No deja de ser curioso que cualquier poderoso reclamado por una instancia judicial, ya sea por un crimen de lesa humanidad o por enriquecimiento ilícito, se proclame perseguido político con la colaboración de partidos políticos, diputados, funcionarios, gremios e incluso parte del estamento militar y de los medios de comunicación. Es así como exmilitares, funcionarios, diputados y expresidentes coinciden en el mismo frente. No reciben el mismo trato los ingeniosos que atacaron varias páginas web, quienes mediáticamente ya han sido declarados culpables de cometer actos terroristas. En ninguna de estas situaciones se ha dado espacio para que la justicia haga su trabajo. Algo anda muy mal en la democracia salvadoreña cuando se permite pervertir la justicia de esta manera. Paradójicamente, la justicia administrada fuera de la institucionalidad sí constituye linchamiento político y social.
Ahora bien, con respecto al caso de la UCA, existe diferencia de opinión. Contrario a las voces que rechazan la acción judicial porque, dicen, ya se declaró inocentes a los imputados, quienes pensamos lo contrario hemos acudido a las instancias judiciales a disposición de la víctima. Por su parte, los familiares de las víctimas, insatisfechas con la justicia salvadoreña y ejerciendo su derecho, interpusieron un recurso en un tribunal español, el cual ha prosperado, porque el juez ha considerado que el crimen, dada su gravedad, es de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptible y, en cuanto tal, dentro de la jurisdicción española; que el juicio efectuado en El Salvador es fraudulento, opinión compartida por los observadores internacionales; y que la autoría intelectual del crimen no ha sido juzgada aún. Por eso, han solicitado la captura y la extradición de los acusados.
Asimismo, una jueza de Estados Unidos autorizó la extradición a España de uno de los excoroneles por existir razones suficientes para pensar que cometió el delito de asesinato terrorista, del cual es acusado junto con los otros exmilitares reclamados por la justicia española. Las evidencias mostradas en el juicio de extradición indican que el excoronel participó en la decisión del grupo de oficiales que colectivamente ordenó los homicidios de los jesuitas de la UCA. En concreto, la jueza falló que, según la evidencia, el excoronel proporcionó la información necesaria para el crimen, a saber, la ubicación de la víctima, el padre Ellacuría; el grupo o sus agentes comisionaron al batallón Atlacatl la misión de matar al jesuita y a sus compañeros; después de los asesinatos, el excoronel y el resto del grupo ocultaron los hechos que constituyen los delitos. Además, el excoronel amenazó a la esposa de un testigo. Estos hechos y otros plenamente expuestos en el juicio de extradición muestran la existencia de causa probable suficiente para justificar la participación de los acusados.
Las airadas protestas de inocencia y las exigencias de veredictos judiciales acordes han sido acompañadas de amenazas apocalípticas, que solo existen en imaginaciones calenturientas, acostumbradas a imponer su voluntad por el terror. Amenazar con la repetición del pasado es simple nostalgia, porque el pasado, por definición, es irreal. Aunque siempre existe la posibilidad de que quienes amenazan contraten sicarios para atentar contra la vida de sus adversarios. Amenazar con más polarización es grotesco, porque ellos son los que más polarizan. La ventaja es que solo los afecta a ellos y a quienes como ellos viven sumergidos en un mundo de fantasía. Amenazar con protestas masivas es vivir de grandezas pasadas. La mayoría de la población se afana por sobrevivir, no por la suerte de unos cuantos antiguos militares. La amenaza solo pretende aterrorizar para intentar impedir lo inevitable.
Argumentar con los Acuerdos de Paz es equivocado, porque estos prevén castigo para los criminales. Además, los Acuerdos son eminentemente políticos y este es un asunto de justicia. Amenazar con demandar a los funcionarios del Gobierno actual es un derecho de cualquier ciudadano ofendido. Hasta ahora, quienes así pretenden intimidar no han podido presentar pruebas para sustentar una acusación judicial. Aunque eso no significa que no haya responsabilidades penales olvidadas. En todo caso, como tenemos opiniones encontradas, lo apropiado es someter la cuestión a la justicia para que ella decida. ¿Por qué tanto miedo a los tribunales si son inocentes? Quizás saben que esa inocencia no se sostendría en un proceso judicial serio e independiente. En uno u otro caso, corresponde a la justicia decidir y sancionar.