Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Un incauto diputado de Arena ha solicitado endurecer los requisitos para ser Presidente de la República. El legislador en cuestión exige título universitario en lo que da en llamar “ciencias económicas”, y larga experiencia en la dirección empresarial. A primera vista, la petición parece razonable. La presidencia del poder ejecutivo exige conocimiento y experiencia política. Estas son aún más necesarias cuando el monto de la deuda es muy elevado, el despilfarro de los recursos públicos es práctica común y la administración pública se caracteriza por la incompetencia. Prescindiendo de si este nuevo requisito tiene dedicatoria (por defecto, al Presidente actual y al candidato de Nuevas Ideas-Gana, y por magnificencia, a la fórmula presidencial de Arena), la propuesta requiere cuidadosa consideración.
La proposición pretende limitar las candidaturas presidenciales a los directivos o propietarios de grandes empresas, cuyas actividades en el sector primario, industrial, servicios, banca, finanzas, etc. tienen como prioridad acelerar la rentabilidad y la acumulación del capital propio o de los accionistas. También admite a los dirigentes de las gremiales de la gran empresa privada, cuya tarea consiste en coordinar intereses, con frecuencia divergentes, para definir estrategias políticas destinadas a influir en la actividad gubernamental de manera que esta satisfaga sus intereses y objetivos. Y a los académicos de “las ciencias económicas”, que suelen enseñar cómo multiplicar el capital.
Al diputado de Arena se le antoja que estos son los mejores candidatos presidenciales, porque están vinculados a empresas sumamente rentables; porque conocen directamente las finanzas, los seguros, el transporte, las comunicaciones, los servicios de energía y salud; porque aplicarán las políticas más adecuadas para el acelerar la acumulación de capital; porque no se enriquecerán con el dinero público debido a que ya atesoran bastante riqueza; porque ajustarán el gasto estatal y reducirán la deuda con más libertad debido a que no provienen de la política partidaria; porque conocen bien los secretos de la buena administración, lo cual mejorará la eficiencia gubernamental. No satisfecha con afirmar que los candidatos presidenciales ideales son los de Arena, la propuesta aspira a limitar estas candidaturas a este partido, dado que, en teoría, es el único que cuenta con esa clase de figuras.
Más allá del interés claramente partidario, la propuesta soslaya los riesgos que entraña esa clase de candidaturas, precisamente por su estrecha vinculación con el mundo de la gran empresa y del gran capital. El gran peligro es que los intereses de la gran empresa privada secuestren el interés general en nombre del progreso, la libertad y la prosperidad. El conflicto de intereses entre las obligaciones públicas del Presidente de la República y sus intereses privados, dada su vinculación personal, familiar y profesional con los grandes capitalistas, es casi insuperable. Solo un grado supremo de libertad, difícil de encontrar en las candidaturas ordinarias, podría contrarrestar el peso de esas relaciones al momento de decidir las políticas nacionales.
El conflicto de interés no implica necesariamente la comisión de delitos vinculados al cohecho, aunque, en la práctica, se dan de manera simultánea. La cuestión es cómo decidir objetivamente, es decir, sin dejarse influir por los vínculos con la gran empresa y la ideología neoliberal, políticas que procuren el bienestar de la sociedad en su conjunto y produzcan bienes públicos de calidad. El conflicto de interés va más allá del dinero, porque surge cuando un determinado interés influye de manera indebida en el ejercicio de la autoridad presidencial o ministerial. Un Presidente empresario escogerá a sus ministros y asesores en el círculo que lo rodea. Una decisión gubernamental puede beneficiar de manera directa a la empresa o a la gremial de procedencia, sin necesidad de soborno o dádivas. El conflicto de interés es muy frecuente cuando las decisiones afectan los intereses sectoriales. En este caso, las presiones y el cabildeo encuentran mayor recepción y con facilidad acaban convertidos en política pública.
La trayectoria del candidato presidencial en el mundo del capital no garantiza el bien general, en particular de la ciudadanía con menos ingresos, porque sus preferencias sectoriales lo hacen más receptivo a las demandas de los grandes y poderosos. La propuesta de Arena es un desatino: con el disfraz del buen gobierno, pretende privilegiar el interés particular del gran capital con menoscabo del interés general de la inmensa mayoría de la población.