Rodolfo Cardenal
Los habitantes de La Campanera han experimentado con dolor e impotencia la fragilidad de la seguridad de Bukele. La desaparición y el asesinato de una menor ponen en evidencia que el control del territorio es relativo. De hecho, este no es el único asesinato ocurrido en estos días, pero es el que más ha agitado las redes digitales. Tal vez porque ocurrió en las narices de la Policía, o porque el crimen se dio en una colonia que varios altos funcionarios saludaron como “más segura que Canadá”, o porque la víctima es una menor. Sea lo que sea, el hecho ensombrece la publicidad electoral de Bukele.
Este crimen desenmascara su discurso sobre la seguridad. El encarcelamiento masivo de pandilleros dejó un vacío que su institucionalidad no ha podido llenar. El espacio abandonado ha sido ocupado paulatinamente por el crimen común. Las pandillas lo mantuvieron a raya, pero la débil e incompetente institucionalidad de Bukele no puede contenerlo. Tampoco parece interesarle, excepto porque su actividad cuestiona el lema de su reelección: el país es seguro y está en paz. Intentó ocultar el revés de La Campanera haciendo del crimen común un acto terrorista, ejecutado por pandilleros. Pero, en cuestión de horas, su propia Policía lo desautorizó. Presentó a un vecino contra quien alegó tener “pruebas documentales, testimoniales y científicas” de ser el autor del crimen.
La contradicción es solo una muestra del desconcierto de la seguridad. Bukele lanzó a miles de soldados con armamento pesado para capturar a terroristas inexistentes. En cualquier caso, ese despliegue militar no es apto para perseguir un crimen común, sino para pelear en un frente de guerra real como los del Medio Oriente. En un primer momento, capturaron a la madre de la menor, acusándola públicamente de “descuido y desamparo”, y a dos vecinos más. Ninguno fue imputado, sino un cuarto vecino. Encarcelada, la madre no pudo asistir al sepelio de su hija. El régimen de excepción recorre vecindarios y colonias populares a ciegas. En este caso, además, llegó demasiado tarde. La organización comunitaria fue más eficaz que sus agentes para buscar y localizar el cadáver de la niña.
Estas no son las únicas torpezas de la seguridad de Bukele. Es humanamente imposible que el contralmirante y los jefes policial y de seguridad hayan podido reunir “prueba testimonial, documental y técnica científica” veinticuatro horas después de hallado el cuerpo sin vida de la menor. Tampoco pueden afirmar con verdad, poco después de efectuada la cuarta captura, que “el móvil del asesinato comienza con una intención sexual, que deriva en asesinato”. Los jefes de la seguridad se contradicen, exageran y mienten fríamente para salvar la cara de su jefe. En aclaraciones como “no vamos a tolerar a este tipo de salvajes dentro de nuestras comunidades. […] El compromiso como gobierno con la comunidad Reparto La Campanera es que este salvaje no va a regresar nunca” o amenazas como “los vamos a mostrar descalzos, encadenados, para que la población sepa de quiénes se trata” resuenan la impotencia y la frustración de unos funcionarios derrotados por su ineptitud. Les preocupa más el ridículo que hacen que el sufrimiento de las víctimas.
Los vecinos de La Campanera no son ingenuos. La presencia de “los tres magníficos” de la seguridad de Bukele no los impresionó. Saben que se trata de “un efecto demostrativo”. Asimismo, lamentan el retiro del retén que controlaba la circulación en la colonia, porque desde entonces apareció “gente rara”, y la negligencia de los policías responsables de su seguridad, que les negaron ayuda. Sin pretenderlo, su queja revela la inviabilidad de los despliegues militares a mediano y largo plazo. Desde otro ángulo, una voz policial anónima expone la razón de la apatía de los agentes destacados en la colonia: no auxiliaron a los vecinos desesperados porque no habían recibido una orden superior, y si actuaban por su cuenta, se arriesgaban a ser desautorizados por sus jefes.
Los pandilleros no son la única amenaza para la población, tal como lo muestra la proliferación del robo y del crimen común. El gran error político de Bukele es haberlos absolutizado con la idea de imponer un orden nunca antes experimentado. En los vecindarios populares, el crimen acecha a sus habitantes. La solución no son los despliegues militares, un insumo muy apreciado por la imaginería presidencial, pero ineficaz para contener el crimen común. Este se enfrenta con inteligencia e investigación policial, tareas poco apreciadas, porque no dan brillo a la campaña de la reelección presidencial.
El descontrol de la delincuencia común le puede costar caro. Un crimen similar al de La Campanera durante un evento como el de las mises, diseñado para ratificar el lema de la reelección, puede dañar irreparablemente la cuidada imagen presidencial.