000 colones. En cambio, contribuyentes de menor capital verían disminuir sus contribuciones

Lógicamente, la propuesta ha generado reacciones adversas de parte de los afectados aglutinados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el trámite de reforma tributaria municipal se encuentra empantanado dentro de una comisión de la Asamblea Legislativa, pero algo que resulta claro de lo anterior es que, en la actual coyuntura, nadie niega la necesidad de incrementar los impuestos municipales para implementar proyectos de beneficio social y ambiental. La diferencia fundamental entre los sectores involucrados radica en el monto y la procedencia de los impuestos adicionales.

En la práctica, el dilema de la fuente de nuevos impuestos se plantea tanto para el gobierno central como para los gobiernos locales, pero cada vez es más claro que los sectores asalariados están pagando ya su cuota de impuestos, inclusive excesiva, mientras que el sector empresarial ha visto reducida su carga fiscal y pretende que esto continúe siendo así.

La viabilidad del país depende no solamente de contar con un sector privado dinámico y con alta generación de empleo, sino también de contar con suficientes ingresos fiscales para financiar el desarrollo social, la infraestructura de apoyo y el saneamiento ambiental, para lo cual se hace necesario el respaldo del sector empresarial. Más que una pérdida, los impuestos deberían verse como una inversión en seguridad, capacitación de mano de obra, elevación de la calidad ambiental y mejoramiento de los medios de comunicación.

Durante 1998, se reportaron los tres procesos de privatización más importantes de la década: la venta de las cuatro distribuidoras de energía eléctrica, la privatización del sistema de pensiones y la venta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

La privatización de las distribuidoras de energía eléctrica se gestó desde 1992, cuando se iniciaron los estudios para la privatización en el sector energía, y continuó con la creación de las cuatro sociedades que aglutinaron los activos de las empresas distribuidoras a privatizar y la posterior aprobación de la Ley de Privatización de las Distribuidoras de Electricidad. Según esta última, la venta de acciones observaría las siguientes proporciones: 75% para inversionistas extranjeros, 20% para los empleados de las cuatro sociedades distribuidoras y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, y el restante 5% para inversionistas nacionales.

Entre septiembre y noviembre de 1997 se vendió el 20% correspondiente a los trabajadores, el 20 de enero de 1998 se subastó el 75% correspondiente a los inversionistas extranjeros y, próximamente, se proyecta vender el restante 5% destinado a los inversionistas nacionales en el mercado de valores. De acuerdo a versiones periodísticas, como resultado de la subasta de las distribuidoras se obtuvo un poco más de 586 millones de dólares ofrecidos por empresas de Venezuela, Chile y Estados Unidos.

Las implicaciones de la privatización en términos de las tarifas, de acuerdo a sus apologistas, serían muy positivas: las reducirían. Sin embargo, la realidad es otra, tal como lo evidencia el mismo marco legal de privatización de las distribuidoras. De acuerdo al artículo 122 de la Ley General de Electricidad, existe un programa trimestral de incrementos de precios para los usuarios residenciales con un consumo mensual inferior a los 500 kilovatios hora. Así, se planea una disminución gradual de los subsidios hasta llegar a eliminarlos en noviembre de 1999. Actualmente, el Estado asigna un subsidio de 262 millones de colones a los pequeños consumidores de electricidad. Para finales de 1998 se estimaría que el kilovatio pasaría de un precio de 0.39 colones a otro de 0.86 colones, lo cual implica un incremento de 120% sólo en el primer año.

En cambio, la misma Superintendencia General de Electricidad acepta que los sectores que consumen más electricidad verán reducido el precio del kilovatio hora, aunque sin especificar cuál sería el monto de la reducción. Esto beneficiaria fundamentalmente a la grande y mediana empresa, y especialmente a la industrial.

Afortunadamente para los pequeños consumidores el movimiento social generado en torno al proyecto y la intervención de la Asamblea Legislativa, el Presidente Calderón Sol optó por continuar con la política de subsidios para el consumo de la energía eléctrica y postergar los incrementos en las tarifas. Paradójicamente, lo anterior implicaría que, al menos de momento, la privatización habría fallado en su objetivo de reducir el gasto público. Cabe mencionar que en el futuro próximo la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa está contemplando la privatización de la generación eléctrica, pese a que ello ha sido negado por esta institución a lo largo de toda la década.

La privatización del sistema de pensiones, por su parte, se concretó a partir del día 16 de abril, cuando iniciaron formalmente sus operaciones las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Para finales de año, este sistema habría mostrado haber tenido éxito pues los niveles de afiliación sobrepasan ya el 50% de la población adscrita al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Aunque esto no es de extrañar, pues la ley del sistema de pensiones elevó la cotización del ISSS a niveles tales que volvieron más conveniente trasladarse a las AFP.

Existen múltiples cuestionamientos para el sistema, pero el más contundente es su efecto negativo sobre el ingreso disponible del trabajador. El incremento de las pensiones implicará un incremento de 300% para los trabajadores, al elevarse sus aportes para el sistema previsional desde un 1.5% hasta un 4.5%, con el agravante que la mayor parte del aporte (78%) se perderá en comisiones para las AFP. Para el año 2002, los aportes obreros llegarán a representará más de un 410% de los aportes actuales. Para 1999, la ley contempla incrementos en la tasa de cotización que oscilarán entre 0.75 y 1% adicionales. Así, el monto a cotizar subirá en un 37%.

Otra medida de privatización importante ha sido la de ANTEL, que se concretizó entre el 17 y 24 de julio pasados, después de enfrentar retrasos provenientes, en un primer momento, de la oposición laboral y, después, del cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa a partir de junio de 1997. Así, el 17 de julio fue vendido un 51% de la compañía de telefonía inalámbrica estatal (INTEL) a la Telefónica de España por un monto de U$41,009,900, mientras que el día 24 fue vendido el 51% de la compañía alámbrica a France Telecom por un monto de U$ 275,111,000, lo cual arroja un total combinado de U$316,120,900.

El problema de las tarifas también es una amenaza latente, pues la misma ley de telecomunicaciones contempla los incrementos. De hecho, el Presidente de CTE/ANTEL, Juan José Daboub, sostuvo que para 1998 no se incrementarán las tarifas, pero que la ley de telecomunicaciones permite ajustarlas de acuerdo a la inflación. El funcionario no descartó que en 1999 se registren incrementos. Por su parte, el Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Eric Casamiquela, afirmó que a partir del año 2003, la citada ley prevé que las tarifas se ajusten de acuerdo a la tasa de inflación y a la fluctuación del tipo de cambio.

Hasta ahora los fondos obtenidos de las privatizaciones no se han dedicado hacia el área social, tal como se ofreció en un principio y aún no se conoce con claridad cual será el destino que se les dará. Al margen de ello, se impone la creación de un plan nacional de inversión y generación de empleo permanente.

Durante los últimos días de octubre, la depresión tropical "Mitch" provocó fuertes pérdidas humanas y materiales en prácticamente todo el litoral del país, dejando más de 200 muertos y 50,000 damnificados. Una evaluación preliminar postdesastre mostró rápidamente que las dimensiones de las pérdidas económicas bien podían afectar seriamente el comportamiento de la producción y de otras equilibrios macroeconómicos. De hecho así fue, pues la producción se redujo, los precios se incrementaron, las importaciones de alimentos se han incrementado y el gasto público creció.

De acuerdo a datos recolectados por el Comité de Emergencia Nacional (COEN), los daños totales del desastre estarían cercanos a los 1,159 millones de colones y las mayores pérdidas se han concentrado en los cultivos, en vías terrestres y en infraestructura escolar, respectivamente. Este estimado contrasta fuertemente con estimaciones de gremiales agropecuarias, quienes fijan las pérdidas en 1,400 millones de colones solamente en los cultivos de exportación, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería fija las pérdidas en cerca de 800 millones de colones en el sector agropecuario. Esto implicaría que las pérdidas directas totales, fácilmente superarían los 2,000 millones de colones, cerca de un 2% del Producto Interno Bruto de 1998.

Cabe mencionar además que es posible esperar mayores efectos de este desastre a lo largo de 1999, ya que apenas han pasado dos meses desde su impacto y, en la práctica, el impacto de los desastres sobre la producción tiene un efecto de mediano y hasta de largo plazo.

En lo que respecta a la producción, 1998 ha sido un año esperanzador; por primera vez en varios años, la industria aparece como un importante dinamizador del crecimiento, aunque se trate de la industria maquilera. Sin embargo, debe lamentarse nuevamente la crisis estructural del agro, la cual incluye no solamente aspectos de política económica, sino también el impacto de desastres. El control de los precios internos por la vía del control de la masa monetaria se ha convertido en la principal política antiinflacionaria del gobierno con resultados aparentemente positivos, pero que tienen como contraparte la reducción de los recursos financieros disponibles para la inversión. Asimismo, permanecen las mismas condiciones de dependencia de las remesas familiares para mantener la estabilidad macroeconómica y, por lo mismo, continua el aletargamiento de los sectores exportadores del país.

La privatización experimentó enormes avances durante 1998, pero aún no despeja las dudas sobre sus efectos sobre las tarifas y sobre el bienestar de la población nacional. Lo único que sí resulta claro es que ha abierto nuevos campos para la acumulación económica tanto para empresarios nacionales como para empresas transnacionales.

Aparte de "Mitch", 1998 no fue un año diferente, pues se continuó con un crecimiento moderado con estabilidad económica y dependencia de las remesas familiares. Sin embargo, esta situación no puede sostenerse indefinidamente y no representa ninguna solución para el subdesarrollo. Lo que sí ofrece es la oportunidad de desarrollar los sectores generadores de exportaciones de empleo a través de una política de inversión en los sectores agropecuario e industrial, la cual podría desarrollarse en un contexto de relativa estabilidad socio-económica.

Fuente: Revista del Banco Central de Reserva, varios números.

* Proyectado

DSPNF: Déficit del sector público no financiero

Fuente: Banco Central de Reserva

Aunque en 1998 se han dado hechos desconsoladores, como los continuos y persistentes errores en la lucha contra la delincuencia o la sumisión de proyectos importantes para la ciudad a intereses puramente políticos, hay signos que dan pie al optimismo: en especial aquellos relacionados con el despertar de la participación ciudadana y la colaboración entre fuerzas antaño opuestas, si no irreconciliables. Por ello, es importante destacar la manera y los hechos que han permitido el surgimiento de estas nuevas situaciones. Además, teniendo en cuenta la cada vez mayor posibilidad de que ARENA ocupe la silla presidencial por tercera vez consecutiva, es de relevancia evaluar las dinámicas sociales que podrían actuar como un contrapeso a una administración que posiblemente no se diferencie en gran cosa de las que la han precedido.

Así pues, en las siguientes líneas se evalúa, en primer lugar, lo que en 1998 caracterizó a la lucha contra la delincuencia; en segundo lugar, los hechos más importantes relacionados con el proceso de ordenar y mejorar San Salvador; y, finalmente, las dinámicas que apuntan a un resurgimiento de la participación de la ciudadanía en los asuntos sociales.

Luego de que han pasado más de dos años desde que el tema se volvió prioritario en la agenda pública de puntos de discusión, sobre la delincuencia se ha dicho mucho —tal vez demasiado— sin que hasta la fecha se haya logrado alcanzar una visión englobante que explique satisfactoria y coherentemente sus causas, manifestaciones y consecuencias. Fuera de algunas excepciones, a la delincuencia —sea común u organizada— se le ha abordado parcializadamente y con intenciones ajenas a las que el problema requiere para ser comprendido y solucionado. Lo que es evidente ha sido pasado por alto: ningún plan ni medida que se aplique rendirá los frutos necesarios para frenar la delincuencia mientras no se disponga de esta visión de conjunto sobre el fenómeno.

Pero en El Salvador la problemática va aún más allá de la ausencia de este elemento tan esencial: el gobierno, en su afán de comercializar al país en el exterior y realzar su gestión, contra toda lógica y razón, ha sido reacio a reconocer la verdadera magnitud de la delincuencia y ha minimizado la responsabilidad que le corresponde en su solución. En 1998, el papel del Ejecutivo se redujo a fustigar a las instancias que la opinión pública y los medios de comunicación convirtieron en responsables del fracaso en la lucha contra la delincuencia.

Ante la falta de una visión y una dirección claras que vinculen su trabajo, tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como la Corte Suprema de Justicia o los jueces sólo supieron montar una comidilla de enrevesamientos, contradicciones y acusaciones mutuas. Cuando los medios señalaron que era la incompetencia de los jueces lo que hacía que la PNC no cumpliera con su labor, los primeros atacaron la poca preparación de los agentes o el desconocimiento de éstos de las normas procedimentales apegadas al derecho para aprehender a un delincuente; a la inversa, cuando los medios o el Presidente de la República dirigieron su dedo acusador contra la PNC o el Ministerio de Seguridad Pública, ambos contra argumentaron que los códigos penales y los jueces defendían más los derechos de los delincuentes que los de la población, atando así las manos de la PNC para perseguir a los criminales.

Algo que complicó aún más la problemática fue la presión que ejercieron los medios, en su pretendido papel de canalizadores de las exigencias y necesidades ciudadanas, y la actitud que ante ello asumieron las instancias gubernamentales responsables de combatir a la delincuencia. En esta relación, la acriticidad y el manejo político de la opinión pública fueron peligrosamente preponderantes. Por un lado, las instancias gubernamentales, en la confusión y falta de conocimiento del problema delincuencial que les caracteriza, fueron especialmente vulnerables a los señalamientos que emanaron de la prensa y la opinión pública. Se perdió de vista que la opinión ciudadana o la de los medios no siempre es la más acertada o la más calificada para discutir la validez de las medidas que se idean o se aplican para combatir a la delincuencia. Ciertamente, la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta a la hora de discutir el asunto que sea —en especial en aquellos que afectan sus formas de convivencia—, pero ella no debe sustituir al análisis técnico y la reflexión serena y lúcida.

Por otro lado, y de manera complementaria, esta vulnerabilidad fue alimentada en buena medida por la politización que de las cuestiones nacionales se hace. El "quedar bien" primó sobre el "actuar bien", tanto en los partidos políticos como en las instancias gubernamentales. Ya sea con el fin de atraer votos o granjearse el beneplácito de la opinión pública, muchos de los actores sociales involucrados en la lucha contra la delincuencia no dudaron en convertirse en veletas de las exigencias y manifestaciones ciudadanas, aun cuando éstas han sido, en no pocas ocasiones, irracionales e infundadas.

Uno de los mejores ejemplos de esto fue la salida del ejército a las calles. Aunque desde principios del año, incluso desde 1997, el Presidente Armando Calderón Sol, haciendo eco de los pedidos de la población, venía contemplando la idea de extender el patrullaje rural del ejército a las ciudades del país, con la Emergencia Nacional decretada a raíz de la tormenta tropical "Mitch", la medida finalmente cobró efecto: la Fuerza Armada desplegó tropas en las principales arterias del área urbana. Como era previsible, el efecto del despliegue de la Fuerza Armada en las ciudades fue mínimo e irrelevante, en especial de cara a una delincuencia que ha mostrado un creciente nivel de sofisticación en sus modos de operar.

Evidentemente, la salida del ejército a las calles obedeció más al deseo de quedar bien con la población que a un análisis sereno de su relevancia en una estrategia eficaz de lucha contra la delincuencia. De haberse realizado este análisis se hubiera anticipado que el ejército no reduciría en nada al embate de la delincuencia, principalmente porque carece de la formación mínima en la materia y porque por su condición está inhabilitado para realizar capturas, a no ser de la misma manera en que lo podría hacer un ciudadano cualquiera. En el fondo, persiste la equivocada idea de que una de las razones por las cuales se falla en el combate contra la delincuencia es la falta de personal para brindar una cobertura total del territorio salvadoreño y así prevenir el delito donde sea que éste se dé. Siendo así, el ejército no habría salido a las calles por su idoneidad para combatir la delincuencia —hecho que seguramente nunca fue analizado—, sino más bien por el número de los efectivos que lo componen.

Esto último se comprueba cuando se observa que, a lo largo del año, la PNC se vio sometida a una fuerte presión para que extendiera su cobertura. Fue a mediados de 1998 (ver Proceso, 812) cuando la presión llegó a su límite y se le pidió directamente a las altas autoridades del cuerpo policial que aumentaran el número de horas de servicio de los agentes y recortaran sus períodos de vacaciones, con el fin de asegurar la presencia de un mayor número de policías en las calles y en los cuarteles de la PNC. En la adopción de la medida se cayó en dos falacias: la primera, que lo que se necesitaba era fortalecer la dimensión persecutoria de la PNC y no la investigativa y de inteligencia; y, la segunda, que el combate contra la delincuencia pasaba por la resolución de un simple problema cuantitativo de la PNC (horas de trabajo, número de policías en las calles, área de cobertura) y no de uno cualitativo (dotación de equipos de alta tecnología, capacitación en el área criminal y penal).

Sin embargo, probablemente el yerro más grande que se ha cometido a lo largo del año en la cuestión que nos ocupa fue la ofensiva, abanderada principalmente por el Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo y los gremios de la empresa privada, y alimentada por reportajes alarmistas y poco realistas, contra el nuevo Código Penal y Procesal Penal. Para sus detractores los códigos no sólo no respondían a la realidad salvadoreña, sino que, además, entorpecían la labor de la PNC y favorecían a los delincuentes. Esta situación provocó un desgastante y poco fructífero enfrentamiento entre el Organo de Justicia, la Asamblea Legislativa y el resto de la sociedad; un enfrentamiento en el que se perdió de vista completamente los efectos que los códigos tendrían en el lento e ineficaz sistema judicial del país y en la correlación aprehensión-condena-reclusión de los delincuentes.

La encendida polémica que se ha desatado en torno a los códigos obliga a revisar cuidadosamente lo que se está entendiendo cuando se habla de proporcionar armas para la luchar contra la delincuencia. En el esquema cerrado y desvinculante que se ha manejando, la aplicación, desde abril de 1998, de los Códigos Penal y Procesal Penal se percibe como un obstáculo para la actuación policial, como una muestra de la insolidaridad que existe al interior de las entidades responsables de aplicar justicia para con los agentes que aprehenden a los delincuentes. Grave error, aunque muy coherente con la visión deformada y simplista que sobre el problema delincuencial tienen el gobierno y las instancias que lo componen.

Sólo en un contexto en el que no existe una visión y un plan globales e integradores para combatir el flagelo delincuencial es posible que una legislación que pretende hacer imperar el valor justicia sea vista como un elemento contradictorio y nocivo para los intereses de la ciudadanía. De la forma en que se ha procedido y se ha encauzando la discusión sobre los nuevos códigos, la justicia será un ideal muerto desde el momento en que la policía capture a un sospechoso de haber cometido un delito, puesto que pesará más el afán de excluirle de la sociedad que las pruebas y los procedimientos que validen su detención y reclusión. No será disparatado esperar, pues, que, paralelamente al imperio de violencia que la delincuencia ha instalado en nuestro país, se configure un sistema judicial en el que las arbitrariedades y las equivocaciones procedimentales carecerán de mecanismos para ser detectadas y remediadas.

