Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero
La acción policial y fiscal está orientada a la espectacularidad, con la connivencia de algunos medios de comunicación y de muchos usuarios de redes sociales. La prueba descubierta y acumulada contra los detenidos no interesa. El espectáculo policial los presenta como culpables. Así, se confunde deliberadamente la imputación con la condena. Por eso, el Ministro de Defensa tiene mucha razón cuando se considera perjudicado por las alusiones que lo señalan como uno de los responsables de la tregua. En realidad, el caso de este alto funcionario no es único. Todo ciudadano que cae en manos de la Fiscalía y la Policía es sometido a espectáculo victimizador. Al parecer, el objetivo consiste en crear la impresión de que ambas instituciones son muy diligentes en la persecución del delito y, de paso, producir material entretenido, y gratuito, para alimentar a algunos medios de comunicación y las redes sociales. En realidad, no son tan diligentes como quisieran. Engañadas por el espejismo mediático, confunden el espectáculo con la realidad, a costa de la dignidad de la ciudadanía. Los detenidos, culpables o no, son denigrados por los productores de esos montajes. Olvidan que aun el ciudadano debidamente condenado por los tribunales tiene derecho a su dignidad.
La Policía y la Fiscalía no solo sobrepasan sus atribuciones al exhibir a los detenidos como condenados, una función que corresponde al sistema judicial, sino que, además, en virtud de esa particular condena, los humillan públicamente. Estas actuaciones son ilegales y están sujetas a demanda judicial. La Fiscalía nunca duda de sus averiguaciones, cualquier indicio es suficiente. La Policía solo captura criminales. Todos los detenidos son igualmente culpables y a todos los somete a la vergüenza pública, excepto a los policías acusados de crímenes, a quienes les permite ocultar su identidad con máscaras. Si por casualidad se llega a descubrir el error, nunca reparan el daño causado ni dan explicaciones. Por otro lado, el temor a las fuerzas represivas y la inutilidad de la denuncia contra el Estado paralizan a las víctimas.
No solo los policías procesados judicialmente carecen de rostro; la Policía en general ha perdido rostro humano. Y mucho han demorado sus autoridades en plantearse la cuestión. En realidad, nunca debieron permitirlo si querían permanecer como una institución civil y comunitaria. El ocultamiento del rostro tras máscaras es resultado de la militarización de la corporación y legado de antiguas prácticas represivas. Las máscaras intimidan en su deshumanización y esconden la identidad del represor. Así, pues, es contradictorio pretender construir una policía comunitaria sin rostro y sin responsabilidad.
La persecución fiscal de la tregua sigue un patrón bien establecido. Como es usual, los acusados son los ejecutores materiales del supuesto delito, mientras que los autores intelectuales son mantenidos fuera del alcance de la justicia. Los magistrados ordenan investigar a los beneficiados con los sobresueldos, pero libran a los expresidentes y a sus colaboradores más cercanos, los primeros responsables de esa corrupción. Ese es el patrón del caso jesuitas y de muchos otros. Así, pues, si en el caso de la tregua se sigue el patrón acostumbrado, y todo parece indicar que así será, el Ministro de Defensa puede descansar tranquilo. De todas maneras, es incomprensible cómo pudo ocurrir la tregua sin el conocimiento de los más altos funcionarios del primer Gobierno del FMLN. Tampoco se entiende cómo los quince millones de dólares donados por Taiwán se atascan en Francisco Flores, librando de responsabilidad al partido y sus aliados, muy probablemente los verdaderos destinatarios del dinero. Al parecer, los caminos de la investigación policial y fiscal y de la justicia salvadoreña son insondables por su irracionalidad.
El Ministro de Defensa puede hacer un buen servicio a la institucionalidad si utiliza su influencia en el Gobierno para cortar por lo sano los abusos de los que se queja. Que se sienta víctima es un estímulo poderoso para librar esa batalla. Puede comenzar con los soldados que se encuentran bajo su mando y ordenarles abstenerse de participar en representaciones denigrantes de los detenidos. También puede utilizar su influencia para exigir que la Policía se abstenga de humillar a los capturados. La Fiscalía, presuntamente independiente, es otra cosa, pero puede presionar a las instancias responsables de vigilar los procedimientos institucionales para que la dignidad de las personas sea respetada.
El espectáculo fiscal y policial con sus víctimas no agrega elementos positivos a la lucha contra el crimen. La humillación y la vergüenza no impiden la comisión de nuevos delitos, pero embrutecen a quienes los promueve y producen, mientras destruyen la dignidad de la ciudadanía.