Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero
Es muy común escuchar llamados a participar en la resolución de los problemas del país. Estos emplazamientos son más frecuentes en la temporada electoral. El funcionario, el político y el analista se ponen solemnes cuando declaran que la solución somos todos, que todos somos protagonistas, que todos debemos aportar, que no debemos permitir que otros decidan por nosotros, etc. Otra versión lanza afirmaciones como “tenemos que mejorar la educación”, “vamos a mejorar la política” o “debemos mejorar la seguridad”. Cabe señalar que aquí el uso de la primera persona del plural no expresa necesariamente inclusión; lo más probable es que sea utilizada como plural mayestático, porque el personaje que recurre a ella es amante de la pomposidad y la majestuosidad. En cualquier caso, los llamados y las invitaciones no dejan de tener un grano de verdad, pero esconden una gran falsedad.
Indudablemente, el futuro de la sociedad salvadoreña es una responsabilidad compartida. Pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Invocar la generalidad es una artimaña convincente, y eficaz, de funcionarios y políticos, que así diluyen su responsabilidad personal y evaden el compromiso. Cuando todos son responsables, ninguno lo es. El artificio también es muy útil para los analistas, que así se ahorran tener que identificar la raíz de los problemas que los ocupan y señalar a sus responsables.
Las declaraciones recientes de un alto funcionario del Viceministerio de Transporte ilustran bien cómo funciona ese ardid. Según el funcionario, el caos de la circulación en la capital se debe a la inconsciencia de los conductores. Y no le falta razón. Pero se equivoca al usar ese argumento como pretexto para evadir la responsabilidad gubernamental. El Gobierno del FMLN es impotente ante la falta de colaboración de la ciudadanía. El despliegue de la Policía de Tránsito y la multa son medidas que el funcionario rechaza por represivas (algo irónico, viniendo de un miembro de un Gobierno represivo). En pocas palabras, hay que resignarse y aguardar el cambio de mentalidad. Llevando esa lógica hasta sus últimas consecuencias, la inconsciencia ciudadana también sería la responsable del deplorable estado de los sistemas nacionales de salud y de educación. Evidentemente, el funcionario de marras no tiene nada que ofrecer, pero oculta su ineficiencia achacando el problema a la falta de educación vial de la ciudadanía, algo que, en último término, también recae sobre el mismo Gobierno.
No todos tenemos la misma responsabilidad en la construcción de unos sistemas eficaces y sostenibles de salud, educación y seguridad ciudadana, porque no todos tenemos el mismo poder ni el mismo dinero. La salud, la educación, la seguridad, etc. están como están porque así lo han decidido los Gobiernos y los partidos políticos, por acción o por omisión. Y también porque así lo han determinado las grandes fortunas del país, que, en buena medida, son las que indican a Gobiernos y políticos cómo deben decidir. La salud, la educación, la seguridad y el transporte están como están no por la falta de participación ciudadana, sino porque los Gobiernos y los políticos no se han interesado en ellos, porque no han invertido para satisfacer las necesidades básicas de la población y porque lo poco que invierten lo gestionan mal.
En realidad, no hay dinero porque la estructura tributaria es regresiva, pagan proporcionalmente más los asalariados que los capitalistas y los rentistas, y también por el fraude fiscal. El gran capital agremiado rechaza la reforma tributaria, porque piensa que los impuestos son un robo. Quizás debiera comenzar a considerar que los impuestos son los que hacen posible que sea propietario. La mayoría de los llamados analistas tampoco ha tenido la agudeza, y quizás tampoco la valentía, para ir a las raíces de los males sociales.
La invitación a participar que no aclara en qué y para qué se participa es engañosa. Aparentemente, esas convocatorias son inclusivas. La verdad es que lo que se solicita es la adhesión a una figura o a un partido político. En el mejor de los casos, se invita a participar pasivamente. Ellos ya saben qué conviene a la gente. Los acercamientos de los candidatos a la gente en la temporada electoral son artificiales. Una vez electos, ellos deciden, no de acuerdo a las necesidades reales de la población, sino de acuerdo con su interés particular. Vuelven a los sitios visitados en la campaña, pero para inaugurar obras, pronunciar discursos y hacerse fotografías, pero nunca para dialogar sobre la marcha de su gestión.
La mayoría de la población hace lo que puede, incluso más de lo humanamente permisible para sobrevivir, en unas condiciones muy adversas. No hace más porque no dispone de los medios ni del poder. Aquí estriba el núcleo de la cuestión: se los niegan positivamente, porque si llegara a tenerlos, organizaría la sociedad en detrimento de los poderosos y los millonarios. Ni siquiera existe interés en conocer su opinión sobre la calidad de los servicios públicos. Los llamados a la participación apuntan en esa dirección. Pero en la práctica son máscaras que ocultan el autoritarismo.