Difícilmente puede hacerse un balance de las dinámicas sociales de 1998 sin realizar primero una evaluación de la gestión de la alcaldía de San Salvador, presidida por Héctor Silva. Ello por varios motivos. En primer lugar, porque el destino de San Salvador, al menos a corto y mediano plazo, está íntimamente vinculado con los progresos (a nivel de obras y proyectos realizados) que en su labor el edil alcance. En segundo lugar, porque la alcaldía de Silva, al abanderar un estilo de administración que ha pretendido fundamentarse en el consenso, la apertura y el diálogo con las fuerzas sociales de la ciudad, se presenta como un elemento importante para desatar algunas de las dinámicas que San Salvador necesita. Es decir, no sólo es importante para la capital las obras que Héctor Silva realice, sino también el éxito que obtenga en su pretensión de incluir en aquéllas al conjunto de las fuerzas sociales capitalinas, algo realmente novedoso en la historia reciente del país.

Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones (ver Proceso, 805), los dos primeros y principales obstáculos por los que Silva ha atravesado para poner en marcha su gestión han sido: por un lado, los relacionados con la falta de los recursos económicos necesarios para financiar las obras que la ciudad necesita; y, por otro, la frontal oposición de la gran empresa privada y el gobierno a sus proyectos. Oposición que encuentra su explicación en la lectura política que se hace de la gestión de la administración edilicia de izquierda. En este sentido, cuando los empresarios de línea dura o el gobierno vetaban uno tras otro los proyectos de Silva no lo hacían por el grado de idoneidad de éstos para resolver los problemas acuciantes de la ciudad, sino más bien por el capital político que se agenciaría la izquierda de tener éxito alguno de ellos.

Así pues, la disputa, al menos del lado de los opositores de Héctor Silva, no se originaba por encontrar las salidas más adecuadas para los males de la capital, sino más bien por un afán de boicotear una gestión que, por sus logros, podría ser capitalizada por la izquierda de cara a las elecciones presidenciales del próximo año (capital político que, paradójicamente, al final fue desperdiciado por el propio FMLN al truncar la precandidatura de Héctor Silva para la fórmula presidencial que competiría en dichos comicios).

En 1998, el alcalde y su equipo, mostrando una paciencia y perseverancia dignas de elogio, lograron superar en buen grado ambos obstáculos. Los de índole financiera se sortearon, principalmente, a través de una reestructuración administrativa de la alcaldía, un aumento en los impuestos municipales en concepto de cobro por servicios, una modernización en el sistema de recolección de los mismos, una política de hermanamiento con otras capitales y ciudades del mundo (que se tradujo en tratados de cooperación e intercambio de conocimiento técnicos) y la asignación, aunque no exenta de reveses, del 6% del presupuesto nacional para las alcaldías del país.

No puede dejar de mencionarse en este punto uno de los proyectos que más agrias controversias y enfrentamientos le generó a Silva durante 1998: su anteproyecto de Ley de Impuestos del Municipio de San Salvador (ver Proceso, 791, 793 y 800). Brevemente, el proyecto pretendía sustituir un esquema de recaudación tributaria regresivo (los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más) por uno progresivo (lo inverso que lo anterior). La modificación en las tasas impositivas que pretendía realizar la alcaldía hubiera implicado, entre otras cosas, que: la recaudación total pasaría de 57 millones de colones —el nivel actual— a cerca de 237 millones de colones; la tasa impositiva municipal promedio sería de 0.36% sobre el valor de los activos de las empresas, contra 0.18%, 0.16% y 0.04% que hasta entonces pagaban en promedio las empresas comerciales, las industriales y las entidades financieras, respectivamente; y que, en el marco de las nuevas tasas municipales, 5697 empresas hubieran pagado menos y 814 pagarían más, de estas últimas 314 hubieran enfrentado alzas de entre un 500% y 1700%.

El proyecto fracasó en dos ocasiones. La primera, a mediados de año, luego de que las negociaciones entre la Alcaldía de San Salvador y los empresarios se empantanaran, y, la segunda, a finales de 1998, cuando se pretendió llevarlo a la Asamblea Legislativa para su aprobación sin que se pudieran obtener los votos necesarios para ello. En ambas circunstancias, el fracaso se debió a la enconada oposición que mostraron las gremiales de la empresa privada, apoyadas abiertamente por el partido ARENA, el gobierno y un sector de la prensa escrita. El empresariado argumentó en contra del proyecto que éste implicaría descapitalización de las empresas y caída del empleo, elevación de los costos de producción e inflación, lo que al final sería contraproducente para la economía y para el bolsillo de todos los salvadoreños.

A semejanza del destino de otros proyectos edilicios, lo que marco la suerte de éste fue la decisión de un sector del país de no ceder paso a una fuerza política de oposición, aun cuando ello implicara echar al traste lo que podría haberse convertido en una fuente eficaz para financiar las medidas necesarias para rescatar a una ciudad que se hunde por el peso de sus males y de la apatía de sus habitantes. Además, el sector empresarial dejaba claro que su pretendido compromiso de construir un mejor El Salvador no implicaba ni podría implicar que la mayor parte del costo económico de la empresa fuera costeado a sus expensas.

Sin duda alguna, el gran éxito de Héctor Silva en 1998, el que le ha abierto las puertas a las simpatías de la población y le granjeó el reconocimiento general, incluso de sus detractores más acérrimos, fue el Plan de Rescate del Centro Histórico de San Salvador (ver Proceso, 822), expresión de la iniciativa edilicia de hacer de la capital un espacio de convivencia seguro y limpio. El Plan, respaldado por el Plan de Tranquilidad Ciudadana del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y con la pretensión de reordenar el centro capitalino y rehabilitar su arquitectura histórica, se tradujo, en el último semestre del año, en la reubicación de un gran número de vendedores ambulantes que ocupaban algunas de las principales arterias del centro capitalino.

En el marco del Plan, fue la reubicación de los vendedores de la Plaza Morazán, y la posterior recuperación y remodelación de ésta, lo que marcó un punto de inflexión en la gestión de Silva hasta la fecha. De tal manera que fue así como, gracias en buena parte a esta iniciativa, la empresa privada se vio obligada a reconsiderar su anterior actitud y le dio su apoyo a los planes del alcalde. Silva, pues, cumplía de esta forma con un doble objetivo: ponía en marcha, empezando con pie derecho, su proyecto de hacer de San Salvador una ciudad más habitable y, al mismo tiempo, lograba insertar en el proyecto a algunas de las fuerzas sociales de mayor dinamismo e influencia.

Como fruto de esta situación en verdad novedosa, el Alcalde Héctor Silva y los dirigentes de los gremios empresariales más importantes del país (ANEP, ASI y Cámara de Comercio) firmaron en octubre el acta de constitución de la Corporación para el Desarrollo de San Salvador (SEM), un ente privado de economía mixta, cuyos objetivos eran: organizar, promover, planificar, coordinar y ejecutar proyectos para el desarrollo urbanístico, económico y social de San Salvador mediante acciones específicas de diseño, remodelación, renovación y rehabilitación del Centro, entre otros (ver ALPRESS, "Silva y empresariado firman acta corporación", 28 de octubre).

Sería poco objetivo estimar como causas de este prometedor paso en la (re)construcción de San Salvador solamente la buena voluntad del empresariado —que hasta la fecha no había dado seña de mayor racionalidad que la de defender sus ganancias— y el éxito en el desalojo de los tradicionalmente virulentos y obcecados vendedores ambulantes. El estado al que han llegado las relaciones de la alcaldía con los otros sectores de la población debe más bien ser visto como el justo resultado de una labor desinteresada, abierta y transparente, en la que el afán de diálogo y concertación ha estado siempre presente.

Definitivamente, Silva no es un político hábil (lo que ha quedado demostrado a lo largo del año en suficientes ocasiones; su afán de insistir en la reforma de las tasas municipales cuando no se contaba con los votos legislativos necesarios para aprobarla y su apresuramiento en anunciar el hermanamiento de San Salvador con la Habana sin tomar en cuenta la previsible oposición que se generaría desde los sectores de ultraderecha del gobierno, son dos ejemplos de ello), pero sí un Alcalde de nuevo signo, realmente interesado en la ciudad y sus problemas. Es esto lo que al final ha terminado inclinando la balanza a su favor y permitido que 1998 haya sido un buen año para el alcalde y, en tanto que ello sienta las bases para que pueda realizar su labor con más ayuda que trabas en su contra, un buen año para la ciudad.

Fuera de la alcaldía, uno de los proyectos de mayor magnitud para ordenar San Salvador provino del gobierno central, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Así, en el primer semestre de 1998 arrancó, de manera apresurada y simultánea, lo que debería haberse iniciado por etapas y de manera más razonada, hace algunos años: la construcción de varios pasos a desnivel, uno de los elementos principales del plan de reordenamiento del tráfico vehicular de San Salvador. Los resultados fueron abrumadores: caos y atascamientos de grandes proporciones en las principales arterias de la capital.

La adopción de vías alternas y los esfuerzos de la PNC por regular el tránsito por aquellas calles que habían sido parcial o totalmente clausuradas por las obras, fueron medidas insuficientes para remediar los congestionamientos que la construcción de los pasos ocasionó —y que en los lugares donde aún no han terminado las obras sigue ocasionando. Ciertamente, los problemas de fluidez eran de esperarse, dado que en la ciudad las calles son estrechas, únicas (en pocos casos existen rutas alternas) y por ellas circula un número de automotores cada vez mayor. Pero la forma en que el MOP planificó la construcción de los pasos pecó en muchos aspectos de falta de juicio. Tanto así que incluso el Viceministerio de Transporte pidió retrasar el inicio de algunas construcciones ante el inminente colapso del tráfico vehicular de San Salvador.

Las razones que esgrimió el MOP para justificarse (los préstamos para financiar las obras se obtuvieron recientemente y éstas deben realizarse simultáneamente para no esperar cuatro o más años para ver concluido el proyecto) no convencen. En especial cuando se ha comprobado, a través de un reportaje de La Prensa Gráfica, que el MOP desestimó las recomendaciones del Plan Maestro de Transporte del Area Metropolitana (PLAMATRASS), diseñado por Tahal, firma consultora israelita. Originalmente, el PLAMATRASS proponía que la construcción de los pasos a desnivel se llevara a cabo en un período de cuatro años, entre 1998 y el 2002. Más grave aún, el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la capital (PLAMADUR), que dicta las líneas guías para el PLAMATRASS, recomendaba los pasos sólo como una medida de segundo nivel, a la cual le debería anteceder la orientación del crecimiento de la ciudad hacia el norte (hacia Apopa y Nejapa) y la construcción de un anillo periférico metropolitano.

Ante esta evidencia, sólo puede afirmarse que en la edificación de los pasos a desnivel las metas a cumplir han estado más relacionadas con cuestiones políticas que con criterios de ordenamiento e ingeniería urbana. De lo contrario sería difícil explicar el porqué el MOP y el gobierno central se plantearon metas tan cortas para la edificación de tal número de obras, el porqué desestimaron las recomendaciones de expertos para lanzarse a una construcción apresurada que entra en contradicción con lo que debería de haberse hecho para llegar a una solución integral del problema del tráfico en San Salvador.

Es obvio que en el camino de sanar el caos vehicular de San Salvador se atravesará momentáneamente por períodos en los que aquél se verá más acentuado. Así pues, un incremento de los embotellamientos y de la extrema dificultad para transportarse es el precio a pagar por deshacerse de ambas problemáticas. Sin embargo, que ello en algún grado debe ser así no debería servir como excusa para no realizar un reordenamiento vehicular atinado, que responda más a las necesidades urbanas de la capital que a intereses ajenos a ella. En el país, la política y la racionalidad son esferas excluyentes; el proyecto que está implementando el MOP es una nueva muestra de ello.

En la evaluación de 1997 finalizábamos diciendo que ese año había sido pobre en participación ciudadana, que la apatía y el escepticismo se habían convertido en males endémicos entre la población. Por un lado, los sindicatos habían reducido su perfil, casi al nivel de la intrascendencia, como producto de las privatizaciones y la falta de poder aglutinante y de plataformas reivindicativas creíbles; además de que se mostraban incapaces de librarse del sectarismo y la politización que los caracterizó en el período de la guerra civil. Por otro, la población no había encontrado motivo para pronunciarse públicamente o participar activamente en tareas de relevancia social.

En 1998, la presentación del documento Bases para el Plan de Nación, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo, y el inicio de las acciones del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto del Seguro Social Salvadoreño (SIMETRISSS) ante el estancamiento de las negociaciones con los directivos del ISSS, marcaron hito a lo que en participación ciudadana se refiere. No cabe duda de que el lanzamiento de las Bases... fue uno de los acontecimientos más importantes de este año. En primer lugar, porque pretendía constituir la cimiente de un proceso que, a través de la participación y consulta ciudadana, concluiría en el diseño de un Plan de Nación. En segundo lugar, porque en él se realizaba un diagnóstico de la realidad del país a partir del cual se proponían ejes temáticos de solución, con el objetivo de cambiar el rumbo de El Salvador y construir una nación integradora, justa e igualitaria. Finalmente, porque el documento logró atraer la atención de los sectores de la población, la mayoría de los cuales no dudó en respaldarlo.

Sin embargo, en el orden de la participación social, las Bases... no son interesantes en su diagnóstico —en el cual hay mucho de discutible y engañoso— ni en los resultados que de él se sigan —luego de un año es imposible afirmar que las buenas intenciones y recomendaciones del documento hayan cobrado realidad en los actores políticos y económicos del país— sino más bien en el proceso que ha generado. Las Bases..., en su fase de consulta ciudadana, han acercado la discusión de los problemas de nuestra sociedad a la población, le ha permitido a la gente común y corriente expresar sus inquietudes y sugerencias sobre lo que es necesario hacer para arribar a un mejor estadio de convivencia.

Aunque en la consulta ciudadana se han traicionado algunos de sus presupuestos iniciales y se han dejado sin discusión los puntos medulares del documento, aunque el Grupo Gestor no ha tenido presencia pública, el proceso iniciado por las Bases... ha sembrado la semilla para un cambio de actitud por parte de los ciudadanos al hacerles partícipes del diseño de las políticas que podrían regir sus vidas en un futuro no muy lejano. Ahora bien, el éxito de la empresa que se ha iniciado en este año dependerá de cuánto y de qué manera se vean reflejadas, en la elaboración final del "Acuerdo Nacional en torno al Plan de Nación", las inquietudes ciudadanas que se recogieron.

En lo que respecta a SIMETRISSS, el sindicato cumplió con las expectativas que había despertado a finales de 1997, cuando recién se había hecho conocer a la luz pública exigiendo a las autoridades del Seguro Social una serie de cambios de amplia envergadura e importancia. SIMETRISSS constituyó un fenómeno novedoso por varios razones: a) integrado por un grupo de profesionales, demandaba al gobierno una plataforma de exigencias irreductible a intereses propios del gremio médico, una plataforma que abogaba por reformas estructurales a un sistema de salud en crisis y que, por lo tanto, se traducirían en sensible mejoras para todos los salvadoreños que utilizan el servicio; b) a lo largo de todo el espinoso proceso que concluyó con la firma de un acuerdo entre los médicos y el gobierno, el sindicato supo mantenerse, incluso en los momento más duros de su gesta, al margen de intereses políticos ajenos a sus objetivos; c) por la forma en que procedió y por el talante de sus exigencias, SIMETRISSS logró atraer a su favor la solidaridad de un gran número de organizaciones sociales de diverso signo, algo que no se había visto en el país desde el período de guerra; y d) el gremio de médicos condujo con éxito una de las luchas sindicales más largas y problemáticas en la historia reciente del país, marcando con ello un precedente de la participación civil en los asuntos del país, pues desde la firma de los Acuerdos de Paz ninguna organización social había logrado que el gobierno central cediera en todas y cada una de sus reivindicaciones sociales.

No se trata de afirmar que únicamente SIMETRISSS le dio nueva vida a la participación ciudadana, pues la ANEP generó y participó activamente en una gesta ciudadana en contra de la delincuencia. Lo que diferencia al primero del segundo es, fundamentalmente, su carácter apolítico y la dimensión de sus exigencias. Mientras la ANEP mantuvo poca independencia del gobierno central y en la campaña que realizó fue visible la búsqueda de sus intereses particulares por sobre los de la población en general, SIMETRISSS llevó a cabo una lucha que, aún estando en contra de las instancias gubernamentales encargadas del servicio de salud, no le vinculó con la oposición política, y abogó siempre por una transformación sustancial de un servicio vital para la población.

Aún más importante, en un contexto en el que la lucha sindical estaba postrada socialmente por su falta de credibilidad y el oportunismo que generalmente la caracterizaban, el caso de SIMETRISSS se convirtió en un ejemplo de lo que una iniciativa ciudadana podía lograr cuando sus objetivos eran claros y justos, y su acción decidida. Aunque hay signos que apuntan a que algunos de los puntos del acuerdo entre SIMETRISSS y el Seguro Social no serán cumplidos por el gobierno, lo que ya ha provocado que el sindicato declare la posibilidad de regresar a las calles e inicie paros de labores escalonados, las lecciones que lega SIMETRISSS para la movilización social y la participación ciudadana son inestimables.

A nivel social, los avances más importantes durante 1998 han sido la puesta en práctica de las medidas necesarias para ordenar y hacer más habitable San Salvador y la inserción en este esfuerzo de los sectores más determinantes de la sociedad. Aunque debieron atravesarse un sinnúmero de obstáculos para alcanzarlo, el pacto entre la Alcaldía y las gremiales de la Empresa Privada allana el camino para una colaboración que muy probablemente arroje resultados concretos y satisfactorios en el año que recién inicia. Complementariamente, la Comisión Nacional para el Desarrollo ha sentado las bases para que la población participe de los asuntos nacionales, para que abandone su escepticismo y apatía y colabore activamente en la construcción de su propio futuro. Hasta este año palabras como concertación y diálogo eran sólo letra muerta, con poco o ningún reflejo en la realidad cotidiana, pero esta situación, aunque no con la suficiente rapidez para los cambios que necesita el país, está comenzado a modificarse.

También ha sido un hecho relevante el que la Alcaldía de San Salvador haya logrado pasar de ser un mero administrador de una ciudad aquejada de graves problemas y se haya convertido en un elemento vinculante entre las fuerzas sociales que en ella habitan. Como se ha visto en 1998, el desarrollo social de la capital pasa necesariamente por una política que ataque, con un enfoque técnico adecuado, sus males, implicando en ella a los actores sociales directamente involucrado en aquéllos. Evidentemente, las tareas que han quedado pendientes son aún muchas. Para solventarlas es necesario que la empresa privada y los sectores de poder económico amplíen su cooperación hasta el nivel del financiamiento de las obras, algo a lo que hasta la fecha han estado completamente opuestos. En este sentido, es responsabilidad de los gremios empresariales colaborar en el desentrampamiento de la discusión sobre la Ley de Impuestos del Municipio de San Salvador, la cual, de ser aprobada, se constituiría en el fundamento material de los proyectos que necesita la capital.

