Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Las actuaciones de la Policía y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública desafían la racionalidad. Hasta hace muy poco, el Gobierno hacía alarde de haber reducido los homicidios y se congratulaba por el éxito de su política de seguridad. Pero los hechos volvieron a desnudar abruptamente este discurso autocomplaciente. Los homicidios se dispararon y aumentaron los atentados contra los policías. La reacción no se hizo esperar: un masivo operativo con una finalidad poco clara. Aparentemente, el objetivo era detener el asalto contra los policías y el alza general de los homicidios. Tal vez la confusión obedezca a dificultades del sistema de comunicación de la Policía. Pero muy probablemente refleja también el desconcierto que reina en la cúpula responsable de la seguridad ciudadana.
El operativo es inconsistente. Pensar que 36 horas de despliegue y unas cuantas capturas de presuntos cabecillas de pandillas solucionarán la vulnerabilidad de los policías y sus familiares es ilusorio. Suponer que los retenes en algunas de las vías más transitadas contribuyeron al éxito de la operación es también engañoso. Los retenes identifican alcoholizados, drogados e indocumentados, pero difícilmente ubican a los criminales. De todas maneras, llama la atención que el asalto contra los policías se haya detenido al cabo de tres días de despliegue. Pero aun así, cómo se explica que la inteligencia policial y militar no haya detectado con antelación la conspiración para atentar contra la vida de los agentes. La persecución de los homicidios debe ser permanente y sistemática hasta reducir su incidencia a los niveles internacionalmente aceptados como “normales”. Arrebatos como el de los días recién pasados son ineficaces. Más bien ponen de manifiesto la impotencia y la exasperación de las fuerzas de seguridad.
La prohibición de la portación de armas de fuego en el centro de San Salvador, en sí misma conveniente y urgente, es otro desacierto de la dirección de la seguridad. La prohibición es muy conveniente y necesaria, porque está ampliamente demostrado que la portación de armas de fuego aumenta las probabilidades de morir o de ser lesionado gravemente en un incidente. Pero de nuevo, no es claro si la prohibición busca reducir la tasa de homicidios o simplemente impedir actos violentos el 3 de febrero. Sea lo que sea, ya se dejaron escuchar las protestas de miembros de Arena que son defensores acérrimos de las armas de fuego, quienes invocan el derecho de personas honradas como ellos a circular armados. En realidad, no deben preocuparse, porque implementar la prohibición demanda unos recursos de los cuales la Policía no dispone. Mucho más eficaz sería limitar drásticamente la comercialización de las armas de fuego.
Solicitar a los candidatos y al futuro Presidente no pactar con las pandillas está fuera de lugar. Es pretencioso que el Director de la Policía haga semejante petición, incluso que demande al futuro poder ejecutivo mantener la política represiva actual, a pesar de sus pobres resultados. De nuevo, los hechos son contundentes. Un alto dirigente de Arena ha reconocido recientemente que para ingresar en ciertos sitios han tenido que negociar con las pandillas que los controlan. Se resiste a hablar de negociación o pacto, pero qué otra cosa puede ser permitir propaganda electoral de Arena a cambio de diversión para menores de edad. Esto es así porque el vacío dejado por el Estado ha sido llenado por las pandillas. El mapa de las pandillas, que la Policía guarda tan celosamente, evidencia la ausencia de Estado y el fracaso de la política actual.
Asimismo, es irracional que el despliegue policial y militar concluya con una petición de más dinero, sin especificar cantidad ni destino. Contradictoriamente, la victoriosa Policía se presenta ahora como la víctima de las fuerzas del mal para justificar su demanda. Es muy probable que la Policía necesite más dinero, pero también está urgida de mayor eficacia en la inversión. Los diputados amigos de la mano dura están a favor. Pero los de Arena, también amigos de la represión, dicen bien cuando alegan que el problema no es la escasez de fondos, sino la estrategia y la ejecución. El Gobierno actual, al igual que los de Arena, adolece de una incapacidad crónica para ejecutar la inversión pública. Sin un proyecto consistente y sin eficacia operativa, la Policía atenta contra la seguridad ciudadana e incluso contra sus propios agentes.
Es muy dudoso que las fuerzas de seguridad hayan controlado a las pandillas y al crimen organizado en menos de una semana de operativo. Lo que sí consiguieron es alimentar el miedo de la población, a tal grado que circuló el rumor de que en ciertos puntos del país había toque de queda. La sorpresa y la condena policial son estudiadas, puesto que la misma PNC las provocó. Reiterar que se mantiene vigilante no contribuye a crear seguridad, dada su comprobada incapacidad. No tiene la intención ni la capacidad para averiguar el porqué y el cómo de los asesinatos de sus agentes, muchos menos los de las otras víctimas. Al final, se limita a recoger cadáveres.