Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
CNN ha puesto en aprietos a la Policía salvadoreña y al Gobierno estadounidense al informar que este ha financiado una institución que opera con escuadrones de la muerte. Según el informe periodístico, la Policía recibió casi 68 millones de dólares en 2016 y casi 73 millones de dólares el año pasado. Además de asesoría del FBI y de la DEA. CNN tuvo acceso a conversaciones en las cuales policías discuten la ejecución de pandilleros. Esos mensajes muestran que no actúan de manera aleatoria, sino que identifican cuidadosamente a sus víctimas. El financiamiento y los asesinatos extrajudiciales fueron confirmados por fuentes independientes y por la embajada de Estados Unidos, pero han sido negados vehementemente por la dirección de la Policía.
La embajada ha declarado que toma con extrema seriedad las acusaciones de asesinatos extrajudiciales y que ha expresado constantemente su inquietud al Gobierno. Pero este, a través de la Policía, niega el financiamiento, las ejecuciones y los abusos. Muy cerca estuvo de adoptar la misma postura de Donald Trump, que se la tiene jurada a CNN por criticar a su Gobierno.
El Director de la PNC desautoriza el informe por contener “bastantes imprecisiones” y “confusiones”. A su juicio, el “primer gran error” sería afirmar que la Policía es una fuerza paramilitar. Y sí, formalmente no lo es, pero eso no impide que su dirección patrocine o tolere escuadrones de la muerte. Naciones Unidas sostiene que los supuestos pandilleros asesinados en enfrentamientos armados con la Policía han pasado de 103, en 2014, a 591, en 2016. Otro error consistiría en afirmar que la PNC recibe dinero de Washington, ya que solo le proporciona entrenamiento y equipo. Aparte de contradecir a la embajada, el entrenamiento y el equipo son financiados por Estados Unidos. Al parecer, el Director confunde financiamiento con dinero en efectivo.
CNN cuestiona con datos sólidos que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea utilizado para sostener a una Policía que patrocina o encubre escuadrones de la muerte, y que abusa de su poder. Su Director insiste en que “no extermina pandillas, no extermina a nadie”, pero en los tribunales se ventilan varios casos de agentes acusados de esos crímenes. Algunos de ellos ya han sido condenados. Muchas comunidades se quejan por igual del acoso de las pandillas y de la PNC. Otras dicen estar más tranquilas bajo el régimen de la pandilla que bajo el policial.
Es falso que haya apertura para denunciar e investigar a los policías. La relatora de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales afirma que casi todas las investigaciones contra ellos son desestimadas en las primeras 72 horas. La desaparición y asesinato de una agente de un cuerpo especializado, y el encubrimiento institucional, confirman el señalamiento anterior. Los datos disponibles muestran que la profesionalización, si en realidad existe, ha sido pervertida por la política de aniquilación de un Gobierno que incluso entrega bonos por pandillero muerto.
Negar estas realidades es poco inteligente. Las denuncias ofrecen una gran oportunidad para depurar la Policía. Sin embargo, a juzgar por los hechos, el Gobierno no está interesado en aprovechar esa posibilidad, porque el abuso y el asesinato extrajudicial forman parte de su política de seguridad. La Policía es rápida en asesinar pandilleros y fácil en reprimir jóvenes y comunidades, pero incapaz de capturar a los altos oficiales militares acusados de las masacre en la UCA y a los imputados por el caso Saqueo Público, la mayoría de los cuales se encuentran prófugos. La dirección policial no solo atenta contra la seguridad ciudadana que dice defender, sino que también debilita aún más la posición de un Gobierno que necesita a toda costa ganar la próxima elección presidencial. Negar la represión sistemática, una realidad a la cual muchas comunidades se enfrentan cotidianamente, no parece ser la mejor manera de agenciarse votos.
Washington al menos reconoce, formalmente, la existencia de ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder. Enfrentado con el mismo dilema de la guerra civil, financiar la represión o abandonar el Gobierno a su suerte, ha optado de nuevo por lo primero. En aquel entonces, no consiguió el resultado esperado y no hay razón para pretender que esta vez será distinto. Todo apunta que no está ganando la guerra contra las pandillas. El Gobierno del FMLN ni siquiera llega a eso. Ha adoptado la misma actitud de Ortega y Murillo: desconocer y negar. Su candidato presidencial no podrá afirmar, como en el caso de la corrupción, que la responsabilidad por la violación de los derechos ciudadanos es personal y no institucional: es del Gobierno y también del partido. En cualquier caso, conviene recordarles que la promoción y la defensa de una causa justa no eximen de responsabilidad penal.
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