Por otro lado, la experiencia durante 1998 muestra que sobre el combate contra la delincuencia no se ha aprendido nada. No sólo se continúa careciendo de una política integral que trate el problema, sino que, además, se ha mantenido la peligrosa tendencia a responsabilizar a la leyes del fracaso para disminuir la criminalidad. Sumado a esto, la presión que la empresa privada ha ejercido sobre los jueces en la resolución de algunos sonados casos y en la discusión sobre el Código Penal y Procesal Penal ha complicado aún más la situación. La campaña que ha montado la empresa privada, aunque tal vez con fines nobles, no está aportando nada de racionalidad ni lucidez a la problemática; más bien está fortaleciendo la idea de que frente a la delincuencia son necesarias medidas draconianas. Se está, pues, escogiendo un camino peligroso.

Quedan pendientes para el próximo año la culminación del proceso iniciado con las Bases... y el cumplimiento de los acuerdos a los que llegó el gobierno y SIMETRISSS. De la manera en que se realice lo primero dependerá que la población quede incentivada a seguir participando activamente para incidir en su entorno o que regrese a su anterior actitud, teniendo ahora una razón más clara y cercana. De lo segundo dependerá buena parte de la estabilidad social del próximo año. Si el gobierno no cumple con lo prometido, es razonable esperar que SIMETRISSS recurrirá de nuevo a las huelgas y manifestaciones callejeras, con lo cual se pondrían en peligro a la población que recurre al servicio.

Balance regional 

Sin lugar a dudas, el paso de la tormenta tropical "Mitch" por Centroamérica representa uno de los acontecimientos que definirá mejor el estado de la región de cara al próximo año. No solo porque, como es bien conocido, la situación económica de las naciones ha retrocedido varios años como consecuencia de la devastación dejada por la tormenta, sino por los nuevos rumbos que tomará la dependencia hacia el capital extranjero una vez iniciada la reconstrucción de los países del Istmo. Esto no significa que el fenómeno natural represente el inicio de los problemas de Centroamérica, ni mucho menos el inicio de desequilibrios de los que no se tuviera ninguna idea, pero su paso reveló una situación en la que las contradicciones entre discurso y realidad no pueden seguir siendo ignoradas.

En ese sentido, cualquier apreciación en el ámbito regional deberá ceder un lugar fundamental a lo ocurrido a consecuencia de "Mitch". Este balance pretende ofrecer una perspectiva global de los principales hechos que definieron el perfil de los países de Centroamérica durante 1998. Primero, recogiendo los avances y retrocesos en términos de la integración económica de la región; luego, analizando algunos de los hechos más importantes que ocurrieron en cada país; y por último, haciendo una breve reflexión sobre el paso de la tormenta "Mitch" por la región.

En términos generales, los gobiernos del Istmo siguieron esforzándose por definir mejor un espacio en el modelo de economía globalizada y de libre mercado imperante. La gira que realizó el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, por los países del Istmo confirmó esta necesidad. Más allá de las consideraciones éticas sobre desarrollo económico sostenidas por Wolfensohn, el compromiso de cada gobierno centroamericano de no separarse de los lineamientos recomendados para "reajustar" sus economías era preponderante. Pero con el desastre dejado por "Mitch", la "recuperación económica" pasó a ser la prioridad, bajo el supuesto que una economía débil no sería capaz de soportar las exigencias que la liberalización de los mercados suponen.

Mientras tanto, cada país tuvo que lidiar con viejos problemas arrastrados de los años anteriores. Las protestas de parte de diferentes sectores laborales o profesionales, las dolorosas transformaciones económicas que varios países impulsan, el desgaste del sistema de representación de partidos, la elevación en los índices de pobreza y desempleo, la corrupción que no cede ante las pretensiones de hacer justicia; todo ello permanece como el nudo gordiano de los desequilibrios más peligrosos para el desarrollo de las sociedades de Centroamérica. El paso de "Mitch" podría suponer la agudización de esas y otras problemáticas, y la agudización de los conflictos sociales que asomaron durante el año recién pasado.

Desde una perspectiva regional, en 1998 se dio un cambio con respecto al ritmo integracionista de 1997. Los gobiernos centroamericanos, al menos durante el primer semestre del año, desplazaron la atención puesta a los procesos de unificación regional, para concentrarse en la consolidación de importantes Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros países, tales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) —presentada como un plan formal en la Cumbre de las Américas— y el recientemente impulsado TLC con México, en el marco de las reuniones de Tuxtla.

Las negociaciones para crear una zona de libre comercio a nivel continental se mantuvieron en la mira de los mandatarios, pese a que en la Cumbre de las Américas hubo que incluir algunos llamados de atención de parte de los países que menos se beneficiarían por la puesta en marcha del proyecto continental. El punto interesante de la reunión fue la inclusión de una serie de consideraciones tendientes a garantizar beneficios igualitarios tanto para potencias económicas como para países con una economía no muy desarrollada. En este marco, ocupó especial atención el planteamiento de que la integración económica no debería significar el irrespeto a la diversidad cultural que caracteriza a la región.

Por otra parte, la reunión de Tuxtla III, realizada a mediados de julio, puso en marcha casi de forma definitiva la integración comercial entre México, Centroamérica, Belice y Panamá, que se viene planeando desde 1991. Las reuniones de "Tuxtla" persiguen estrechar los lazos de cooperación entre estos países en diferentes áreas (cultura, deportes, educación, salud y economía). Las grandes expectativas que se han depositado en el cónclave realizado este año iban dirigidas hacia la consolidación definitiva del referido TLC.

Tuxtla III ofreció un amplio abanico de acuerdos que giraban en torno a tres ejes: político, económico-comercial y cooperación mutua. Pese a que durante la reunión los mandatarios habían puesto expectativas en la temática económica y comercial, los acuerdos en materia política —tales como el respeto a los derechos de los inmigrantes y el combate al narcotráfico— acapararon la atención de los asistentes. Las denuncias que pesaban sobre México por maltrato de indocumentados amenazaban con convertirse en un serio obstáculo para mantener la cordialidad entre los países que conforman el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, por lo que la verbalización del apoyo incondicional hacia una solución pactada era un compromiso imposible de eludir de parte de las naciones participantes.

Sin embargo, aún no es completamente posible el ideal de integrar las economías mesoamericanas en un solo mercado o de procurar los mecanismos tendientes a abrirlas a otros países. Las negociaciones de cualquier TLC entre los países de Centroamérica seguramente tendrán que enfrentar el temor que el sector empresarial e industrial del Istmo siente frente a la posibilidad de que otras empresas incursionen en el área. Forma parte del credo de la empresa privada la negativa a entrar de lleno a un mercado donde la competitividad y la capacidad de expansión determinan el éxito económico, seguramente porque su existencia se debe en gran medida a la intervención oportuna del Estado en las dinámicas económicas.

Como se mencionaba arriba, los programas de ajuste estructural y sus efectos son fundamentales para esbozar el perfil de los países del Istmo. Bien que mal, las recomendaciones de organismos financieros como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan insertar las economías de la región en el modelo de globalización de mercados. Sin embargo, las consecuencias que dichas medidas tienen en la calidad de vida de gruesos sectores de la población no corresponden con el futuro promisorio que se supone ofrecerán a los países. No sería apresurado, pues, afirmar que las manifestaciones de descontento protagonizadas por varios grupos en la región son una reacción —que hasta el momento no ha podido ser canalizada por ninguna tendencia política o movimiento social— frente a esos efectos negativos.

Los esfuerzos por modernizar los aparatos estatales, junto con el irrefrenable impulso privatizador de los servicios públicos (cuyos objetivos más codiciados han sido las empresas de telecomunicaciones), provocan la generalización de un estado de desconfianza hacia los gobiernos y los partidos políticos en la medida que confirman la idea de que los intereses que éstos defienden son los de los grupos económicos dominantes. Producto de esa desconfianza es que los índices de ausentismo que se dan en los eventos electorales aumentan considerablemente, aun en aquellos países cuya tradición democrática era modelo para la región, como Costa Rica.

Las consecuencias más temidas a las que se pueden enfrentar los gobiernos son el estallido de nuevas confrontaciones y manifestaciones de violencia entre la población. En la mayoría de países de la región, la rapidez con la que la delincuencia común en forma de "maras" o pandillas callejeras se ha organizado, la cada vez más afianzada práctica del secuestro y del crimen organizado, la frecuente aparición de grupos armados con las más disímiles motivaciones (combate a la delincuencia, reivindicaciones sociales, defensa territorial, etc.), las acciones de protesta realizadas por organizaciones sindicales en respuesta a los despidos masivos o a la privatización de servicios públicos, son una muestra de que la población está llegando a los límites de su paciencia.

En Nicaragua, con la llegada al ejecutivo de Arnoldo Alemán, candidato por el Partido Liberal Nacional, el rumbo que se pronosticó tomaría la política del país era claro: regresar a Nicaragua al camino del que fue "arrancada" tras la revolución sandinista de 1979. Durante el período de Violeta Chamorro, la idea de que a la par de su gobierno el sandinismo era una fuente de poder capaz de desestabilizar la labor estatal, provocó que el país se encaminara sin rumbo en la penumbra de una transición que parecía no tomar en cuenta las demandas de la sociedad. Uno de los aspectos más criticados de este primer gobierno "democrático" fue su incapacidad de retomar las transformaciones que dejó el sandinismo sobre algunos aspectos de la vida nacional para, a partir de ellos, satisfacer las expectativas que la población había depositado en el nuevo gobierno.

Alemán apareció entonces con un esquema más decidido: esforzarse por lograr la continuidad de los programas de ajuste económico dictados desde el extranjero y, en coherencia con ellos, desechar por completo los últimos rezagos de socialismo que pervivían en el aparato estatal y en la sociedad. Su carta de presentación al respecto la constituyó la transformación definitiva, a mediados de 1997, del modelo de tenencia de la tierra establecido luego del triunfo de la revolución. No obstante, la accidentada y desalentadora conclusión a la que llegó este conflicto trajo como consecuencia la revelación de una de las características fundamentales de la dinámica política de la Nicaragua en transición: el vacío de poder que quedaba tras el cambio del régimen sandinista a uno fundamentado sobre la base de una democracia liberal y apegada al neoliberalismo económico.

Este hecho solo representó el inicio de una preocupante serie de expresiones casi extremas de descontento social frente a la manera de hacer política de Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La huelga de los médicos del sector público, que se extendió por más de tres meses, fue una de las primeras muestras de ese descontento. Organizados para demandar mejoras salariales, este sector profesional sacó a la luz pública las extremas condiciones en la que sobrevive en la actualidad: su sueldo, junto con el de los profesores, son los más bajos de la región, mientras que los funcionarios públicos de alto rango son los mejores pagados de toda Centroamérica.

La huelga finalizó con la aprobación de un incremento salarial del 100% (la tercera parte de lo que se exigía originalmente), y no incluyó ningún compromiso de mejorar el estado del sistema de salud del país. Casi a la par de estos hechos, el surgimiento de grupos de "rearmados" al norte del país, que protestaban por el abandono en que el gobierno les tenía, puso en la picota la presidencia de Alemán. Finalmente, aproximadamente 15 comarcas del departamento de Cárdenas, fronterizo a Costa Rica, solicitaron su anexión al vecino país, a causa de las igualmente precarias condiciones de vida en las que se encontraban.

Bajo este panorama, Nicaragua aparece como uno de los países con más posibilidades de enfrentar convulsiones sociales difíciles de controlar. La caída de las reservas internacionales, el incremento en los precios y en los índices inflacionarios que varios analistas han avizorado con la aplicación del Programa Reforzado de Ajuste Estructural, dejan muy pocas dudas sobre la posibilidad de que se fomenten esas acciones entre la población. En última instancia, lo que caracteriza la situación actual de Nicaragua es la inestabilidad social, derivada del impacto negativo de los programas de reajuste económico y la ausencia de grupos políticos o sociales capaces de canalizar el clamor popular, todo esto sobre la base de una flaca institucionalidad y de un gobierno perdido en medio de la improvisación y la corrupción.

En términos generales, las elecciones que se realizaron en los primeros meses del año en estos dos países aportaron muy poco para la solución de sus problemas. Ambas reafirmaron la tradición del bipartidismo dominante y ambas adolecieron de los elementos que ponen en duda la validez del método de la elección como vía de representación de la voluntad popular, como son el abstencionismo, campañas electorales marcadas por la confrontación y no por la proposición y la falta de concreción en los programas propuestos, entre otras cosas.

En Honduras, la victoria del liberal Carlos Flores Facussé vino a reforzar el temor que muchos se plantearon desde que se confirmó su candidatura: se impulsarían, sin ningún reparo, los programas de ajuste económico que tanto le fueron exigidos al anterior presidente por el sector privado. De hecho, la imagen de empresario de amplia trayectoria y éxito que utilizó Flores Facussé durante su campaña despertó inquietud sobre si pondría en práctica ese mismo instinto de empresario durante su administración. Hasta la fecha, el mandatario se ha mostrado firme en sus encuentros con altos representantes de organismos económicos internacionales, y fruto de ello es el repunte de actividades económicas concentradas en la maquila y en el sector financiero, que registraron activos equivalentes a los $28 millones.

No obstante, frente a este decidido impulso está la cruda realidad hondureña. Según un estudio del BID, Honduras necesitaría 53 años de profundos y sostenidos ajustes estructurales para erradicar la pobreza. Estos ajustes deben dirigirse ineludiblemente a solventar las demandas sociales de un 70% de la población hondureña ubicada dentro de la pobreza más aguda del Istmo. Pese a ello, el presidente logró la aprobación de un llamado "paquetazo" de reformas en las que se favorecía a la gran empresa (rebajas en el impuesto sobre la renta del 42% al 25% y en el impuesto a la importación de mercaderías), con lo que dio el primer paso para confirmar su boda con los grupos económicos dominantes.

Posiblemente para aminorar los efectos negativos de estas medidas, Flores se ha presentado como impulsor de la "transición" a la democracia en Honduras, cuyo objetivo primordial es despojar a los militares de su capacidad de influencia en el aparato estatal. Ha sido gracias a ese poder, mantenido a lo largo de años, que las altas esferas militares se han inmiscuido en las redes de crimen organizado que actualmente cobran fuerza en el vecino país. En septiembre, Flores consiguió que el Congreso aprobara las reformas más polémicas a la Constitución de la República y que despojarían a los militares de su inmunidad judicial, crearían el Ministerio de Seguridad y reformarían la composición del Consejo Superior del ejército.

Indiscutiblemente, estas y otras reformas que aún se mantiene en el tintero representan un logro relativo para Flores. Esto porque era casi imposible que se siguieran ignorando, más aún con el trabajo previo realizado por el ex presidente Carlos Roberto Reina; estando o no Flores en la presidencia, este era el momento propicio para llevar a término las reformas. El logro es relativo, además, porque hay que considerar quién resulta más beneficiado con su puesta en marcha. Si bien es cierto que a la población se le asegura un país más "democrático" en el que el respeto a los derechos fundamentales puede ser garantizado, la "desmilitarización" del país da luz verde para que el nuevo gobierno implemente con mucha mayor fuerza la transformación económica que ya se demuestra con el repunte de la actividad bancaria y comercial.

En conclusión, Honduras enfrenta en la actualidad el reto de iniciar realmente un proceso de transición a la democracia, que tiene como requisito fundamental la satisfacción de las necesidades de la población más marginada. Todo esto debe descansar, indudablemente, sobre la base de un esfuerzo verdadero de recuperación económica, en el que se abandone el favoritismo por determinados sectores y, por lo tanto, se trabaje en función de una economía autosustentable. La ausencia de un movimiento nacional que potencie el diálogo con el fin de atenuar las contradicciones entre grupos sociales también es un elemento que ayuda a acentuar la crisis que se vive en Honduras.

En Costa Rica, con la salida de José María Figueres de la presidencia costarricense, la reputación del aparato gubernamental quedó prácticamente por los suelos. Llevando consigo la imagen del presidente más impopular de la historia, su administración dejó una serie de anomalías en la administración de fondos destinados para obras de asistencia social. De hecho, uno de los temores que ha ganado terreno es que muchas de las obras inauguradas por Figueres y que beneficiarían a gran parte de la población respondieron más a un afán de populismo desesperado que a la existencia de un plan concreto de desarrollo social, y han sido anuladas por las investigaciones de corrupción que sobre ellas han recaído.

A esto debemos sumar la delicada economía interna que se ve castigada por una deteriorada infraestructura pública (principalmente carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad y telecomunicaciones) y por la elevada tasa de deuda interna, que para 1996 representaba un 5% del PIB. La "democracia" de la que Costa Rica se sentía orgullosa hasta hace poco, empieza a dar signos de una grave desgaste. Pocos son los que ignoran la ausencia de mecanismos reales de participación ciudadana (aparte de las elecciones), el incansable bipartidismo en el que se encuentra inmerso el país y los altos índices de abstencionismo que se registran durante los períodos electorales, que aumentaron del 18% en la década pasada al 30% en las últimas elecciones.

Desde que se inició el proceso de pacificación en Guatemala, en 1997, las grandes esperanzas que produjo entre la población se vieron poco a poco atenuadas por el precario estado que mostraba el respeto a los derechos humanos en todo el país. Y es que esta situación no sólo tiene que ver con las evidentes demostraciones de que en el aparato estatal perviven métodos violentos y represivos para "resolver" los conflictos sociales, sino que se extienden hasta manifestaciones de intolerancia hacia todo tipo de línea de pensamiento que apueste por la verdad.

La frecuencia de desalojos violentos que se registraron ante las tomas de tierras protagonizadas por grupos indígenas del interior del país son un ejemplo de ello. Además, los conflictos que existen entre la prensa independiente y el gobierno de Álvaro Arzú, y más recientemente, el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi Conedera, destacado defensor de los derechos humanos y quien presentó un informe que acusaba al ejército guatemalteco de haber cometido el 80% de los crímenes durante el conflicto armado, ponen en números rojos la gestión de Arzú.

Una de las grandes preocupaciones del gobierno ha sido mantener la imagen de que el proceso de paz avanza según lo esperado, y para lograr ese objetivo se ha tenido que ignorar, casi descaradamente, la realidad de inseguridad que vive el país. Es cada vez más cercana la posibilidad de que el proceso fracase en su objetivo de superar una sociedad de irrespeto e intolerancia frente a la diversidad ideológica, social y cultural que ha caracterizado al país. El año pasado, el problema se agudizó con la frecuencia de la práctica de los secuestros, cuyo blanco mas jugoso eran las familias acaudaladas. Pero este año el problema alcanza la esfera de la violencia y delincuencia callejera, los homicidios y, de manera más preocupante, algunos hechos que demuestran la permanencia de grupos que toman la justicia en sus manos para mantener intactos los intereses de los círculos de poder.

