Ahora bien, esa responsabilidad no las ha disuadido de evadir impuestos. Los Papeles de Panamá no son más que una pequeña muestra de cómo operan. Algunos estudios con cierto fundamento empírico (ver “Social saints, fiscal fiends”) muestran que la mayoría de las empresas que más invierten en responsabilidad social son también las que más se esfuerzan para evadir impuestos y las que más gastan en cabildeo y en tráfico de influencias para reducir el monto de sus aportaciones fiscales.
Las conclusiones de esos estudios dejan claro que la llamada responsabilidad social empresarial encubre una enorme hipocresía. La obligación primaria de cualquier empresa para con la sociedad es pagar impuestos, que permiten que los pobres sobrevivan. Los defensores del sector empresarial objetarán que para qué pagar unos impuestos que el Gobierno derrochará o malversará. Indudablemente, los Gobiernos salvadoreños no se han distinguido por la sana administración de la hacienda pública; arrastran una antigua cultura de fraude, soborno, tráfico de influencias y corrupción.
Pero a esa objeción se le puede dar la vuelta para sostener que si la gran empresa privada pagara cumplida y exactamente sus impuestos, tendría una enorme autoridad social y moral para exigirles a los Gobiernos una administración sana, una fiscalización oportuna y eficaz, y una transparencia total. Una empresa privada íntegra puede hacer mucha diferencia en la recaudación fiscal y en la gestión de la hacienda pública. Lo otro es refugiarse en la comodidad irresponsable e inmoral para acumular capital y dividendos a costa de impuestos evadidos.
Al parecer, muchas empresas practican la responsabilidad social por la misma razón por la que evaden impuestos: para maximizar los beneficios. En efecto, existe evidencia de que las empresas con programas grandes de responsabilidad social no pretenden tanto mejorar la situación de los pobres, sino rodearse de cierta aura de bondad, lo cual redunda en más publicidad y mayores ganancias. Asimismo, es probable que algunas de esas empresas consideren que la responsabilidad social es un sustituto adecuado de los impuestos. Según esa lógica, cuanto menos se pague en impuestos, más se destina para hacer buenas obras. Otro argumento complementario es que, a diferencia de sus contribuciones fiscales, que no pueden controlar, las empresas seleccionan los proyectos más prometedores y garantizan su ejecución eficaz. De esa manera, se convencen a sí mismas de que tienen la obligación moral de reducir el monto entregado al fisco para financiar más programas de responsabilidad.
Estas ideas contradictorias indican que las empresas no tienen claridad sobre el significado de una empresa socialmente responsable. Varios organismos internacionales han establecido normas para el comportamiento empresarial. Una de ellas es pagar cumplida y totalmente los impuestos. Por lo tanto, el financiamiento de los proyectos sociales es adicional a la contribución fiscal. Otra de las normas importantes es que las empresas deben proporcionar información detallada sobre sus aportaciones tributarias, porque la sociedad debe saber con cuánto contribuyen al gasto social. Algunos países del norte de Europa han ido más allá y la declaración de impuestos de todos los ciudadanos es pública, cualquiera la puede consultar en la Red.
En cambio, los grandes empresarios salvadoreños, aunque se pronuncian por la modernidad, todavía piensan que la mejor contribución de la empresa al bien común es la maximización de sus ganancias y la retención de la mayor proporción. Entre más ganancias generen y más baja sea su contribución fiscal, mejor le irá a la sociedad salvadoreña, porque si a ellos les va bien, necesariamente les irá bien a todos. Pero ya está demostrado que esto carece de fundamento empírico. Aparte de que ese dinero lo suelen esconder en paraísos fiscales.
A estos empresarios, la presión de Naciones Unidas para que las empresas adopten objetivos sociales universales y colaboren con los Gobiernos para generar más impuestos les debe parecer comunismo.