Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
El presidente Bukele ha explicado su actuación del 9 de febrero a la opinión pública estadounidense. El texto, reproducido en un periódico de Miami, es el intento más sistemático por dar cuenta de lo ocurrido. Pero no hay novedad. Aquí no ha pasado nada. Lo normal es anormal. La palabra presidencial es incuestionable. La interpretación es maniquea: los buenos, Bukele y su Gobierno, se enfrentan a los malos, los diputados de Arena y del FMLN y la prensa que difunde información falsa. Los buenos resisten la arremetida de los malos, que boicotean la exitosa política gubernamental. El paralelismo con la visión que Trump tiene de la realidad estadounidense es inevitable. El razonamiento presidencial es tan contradictorio, inconsistente y prejuiciado como el de Trump.
La tesis central del argumento presidencial afirma que los diputados de Arena y del FMLN no han aprobado dos préstamos, uno de 91 y otro de 109 millones de dólares, por estar coludidos con los “grupos terroristas”, es decir, las pandillas. Ese pacto pondría en grave peligro los logros del Ejecutivo que, en ocho meses, habría superar tres décadas de polarización, corrupción y criminalidad. Pero eso es muy discutible. El autoritarismo y la opacidad de su gestión alimentan la polarización política y social, lo cual explica, en parte, el retraso en la aprobación de los préstamos. La corrupción está lejos de haber sido controlada. La entidad creada para perseguirla no tiene dientes, el sector privado está exonerado de antemano y en el Gobierno de Bukele ya se observan trazas claras de corrupción. La criminalidad solo muestra descenso en homicidios. En cualquier caso, alcanzar esas metas es difícil, pero no porque pongan en peligro los intereses de “las clases dominantes” y de Arena y del FMLN. Si así fuera, las primeras no se mostrarían tan complacidas y complacientes. Los únicos intereses partidarios amenazados son los electorales.
Tampoco es cierto que la emigración haya disminuido gracias a la política gubernamental. La disminución es obra del chantaje que Trump hace a México y al Triángulo Norte. La violencia sigue siendo motivo poderoso para el desplazamiento forzoso interno y externo. Además, todavía no se dispone de una explicación que dé cumplida cuenta del aporte positivo de la política militarista de Bukele en el descenso de los homicidios, que, de hecho, comenzó en el Gobierno anterior. Por otro lado, la extorsión, la violación, la intimidación y la deserción escolar por causa de la violencia siguen siendo realidad en muchos territorios.
La interpretación presidencial atribuye estos hechos a la obstinación de Arena y del FMLN, la encarnación de la maldad suprema. Pero el FMLN abandonó el radicalismo de izquierda en la década de 1990, excepto en el discurso. Arena ha sido y sigue siendo de extrema derecha, pero desnortada, de ideología rancia e internamente dividida. Patrocinó los escuadrones de la muerte, pero el Gobierno de Bukele no ha hecho nada para quitar la impunidad a los grandes empresarios, los políticos y los militares que los financiaron y los dirigieron. La impunidad, la corrupción de las estructuras de poder y la debilidad institucional han favorecido la continuidad de la violencia homicida.
La negociación de las dirigencias de esos partidos con las pandillas es incuestionable. Pero el alcalde Bukele también negoció con las pandillas. Los intermediarios fueron dos altos funcionarios del actual Gobierno. Si la dirigencia de Arena tiene las manos “manchadas con sangre”, las suyas tampoco están muy limpias. Independientemente de la conclusión de los procesos judiciales contra los negociadores con las pandillas, las conversaciones y los pactos fueron coyunturales. De ahí que sea desproporcionado sostener que el Ejército y la Policía son vulnerables a “las organizaciones terroristas financiadas” por Arena y el FMLN. Tampoco es cierto que los Gobiernos anteriores hayan descuidado a ambas instituciones. Arena y el FMLN les otorgaron un privilegio invaluable: la impunidad por los crímenes de guerra y los comunes.
La pregunta presidencial de por qué los diputados “continúan fallando a la gente” es legítima. Pero la respuesta es incorrecta y malintencionada. No se interesan por su bienestar por ineptitud, holgazanería e ignorancia. No solo en las filas de “los malditos”, sino también en las de los aliados presidenciales. Ni Gana, ni el PCN se han distinguido por su labor legislativa. Al contrario, en sus filas también militan corruptos. En cualquier caso, los insultos y las maldiciones no son la mejor manera de motivarlos para que aprueben los préstamos. En los dos poderes falla el interés en el consenso.
El presidente Bukele, al igual que su colega Trump, agita el miedo que suscitan las pandillas con fines políticos y electorales. Si la aprobación de los préstamos fuera la prioridad, su gente se esforzaría para acercarse y construir consenso. Bukele concluye su artículo deseando, ilusamente, que Estados Unidos se coloque del “lado de los buenos”. Los buenos para Washington son los que se someten a sus dictados, pero como estos cambian frecuentemente, también “los buenos”.