A la par de las poco estables condiciones de seguridad del país, están también la serie de retrocesos en materia de democratización registrados este año. Muchas de ellos han surgido de iniciativas del gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN), tales como la disolución de la Instancia Multipartidaria (IM) —equivalente de COPAZ en nuestro país— o la dudosa y apresurada aprobación de reformas constitucionales. La IM tenía como función primordial lograr un consenso básico entre los diferentes partidos para aprobar sin demora reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de Paz. La actitud del Presidente Arzú al respecto ha sido simplemente la de ignorar las recomendaciones y los consensos a los que la IM había llegado, tal y como se produjo con la reciente aplicación de "medidas técnicas" para agilizar la administración de justicia.

Diversos analistas coinciden en señalar que el gobierno del PAN pretende agenciarse puntos con el cumplimiento al día de los Acuerdos, pero con ello precipita procesos que requieren mayor discusión y consenso. Uno de los temas más sensibles, y del cual aún no se han planteado soluciones integrales, es el de la inclusión del sector indígena que ha quedado fuera en muchas de las intempestivas decisiones del gobierno. Si a esto añadimos la evidente incapacidad del presidente Arzú de sobrellevar las investigaciones de la prensa independiente sobre su gestión, podremos concluir que esta administración adolece de lo mismo que las demás en el Istmo: improvisación.

En resumen, el principal problema del gobierno de Arzú es la contradicción que hay entre los hechos posibles y los hechos reales, entre las promesas y la maneras concretas en que lleva a cabo los proyectos que impulsa y que, en la mayoría de los casos, benefician a sectores minoritarios. En este sentido, lo que en Guatemala se pone en duda es el avance del proceso de democratización y reconciliación. Las cosas no pueden pensarse de otro modo cuando se es testigo de reprochables muestras de intolerancia ideológica, de deficiencias en el proceso de desmilitarización, de la lentitud con que se trabaja la inclusión de la mujer y los indígenas en la sociedad y de la supeditación de las necesidades de las mayorías frente a las necesidades del capital.

La posibilidad de que las tensiones sociales que se han venido desarrollando en la región estallen a raíz de la devastación causada por la tormenta tropical "Mitch" no es algo carente de fundamento. Para determinar la veracidad de dicha posibilidad no es suficiente, a nuestro juicio, detenerse a calcular los números del desastre. De hecho, esta ha sido la postura que han adoptado los gobiernos frente a la situación, de manera que, para ellos, entre mayor sea el daño, más posibilidades hay de que éste sea sorteado gracias a la intervención extranjera.

En el caso de Centroamérica, todo riesgo que se perfila en el horizonte inmediato no es fruto de eventualidades o catástrofes impredecibles. Más bien, el desastre se debe calcular desde la situación de fragilidad a la que están sometidas grandes porciones de la población, la tendencia de desarrollo amorfo que caracteriza a las economías regionales —donde unos sectores crecen sin que se fortalezca de antemano a los que le preceden en la estructura económica— y la profunda dependencia que hay hacia el capital extranjero como soporte y contenedor de la desigualdad social provocada por este sistema.

Este balance ha partido de esa concepción de Centroamérica, según la cual, primero, existen los elementos suficientes para determinar que la situación de cada país apunta con grandes dificultades hacia un desarrollo hasta la fecha desigual y, segundo, que dicha situación era preocupante mucho antes de que apareciera un fenómeno natural que la empeorara.

Ahora, los cuatro países más afectados por "Mitch" (Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala) languidecen frente al tremendo esfuerzo que supone la recuperación económica, el restablecimiento de niveles mínimamente dignos de salud física y psicológica, de infraestructura básica para el desarrollo, de salarios y prestaciones sociales, en fin, de todo lo que ya eran problemas que ocupaban lugares centrales en el debate social y político. Dependerá, en gran medida, de la concepción de desarrollo y reconstrucción que se forje tras la experiencia de "Mitch" —en el supuesto de que se haya abierto una ventana a la realidad de desamparo y pobreza estructural en que vivimos— el que nos encaminemos hacia la solución real de los problemas de la región.

La opinión pública en 1998 

En lo que respecta a la opinión pública, 1998 se caracterizó por un fuerte movimiento en términos de las preferencias y del pensamiento político, por un sensible incremento en la ansiedad ciudadana a causa de la delincuencia y por una tendencia a preocuparse menos por la inflación. Además, en el año que recién termina ocurrieron una serie de hechos que agitaron la opinión pública y favorecieron o perjudicaron la imagen pública de ciertas instituciones o personas.

Estas líneas pretenden hacer un recorrido sobre la dinámica de la opinión pública en 1998, basadas en los resultados regulares de las encuestas de opinión y en las agendas noticiosas de prevalecieron en los medios de comunicación.

El año 1998 estuvo marcado por ser un año preelectoral; en tal sentido, se produjeron una serie de corrimientos, cambios y sucesos que marcaron fundamentalmente la opinión pública.

El año político prácticamente inició con el anuncio del lanzamiento de Francisco Flores, en ese entonces presidente de la Asamblea Legislativa, como precandidato presidencial del partido ARENA. Esto sorprendió a pocos y a extraños, sobre todo por la rápida adhesión que provocó en numerosos sectores de su partido, comenzando por sus colegas parlamentarios. En su momento, este movimiento de ARENA fue interpretado como la evidencia de que el partido estaba buscando una imagen nueva frente a los electores que lo habían abandonado en 1997. Efectivamente, a principios de 1998, el partido oficial mantenía una cerrada disputa con el FMLN por la mayoría de las preferencias políticas de los salvadoreños, ARENA venía de ceder una porción importante de su poder electoral en las elecciones de 1997 y la necesidad para este partido de renovar su capacidad electoral era grande. La candidatura de Francisco Flores fue una respuesta a esa necesidad.

Tradicionalmente con un perfil bajo dentro de ARENA y muy poco conocido entre la población –incluso entre los areneros—, Flores y su propuesta como candidato no dejaron de crear un revuelo al interior del partido que durante de unos días mostró las disputas internas; sin embargo, al final esto no hizo si no incrementar el impacto en sectores de la opinión pública que comenzaron a ver a Flores con un perfil de político distinto, lo cual respondía a sus propios propósitos. La oficialización del mismo como candidato marcó el inicio de una lenta pero bien articulada campaña que tenía como objetivo fundamental posicionar al candidato en la opinión pública. Una encuesta de opinión pública realizada a inicios del año mostraba que el candidato de ARENA no era conocido por más del 20% de la población; para finales diciembre de 1998, diez meses después, el conocimiento del candidato había subido al 87% y con ello subió también la percepción positiva del mismo.

A pesar de que las encuestas de opinión pública continúan registrando las divergencias internas de ARENA con respecto a su candidato y la orientación del mismo, la presencia del mismo parece haber provocado que personas que se creían ajenas al partido de gobierno comiencen a interesarse nuevamente por él. En tal sentido y básicamente, el candidato de ARENA habría roto el techo del voto duro del partido oficial –desgastado por el trabajo de gobierno—para atraer nuevos o renovado votantes. Es así como se explica que a finales de 1998 y a pesar de las crisis sufridas en 1997, a ojos de la opinión pública, el partido de gobierno se perfile como el postulante más firme para ganar las elecciones del 1999. La encuesta de evaluación del año 98 reveló que el 31% de los salvadoreños pensaba que la imagen de ARENA había mejorado durante ese año.

Por otra parte, el partido de oposición más fuerte, el FMLN, no parece haber corrido con la misma suerte frente a la opinión pública en 1998. La misma encuesta de evaluación mostraba que sólo el 15% de los salvadoreños creía que la imagen del partido de izquierda había mejorado durante el año.

El proceso interno del FMLN por elegir a su fórmula presidencial fue tardío y muy escabroso. Bajo el argumento de que era más importante concentrarse en el programa de gobierno que en la elección de los candidatos, el Frente decidió posponer el proceso de elección de sus presidenciables hasta la segunda mitad del año; sin embargo, la elección no fue fácil. Sumergido en una polarizante disputa por el la dirección del partido, las convenciones del FMLN mostraron a la opinión pública la intensidad de sus diferencias internas a la hora de escoger entre Héctor Silva, Victoria de Avilés y Salvador Arias.

El ejercicio democrático de elección de candidatos a través de convencionistas representantes de las bases fue empañado por el predominio de los insultos y las amenazas y no por el debate o la discusión de las alternativas de gobernabilidad con cada uno de los precandidatos. Esto provocó que algunos ciudadanos consideraran poco creíble la propuesta del FMLN de dirigir al país. De hecho una encuesta de opinión pública realizada en octubre mostró que el aspecto de la opinión pública donde el partido de izquierda recibía menos apoyo era el de la capacidad de gobernar al país. El problema de las candidaturas del Frente se solucionó sólo después de varios intentos, de la renuncia de uno de los precandidatos y de la sorpresiva postulación de Facundo Guardado, quien al final resultó elegido.

La elección de Guardado secundado por Marta Valladares como candidata a la vicepresidencia significó una orientación distinta al argumento defendido por él al interior de su partido, esto es, la necesidad de que el FMLN se abriera y llevase como candidato a una persona que fuera capaz de atraer a otras personas que no son simpatizantes tradicionales del Frente. Guardado resultó candidato por el Frente estimulando el egocentrismo partidario, pero este no fue el mejor resultado para aquéllos no correligionarios que esperaban una figura más cercana a su forma de pensar. De hecho, la encuesta de política realizada por el IUDOP en octubre mostró que para el grueso de la población –y sobre todo para aquéllos que no se identificaban con partido alguno—cualquiera de las figuras que participaron como precandidatos o que se especuló como tales en el proceso de elección del partido de izquierda recibía una mejor evaluación que el candidato electo.

Al final, sectores de la población que podían haber sentido simpatía por el partido de izquierda y que habían seguido con mucho interés la dinámica de elección del Frente se sintieron defraudados por el proceso y comenzaron a retirarle su apoyo, haciendo incrementar la diferencia entre ARENA y FMLN a niveles casi comparables a los de 1994, cuando el partido oficial parecía imbatible.

Para finales del año y en pleno desarrollo de la campaña electoral, la diferencia en las preferencias ciudadanas entre ARENA y el FMLN se incrementó más como producto del descenso de éste que como resultado del avance de aquélla. Y es que ARENA pareció haberse fortalecido a lo largo del año por medio del esfuerzo de posicionamiento de su candidato pero llegada la campaña no ha subido significativamente más; en tanto que el Frente ha cedido una porción importante de sus preferencias al cerrar el año.

Los movimientos políticos no sólo se dieron en los partidos grandes, también se dieron en el resto de partidos y algunos tuvieron más repercusión en la opinión pública que otros. Por ejemplo, la designación de Rodolfo Parker como candidato del PDC tomó por sorpresa a muchas personas, sobre todo al examinar la procedencia de Parker, más vinculado históricamente al partido ARENA que al PDC. Esta candidatura generó ciertas expectativas en algunos sectores, en el sentido de atraer ciertas preferencias por parte de la derecha del país molesta con ARENA, sin embargo al final del año no habían evidencias que el PDC y su candidato estuvieran ganando terreno en las preferencias electorales. Algo similar pareció haber sucedido con el partido LIDER que se planteó ser una alternativa al partido oficial pero que, luego del inesperado cambio de su candidato a la presidencia, no ha dado señales de representar una fuerza atractiva a buena parte de los votantes.

La última encuesta del IUDOP realizada en diciembre de 1998 registró, empero, un movimiento importante en la opinión pública de las preferencias políticas. Habiendo fracasado el intento de coalición de centro entre el PDC, la Convergencia y el PD, a causa de la elección del candidato del primero, los partidos restantes más un movimiento de antiguos miembros del PDC decidieron formar el Centro Democrático Unido y competir en las elecciones llevando a la fórmula de Rubén Zamora y Roberto Meza. Esta fórmula, especialmente impulsada por el reconocimiento del público hacia Zamora, parece haber atraído ciertas preferencias a final del año, lo cual habría afectado también el desempeño del Frente en las encuestas. En otras palabras, el CDU se habría posicionado como tercera fuerza política, especialmente propulsado por las simpatías hacia su candidato presidencial.

La evaluación de la opinión pública en el ámbito político-electoral no estaría completa si no se mencionara la ya inveterada actitud de indiferencia de la población hacia los políticos que también prevaleció en el año que recién termina. Efectivamente y a pesar de los desplazamientos en el campo político, buena parte de los salvadoreños siguió mostrando un rechazo fundamental a los políticos y al ejercicio político en elecciones. Una encuesta reveló que más del 55% de la población piensa que "las elecciones son una pérdida de tiempo pues las cosas nunca cambian en el país". Al final del año no existían indicios claros de que esta forma de ver al proceso electoral se haya modificado sustancialmente.

La opinión pública sobre el gobierno central, el Ejecutivo, pareció haber mejorando levemente en 1998. Aunque no se puede decir que el gobierno pasó a obtener un respaldo masivo por parte de los ciudadanos, lo cierto es que 1998 cierra con una de las evaluaciones menos desfavorables hacia la administración Calderón Sol desde finales de 1994. La leve mejoría en la percepción hacia el gobierno parece tener tres fuentes básicas. En primer lugar, el enorme esfuerzo e inversión de la administración en obras de infraestructura, especialmente los pasos a desnivel en la capital, los cuales a pesar de los inconvenientes generados en el trafico vehicular de la ciudad fueron hábilmente usados como eje de una campaña propagandística que a ojos de buena parte de la población —sobre todo la del interior del país— se convierte en la evidencia de las obras tangibles que ha realizado la administración.

En segundo lugar, hay que decir que el gobierno se ha visto favorecido por la estabilidad y relativa baja inflación que registró la economía del país durante 1998; de hecho, las encuestas de opinión pública pasaron de registrar una preocupación ciudadana por el aumento del costo de la vida del 15 ó 20% en años anteriores a un 2% en 1998, revelando que las preocupaciones fundamentales en términos económicos estaban ahora en el desempleo y no en la inflación. Finalmente, el gobierno aprovechó también la emergencia nacional generada por la tormenta tropical "Mitch" para beneficiar su imagen en los medios de comunicación, lo cual impactó en la opinión pública ciudadana. El sondeo de evaluación del año señaló que cerca del 41% de la gente pensaba que el gobierno había hecho buen uso de los fondos para los damnificados del desastre y una amplia mayoría consideraba que la tormenta era de tal intensidad que el gobierno no podía haber evitado el desastre.

En resumidas cuentas, el gobierno mejoró un poco su imagen ante la opinión pública y esto parece ser coherente con la correlación de preferencias políticas a favor del partido ARENA al cerrar el año.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa perdió terreno en la imagen ciudadana. Luego de generar ciertas expectativas por su novedosas composición luego de las elecciones de 1997, buena parte de la opinión publica comenzó a mostrar desencanto hacia la misma por decisiones como la elección del Procurador de Derechos Humanos. De tal manera que la Asamblea finaliza el año con una evaluación aún más baja que en años anteriores que la sitúa como una de las tres instituciones en las que desconfían más los salvadoreños.

Finalmente, en la evaluación de los gobernantes no puede dejarse del lado a la alcalde de San Salvador. Héctor Silva cumplió, a mediados de 1998, su primer año de gestión al frente de la alcaldía capitalina con una evaluación relativamente positiva. Muchos de los vecinos de San Salvador le reclamaban el hecho de no ver cambios concretos y tangibles en la ciudad y su participación como precandidato en las convenciones del Frente le granjearon ciertas críticas por abandonar sus funciones como alcalde; pero la campaña de su administración por reordenar las ventas callejeras y mejorar el centro de la ciudad más su retiro de la contienda política lo colocaron como uno de los personajes más populares según la prensa y la opinión pública. Algunos sondeos han mostrado que más del 70% de la población capitalina apoya el plan de reordenamiento y su recurrente aparición en los mismos sondeos como una de las figuras más confiables evidencian esa notoriedad.

El problema de la delincuencia y de la seguridad pública es probablemente el tema que dominó más a la opinión pública durante 1998. Como prueba de ello acuden el número de titulares y noticias que dedicó la prensa nacional durante el año y el hecho de que en las encuestas la preocupación por la violencia y la delincuencia no bajó del 40% de los ciudadanos.

De hecho, en el año que recién termina los salvadoreños estuvieron más preocupados por la delincuencia que en períodos anteriores; en varios casos, tal preocupación ciudadana alcanzó rasgos de histerismo social. Sin embargo, esta condición subjetiva de buena parte de la sociedad salvadoreña no parece moverse de manera correlativa a la realidad. Diversos registros, indicadores y resultados de encuestas de victimización coinciden en señalar que los ciudadanos no fueron más victimizados en 1998 que en años anteriores; es más, todos los indicadores coinciden en señalar una disminución progresiva y consistente de los índices de victimización. Lo que sí parece haber sucedido en 1998 es un aumento en acciones delincuenciales de gran envergadura que implican una mayor sofisticación técnica y organizacional por parte del crimen, lo cual fue ampliamente documentado por la prensa nacional y parece haber contribuido a la sensación de inseguridad que reina en la ciudadanía; pero no hay evidencias contundentes que apunten a una mayor victimización por parte de la ciudadanía en comparación con el pasado. A pesar de ello, los sondeos mostraron que los niveles de preocupación por la delincuencia estaban inclusive fortaleciendo actitudes, normas y conductas que favorecen las acciones ilegales de los ciudadanos en contra de la delincuencia.

Las encuestas de opinión pública indican que en 1998 creció el porcentaje de ciudadanos que están más dispuestos a apoyar la pena de muerte, a respaldar a grupos ilegales armados y a ignorar la ley si ésta no les asegura una justicia pronta y efectiva. Detrás de esto se encuentra la percepción de que el gobierno no ha sido capaz de controlar efectivamente a la delincuencia y, más aún, estimulados por la opinión de las máximas autoridades de seguridad pública, muchos ciudadanos atribuyeron la situación de delincuencia a la aprobación de los nuevos códigos penal y procesal-penal que reformaron los procedimientos de aplicación de justicia en el país. En tal sentido, muchos ciudadanos achacaron la máxima responsabilidad a las leyes y pidieron sobre todo la implantación de nuevas leyes más duras. A pesar de que la confianza en la policía siguió decreciendo según una tendencia iniciada hace algún tiempo, la mayoría de la gente señaló al sistema de justicia en su conjunto como la principal debilidad en el combate a la delincuencia. La iniciativa de un movimiento generado desde la empresa privada que, aunque no generó todas las adhesiones esperadas, mostró la disposición de los empresarios de reforzar la tesis de que el problema fundamental está en los nuevos códigos penales.

