Raíz y principio de la violencia

En su afán por proteger a los agentes del orden, los diputados han endurecido las penas a quienes atenten contra aquellos y sus familiares. El gesto es encomiable, pero ineficaz. La dureza de las penas no impide la comisión del delito y mucho menos en las pandillas, a cuyos miembros la cárcel o el cementerio como destino final les tiene sin cuidado. La aproximación del Gobierno a la violencia social es equivocada. Lanzar juicios condenatorios duros, amenazar con penas cada vez más dolorosas o difundir opiniones y creencias sobre presuntos delitos, tal como acostumbra hacer el Fiscal General, es inoperante, porque no atiende a las raíces de la violencia.

No por elevar el tono de las condenas y los juicios, y aumentar las comparecencias de unos voceros cada vez más desacreditados se detendrá el crimen. Incluso la construcción de espacios deportivos, la apertura de talleres de aprendizajes diversos o la promoción de actividades sanas tienen alcances limitados, porque esas medidas atienden a los síntomas, no a las causas de la violencia. Más allá de esas posturas cómodas, ya es hora de comenzar a preguntarse por qué los individuos actúan violenta y destructivamente.

Una parte de la respuesta es el modelo económico neoliberal, implantado inmediatamente después de los acuerdos de 1992. El Gobierno de Arena se aplicó de lleno a lo que dio en llamar “la modernización” del Estado. En realidad, no fue otra cosa que establecer mecanismos para revalorizar el capital. De esa manera, privatizó las empresas estatales, desmanteló los servicios públicos y recortó los fondos y el personal de las instituciones públicas. La receta prometía un crecimiento económico notable y, derivadamente, la elevación general del nivel de vida. Solo el capital colmó, temporalmente, sus afanes de riqueza.

La modernización del Estado llegó acompañada de la globalización, la cual fue recibida como el motor del desarrollo económico y como el nivelador de las diferencias económicas y sociales. La interdependencia de sectores y naciones conduciría a la prosperidad creciente y generalizada. La globalización universalizó el mercado de consumo y convirtió al ciudadano en consumidor. Pero una parte proporcionalmente importante de la sociedad nunca ha tenido los medios para acceder al mercado y consumir. Paradójicamente, la globalización también trajo consigo la fragmentación, que dispersó el monopolio del uso de la fuerza, debilitó la soberanía estatal y magnificó la creciente sensación de inseguridad.

La antigua tesis de que a menos Estado, más crecimiento económico, más riqueza y más bienestar resultó ser una falacia. La reducción sistemática del Estado, llevada a cabo por los Gobiernos de Arena, creó un vacío que fue llenado por el crimen organizado, las pandillas y los traficantes de bienes y personas. El repliegue del Estado se llevó consigo el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la posesión de armas de fuego; la regulación de las actividades, incluida la imposición y la recaudación de impuestos; y la moneda nacional. La ausencia de Estado en las zonas urbanas y rurales más pobladas fue reemplazada por la presencia del crimen organizado, que controla el territorio y sus habitantes, y ha impuesto su propio sistema tributario y su ley.

La exclusión de la prosperidad y del mercado hizo que decenas de miles optaran por buscar en el Norte las oportunidades negadas en el país. La necesidad apremiante es más poderosa que los elevados riesgos de la emigración. Otros encontraron la manera de arrebatar violentamente aquello que les era negado positivamente. Así se llegó a niveles crecientes de violencia e inhumanidad. La actividad comercial y financiera del crimen organizado, que tanto molesta al Fiscal, es también un medio de vida para decenas de miles excluidos de la educación, de la salud, del trabajo, del consumo y del afecto.

Mientras esta realidad, en sí misma violenta, no sea superada, será casi imposible reducir la criminalidad a límites normales. Esa es la violencia originaria, la raíz y principio de todas las demás violencias sociales. Sin embargo, hasta ahora solo se presta atención a sus síntomas. Este es otro argumento poderoso para repensar el modelo económico implantado por Arena y conservado por el FMLN. Ciertamente, el Estado debe desplegarse de nuevo en el territorio y debe recuperar el monopolio de la fuerza y de las armas de fuego. No para reprimir como hasta ahora, sino para hacer posible la seguridad ciudadana, para crear condiciones que hagan posible la convivencia y para atender a las necesidades de la población. Las incursiones policiales y militares y sus multitudinarias capturas, aparentemente contundentes, evaden la raíz de la violencia social.

La sociedad no va a colaborar con un Gobierno represivo y autoritario. El miedo inducido por sus operativos y la indiferencia de sus agentes ante las víctimas de la violencia paralizan a una parte significativa de la población. La otra, la que apoya la represión, no parece estar dispuesta a ir más allá del aplauso.