Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Estados Unidos necesitó treinta años para señalar a los responsables directos de la masacre en la UCA, mientras que el sistema judicial salvadoreño y la legislatura todavía buscan cómo exonerar de responsabilidad a la cúpula militar de 1989. La Corte Suprema de Justicia tiene entrampado el proceso judicial, iniciado después de la derogación de la ley de amnistía. Los diputados bregan por encontrar una fórmula de amnistía aceptable. De todas maneras, sorprende que, pese a tener en su poder “información creíble”, Estados Unidos se haya tomado tanto tiempo para denunciar y sancionar, lo cual pone en entredicho que su apoyo a “los continuos esfuerzos de rendición de cuentas, reconciliación y paz” sean sinceros. En realidad, el apoyo depende de la conveniencia de su política exterior. Si fuera sólido y fiable, Washington hubiera colaborado con la justicia salvadoreña desde hace mucho tiempo para sentar en el banquillo a los responsables de la masacre en la UCA, de las otras masacres y de innumerables asesinatos. El esfuerzo de hoy tiene notas falsas. Si tanto interés tiene en contribuir a la rendición de cuentas, la reconciliación y la paz, por qué no facilita a la justicia nacional la “información creíble” que dice poseer.
Aparentemente, la declaración del Departamento de Estado deja una puerta abierta para nuevas imputaciones y sanciones, pues avisa que “continuaremos utilizando todas las herramientas […] disponibles […] para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién las perpetró”. Sin embargo, esa promesa hay que tomarla con cautela. La prudencia aconseja no alimentar grandes expectativas. Ese compromiso no se aplica, al menos por ahora, al presidente de Honduras, acusado de narcotráfico, corrupción y fraude electoral. Los hechos demostrarán cuánta verdad hay en ese “apoyo a los derechos humanos” y “compromiso de promover la responsabilidad de los perpetradores y de alentar la reconciliación y una paz justa y duradera”. Todavía hace falta identificar a la mayoría de los criminales de lesa humanidad. Y es indudable que Washington guarda información sólida para ello.
Pero Estados Unidos no es de fiar. Sus promesas y sus alianzas duran lo mismo que la conveniencia de su política interior. La cúpula militar ahora señalada lo ha experimentado en carne propia. Al terminar la guerra fría, El Salvador, en concreto, su Ejército y su presunta lucha contra el comunismo dejaron de importar. Entonces, Washington obligó a los militares a una negociación, donde ellos fueron los únicos perdedores. Ahora acusa de una masacre a trece de estos antiguos aliados; un crimen en el que funcionarios y militares estadounidenses tuvieron parte activa, al menos como encubridores. Por eso, precisamente, posee información detallada y veraz sobre los crímenes de guerra. A otros los ha deportado, incluso hay uno extraditado a España. La política estadounidense en el Oriente Próximo y Medio, y en Europa es otra muestra de cuán desleal puede ser Washington. Los entusiastas de Estados Unidos bien harían en tomar nota de esa manera de proceder.
La estrecha colaboración de diversas unidades militares y de inteligencia de Estados Unidos con el Ejército salvadoreño, que el Departamento de Estado “valora”, no ha impedido anular la visa a trece exoficiales de alta graduación y a sus familiares cercanos. El Gobierno de Bukele bien puede hacer lo mismo: deslindar el respeto a la institucionalidad militar de la corrupción y la violación de los derechos humanos. Hasta ahora, ningún Gobierno se ha atrevido, a pesar de que el presidente es su comandante general. Un mando de papel sobre el que se cierne la posibilidad real de la conspiración y del golpe. Eso impidió a Cristiani cumplir los acuerdos relacionados con la depuración del Ejército.
La incógnita es por qué Washington denuncia y sanciona ahora, por qué solo la masacre en la UCA y no las otras, y por qué no ha incluido a todos los responsables. El abogado del Ejército que alteró los testimonios de los soldados para exonerar a los trece acusados y diputado desde hace años no ha sido incluido. La información en poder de Washington es potencialmente determinante para comenzar a saldar la deuda que la sociedad salvadoreña tiene con la verdad y la justicia, más cuando el Gobierno se empeña en afirmar la inexistencia de archivos militares. Otra incógnita es el silencio con el que el presidente Bukele ha recibido la declaración. Es dudoso que no haya sido alertado con anticipación, dada la estrecha relación existente.
Podría pensarse que, con su intervención, Washington busca impulsar la lucha contra la impunidad y la corrupción, y poner presión en unos diputados remisos para que desistan de amnistiar a los militares y a los dirigentes de la guerrilla del FMLN. Pero lo hecho es todavía poco y demasiado tarde. De todas maneras, la sanción impuesta a los trece tiene cierta trascendencia: los señala como criminales de guerra y los deja sin visa, un bien muy preciado para quien puede y desea viajar a Estados Unidos.