La ansiedad ciudadana provocada por la delincuencia se origina básicamente de un estado de acumulación de experiencias producto de la criminalidad que comenzó prácticamente desde la firma de los Acuerdos de paz y que ha sido estimulada, en buena parte, por un ejercicio sensacionalista y poco racional de tratamiento del problema por parte de los medios de comunicación y ciertos líderes de opinión. Aunque en el año que recién termina varias instituciones realizaron esfuerzos y organizaron espacios de discusión importantes sobre el problema, el gobierno no parece haber llegado a constituir las bases para una política criminal que ofrezca en el corto plazo una solución definitiva a esta problemática.

La preocupación ciudadana por la situación económica del país tampoco estuvo ausente este año de la agenda de la opinión pública; sin embargo y a diferencia de otros años, el tema económico no estuvo dominado por la inflación o el alto costo de la vida, sino por el desempleo. Esto provocó que, en términos generales el problema económico fuera señalado con menos intensidad que en años anteriores, al menos en su dimensión más urgente desde el punto de vista de la ciudadanía. El desempleo, no obstante se convirtió en el problema de índole económica más citado en las encuestas de opinión publica y en los foros de participación ciudadana. Pero no sólo el desempleo fue visto como problema, preocupación entre los salvadoreños siguió generando también –al igual que años anteriores—el tema de la pobreza--, sólo que en este caso y a pesar de los informes preliminares que hablan de una disminución de la misma, el período concluye con una percepción más generalizada en la población de que la pobreza aumentó en 1998. Buena parte de la gente piensa que a pesar de la estabilidad económica del país y los logros en términos macroeconómicos, la administración gubernamental ha sido incapaz de resolver el problema fundamental de la pobreza, el cual también es visto como una de las causas esenciales del crimen en la actualidad.

El recuento de la opinión pública no estaría completo si se dejara de mencionar la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos y la tormenta tropical "Mitch". En el primer caso, la elección del nuevo titular de los Derechos Humanos provocó un desencanto notable en la opinión pública del país. En los últimos años, la PDDH se había caracterizado por ocupar un puesto favorable entre las opiniones y expresiones de confianza de la población; de acuerdo a todos los sondeos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos era la institución vinculada al gobierno en la que más confiaban los ciudadanos. El nuevo Procurador, luego de algunos meses de impasse y de ausencia de dirección en la institución, fue elegido con serios cuestionamientos a su capacidad técnica y moral para desempeñar el puesto. Una encuesta de finales de 1998 reveló que más de 55% de los salvadoreños piensan que la elección del Procurador no fue la más acertada.

Por su parte, los destrozos provocados por la tormenta tropical "Mitch" pusieron sobre el tapete de discusión la fragilidad del ecosistema del país. El debate generado en torno a si el desastre podía haber sido evitado llevó sobre todo a la conclusión de que la degradación de medio ambiente salvadoreño ha provocado una vulnerabilidad que está comenzando a cobrar víctimas humanas y de recursos.

Pero lejos de la discusión sobre las implicaciones de "Mitch", en realidad 1998 fue un año en el que el debate por el problema del medio ambiente tomó lugar con más frecuencia. Aunque la conciencia sobre la magnitud de la problemática no parece haber llegado a la generalidad de la población y el salvadoreño común está muy lejos de preocuparse por la ecología de la misma forma en que se preocupa por la delincuencia o la economía, lo cierto es que algunos líderes de opinión frecuentaron este tema con más asiduidad que en años anteriores.

El balance de 1997 lo finalizamos sosteniendo una posición de cauteloso optimismo en cuanto a las posibilidades para el país y su gente en el campo que nos toca examinar. Fundamentalmente lo hicimos porque veíamos destellos de claridad provenientes de algunos actores estatales, pero sobre todo surgidos del esfuerzo realizado desde ciertos espacios sociales. Dentro de estos últimos destacaron los logros de determinadas familias que, de una u otra forma, habían sufrido graves violaciones a sus derechos.

A partir de eso, ahora pretendemos ofrecer los elementos extraídos de la realidad que durante 1998 caracterizaron el estado de cosas en nuestro país para tratar de extraer algunas conclusiones. Con ellos, vamos a intentar analizar si a lo largo del período han habido avances o retrocesos, si los primeros han sido mayores que los segundos o si ha ocurrido lo contrario, si las perspectivas que se nos presentan de cara a la finalización del presente siglo son alentadoras o no, si estamos en capacidad de enfrentar los retos que tenemos ante nosotras y nosotros para lograr --de una vez por todas-- avanzar hacia una sociedad más digna, fundada en el respeto real de los derechos y las libertades fundamentales.

Nuestra realidad actual nos indica que los niveles de temor e inseguridad que afectan a la población salvadoreña llegaron, desde hace algún tiempo, a límites intolerables y se mantuvieron en 1988. En ese marco, durante este año murió un buen número de personas, de forma violenta e intencional durante. Al observar tal problemática, como en balances anteriores, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA incluye en esta ocasión los resultados del seguimiento diario realizado a ese tipo de crímenes, teniendo como fuente los cuatro rotativos de mayor circulación a nivel nacional: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Co-Latino. El resultado: 960 víctimas mortales; eso representa un promedio de 80 muertes al mes y más de dos diarias.

Esa cifra total aparece disgregada por sus categorías, de la siguiente forma:

Mes	DC	AD	T	E	CNI	PF	EM	Total
Enero	27	40	-	4	2	2	-	75
Febrero	19	37	-	1	3	1	-	61
Marzo	19	53	1	-	3	-	-	76
Abril	18	44	2	4	3	-	-	71
Mayo	27	71	-	6	3	-	-	107
Junio	30	47	4	-	3	3	-	87
Julio	26	40	-	1	1	4	-	72
Agosto	23	59	2	1	6	-	-	91
Septiembre	31	46	2	-	5	1	-	85
Octubre	28	44	-	-	7	-	-	79
Noviembre	15	34	4	1	9	-	-	63
Diciembre	40	51	-	1	1	-	-	93
Total	303	566	15	19	46	11	-	960

(DC: Delincuencia común; AD: Asesinados por desconocidos; T: Tortura; E: Explosión de granada/uso de armas de guerra; CNI: Circunstancias no identificadas; PF: Asesinados por militares o policías; EM: Escuadrones de la muerte)

Al analizar el cuadro, aparece que las mayores cantidades se ubican entre las muertes cometidas por sujetos desconocidos (58.96%) y aquellas atribuidas a la delincuencia común (31.56%). Así, sumados los crímenes adjudicados a "desconocidos" y "delincuentes" se superó el 90.52% de todas las muertes registradas por los cuatro periódicos nacionales en el año. En tercer lugar se encuentran las personas alrededor de las cuales no se pudieron determinar las circunstancias de sus muertes (4.79%); a éstas le siguen aquellos hechos en los que se utilizó armamento restringido para uso exclusivo de la Fuerza Armada de El Salvador (1.98%) y las víctimas cuyos cuerpos presentaban evidentes señales de tortura (1.56%); por último aparecen las muertes ocasionadas por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) o por efectivos militares (1.15%). En este período, con la información a la mano, no aparecieron víctimas que puedan incluirse en el accionar de los llamados "escuadrones de la muerte", aunque no debe descartarse totalmente que dentro de las víctimas "asesinadas por desconocidos" y con señales de tortura --de existir una investigación más profunda-- bien podrían ubicarse algunas acciones de estos grupos ilegales armados.

Durante los 12 meses de 1997, este mismo seguimiento de la prensa escrita realizado por el IDHUCA sumó un total de 774 víctimas; así se pudo establecer un promedio mensual de casi 65 personas muertas en las circunstancias señaladas y más de dos cada 24 horas a lo largo de 1997. La diferencia entre 1997 y 1998 es evidente. Desde nuestra perspectiva, el incremento de víctimas registradas en el último año podría tener diversas causas y entre ellas sobresalen dos. Por un lado, es posible que la violencia y el número de este tipo de crímenes haya crecido debido a la impunidad prevaleciente y a las reiteradas declaraciones públicas --muy generales y con poco fundamento-- de ciertos funcionarios sosteniendo que, ahora, la PNC no puede actuar; eso puede afectar la disposición de los efectivos del cuerpo para actuar y , además, puede alentar a los hechores materiales y/o intelectuales a realizar tales actos. Por el otro lado, cabe la posibilidad de que los medios de difusión escritos le estén dando una mayor importancia al fenómeno.

Se debe destacar que durante el período examinado se registraron asesinatos en serie con características similares; tal es el caso de la ejecución de, por lo menos, 11 homosexuales --de los cuales 10 víctimas eran "trasvestis"-- a manos de sujetos desconocidos. Según manifiesta la Asociación "Entre Amigos", la investigación oficial ha sido poco profunda pues no se han llamado a declarar a los compañeros de la víctimas, no obstante saber que éstos pueden proporcionar pistas valiosas para esclarecer los hechos. Así, al igual que en el pasado, la intolerancia violenta se sigue manifestando en nuestro país con otros motivos y objetivos, ya no tanto políticos quizás porque --en esta coyuntura-- no parece existir un "enemigo" que realmente ponga en peligro los privilegios del poder económico y político.

Los datos de la prensa escrita no son los únicos indicadores de los hechos que están nutriendo sus espacios dedicados a la llamada "nota roja", así como de los sentimientos de indefensión e impotencia entre la población. Para el caso, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) realizó en julio una encuesta para conocer la opinión de las y los salvadoreños con respecto a la crítica situación. El sondeo, entre otras cosas, dio como resultado que el 52.9% de las personas encuestadas señaló a la delincuencia y la violencia como los principales problemas del país. A esto se agrega que una de cada cuatro familias ha sido víctima de la delincuencia y que apenas el 29.2% de las afectadas denunció el hecho ante las autoridades correspondientes.

El último informe de labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que abarca el período comprendido entre junio de 1997 y mayo de 1998 --ambos meses inclusive-- revela que se atendieron 15,530 denuncias, 4,497 de las cuales cumplían los requisitos de admisibilidad; en su conjunto, esas denuncias admitidas indicaron la existencia de 5,065 presuntas violaciones a los derechos humanos.

Entre las instituciones responsables de estos hechos de violatorios, el primer lugar lo ocupa --al igual que en reportes anteriores-- la PNC, con 2,275; esa cantidad representa el 44.92% del total. Luego se menciona al Órgano Judicial con 962; es decir, 18.99%. En tercer lugar se encuentra el Órgano Ejecutivo con 688, que se traduce en el 13.58%. El resto se distribuye entre gobiernos locales, Órgano Legislativo y otras autoridades. El derecho más violado según la información es el relacionado con la integridad personal; fueron 1,045 denuncias registradas. Le sigue el derecho al debido proceso judicial con 931; por otra parte, se registraron 564 (13.1%) denuncias relacionadas con el derecho a la libertad personal, así como 467 (10.8%) con el derecho al trabajo.

Vale la pena destacar que estos datos corresponden a un año en el cual la institución estuvo conducida por la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés y su sustituto inmediato, licenciado Eduardo Urquilla. Del período iniciado desde que fue nombrado el licenciado Eduardo Peñate Polanco para ocupar el despacho del titular --sin reunir los requisitos para ello-- no se tienen ningún dato; no obstante, se han recibido informes extraoficiales de una considerable reducción en la cantidad de resoluciones emitidas.

Con un panorama como el ofrecido en este apartado, podemos afirmar que la situación de inseguridad y hechos contra la dignidad de las personas continuó en el país a lo largo de 1998; asimismo, se observa que el funcionamiento de las instancias encargadas de velar por la seguridad de la población y garantizar el respeto a sus otros derechos fundamentales no ha sido el esperado. Por tanto, el trabajo de la sociedad en su conjunto debe encaminarse a resolver estos problemas que --pese a que ya transcurrieron casi siete años desde la firma de la paz-- todavía sigue causando incertidumbre y cobrando víctimas entre la población.

Un análisis de los niveles de respeto a los derechos humanos en El Salvador, en las condiciones actuales, no es posible hacerlo a partir de una visión cuantitativa; mucho menos, si ésta se compara con las cifras de aquellos años de violencia política y bélica, para sacar de ahí algunas conclusiones. Ese fue el error que, durante una buena parte de su existencia, cometió la división especializada en la materia de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL); y, sin lugar a dudas, tal equívoco tiene mucho que ver con la gravedad de la situación en la que hoy nos encontramos.

Debido a eso, sin descartar la presentación de algunos indicadores, el IDHUCA considera de una mayor trascendencia el examen de las instituciones más importantes relacionadas con la defensa y promoción de los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas en nuestro país. Junto con el necesario involucramiento de las organizaciones sociales y de la población en general --utilizándolas para resolver o transformar positivamente los conflictos-- es esa institucionalidad la herramienta fundamental para garantizar el respeto a la legalidad y la construcción de un Estado democrático de Derecho. Por ello, a continuación ofrecemos nuestra visión sobre tres de sus componentes que consideramos más importantes.

Pese a que la PNC arrancó su desarrollo contando con el apoyo y la confianza de la población, poco a poco ese ánimo positivo se ha ido modificando para mal debido a la intervención de muchos de sus miembros en distintos tipos de hechos delictivos, así como también por su responsabilidad en la violación a determinados derechos humanos. De eso, dan cuenta diversos informes sobre la situación de El Salvador en la materia: tanto los de la observación internacional y la PDDH como aquellos provenientes de la llamada "sociedad civil".

No se puede ni se debe intentar pasar por alto las deficiencias que esta institución viene arrastrando desde hace algún tiempo. Los esfuerzos de sus máximas autoridades por hacernos creer lo contrario, han sido intensos; sobre todo, a lo largo de la administración Calderón Sol. En ese sentido, la Inspectoría General de la PNC --en algo que más parece un esfuerzo premeditado por ofrecernos imágenes positivas del cuerpo-- realizó una encuesta de opinión cuyos resultados fueron dados a conocer en noviembre de 1998. Éstos no podían ser menos que favorables a los intereses de la conducción estatal de la seguridad pública: el 62% confía en el cuerpo policial, mientras un 38% expresa algún temor. Cuando se preguntó si la PNC realizaba un buen trabajo, el 53% dijo que sí contra un 47% que afirmó lo contrario.

La misión fundamental de la institución es proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, así como prevenir y combatir toda clase de delitos y mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional. Con base a eso y tomando en cuenta los datos extraídos de la prensa escrita, se puede afirmar que pese a algunos intentos y resultados en la lucha contra la delincuencia, los niveles de ésta y de la violencia en general no se logran reducir.

Incluso hasta el mismo presidente de la República se refirió a la incapacidad de la institución para enfrentar el fenómeno delincuencial, llegando a sostener que la PNC estaba "adormecida". Y es que durante su gestión el ingeniero Rodrigo Ávila no ha podido encausar el trabajo del cuerpo policial y devolverle el espíritu con el que fue creado, luego de la fin de la guerra. Pese a ello, el doctor Armando Calderón Sol lo reeligió nuevamente como su director general por otro período más.

En este marco, la preocupación por el rumbo de la institución motivó a varias organizaciones sociales de derechos humanos a presentar un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 1998. Entre otros aspectos relacionados con la situación en el país, dentro del documento mencionamos que --principalmente a lo largo del año en cuestión-- se conoció públicamente de la participación directa de miembros de la PNC en ilegalidades tales como implantación de pruebas, presentación de testigos falsos e indebida administración financiera; también se hizo referencia a la ineficaz labor investigativa y a la poca capacidad para impulsar planes que inhiban la actividad delincuencial. Para nuestros organismos, el potencial técnico de la PNC ha sido limitado o muy mal utilizado no sólo por falta de recursos sino también por la poca disposición --sobre todo de la cúpula ministerial, la dirección del cuerpo y sus mandos medios-- para enfrentar los problemas al interior que deterioran su labor y su imagen.

En ese marco destacan los casos de fraude procesal que acapararon la atención del público a lo largo del año. Básicamente, nos referimos a la falsificación de pruebas y presentación de testigos falsos en el asesinato de la locutora Lorena Saravia, así como la fabricación y alteración de pruebas en el caso de Nelson Comandari. Por estos hechos se llevó a juicio a ocho policías; sin embargo, todos fueron absueltos pese a que en el caso "Comandari" la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas contundentes de la realización del delito y sobre la responsabilidad de algunos de los imputados.

La denuncia de fraude procesal en el caso "Saravia" fue presentada por el IDHUCA, a partir del testimonio rendido por unos de los investigadores iniciales del asesinato de la locutora. Dicha acción se impulsó con el único interés de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y fortalecer las instituciones estatales encargadas de investigar los delitos e impartir justicia. Los investigadores mencionados tuvieron que abandonar el país, debido a presiones y amenazas de ciertos sectores que tenían interés en que no se conociera la verdad sobre el fraude procesal. Como casi siempre, la conducción estatal de la seguridad pública y de la PNC pretendieron desestimar y hasta deslegitimar este esfuerzo ciudadano responsable. Para el director de la PNC, en el caso "Saravia" se hizo justicia con los dos policías presentes en la audiencia ante el juez de sentencia; en eso estamos de acuerdo con el ingeniero. En lo que no concordamos con él es cuando califica nuestra iniciativa como una acción "mal intencionada" tendiente a ocasionarle daño a la institución; sobre todo, al observar que el tercer policía imputado --principal involucrado en el caso-- "huyó" mientras permanecía detenido dentro de las instalaciones de la División de Investigación Criminal (DIC).

Otro hecho en el que se comprobó la participación delictiva de elementos policiales es en el asesinato del joven Manuel Adriano Vilanova. Luego de tres años de investigaciones y pese a los múltiples obstáculos que se encontraron en el camino --incluidas las resistencias oficiales para facilitar el esclarecimiento del lamentable hecho-- el 11 de octubre se logró condenar a un sargento, un cabo y tres agentes por ese homicidio agravado. Basilio Óscar Melgar y Hugo Antonio Perlera fueron sentenciados a 25 años de prisión; mientras que Abraham Evora De León, Guillermo López Barrera y Felipe Artemio Flores recibieron una condena de 23 años.

En este caso apareció mencionado por una testigo el ministro de Seguridad Pública, Sr. Hugo Barrera. La iracunda reacción del funcionario apuntó contra el IDHUCA, acusándolo de manipular varios casos con el propósito de dañar su imagen y la de la institución policial. Asimismo, Barrera se refirió a un "contubernio" entre el IDHUCA y la PDDH. En ese marco, nuestro Instituto convocó el 17 de septiembre --dos días después de los infundados señalamientos del ministro-- a una conferencia de prensa para ofrecer las aclaraciones pertinentes. Durante esa actividad quedó establecido ante la opinión pública y sus detractores que no se estaba fraguando ningún "complot" contra el cuerpo policial y que, además, no éramos parte de ningún "contubernio" para desprestigiar a nadie.

