Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero
No deja de sorprender el entusiasmo de los partidos políticos al presentar a sus candidatos a diputados y la respectiva agenda legislativa. Más allá de esa algarabía, en las presentaciones se observa una grave incoherencia. Los candidatos se presentan como representantes de los intereses de los habitantes de un determinado departamento. Cada departamento debe elegir a sus representantes, quienes debieran conocer a sus electores y sus necesidades y aspiraciones. El supuesto es que si resultan elegidos, se esforzarán por satisfacer esas necesidades y esas aspiraciones desde su escaño legislativo, mediante la proposición de leyes, el cabildeo en las dependencias de los gobiernos central y local, y la difusión de las demandas de los habitantes de la zona.
Pero esa no es la idea. El programa legislativo que esos candidatos proponen ha sido elaborado desde una perspectiva nacional, que no necesariamente coincide con la de los habitantes del departamento que los elegirá, y sus autores, casi seguro, desconocen la realidad departamental. La llamada agenda legislativa ha sido formulada por la dirigencia de los partidos políticos, según su percepción de la realidad nacional y sus intereses particulares. Es decir, se llama a la ciudadanía de cada departamento a elegir a sus representantes, pero estos, en realidad, representan los intereses de una agenda nacional. Sin duda, algunas de sus propuestas también serán beneficiosas para los habitantes de cada uno de los departamentos, pero estos tienen sus propios intereses y expectativas, que sus representantes no atienden al asumir la agenda del partido.
Así, pues, la ciudadanía de cada departamento ha de olvidarse de sus problemas particulares para asumir unos planteamientos nacionales, cuyo alcance difícilmente comprende y que, en cualquier caso, no inciden inmediatamente en su realidad. En segundo lugar, la ciudadanía es llamada a votar por unos representantes que no la representarán, sino que actuarán según las indicaciones de la dirigencia del partido político que los propone. Prueba de ello es que a los diputados solo les está permitido votar según las indicaciones de su dirigencia. Son, pues, más representantes de esta que de quienes los eligieron. El haber obtenido marcas en su rostro en la papeleta de votación no los compromete con sus electores. En tercer lugar, el contenido de la agenda legislativa que los candidatos a diputados se comprometen a promover es impuesto desde arriba, prescindiendo de si responde o no a las expectativas inmediatas de la ciudadanía. La estructura es claramente vertical y autoritaria. Finalmente, el diputado no vota para promover o defender los intereses de sus electores, sino para impulsar la agenda del partido político. De esa manera, nos proponen elegir a unos representantes para que representen el interés de la dirigencia del partido.
Una proporción significativa de la ciudadanía se aviene gustosa a votar por estos representantes. Es decir, aquellos que deciden la elección no exigen la representación a la cual tienen derecho. Ni siquiera se lo llegan a plantear. Esto muestra cuán arraigado se encuentra el autoritarismo en la sociedad salvadoreña. A este sector de la ciudadanía no le interesa el contenido de la agenda legislativa propuesta, mucho menos su discusión. Le basta con que tenga la aprobación de la dirigencia del partido. Consecuentemente, tampoco se le ocurre pedir cuentas a los diputados de su departamento. Eso sería cuestionar la gestión de los dirigentes del partido, algo inconcebible. El resto de la ciudadanía, tal vez por falta de educación política básica, tal vez porque no tiene ninguna razón de peso, no se interesa en esta cuestión. Para muchos, el autoritarismo es la única alternativa.
En cambio, los candidatos presidenciales sí tienen un inmenso interés en la elección de los diputados, porque cualquiera que resulte electo necesita una mayoría legislativa para poder gobernar autoritariamente sin tropiezos. Dialogar y negociar siempre resulta una carga insoportable para la mentalidad autoritaria. En definitiva, esta será la que imponga la agenda legislativa a unos diputados dóciles a los mandatos de sus respectivas dirigencias partidarias. Las elecciones prestan así una cobertura democrática a un autoritarismo ancestral. Qué sentido puede tener elegir directa e individualmente a unos representantes que no representan a sus presuntos representados.