Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Los dos grandes perdedores de las elecciones enfrentan el dilema de hacer una oposición cerrada al próximo poder ejecutivo o apoyar aquello que beneficie al país, sobre todo, a sus mayorías. El primer extremo es tentador. Tradicionalmente, esa ha sido desde siempre la reacción de Arena y del FMLN ante el triunfo del adversario. Algunas voces, presas de la amargura de la derrota, ya han apuntado en esa dirección. Pero otras se inclinan por cooperar, aunque advierten vergonzantemente que no es “un cheque en blanco”. Si Arena o el FMLN se deciden por el primer extremo del dilema, probablemente hundirán aún más a sus respectivos partidos ante la opinión pública y, más pronto que tarde, también en las urnas.
La oposición racional y justa demostraría que han comprendido el mensaje de la pasada elección. En consecuencia, su prioridad no sería la lucha de poder, derrotar al adversario a toda costa, sino el bienestar de la mayoría de la gente. Esta actitud constructiva requiere no solo cambiar a los integrantes de las cúpulas de Arena y del FMLN, sino también una transformación radical de mentalidad política. Aunque esto parece razonable, no es fácil de alcanzar, porque la identidad de los dos partidos descansa en una aproximación a la política incuestionablemente obsoleta. El cambio exigido demanda apertura, creatividad, flexibilidad y compromiso con el pueblo salvadoreño y la institucionalidad. Virtudes que han brillado por su ausencia en las tres últimas décadas.
La derrota de Arena no se explica solo ni principalmente por un fallo territorial de la campaña electoral. Son contados los alcaldes que se destacan por el compromiso con las comunidades que rigen. Impasibles, contemplan como se deteriora su infraestructura. La mayoría no tiene obra buena que mostrar. Sus diputados mantienen un retraso legislativo escandaloso, pese a la nube de asesores que los rodea. La ignorancia, la incompetencia y la desidia los pierden. Ni siquiera se han podido poner de acuerdo sobre cómo proceder ante el deterioro de la estructura del edificio donde operan. La derrota del FMLN no se debe solo a no haber tomado distancia de su primer presidente, sino a que la cúpula misma del partido lo incitó a huir de la justicia. Este no es un simple error, porque en la Comisión Política figuran personajes vinculados con la corrupción. El FMLN ha sido complaciente con los corruptos y tan opaco como Arena. La justicia “revolucionaria” la olvidó en 1992, cuando rechazó la inhabilitación de los señalados por la Comisión de la Verdad para ocupar cargos públicos. Protegió a los militares violadores de los derechos humanos y así protegió también a algunos de sus dirigentes.
El próximo poder ejecutivo también afronta su propio dilema. El cumplimiento de sus principales promesas será contestado por los intereses enquistados en la institucionalidad, por un sector hostil de la opinión pública y, si sus privilegios son cuestionados, por la empresa privada organizada. Tampoco puede perder de vista que lo amenazan los mismos vicios cuya condena le dio el triunfo electoral: la pasividad, la ineficiencia y la corrupción. La opinión pública y los adversarios políticos serán implacables con sus vacilaciones y errores. Ya desde ahora le están exigiendo lo que no le hubieran exigido a ninguno de los otros candidatos presidenciales si hubieran ganado.
Indudablemente, la legislatura es una pieza clave para el éxito del nuevo poder ejecutivo. Sin embargo, sus actuaciones no solo pondrán a prueba su capacidad para gobernar, sino también la de los diputados y sus partidos. Bukele tiene a su favor la capacidad para comunicarse con la población, una fortaleza que las cúpulas perdedoras no acaban de asimilar, mientras que sus adversarios principales se debilitan por las luchas internas de poder. En la medida en que los diputados rechacen injustificadamente propuestas en beneficio de la gente, quedarán expuestos al juicio popular. La información clara y directa es un medio eficaz para mantener movilizada a la opinión pública, al mismo tiempo que presiona a las fuerzas legislativas para que adopten posiciones constructivas, so pena de arriesgar otra derrota de grandes proporciones dentro de dos años.
La empresa es ardua, porque existen demasiados y muy poderosos intereses implicados, en concreto, en la corrupción institucionalizada. Su capital político permite a Bukele emprender una lucha sin cuartel contra la corrupción. El poder ejecutivo debe ser intolerante con ella. De lo contrario, perderá rápidamente el capital atesorado en las urnas. La lucha pasa por cortar drásticamente la evasión y la elusión fiscal, las licitaciones y los contratos fraudulentos, y el tráfico de influencias, aun cuando el capital organizado proteste contra lo que llama acoso fiscal y algunos sindicatos reclamen como derecho adquirido lo que es simple privilegio. Positivamente, es indispensable negociar una reforma fiscal progresiva, sin la cual ningún mandatario puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad.
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