Asimismo, se hizo ver que nuestra institución recibe una buena cantidad de información de diverso tipo, sobre delitos del fuero común en los que presuntamente han participado agentes estatales --de distinto rango-- y sobre violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se aclaró que tal información al ser recibida es objeto de un tratamiento especial: tras las investigaciones propias y la comprobación de que existen indicios serios que apuntan a la realización de actos delincuenciales y atropellos contra particulares por parte de funcionarios, se traslada la documentación a las autoridades competentes para su debido trámite.

En esa misma conferencia estuvo presente el rector de la UCA, padre José María Tojeira, quien reafirmó el apoyo institucional al trabajo que realiza su Instituto de Derechos Humanos en este tipo de casos y dijo: "Lo que queremos no es armar escándalo ni desestabilizar, ni crear problemas a la gobernabilidad del país... Creemos firmemente que éste sólo será estable y gobernable cuando las instituciones funcionen. Y tenemos pruebas más que abundantes de que hay fallos institucionales. Nuestro trabajo consiste más bien en apoyar la institucionalidad, la legalidad del país; que funcionen realmente las instituciones y que sean éstas las que garanticen los derechos de las personas".

El planteamiento del padre Tojeira se debe aplicar, con mayor énfasis, al caso de la PNC. En primer término: por ser una de las principales y valiosas conquistas alcanzadas con el sacrificio realizado por el pueblo salvadoreño durante casi dos décadas. Y en segundo lugar: porque pese a todos los señalamientos hechos por la comunidad internacional, la PDDH y las entidades sociales ubicándola como la entidad estatal que más viola los derechos humanos en El Salvador, aún no se logran percibir mejorías sustanciales en su actuación. Así, tenemos que en el primer semestre del año examinado fueron 650 los agentes procesados administrativamente por violaciones a los derechos humanos; de ellos, 400 fueron sancionados por el Tribunal Disciplinario pero sólo 60 fueron destituidos.

Lo anterior nos da una idea de que, pese a la gravedad del cuadro y no obstante los tímidos intentos que se han realizado, la depuración del cuerpo policial marcha a un paso demasiado lento. Los casos mencionados son sólo ejemplos de algunas prácticas que se están desarrollando a su interior; quizás éstas puedan minimizarse si la institución logra contar con un buena conducción --homogénea y apegada a su misión-- y verdaderos mecanismos de control de su personal, para detectar elementos que ponen en peligro su buen desarrollo. Respecto a estas situaciones, las autoridades del ramo y la misma cúpula de la PNC no han dado reales muestras de voluntad política para cambiar este panorama; al contrario, públicamente se cierran ante cualquier señalamiento pese a que en privado reconocen la magnitud de ciertas deficiencias. Como se puede comprobar en el primer apartado de este balance anual, el tema de la seguridad pública en el país demanda un mayor esfuerzo de parte la conducción policial a fin de reducir los niveles de violencia y violación a los derechos humanos.

Por las noticias que nos brindan los medios de difusión masiva y por los datos del mismo cuerpo policial, podemos estar seguros que la institución seguirá siendo criticada. El reto para ella es muy grande: se tiene que ganar nuevamente la confianza de la población y eso sólo lo logrará realizando una labor eficaz, profesional y --sobre todo-- apegada al respeto a los derechos humanos. Para ello, es necesario vigilar el trabajo que desarrollan sus miembros a fin de ubicar sus fallas, aceptarlas con una actitud responsable y contribuir a corregirlas de verdad.

En cuanto a la impartición de justicia, 1998 no nos dejó un buen sabor; como en años anteriores, el Órgano Judicial siguió presentando los mismos síntomas del pasado. Así las cosas, el área de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia nos proporcionó algunos datos emanados del Departamento de Investigación Judicial (DIJ); éstos indican que durante 1998 ingresaron 226 denuncias sobre las que se pronunciaron 137 resoluciones, cuyo detalle es el siguiente: 84 inadmisibilidades, 35 exoneraciones, tres prevenciones, seis amonestaciones, tres suspensiones, cinco remociones y una nulidad.

Entre los principales males que afectan el funcionamiento del Órgano Judicial, así como el de otros entes estatales, se encuentra el de la corrupción. Por ello, el doctor Eduardo Tenorio --cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia-- prometió "iniciar una reestructuración para erradicar el ambiente antiético" dentro del sistema. Sin embargo, estos cambios no se han realizado a profundidad y, por tanto, al finalizar 1988 aún no se percibían signos alentadores para siquiera imaginar que esa lacra será controlada algún día. Así percibe la situación el pueblo salvadoreño. Una encuesta realizada por un rotativo matutino en agosto de 1998, reveló que la mayoría de la gente consultada no aprobó el trabajo de las y los jueces al calificarlos como "malos". Una vez conocida esta visión, los operadores de justicia argumentaron el desconocimiento de la población con respecto a la nueva normativa Penal y Procesal Penal.

Pero el problema real no tiene que ver sólo con las nuevas leyes, sino que está relacionado con el conjunto del sistema judicial que este año --lamentablemente-- tampoco gozó de la credibilidad ni de la confianza de la población debido a otras graves deficiencias que lo caracterizan; hablamos --por ejemplo-- de la lentitud o la discresionalidad para resolver los distintos recursos y peticiones que se presentan ante sus diversas instancias y que, en muchos casos, resultan ser trascendentales para el rumbo de la justicia en el país.

Eso se refleja en el informe de la consulta ciudadana realizada por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia. Presentados en noviembre de 1998, algunos de sus resultados apuntan lo siguiente: el 53% de la población general dijo tener poca confianza en el sistema judicial, mientras que el 31% no tiene ninguna confianza. El 75% de la gente considera que en El Salvador no hay seguridad jurídica, entendida ésta como la certeza que tiene la persona sobre el imperio de la ley; es decir, que el Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la normativa en cuanto a los derechos y las obligaciones de todas y todos.

Un dato muy importante es el que se refiere al uso de diversos componentes del sector por parte de la población. Los resultados son evidentes: el Ministerio de Justicia fue el que alcanzó el porcentaje más elevado con el 9.3%; a éste le siguen la Procuraduría General de la República con el 9.0%, los tribunales con el 8.3%, la Fiscalía General de la República con el 5.3% y --en última instancia-- la Corte Suprema de Justicia con 5.0%. Al tratar de conocer la cobertura de estas instituciones se reveló que sólo el 18% de la población hizo uso de sus servicios al menos una vez. Pero el 76% nunca había utilizado ninguno de los componentes mencionados y el 6% no sabía o no los conocía.

Según la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, el propósito de la encuesta era el de determinar la opinión de la población común así como de las personas relacionadas directamente él --usuarios y operadores-- en relación a su situación actual, a fin de diseñar las estrategias a impulsarse para fortalecer, consolidar, ampliar y mejorar el servicio y --en definitiva-- el acceso a una justicia pronta y cumplida. En ese sentido, la evaluación constituyó un buen ejercicio. Como bien se refleja en los datos arrojados, la población no acude a las instancias y --pese a que en la encuesta no se menciona el por qué no se utilizan estos espacios-- la lógica indica que la respuesta se encuentra en la poca o nula confianza que inspiran, pues la mayoría de la gente sí conoce de su existencia.

Al hacer el balance sobre el Órgano Judicial durante 1998, no podemos dejar de mencionar la casi permanente confrontación entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. De esa forma, las y los salvadoreños se enteraron --a través de los medios de difusión masiva-- de los encuentros poco amistosos entre estos dos entes estatales que, en definitiva, sólo contribuyeron a incrementar su desprestigio. El último roce ocurrió cuando en el seno de la Asamblea Legislativa se creó una comisión especial para investigar las resoluciones dictadas por la Corte; en esa línea, el doctor Tenorio fue citado a una reunión para discutir sobre ello pero éste declinó la "invitación" aduciendo que la intención de dicha comisión era una insinuación "intolerable, inaceptable, inadmisible". La querella finalizó cuando la misma Corte declaró inconstitucional la comisión parlamentaria.

Todas esas polémicas sobre la independencia y la competencia de los órganos estatales distrajo la atención de sus integrantes y desperdició recursos, haciendo más difícil el ya de por sí sinuoso camino que debe recorrer la población salvadoreña para, en algunas ocasiones, obtener justicia. En su conjunto, esta realidad nos lleva a concluir que el Órgano Judicial --por razones internas y externas-- todavía es incapaz de responder a las necesidades y exigencias de la población.

No se puede finalizar este apartado sin considerar las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, que entraron en vigor el 20 de abril de 1998. Desde el principio fueron notorios algunos de los problemas que habría de enfrentar al momento de su aplicación, debido --entre otras cosas-- a la falta de coordinación entre la PNC y la Fiscalía General de la República a la hora de realizar determinadas diligencias, así como por la confusión de los procedimientos a realizar. Lo mismo ocurrió en los tribunales, donde sus integrantes se quejaban --también entre otras cosas-- de algo tan elemental como la falta de equipo para dar curso a las primeras audiencias orales, tal como lo establece la nueva normativa. Eso provocó que, a menos de tres meses de haber sido aprobada la nueva normativa, la Asamblea Legislativa reformara seis artículos del Código Penal.

Por su parte, el director de la PNC, ingeniero Rodrigo Ávila, propuso reformar los códigos debido a que --según él-- algunos procedimientos limitaban la labor de la institución a su cargo para cumplir con su misión. Dentro de la nueva normativa, el artículo 48 del Código Penal fue el que provocó mayores opiniones y críticas, pues en él se establecía que cada día de detención provisional se debía multiplicar hasta por tres días de prisión, los cuales se sumarían a la pena. La nueva disposición debía ser vista como una forma de "castigar" la lentitud procesal dentro del sistema de justicia en nuestro país; no era como algunos sostuvieron, una herramienta para favorecer a los delincuentes.

Con la entrada en vigencia de esa nueva normativa se esperaba encontrar una salida a la situación de los centros penitenciarios; sin embargo, a casi nueve meses de su vigencia, las cosas no parecen marchar del todo bien. Prueba de ello es el problema suscitado el 10 de julio, cuando los reos recluidos en el Penal de Apanteos --presentada como una "cárcel modelo"-- se amotinaron y causaron desórdenes, exigiendo mejor trato y la agilización de sus procesos judiciales.

El año examinado en esta ocasión fue el escenario de un gran retroceso para la PDDH. Durante su primer período de existencia --de 1992 a 1995-- se detectaron algunas fallas que oportunamente fueron señaladas y que, de una u otra manera, existió la posibilidad de ser discutidas con funcionarios de la institución. Luego, de 1995 a 1998, la Procuraduría adquirió un perfil positivo más elevado y fue acosada de diversas formas: recortes presupuestarios, intentos por deslegitimar su autoridad y amenazas contra su personal, por ejemplo; pese a esto último, logró agenciarse un destacado lugar entre la opinión pública a partir de los progresivos niveles de confianza y credibilidad que llegó a generar.

La misión fundamental que por mandato constitucional le ha sido encomendada a la figura del Ombudsman en nuestro país, es la de velar por la protección, defensa y promoción de los derechos humanos con el propósito de garantizar su vigencia real y plena. Así, pues, una de sus atribuciones principales de su titular es la de vigilar y supervisar al resto de las instituciones estatales para que sus funcionarios, de cara a las personas particulares, siempre actúen en un marco de respeto estricto a la legalidad y los derechos humanos. En este sentido, a lo largo de los tres años al frente de la PDDH, la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés dio cumplimiento con el encargo de forma satisfactoria, logrando generar confianza y credibilidad entre la población a partir de una actuación transparente, firme y apegado a lo establecido legalmente.

No obstante los antecedentes de crecimiento progresivo durante esos dos primeros períodos, en febrero del año que acaba de finalizar se inició al interior de la Asamblea Legislativa una nueva y atropellada carrera para conseguir la PDDH, que ya es vista en como otro trofeo a obtener en la poco deportiva y más bien sucia competencia de la "partidocracia" nacional; fue entonces cuando comenzaron a escucharse otra vez las discusiones de los partidos ahí representados, destacando entre ellas el reclamo de algunos de esos grupos que exigían para sí el control de la Procuraduría apelando a un supuesto derecho adquirido, que no es más que el resultado de componendas entre ellos.

Con el paso del tiempo el espectáculo se fue volviendo cada vez más turbio y deplorable: no se elegía a nadie y poco a poco, en la medida en la que se rechazaban nombres, la calidad de las y los mencionados --salvo una que otra excepción-- iba cayendo en un deterioro realmente notable y lamentable por las consecuencias negativas para la institucionalidad del país. Prácticamente se estaba instalando a la PDDH, de forma progresiva y lamentable, en los niveles más bajos.

En vista de esta situación y de la excelente labor desempeñada por la doctora de Avilés, 20 organismos --civiles de derechos humanos, medio ambiente, mujeres e infancia, junto a las radios participativas-- solicitamos su reelección a través de dos piezas de correspondencia enviadas a la Asamblea Legislativa: una el 10 de febrero y la otra, un mes después, el 10 de marzo. Asimismo, en reiteradas ocasiones montamos conferencias de prensa y eventos solicitando que se eligiera a la persona idónea para el cargo. También propusimos una terna de candidatos y exigimos transparencia en el mecanismo de elección de la persona para ocupar la titularidad de la institución. Sin embargo, las iniciativas de nuestros organismos, cayeron en "saco roto": pues las y los diputados ni siquiera las llegaron a considerar.

En esta desafortunada pelea partidarista por este cargo, dentro de la Asamblea no se pensó primero en las características que debía tener el o la candidata: su honestidad y capacidad; su sensibilidad hacia las necesidades y preocupaciones de los sectores más desprotegidos; su valentía para enfrentarse a quienes violan los derechos humanos y su disposición para convertirse en baluarte de esta causa. Con su accionar, pues, las y los diputados iniciaron el proceso de desnaturalización de esta valiosa institución. Y es que el mecanismo de elección fue --a todas luces-- viciado desde un principio. Incluso, hasta se llegó a reformar la Ley Orgánica de la PDDH para lograr los oscuros fines de las componendas politiqueras.

Así las cosas, el mes de julio nos recibió con la noticia de que, luego de casi cuatros meses de debate entre las y los diputados, al fin habían nombrado a alguien: un total desconocido, ¡hasta entonces! El segundo día de ese mes, con 77 votos la Asamblea Legislativa nombró a Eduardo Antonio Peñate Polanco como titular de la institución, quien anteriormente se desempeñaba como magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro con sede en Cojutepeque. Este hecho le cayó como una "bomba" a las instituciones que todos esos meses presentamos propuestas e hicimos hasta lo imposible por lograr algo bueno; y es que, al empezar a enterarnos de la trayectoria de Peñate Polanco descubrimos que no cumplía los requisitos para el puesto. Este señor cargaba en sus espaldas con, por lo menos, 20 demandas en su contra dentro de la Corte Suprema de Justicia y en la misma Procuraduría. Asimismo, una evaluación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en 1996, cuando Peñate Polanco se desempeñaba como funcionario judicial, concluyó que su trabajo no había sido satisfactorio.

Dentro de esta coyuntura, las listas de candidatos y candidatas fueron varias; dentro de ellas, habían algunas personas que cumplían satisfactoriamente con los requisitos que exige la Ley de la Procuraduría para aspirar el cargo. Casualidad o no --¿quién sabe?-- Peñate Polanco no aparecía en ninguna de estas listas. En vista de estas anomalías, desde el IDHUCA nos pronunciamos en contra de este nombramiento y exigimos a la Asamblea Legislativa: la destitución de Peñate Polanco, la elección de una persona idónea en su lugar, la reforma legal pertinente para ampliar el universo de las personas que puedan ocupar el cargo y el establecimiento de un proceso de participación ciudadana que garantice realmente la "calificación" de los resultados en este tipo de elecciones. Sin embargo, al igual que el resto de propuestas y peticiones provenientes de la "sociedad civil" --que una a una no fueron tomadas en cuenta-- esta iniciativa tampoco prosperó. El FMLN y la USC le retiraron su apoyo a Peñate Polanco, pero eso no impidió que los demás partidos políticos mantuvieron su "capricho político" el 30 de julio.

Una vez en el cargo, Peñate Polanco se dedicó a despedir a personal valioso y con experiencia dentro de la institución para sustituirlo con gente proveniente de determinados partidos políticos que apoyaron su nombramiento, en especial de la Democracia Cristiana. Así, el 10 de agosto el nuevo procurador pidió la renuncia del licenciado Eduardo Urquilla --que ocupaba el cargo de procurador adjunto-- aduciendo pérdida de confianza. Lo grave de esta situación es que tras la salida del licenciado Urquilla, Peñate Polanco comentó dentro de la institución y declaró ante los medios que él no había solicitado tal salida; más bien, dijo que la misma era el resultado de una iniciativa personal del ahora ex procurador adjunto. Esa fue quizás la señal que anunciaría lo que ha caracterizado hasta ahora el "período perdido" de la PDDH: el manejo turbio y oscuro de los hechos.

El anterior fue, solamente, el inicio de los cambios dentro de la institución; el 23 de diciembre, Peñate Polanco envió cartas a más de 20 empleados y empleadas --incluidos jefes de departamentos y secciones "claves"-- para que acudieran a su despacho con el fin de "razonar" la operatividad de sus plazas y la renovación de su contrato. Tras ello, no se le renovó el contrato a nueve funcionarios con experiencia.

Otro hecho que demuestra la existencia de intereses particulares partidaristas tras este nombramiento es la asignación del presupuesto para la PDDH. Durante el mandato de la doctora de Avilés, la institución tuvo que enfrentar serios obstáculos para su desarrollo y consolidación, siendo uno de ellos el chantaje económico gubernamental. En 1998 la institución inició sus labores con una asignación de 30.5 millones de colones, mientras que la propuesta presupuestaria para 1999 es de 33.2 millones; eso representa un incremento del 8.9%. No nos oponemos a que se inviertan recursos en esta importante institución, pero sí nos preocupa que se entreguen fondos del pueblo para que funcionarios irresponsables los utilicen mal.

Así las cosas, el futuro de esta institución que costó tantas víctimas mortales, personas desaparecidas y luto en miles de familias salvadoreñas es --sin lugar a dudas-- desesperanzador; sobre todo, si nos ponemos a pensar que toda la labor realizada anteriormente --de crecimiento, pese a los errores, limitaciones y dificultades-- no tendrán continuidad. Esto representa un grave atraso para la construcción de una verdadera institucionalidad que garantice el respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Al igual que en 1997, el estudio de 1998 nos indica la existencia de aspectos positivos y negativos que merecen la pena resumirse acá. De lo negativo, básicamente podemos decir que resultan sumamente preocupante las peligrosas señales que se están transmitiendo desde la institucionalidad del país: una PDDH prácticamente entregada al vaivén de la desprestigiada politiquería nacional, que se encargó de incrustar en ella personas sin la mínima capacidad para ocupar sus principales cargos; una PNC cada vez más duramente criticada por su accionar y por la actitud de su conducción que, a capa y espada, intenta defender lo indefendible; un Órgano Judicial que, pese a toda la inversión para transformarlo, sigue sin dar muestras sustanciales de cambio y continúa sin lograr satisfacer los tan postergados anhelos y reclamos de justicia surgidos desde la población.

