Es muy difícil contener la destrucción de la violencia de las pandillas sin antes resolver varias contradicciones, que lastran cualquier posible solución. El informe de que El Salvador es el país más violento del mundo ha sido recibido con cierto regodeo perverso, porque demostraría de manera contundente el fracaso del Gobierno actual. Pero quienes esto aducen olvidan que el fenómeno se gestó y se consolidó durante sus administraciones.
Los mismos partidos que legislan represivamente contra las pandillas en cierta forma las legitiman. Existen indicios serios de que han negociado con ellas para que les presten ciertos servicios, como obtener votos en las elecciones. Los dos partidos grandes manipulan la realidad tanto cuanto conviene a sus respectivas agendas. El nacionalismo de uno y el socialismo del otro no son óbice para utilizar la violencia y la muerte en su lucha por el poder. Mientras tanto, los vecinos de barrios y colonias pagan con sus vidas y sus bienes este devaneo político.
El desarrollo y la expansión del mercado es quizás la fuente de financiamiento más importante de las pandillas. En efecto, probablemente estas acumulan más recursos financieros por la extorsión que por el narcotráfico. Así, mientras el Gobierno y la empresa privada promueven el establecimiento de negocios medianos y pequeños, casi todos ellos están sometidos a una doble contribución: la fiscal y la de las pandillas, hasta que sucumben.
Informes perturbadores indican, además, que no solo los partidos políticos tratan con las pandillas. También lo hace cierto sector de la empresa privada, la misma que reclama seguridad al Gobierno. Según un reporte del Center for Global Workers’ Rights de la Universidad Estatal de Pennsylvania, algunas maquilas negocian con pandilleros para impedir la organización independiente de sus trabajadores. Incidentes debidamente documentados muestran cómo las pandillas intimidan, amenazan y atacan físicamente a los trabajadores que intentan reclamar sus derechos.
Todavía más llamativa es la contradicción de una empresa privada que exige seguridad al Gobierno sin caer en la cuenta de que lo poco que paga y contribuye al fisco para no bajar la tasa de rendimiento del capital, la falta de empleo y el recorte de los servicios sociales básicos, un alivio para condiciones de vida extremadamente duras, empujan a parte de la población hacia los márgenes sociales para sobrevivir. En la medida en que, por un lado, el capital y ciertos organismos internacionales impiden a la población de menores ingresos acceso a medios de vida digna, y por otro, la publicidad estimula el consumo, la emigración masiva, las pandillas y otras formas de violencia son una alternativa real.
Los recientes cambios en Justicia y Seguridad Pública no parece que puedan fortalecer a un Gobierno cada vez más débil e indeciso en su lucha contra las pandillas. Han cambiado los funcionarios, pero las políticas son las mismas. Por lo tanto, se disponen a continuar la guerra contra las pandillas con una Fiscalía, una Policía y un Ejército cuyas capacidades ya han sido superadas. Si no, cómo explicar la asombrosa cantidad y variedad de objetos que circulan en los centros penales o la protesta policial en Casa Presidencial para exigir aumento de salario delante de unidades antimotines pasivas.
De todas las políticas utilizadas para contener la violencia por los diversos Gobiernos, solo la malhadada tregua consiguió reducir inmediatamente la tasa de homicidios. Ni la legislación, ni la mano dura, ni la Policía Comunitaria, ni los municipios libres de violencia, ni los batallones especiales han logrado algo semejante. Encerrar o ajusticiar sumariamente a los líderes no parece ser muy eficaz, porque existen reemplazos prestos a tomar el relevo. Aducir la sepultura clandestina de los ajusticiados carece de fundamento empírico hasta ahora, las fabulosas revelaciones de los testigos de la Fiscalía no dan cuenta de la reducción de los homicidios y que la tregua sirvió para el fortalecimiento interno tampoco se sostiene, porque las pandillas pasaron de una organización callejera a una trasnacional en la década de los noventa, durante los Gobiernos de mano dura. Paradójicamente, la única alternativa no explorada todavía es detener el fuego y sentarse a dialogar, en un ejercicio de escucha mutua. Las condiciones para negociar y la misma negociación deben dejarse para más tarde, si es que proceden.