Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Las grandes gremiales de la empresa privada han adoptado una posición ambigua frente a la corrupción. Por un lado, apoyan “toda iniciativa” que la combata y la erradique, pero, por otro, cuestionan la composición internacional de la comisión propuesta por el Gobierno de Bukele, una condición indispensable para garantizar su independencia y su eficacia investigativa. ¿Qué teme la empresa privada agremiada?
Argüir contra la internacionalidad de la comisión es poner en entredicho su independencia. “¿Qué ganamos nosotros para que una instancia internacional con gente de fuera venga a legislar y venga a juzgar lo que sucede en el país?”, se pregunta retórica y maliciosamente el principal vocero de las gremiales. Se gana en independencia. Indudablemente, El Salvador cuenta con personas intachables, que podrían asumir esa compleja responsabilidad; pero estarían sometidas a presiones muy fuertes e intimidaciones irresistibles, dadas la estrechez de relaciones familiares, profesionales y sociales que nos caracteriza. No podrían actuar con libertad, basados solo en los hechos debidamente comprobados. En definitiva, las gremiales solo aceptarían unos comisionados nacionales con respaldo internacional. La lucha contra la corrupción es una lucha contra respetados y conocidos empresarios, funcionarios, políticos y militares, todos ellos muy poderosos e influyentes.
El cuestionamiento empresarial es malicioso porque la tarea de los comisionados no consiste en legislar ni juzgar, sino en investigar, reunir pruebas y presentar los hallazgos sólidamente fundados en hechos a la Fiscalía para que esta procese a quienes resulten implicados. Aun cuando no hubiera acusación penal, la exposición de las estructuras corruptas, de sus jefes y beneficiarios sería, en sí mismo, un gran bien social. La alusión a las experiencias de Guatemala y Honduras, donde estas comisiones habrían usurpado las funciones de la institucionalidad nacional, según el vocero empresarial, es simplemente falsa. La empresa privada desconoce que en Guatemala los investigadores internacionales catalizaron el incipiente saneamiento de la gestión pública con la investigación de las redes de la corrupción y el respaldo de una Fiscalía muy audaz. La experiencia fue interrumpida cuando el presidente actual apareció implicado. En Honduras, la comisión ha hecho menos, porque no le dieron el mismo espacio.
El otro argumento aducido por las gremiales de la empresa privada es el nacionalismo. “Nosotros ya estamos suficientemente grandecitos y orgullosos de ser salvadoreños para caminar solos”, declaró autosuficientemente su presidente. Los líderes empresariales invocan la nacionalidad como barrera para defender la corrupción. Se conforman con poco. Se dan por satisfechos con el encarcelamiento de un expresidente y sus socios, con otro prófugo, con un tercero fallecido antes de que el proceso judicial concluyera y con unos cuantos funcionarios procesados más a modo de ejemplo que como parte de un esfuerzo por erradicar la corrupción. Se valen de esos hechos para defender que el combate contra la corrupción ha avanzado mucho y que, por tanto, la actividad fiscal salvadoreña es superior a la de los países vecinos.
Irónicamente, la empresa privada propone, como alternativa a la comisión, fortalecer la institucionalidad, algo que no promovió en los largos años de Gobierno de Arena ni se lo exigió al FMLN. Las gremiales de la empresa privada nunca han favorecido una institucionalidad fuerte e independiente, porque entorpecería los sobornos, los fraudes en las licitaciones, la concesión de privilegios, la evasión fiscal y el lavado de dinero. De ahí la trascendencia de la elección de los funcionarios responsables de dicha institucionalidad. Por regla general, son elegidos aquellos que garantizan la impunidad de los corruptos.
La contradictoria postura de la empresa privada agremiada es producto del miedo. La aprensión es razonable, porque, seguramente, puestos a averiguar, muchas de sus exitosas empresas podrían aparecer embarradas por actividades fraudulentas. Con sobrada razón teme el estallido de un escándalo como el de la multinacional brasileña Odebrecht. Hallazgos de esa naturaleza pondrían en entredicho su elaborada imagen de empresarios trabajadores, patrióticos, socialmente sensibles y religiosamente cristianos. No es extraño, entonces, que haya diputados que propongan excluir al sector privado de las investigaciones.
El problema empresarial es que el capitalismo neoliberal es, necesariamente, corrupto, dada su avidez por acumular riqueza. Su voracidad va aparejada con la corrupción. Los grandes capitales transforman su poder financiero en poder político para aumentar el ritmo de dicha acumulación, mediante la corrupción. Esta prospera en la medida en el que poder se concentra. Las privatizaciones del primer Gobierno de Arena, cuya finalidad era revalorizar el capital, son un buen ejemplo. Es voz pública que el proceso estuvo plagado de irregularidades que la institucionalidad no vio. La corrupción crea su propia legalidad. La administración de justicia es un medio complementario para acumular riqueza y para absolver la corrupción de los poderosos.