De lo positivo, ¿que ejemplos podemos destacar? El triunfo parcial de la justicia en el caso "Vilanova", fruto de un esfuerzo común realizado por: una familia siempre estuvo dispuesta a superar amenazas, temores, engaños y cualquier otro tipo de obstáculos en su lucha por reivindicar sus derechos; un organismo especializado que desde la sociedad ofreció sus servicios a las víctimas y las acompañó hasta el final de esta etapa; una institución estatal --la Fiscalía General de la República-- que realizó su labor con responsabilidad; y un periodismo investigativo serio y profesional que contribuyó al esclarecimiento del crimen, no sólo poniendo en jaque a las autoridades de seguridad pública renuentes a ello sino también sensibilizando a la población en general sobre la necesidad de dar este tipo de batallas que --a la larga-- son las que realmente transformarán el país.

Al igual que el anterior, durante el año fue positivo el desarrollo de las acciones impulsadas --con el concurso de los mismos elementos-- para avanzar en las investigaciones del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, ocurrido en junio de 1994. Así, por segundo año consecutivo se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está a la espera de una decisión favorable a las víctimas por parte de este organismo. Además, se logró la detención de otro de los autores materiales del condenable hecho, así como el establecimiento de serias contradicciones en las declaraciones rendidas ante el tribunal correspondiente por parte de la jefatura y detectives de la DIC-PNC que --en 1994-- tuvieron a su cargo el caso.

Asimismo, debe destacarse la creación de la Defensoría Parroquial de Derechos Humanos en la populosa colonia Santa Lucía, jurisdicción de Ilopango, en diciembre de 1998. El acto --presidido por monseñor Gregorio Rosa Chávez-- fue la culminación de un proceso de capacitación y organización local que promete ser una de las experiencias más positivas en la participación directa de la gente para la defensa y promoción de sus derechos humanos. En adelante, esta Defensoría tiene ante sí enormes retos pero cuenta --para enfrentarlos-- una mayor cantidad de entusiasmo y compromiso.

Durante 1998, los niveles de violencia se mantuvieron altos y continuaron realizándose violaciones a los derechos humanos; eso es muy preocupante. Pero es más grave que en ese año se hayan reducido los niveles de protección estatal, principalmente por lo ocurrido con la PDDH. Aunque han habido algunos logros desde la sociedad --como los ya señalados y otros-- el balance de hoy es menos optimista que el anterior. ¿Por qué? Pues porque a la violencia y las violaciones que continúan, junto al deterioro de la capacidad institucional para enfrentarlas, se sumaron el paso del "Mitch" y sus consecuencias para incrementar el ya de por sí grave estado de cosas en materia de derechos económicos y sociales.

Asimismo, mientras fuera de El Salvador se avanza en la creación de una Corte Penal Internacional --que examinará las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad-- y se adoptan medidas para sancionar a los responsables de la tragedia chilena, acá no se aflojan las resistencias para enfrentar el doloroso pasado que reclama el esclarecimiento de los hechos y la reparación para sus víctimas.

Estando fresca aún la algarabía de la celebración mundial por el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestro país seguimos bastante rezagados en ese terreno. Frente a eso, es bueno recordar que hace 20 años --en su primer Encíclica-- Juan Pablo II sostuvo que la paz florecía sólo cuando se observaban íntegramente los derechos humanos, mientras que la guerra surgía de su irrespeto y se convertía a la vez en causa de otras violaciones. Aquí ya vivimos una guerra originada precisamente por las ofensas a la dignidad humana y sus consecuencias todavía las estamos pagando muy caro; la interrogantes, entonces, es: ¿vamos a seguir en el camino equivocado que hasta ahora nos encontramos, para desembocar en una confrontación quizás más brutal que la anterior, o estamos dispuestos a enderezar el rumbo, a partir del esfuerzo por elevar los niveles de respeto integral y universal de los derechos humanos?

Cronología de 1998

ENERO

01. La empresa estatal autónoma ANTEL se transforma en INTEL/CTE (Compañía Inalámbrica y Alámbrica respectivamente).

12. El alcalde de San Salvador Héctor Silva, entrega a la Asamblea el documento "Ley de impuestos municipales", el cual es rechazado por el sector empresarial.

16. La Comisión Nacional para el Desarrollo entrega al Presidente Calderón Sol el documento Bases para el Plan de Nación.

21. Las fracciones legislativas y el gobierno aprueban el Presupuesto General de la Nación para 1998, reformando, a la vez, las leyes de privatización de las distribuidoras de electricidad y la del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Municipalidades (FODES).

28. El jefe de la fracción legislativa del PDC, Jorge Barrera, es destituido de su cargo por el Directorio Nacional del partido, quedando en su lugar René Aguiluz.

FEBRERO

01. Se celebra la Convención Nacional del PDC, en la cual se destituyó del cargo de secretario general a Ronal Umaña y quedó en su lugar Horacio Trujillo.

04. El presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Flores, pone a disposición del pleno legislativo su cargo y se lanza como candidato a la presidencia por ARENA.

13. Juan Duch Martínez, secretario de la Asamblea Legislativa, es elegido como presidente de dicho órgano del Estado.

— El Presidente Calderón Sol y la Comisión Nacional de Desarrollo presentaron a los miembros del Grupo Gestor, encargado de impulsar el proceso de discusión de las Bases para el Plan de Nación.

15. Los pedecista de la fracción de Umaña efectuaron una segunda Convención Nacional, en la que se consolidó la Unión Nacional Opositora (UNO)

23. El Presidente de la República compromete fondos de CEL para subsidiar los aumentos al servicio de energía eléctrica.

MARZO

02. A tres semanas de finalizar su período como procuradora de Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, junto a Rosalío Tóchez, Carlos Molina y Arturo Argumedo fueron nombrados como posibles candidatos al cargo.

— La Asamblea Legislativa concluye, con 75 votos, el proceso de aprobación de la Ley del Medio Ambiente, la cual fue entregada al Presidente de la República.

03. El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) convoca a un paro de labores, cuyas exigencias tenían relación con el mejoramiento de la atención médica en todo sentido y aumentos salariales.

04. La dirección del ISSS denuncia ante el Juzgado Segundo de Paz a los médicos de SIMETRISSS por abandono colectivo de funciones.

06. El Juzgado Cuarto de lo Laboral decreta ilegal la huelga médica.

— Los médicos del ISSS levanta huelga sin iniciar negociaciones.

09. Los nombres de 11 candidatos para Procurador de Derechos Humanos fueron lanzados por los partidos políticos representantes en la Asamblea Legislativa.

10. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) entrega a la Asamblea una contrapropuesta a la planteada por la Alcaldía de San Salvador, referente al incremento de impuestos municipales.

11. Juzgado Segundo de Paz y la Fiscalía General de la República confirman ilegalidad de huelga médica, haciéndose efectiva la demanda.

14. El Presidente Calderón Sol anuncia que, a partir de Abril, se prevé un aumento salarial de 1000 colones para los médicos generales y de 1200 para los especialistas.

15. SIMETRISSS rechaza el ofrecimiento del gobierno.

16. Juzgado Segundo de Paz decreta detención provisional contra los 11 directivos de SIMETRISSS. Voceros del Colegio Médico exigen la revocación de orden de captura.

— Los cinco candidatos a Procurador de Derechos Humanos son entrevistados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

17. SIMETRISSS llama a un nuevo paro de labores a nivel nacional.

— El Presidente Calderón Sol designa una Comisión de Alto Nivel para entablar conversaciones con SIMETRISSS.

18. El Presidente Calderón Sol devuelve a la Asamblea el anteproyecto de Ley del Medio Ambiente con sus respectivas observaciones.

19. El Juzgado Segundo de lo Penal revoca orden de captura contra médicos.

— Inician las conversaciones entre SIMETRISSS y la Comisión de Alto Nivel.

20. Médicos de todo el país realizan una manifestación denominada "Marcha Blanca", exigiendo una entrevista con el ministro de Salud.

23. Termina la primera jornada de negociaciones entre la directiva del SIMETRISSS y la Comisión de Alto Nivel sin acuerdos sustanciales.

— Victoria Marina de Avilés entrega su cargo como Procuradora de Derechos Humanos, quedando a la cabeza de la institución el procurador adjunto y aspirante al puesto, Eduardo Urquilla.

— La Asamblea Legislativa reforma la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), para permitir que el procurador adjunto permanezca en el cargo un período no mayor de 30 días.

24. Miembros del SIMETRISSS levantan segundo paro laboral.

25. La directiva del SIMETRISSS rechaza la propuesta del aumento salarial presentada por la Comisión de Alto Nivel.

31. El SIMETRISSS anuncia la creación de una Comisión Tripartita para planificar, coordinar y comunicar estrategias de reestructuración del sistema de salud.

ABRIL

01. Se suspenden conversaciones entre Comisión de Alto Nivel y el sindicato del ISSS.

— La Comisión Tripartita convoca a todo el gremio médico a una huelga de dos días.

02. El Diario de Hoy publica una investigación periodística acerca de una supuesta política de reducción de cesáreas practicada en el Hospital de maternidad y la Unidad de Salud 1º de Mayo.

03. Inicia campaña informativa del ISSS y directivos del los hospitales acusados por El Diario de Hoy para reafirmar su "compromiso de proteger la vida de los pacientes sin restricciones".

— La Fundación Friederich Ebert presenta su informe denominado Evaluación de la Reforma del Sistema de Pensiones en El Salvador.

04. Reinician negociaciones entre Comisión de Alto Nivel y la directiva del SIMETRISSS.

15. Empiezan a laborar las nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

— El FMLN pide la derogación de la Ley del Sistema de Pensiones.

20. Entran en vigencia los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal.

21. La Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS) anuncia que iniciará huelga en apoyo a las demandas de los médicos del ISSS.

— El Colegio Médico expulsa a la directora del ISSS, María Julia Castillo, de dicho cuerpo colegiado.

31. La Directora del ISSS presenta un recurso de amparo ante Corte Suprema de Justicia alegando una violación a sus derechos de audiencia, defensa, libre asociación y honor con su retiro del Colegio Médico.

— Con 49 votos a favor, la Asamblea Legislativa reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de PDDH, con la cual la institución queda acéfala.

MAYO

01. Salvador Arias y la ex procuradora de Derechos Humanos, Victoria de Avilés, son nombrados como precandidatos presidenciales del FMLN.

07. Los ex procuradores Carlos Molina Fonseca y Victoria de Avilés, junto con el procurador adjunto Eduardo Urquilla, rechazaron la reforma al artículo 15 de la Ley de la PDDH hecha por el pleno legislativo.

08. La Comisión Política de la USC presenta formalmente al Consejo Nacional del FMLN la precandidatura de Abraham Rodríguez, para formar una coalición que participe en las elecciones de 1999.

12. El ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino, explica los puntos definitivos de la oferta de negociación de la Comisión de Alto Nivel al SIMETRISSS.

14. El gobierno anuncia que suspenderá a los contratos de los médicos que se mantuvieran en huelga, de no reiniciar sus labores el mismo día.

15. El gobierno despide a 7 médicos de varias clínicas comunales del ISSS.

— Se hacen públicas las renuncias del titular del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla; de la Comisionada Presidencial para la Modernización del Estado, Ana Cristina Sol; y de la Directora del Fondo de Inversión Social (FIS), María Teresa de Rendón.

18. El Presidente de la República anuncia que Benjamín Trabanino sustituye a la titular del FIS, mientras que el vicepresidente del BCR, Gino Bettaglio es promovido a la presidencia de la institución.

19. Decenas de médicos presentaron ante la directora del ISSS sus cartas de renuncia en solidaridad con sus colegas destituidos.

21. El gobierno y el SIMETRISSS anuncian la finalización del conflicto, quedando sin efecto las medidas de presión que mantuvo el gremio médico durante los últimos 24 días, así como cualquier represalia del gobierno contra ellos.

22. Un grupo de representantes de organizaciones no gubernamentales propone a Héctor Dada Hirezi como precandidatos presidencial por el FMLN.

23. La CSJ, ante un recursos de inconstitucionalidad presentado por el procurador adjunto de derechos humanos, exigió al Presidente de la República y al parlamento una explicación de la "constitucionalidad del decreto impugnado" en la Ley Orgánica de la PDDH.

24. Se conoce la última lista elaborada para posibilitar la elección del Procurador del los Derechos Humanos, que contenía los nombres de 7 aspirantes, pero al día siguiente la elección fue bloqueada por las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa.

25. Calderón Sol niega cualquier posibilidad de vetar la reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la PDDH.

27. Salvador Arias se inscribe formalmente como miembro del FMLN, para participar como precandidato del partido.

JUNIO

01. El Presidente Calderón Sol pronuncia su discurso con motivo del cuarto año de gestión presidencial.

05. La Comisión Tripartita de médicos del país denunció el retraso de las conversaciones pendientes para concretar los acuerdos firmados entre el Gobierno y los médicos.

09. Las fracciones políticas de ARENA, PDC y PCN solicitaron que el ejército saliera a las calles a reforzar el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) contra la delincuencia.

11. La PNC acordó estructurar el "Plan Guardianes", con el fin de aumentar el número de agentes policiales en las ciudades y aumentar los Grupos de Tarea Conjunta (GTC) activos.

— El Juez Nelson Rauda, encargado de investigar algunos secuestros de la década pasada, recibe una carta firmada por el presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, donde se le ordena retirar las preguntas del cuestionario para Joaquín Villalobos en las que se involucra, en calidad de imputado, a Shafik Hándal.

12. El fiscal general de la república, Manuel Córdova Castellanos y la ANEP consideraron que la actitud de Tenorio, en cuanto al cuestionario para Joaquín Villalobos, era equivocada porque constituía una extralimitación de funciones por parte de la CSJ.

15. El Presidente de la República descarta la salida del ejército a las zonas urbanas.

JULIO

01. El FMLN, ARENA, PDC, PCN, CD, PLD y PD firman un acuerdo en el que se comprometen a ratificar al candidato Eduardo Peñate como Procurador de Derechos Humanos.

— FMLN inicia investigación sobre Peñate al sospechar que este tenía juicios abiertos en su contra.

02. Asamblea Legislativa juramenta a Eduardo Peñate como Procurador de Derechos Humanos.

07. Fiscales encargados del caso de los secuestros, junto con abogados defensores de la ANEP, piden por escrito al Juzgado 1º de instrucción haga caso omiso a la petición de la Corte sobre el cuestionario que se enviará a Joaquín Villalobos.

10. Se conoce que el número de expedientes abiertos en la CSJ en contra del Procurador Eduardo Peñate suman 23.

— El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Tecla ordena que el cuestionario sobre los secuestros se reforme y decreta reserva legal sobre el caso.

11. Abogados de la ANEP y miembros de la Comisión Especial de la Fiscalía acuerdan viajar a Oxford para interrogar personalmente a Joaquín Villalobos sobre el caso de los secuestros.

16. Héctor Silva acepta propuesta de ser precandidato presidencial por el FMLN, con la condición de que Héctor Dada Hirezi se retire de la competencia.

— Diputados de los partidos de oposición consiguen aprobar la modificación de 7 artículos de la Ley del FODES, por medio de la cual se dejaba intacto el presupuesto de 1999 para las Municipalidades.

— La Fiscalía General de la República y la ANEP presentan los interrogatorios para Villalobos sin el nombre de Hándal, pero con un mayor número de preguntas.

20. La fórmula presidencial por el FMLN, Arias-Avilés, es apoyada por las bases del departamento de la Libertad.

22. La elección del Procurador de los Derechos Humanos continuó abierta luego de que ARENA, PDC, PCN y PLD respaldaran a Peñate con 43 votos.

24. Se celebra la subasta de CTE en la que la empresa France de Telecom obtiene el 51% de las acciones.

30. Con 50 votos a su favor, Peñate queda electo oficialmente como Procurador de Derechos Humanos.

AGOSTO.

08. El FMLN realiza Convención Nacional en San Miguel en la que sale favorecido Héctor Silva como precandidato.

09. Se declara "empate" en las preferencias hacia Avilés y Silva en el departamento de San Salvador.

10. Salvador Arias renuncia de la precandidatura presidencial quedándose con la vicepresidencia.

11. El Procurador Adjunto de Derechos Humanos, Eduardo Urquilla, presenta su renuncia al cargo, a solicitud de Eduardo Peñate.

12. El Presidente Calderón Sol veta las reformas a la Ley del FODES.

15. Se celebra la Convención Nacional del FMLN sin que se eligiera ningún candidato, pues Victoria de Avilés obtiene 441 votos, mientras que Héctor Silva obtiene 431.

25. Héctor Silva renuncia a continuar como precandidato presidencial del Frente.

SEPTIEMBRE.

01. Unos 50 mil ex patrulleros reclaman una indemnización de 18 mil colones por los servicios prestados durante el conflicto armado.

03. Los partidos representantes en la Asamblea legislativa, con excepción del FMLN, USC y 2 diputados independientes, aprobaron la nueva ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales.

08. Distintas gremiales agrupadas en la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa se pronuncian en contra de la aprobación de la Ley de Zonas Francas.

09. Grupos de ex patrulleros ocupan varios tramos de acceso a San Salvador en protesta por la negativa del Gobierno ante sus demandas.

10. Las fracciones de ARENA, PDC, PCN, CD y PLD determinan recomendar al alcalde Héctor Silva que no efectúe desalojos de vendedores, lo cual es parte del Plan de Reordenamiento municipal.

11. Héctor Dada Hirezi expresó su disposición de participar en un proceso de precandidatura por el FMLN, siempre y cuando se construyera una alianza política y social entre dicho partido y la USC.

15. Inicia la remoción de los primeros pues tos de ventas de la Plaza Morazán.

16. Miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), acompañados de un cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), trasladan por la fuerza a los vendedores que se negaban a hacerlo.

18. Se realiza un nuevo enfrentamiento entre vendedores minoristas de la capital y agentes de la UMO y el CAM.

20. Héctor Dada Hirezi anuncia ante el Consejo Nacional de FMLN su decisión de retirarse de la precandidatura presidencial.

22. Los vendedores agrupados en la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores y Pequeños Comerciantes (ANTRAVEPECO) realizan una marcha pacifica, con el propósito de recuperar sus puestos.

— El Consejo Nacional del Frente propone al Coordinador General del partido, Facundo Guardado, como precandidato a la presidencia de la república y a María Marta Valladares como precandidata a la vicepresidencia.

— El Presidente Calderón Sol otorgó la sanción definitiva a la Ley de Zonas Francas, con lo que descartó las posibilidades de someterla a una revisión.

23. Se realiza un nuevo bloqueo de carreteras por parte de los ex patrulleros y se produce un enfrentamiento violento entre estos y miembros de la UMO.

24. Se ratifican 27 reformas que serán aplicadas a los nuevos Códigos Penales y queda pendiente únicamente la referida al artículo 176 del Código Penal.

25. El sector "ortodoxo" del FMLN anunció que la fórmula Arias-Avilés los representaría en las elecciones primarias.

27. Se realiza la Convención del FMLN y se elige la fórmula presidencial definitiva para las elecciones de 1999: Facundo Guardado y María Marta Valladares.

28. El Presidente de la República informó la decisión de que los ex patrulleros que comprobaran haber prestado 20 años de servicio, como mínimo, recibirían 40 colones mensuales en calidad de pensión.

30. La fracción legislativa de ARENA apoyó la candidatura a la vicepresidencia del abogado Carlos Quintanilla Schmidt.

— El Presidente Calderón Sol anuncia que a los ex patrulleros favorecidos con el decreto 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno se les cancelarían 300 colones mensuales en concepto de indemnización.

OCTUBRE

07. El candidato de la USC, Abraham Rodríguez, renuncia a la posibilidad de formar parte de la fórmula presidencial del FMLN.

11. Se realiza la Convención General de ARENA y se elige el binomio Flores-Quintanilla como fórmula definitiva del partido para las elecciones presidenciales de 1999.

12. El ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales, determina que la pensión de 300 colones mensuales será entregada únicamente a 5 mil ex patrulleros.

25. Se realiza la Convención de la Unión Social Cristiana en la que se ratificó oficialmente la coalición con el FMLN.

— La CD, el partido en formación FE, el MUDC, el PPL y el PD deciden unirse y conformar la alianza denominada "Centro Democrático Unido" (CDU).

28. El directorio del PDC ratifica a Rodolfo Parker como candidato a la presidencia por ese partido.

30. Autoridades salvadoreñas declaran estado de alerta ante el ingreso a territorio salvadoreño de la tormenta tropical "Mitch".

— Cerca de 15,000 miembros de la Fuerza Armada salen a las zonas urbanas y rurales del país, en apoyo a la PNC y debido al "Estado de Emergencia".

31. El Presidente Calderón Sol declara "Estado de Emergencia Nacional" frente al embate de la tormenta "Mitch".

NOVIEMBRE

01. Luego de 3 días, la tormenta tropical "Mitch" sale de El Salvador dejando un saldo de 239 muertos, 84,000 damnificados y 135 desaparecidos, además de pérdidas por un valor de mil 159 millones de colones.

— Los partidos ARENA y FMLN posponen sus campañas políticas por la tormenta "Mitch" hasta diez días después de iniciada la campaña electoral.

04. Sentencian a 25 años de cárcel a cinco agentes de la PNC por el delito de homicidio en Adriano Vilanova Velver.

— El PDC completa fórmula presidencial para las elecciones de 1999 con Rodolfo Parker como candidato a la presidencia y Donald Calderón Lam para la vicepresidencia.

07. Tribunal Supremo Electoral da inicio formalmente a la campaña electoral para los partidos políticos.

09. Presidentes centroamericanos firman el documento "Unidos en la reconstrucción de Centroamérica", en el que, entre otras cosas, hacen pública la necesidad de pedir a Estados Unidos que decrete una amnistía a favor de los inmigrantes ilegales procedentes de la región.

11. El FMLN y la USC firman pacto de coalición, acordando que a este último se le concederá 1 de cada 5 votos que la alianza obtenga.

12. Diputados de la Asamblea Legislativa aprueban 3 préstamos otorgados por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo monto asciende a más de 300 millones de colones.

20. ARENA inicia campaña proselitista.

23. La coalición del FMLN-USC abre campaña política.

— La CD, PPL, PD, MUDC y el partido FE firman el pacto de alianza para formar el CDU, sin tener ningún candidato a la presidencia.

25. Inician gestiones entre la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, la Asociación Salvadoreña de Los Angeles y el senador del Estado de California, Tom Hayden, para solicitar amnistía para los ilegales centroamericanos en Estados Unidos.

DICIEMBRE

01. Miembros de la Fuerza Armada dejan de patrullar las principales ciudades del país.

02. Los diputados de la Asamblea legislativa aprueban, con 78 votos, la nueva Ley antilavado.

04. La Gran Sala de lo Constitucional falla a favor del Ministerio de Obras Pública (MOP), con lo que se aprueba la construcción de la prolongación del Bulevar Chiltiupán en la finca El Espino.

06. El PCN inicia su campaña proselitista en San Miguel.

10. La administración de depósitos del banco CREDISA es entregada a los bancos Salvadoreño, Cuscatlán y de Desarrollo.

14. Un Tribunal de Instrucción de Nueva San Salvador exonera de cargos por falta de pruebas a 15 de los 18 implicados en el caso de los secuestros de Andrés Suster, Nelson Oswaldo Machuca, Alberto Hill Dutriz, Guillermo Sol Bang y Kerim Salume Babum, mientras que los 3 restantes serán llevados a juicio.

16. Los diputados de la Asamblea aprueban, con 73 votos a favor, un préstamo otorgado por el BID para invertir en el programa de "infraestructura educacional".

Indice General: Proceso

Año XIX - 1998

789 El mensaje presidencial de nuevo año

790 Año de valores

791 San Salvador y sus problemas

792 El Salvador en la encrucijada

793 Vientos de cambio en El Salvador

794 Precandidatura incómoda

795 ¿Qué sucede en ARENA?

796 Jugarretas de la privatización

797 Poder económico y poder político

798 La reelección de la Procuradora

799 ¿Privatización o estatización?

800 Mons. Romero es conflictivo

801 El travestismo de ARENA

802 El Salvador que estamos dejando atrás

803 ¿Hacia dónde va la prensa escrita nacional?

804 Renuncia intempestiva

805 Un año de desempeño legislativo

806 Seguridad y ley

807 La de nunca acabar en el FMLN

808 El gobierno veta a la UCA

809 Cuatro años de gobierno de Armando Calderón Sol

810 El pensamiento único

811 Lucha contra el crimen y democracia

812 Internacionalización de la justicia

813 El gobierno y la empresa privada ante la violencia

814 El parto de los montes: el procurador de derechos humanos

815 De secuestros y secuestradores

816 Monseñor Romero en Westminster

817 Democracia e institucionalidad

818 Fiasco

819 División en el FMLN: ¿apariencia o realidad?

820 Partidos y candidatos

821 Los límites de la democracia

822 Siete tesis sobre los partidos políticos en el Salvador

823 Partidos políticos y sociedad civil

824 El FMLN opta por lo tradicional

825 El aporte de Marx al estudio de la violencia

826 Ex patrulleros: una deuda social

827 Augusto Pinochet en manos de la justicia internacional

828 Una batalla equivocada

829 El Salvador ante la tormenta tropical "Mitch"

830 La actualidad de los mártires

831 La salida del ejército a las ciudades

832 La oferta electoral

833 Los salvadoreños ante el pasado

834 Ni ARENA ni el FMLN

835 La problemática neoliberal

789 Tipos de sesiones de la asamblea legislativa: la sesión plenaria o pleno legislativo

790 El recinto y la agenda de la Asamblea Legislativa

Reflexiones sobre la propuesta de incremento de impuestos en el municipio de San Salvador

792 Los riesgos del Plan de Nación Reflexiones ante las Bases para el Plan de Nación

793 Agenda o improvisación legislativa

794 La nueva crisis del PDC

795 Modernización del gobierno de San Salvador

Caos y desorden en la Asamblea Legislativa

796 En la Asamblea Legislativa el tiempo es incierto e impredecible

797 Las trampas del diálogo

¿Tiene la Asamblea Legislativa el personal idóneo?

799 ¿Cuál país?

La sociedad civil salvadoreña no tiene iniciativa de ley

800 ¿Por qué pensar en un reordenamiento administrativo–territorial?

La ley, monopolio de los políticos

801 A propósito de la candidatura de Francisco Flores

Clases de dictámenes en la Asamblea Legislativa

802 Las audiencias en El Salvador, una farsa

Presupuesto de la nación y la maquila de las leyes

805 ¿Por qué no se elige al Procurador?

806 El FMLN ante las elecciones presidenciales

La sanción y el veto presidencial

807 Renuncias en el gabinete de Calderón Sol

808 La nueva Asamblea Legislativa, un año después

811 Sobre el debate interno en el FMLN

812 ¿Unificación del PDC?

814 En torno a la precandidatura de Héctor Silva

816 El desafío electoral de la izquierda

818 Los desatinos de la Convención Nacional del FMLN

A propósito de la Convención del FMLN

823 FMLN, un proyecto que naufraga

825 ¿Un nuevo PDC?

826 Democracia y partidos políticos

827 Preámbulos electorales

828 Ortodoxia y heterodoxia en el FMLN

830 Sócrates, Gramsci y Ellacuría

Ellacuría y X. Zubiri: la pasión por la verdad

Ignacio Ellacuría: filosofía y liberación en América Latina

Sobre los modos de filosofar

La filosofía temprana de Ignacio Ellacuría

833 Partidos "pequeños": ¿verdaderas alternativas?

836 Balance político

790 Los logros económicos y sociales del gobierno

791 Valoración económica de la propuesta de la Alcaldía de San Salvador

792 Valoración económica del Plan de Nación Plan de Nación ¿con globalización?

794 La privatización de los servicios públicos

796 Marcha atrás en el incremento de las tarifas eléctricas

797 Consideraciones económicas sobre la Ley del Medio Ambiente

798 Los empresarios y el proteccionismo estatal

800 La propuesta impositiva de la ANEP

801 Salarios mínimos, canasta básica e inflación

802 Crecimiento económico y pobreza

803 La seguridad social y el sistema privado de pensiones

804 El impacto de las AFP’s sobre los ingresos de los trabajadores

A toda marcha y a fondo con los fondos de pensiones

805 Deficitaria producción de granos básicos

806 La situación económica en los primeros meses de 1998

807 Impacto de la sequía sobre la producción de granos básicos

808 Incrementos tarifarios y subsidios gubernamentales: las contradicciones de la privatización

809 Aspectos económicos del discurso presidencial

810 Reestructuración de la CEL

812 A propósito de las tasas de interés

813 Zonas francas e industria nacional

814 La economía salvadoreña según el Banco Mundial

815 Primer borrador del Presupuesto General de la Nación para 1999

817 En torno a la privatización de ANTEL

818 Consideraciones sobre la propuesta de la reducción del IVA

819 Evolución de las exportaciones en la década de 1990

820 Crecimiento económico, medio ambiente y pobreza

821 A propósito de la nueva Ley de Zonas Francas

822 La economía salvadoreña durante el primer semestre de 1998

823 Reacciones ante la Ley de Zonas Francas

824 Políticas públicas, beneficios privados

825 La crisis del sector cafetalero

827 El anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación

828 Desarrollo, pobreza y deterioro ambiental

829 Impacto económico de la tormenta tropical "Mitch"

833 Impacto económico de la depresión tropical "Mitch"

834 ¿Reducción en las tarifas eléctricas y telefónicas?

836 Balance económico

790 La educación superior en cuestión

791 La ciudad y la cultura

793 Los medios de comunicación y la propuesta de Héctor Silva

800 Las acciones de SIMETRISSS, desde la óptica de la opinión pública

804 Los militares y los derechos humanos

805 Reflexiones en torno al primer año de la administración Silva

Reducción de cesáreas, un debate que continúa abierto

806 Salud: responsabilidad compartida

807 Bases para el Plan de Nación, un proceso trunco

808 Sobre la dinámica de la prensa escrita

809 San Salvador-La Habana una relación frustrada

811 La PNC de nuevo en cuestión

Pasos a desnivel, ¿un proyecto electoral?

La PNC y los medios ante las leyes penales

812 Huelga en la PNC, ¿una remota posibilidad?

El Salvador un país que se urbaniza

813 ¿Libertad de expresión en El Salvador?

La visión del homosexualismo en El Salvador

814 La fábrica de la muerte

816 La expansión del VIH/SIDA

817 Sobre las investigaciones en torno a los secuestros

819 El problema de la delincuencia y el artículo 48 del Código Penal

820 La industria de la prostitución infantil

821 Acerca de las Bases para el Plan de Nación

822 A propósito del Plan de Rescate del Centro

824 La delincuencia y la ineficacia policial

827 ¿Alimento para todos?

828 El problema de ordenar San Salvador

829 Lo previsible de la tormenta "Mitch"

830 Raíces estructurales de los desastres naturales

832 Aproximación crítica a los movimientos indígenas

833 Situación de la violencia intrafamiliar

836 Balance social

791 La ciudad de los hombres

793 El problema de género en las "Bases para el Plan de Nación"

795 Las mujeres en los espacios políticos

796 La violencia intrafamiliar: ¿un problema público o privado?

797 Reflexiones sobre la violencia sexual

798 El gobierno, los medios y las mujeres

808 Candidaturas femeninas

818 La problemática del empleo femenino

825 Problemas sociales con rostro femenino

833 Situación de la violencia intrafamiliar

796 A propósito de la Ley del Medio Ambiente

813 Cortinas de humo sobre el lago de Ilopango

790 Agitado panorama electoral en Costa Rica

La navidad para los indígenas de Chiapas

794 Integración regional y desarrollo nacional

795 Indulto en Cuba: a la espera de un cambio

798 Centroamérica en la mira del Banco Mundial

799 Las lágrimas de Pinochet

802 Prensa y gobierno enfrentados en Guatemala

805 II Cumbre de las Américas: compromisos a medias

807 Reflexiones sobre la crisis del sistema de salud en Nicaragua

809 Desmilitarización en Honduras (I)

810 Desmilitarización en Honduras (II)

Maquila en la frontera norte de México

814 Brotes de confrontación social en el istmo

El reto del nuevo presidente colombiano

816 Tuxtla III: las relaciones comerciales México-Centroamérica

817 Estados Unidos condiciona cooperación económica a Honduras

819 San Juan: río de aguas turbulentas

821 Viejas raíces para un nuevo "no" costarricense

822 ¿El ocaso de un liderazgo?

826 Elecciones y democracia en Centroamérica

827 Segunda autopsia al cuerpo de Gerardi

829 "Mitch" en Centroamérica

831 "Mitch" en Nicaragua (I): falta de previsión y arrogancia para enfrentar la tragedia

832 "Mitch" en Nicaragua (II): el mapa del desastre

835 Deuda Externa y reconstrucción de Nicaragua: realidad, mitos y oportunismo

836 Balance regional

789 La libertad jurisprudencial de Guirola

794 De la incomunicación jurídica en el Estado de Derecho

816 ¿Hacia dónde vamos?

832 Ante el inicio de campaña

De la igualdad jurídica (I)

833 De la igualdad jurídica (II)

834 ¿Para qué un Diario Oficial?

792 El Plan de Nación, los Acuerdos de Paz y la opinión pública

798 La opinión pública sobre los derechos humanos y los retos de la PDDH

800 Las opiniones políticas de los salvadoreños en la actualidad (I)

801 Las opiniones políticas de los salvadoreños en la actualidad (II)

802 Los salvadoreños opinan sobre el sistema educativo y el sistema de salud (I)

803 El desafío de la prensa

809 Los salvadoreños evalúan el desempeño del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Alcaldía capitalina (I)

810 Los salvadoreños evalúan el desempeño del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Alcaldía Capitalina (II)

817 La delincuencia en la sociedad salvadoreña

819 La seguridad en las armas (I)

820 La seguridad en las armas (II)

830 La psicología de la liberación de Martín Baró

831 Los salvadoreños ante el proceso electoral de 1999

835 El desafío del Plan de Nación

836 La opinión pública en 1998

790 Discurso de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos

Un gesto encomiable

791 Justicia y Paz

Informe sobre la masacre de ACTEAL,

CHIAPAS

792 Seguridad y justicia: no prioritarias

Comunicado de prensa

793 Derechos humanos en la ANSP

794 DD.HH.: Informe de EE.UU.

795 Choque eléctrico a los derechos humanos

796 Ambiente malsano y no tan equilibrado

797 No se debe jugar con la PDDH

798 Más sobre la procuraduría

799 "Verdad 98" ... Para que la historia no se repita

800 Verdad y justicia: deudas pendientes

Homenaje a una buena funcionaria

801 La juventud y la verdad

802 La hora de la verdad (I)

Vacaciones violentas

804 La hora de la verdad (II)

Comunicado

805 En memoria

Comunicado de FESPAD, IDHUCA y Tutela Legal

806 Vivos se los llevaron ... (I)

807 Vivos se los llevaron ... (II)

808 Migración y derechos humanos

809 De 1948 a 1988 en América

810 Dos informes (I)

811 Dos informes (II)

Una peligrosa medicina

812 El caso "Maryknol"

813 Una propuesta

814 Censurable decisión y gris horizonte (I)

815 Censurable decisión y gris horizonte (II)

Comunicado de prensa

816 Seguimos sin procurador

817 ¡Qué Asamblea!

818 Los políticos y su lucha por el poder

819 Jornada por la vida, la justicia y los derechos humanos

Derechos humanos en Argentina

820 Pensando en la niñez y la juventud (I)

822 Pensando en la niñez y la juventud (II)

823 Legal y legítima lucha contra la impunidad (I)

824 Legal y legítima lucha contra la impunidad (II)

825 Muertes violentas entre enero y agosto

826 El caso Vilanova

827 El caso García Prieto (I)

828 Una lluvia de justicia en el desierto de la democracia

El caso García Prieto (II)

829 Sociedad civil y derechos humanos (I)

Un recuadro para las víctimas "Mitch"

830 Compromiso con los derechos humanos

831 Sociedad civil y derechos humanos (II)

832 Agua para su molino

833 El otoño del general (I)

834 El otoño del general (II)

El futuro: implementación y eficacia real

Medio siglo después...

Y ahora, ¿qué? (comunicado de prensa)

835 La Declaración Universal de los Derechos Humanos

836 Los derechos humanos en 1998

789 Estatutos del FMLN y propuestas de reforma (III)

791 Proyecto de impuestos municipales de la ciudad capital

793 La Alcaldía de San Salvador refuta a quienes se oponen a la propuesta de reforma tributaria

802 Pronunciamiento El desafío de un Plan de Nación (I)

803 Pronunciamiento El desafío de un Plan de Nación (II)

814 El grupo del Banco Mundial en El Salvador

817 Carta de la Fundación Amigos del Lago de Ilopango

820 Discurso del Presidente Armando Calderón Sol

821 Declaración conjunta de los presidentes de la República de El Salvador y de la República de Chile

823 Carta abierta de Roberto Carpio Nicolle

824 Presidente Calderón Sol exhorta apertura de mercados

825 La alcaldía más cerca de usted

828 El compromiso de la Corte Suprema de Justicia contra la delincuencia (I)

831 El compromiso de la Corte Suprema de Justicia contra la delincuencia (II)

Unidos en la rehabilitación y reconstrucción

816 Evolución de los salarios reales. Estadísticas

820 El Salvador. Tasas anuales de homicidios 1994-1997. Estadísticas

822 Delitos contra el patrimonio en 1995, 1996 y 1997. Estadísticas