Editorial

El gas propano:

¿Un caso aislado en la economía energética nacional?

El proceso de liberalización del sector energético fue iniciado en 1992 con la promesa de eliminar las ineficiencias derivadas de la intervención estatal en la prestación de estos servicios. ¿Cómo entonces ha llegado a producirse la reciente escasez del gas propano?. Aún en la época del ineficiente manejo estatal de las importaciones de hidrocarburos, este hecho habría sido fuertemente criticado.

Es oportuno llamar la atención nacional respecto de la fragilidad del suministro energético nacional, fragilidad que fue ignorada en el dogmático afán privatizador del sector. Hasta la fecha el proceso ha marchado viento en popa, pero no en todos los casos ha logrado establecer las condiciones necesarias para hacer viable el esquema de libre competencia; uno de estos es el caso del gas propano. El mercado nacional de este energético tiene aún características monopólicas: existen en El Salvador solamente dos empresas dedicadas a su importación y distribución, una de las cuales tiene una participación cercana al 80%, sin embargo los precios del gas a granel ya no se encuentran regulados. Los precios del gas envasado siguen siendo regulados y mantenidos artificialmente bajos por medio de subsidios estatales. (léase impuestos sobre el precio de la gasolina)

Para acentuar el carácter monopólico del mercado debe recordarse que cada una de estas empresas utiliza su propio sistema de envase y válvulas. Una vez que el usuario ha adquirido el sistema queda atado a un suministrante en particular. Dado el limitado poder adquisitivo de la gran mayoría de los consumidores, no debe esperarse que ante un mal servicio los consumidores recurran de inmediato a la competencia pues esto implica una nueva inversión. ¿Puede pensarse condiciones más favorables para cualquier empresa? Esta situación ha hecho posible que los importadores hayan minimizado sus inventarios, aún ante el riesgo de incurrir en un desabastecimiento temporal.

Favorecido por el subsidio e impulsado por el alza en los precios de la electricidad y la creciente escasez de leña, el consumo de gas propano en el sector residencial y comercial ha aumentado a una tasa mayor que el de cualquier otro energético, durante la presente década. La preferencia de los consumidores por este recurso energético, lo ha convertido incluso en un potencial aliado en la protección del medio ambiente, y se le propone como sustituto de la leña, para minimizar la alarmante tasa de reforestación del territorio nacional Aunque esta propuesta es cuestionable, (pues implica la sustitución de un recurso nacional potencialmente renovable, por uno importado que es un hidrocarburo y por lo tanto sujeto a los problemas de los mismos) esta sustitución haría del gas propano un recurso estratégico. En estas circunstancias el suministro de gas propano, no es un asunto del que el gobierno pueda desentenderse tan fácilmente como puede hacerlo con la importación de embutidos extranjeros.

Los medios de comunicación han reportado propuestas diversas para resolver la crisis; la más inmediata, es la adquisición de gas por parte del gobierno, medida que es un reconocimiento tácito de la responsabilidad del ejecutivo en este evento. La otra medida anunciada es que se exigirá el mantenimiento obligatorio de inventarios mínimos por parte de la empresas importadoras Esta medida u otro mecanismo equivalente, debió ser una de las condiciones mínimas exigidas por el Estado a cambio del subsidio al precio del gas, dadas las características del sector. Este requisito debió exigirse aún cuando implicase incrementos adicionales al subsidio, después de todo la fuente de financiamiento no son los ingresos fiscales, sino los fondos recaudados con recargos a los precios de la gasolina. Finalmente, dentro del modelo de libre competencia, debe celebrarse el anuncio del aparecimiento de nuevas empresas importadoras de gas. Esto seguramente contribuirá a mejorar la libre competencia, siempre y cuando se recuerde, por ejemplo, estandarizar los sistemas de envase y las válvulas de uso doméstico.

Ahora bien, estas soluciones siguen siendo soluciones momentáneas al problema y siguen ignorando puntos esenciales para el sano funcionamiento del sector energético nacional. Deben llenarse los vacíos legales e institucionales existentes, debe crearse una ley que regule las actividades del sector en forma integral así como un ente rector del sector, con responsabilidades más amplias que las de la actual Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones, SIGET, la cual sólo tiene injerencia en el sector de energía eléctrica. El ente rector debería dictar la política energética nacional, tomando en cuenta la interacción del sector con la economía nacional y sus efectos sobre el medio ambiente, debería también realizar la planificación del sector, si bien solamente indicativa, tanto para fundamentar la política, como para orientar a los agentes privados. Mientras el problema energético nacional no se enfoque de manera integral, persistirán las grandes inconsistencias en su desarrollo, y es muy probable que el evento que comenta este editorial, sea solamente uno de una serie de eventos semejantes en el futuro cercano.

La lección más importante que debe aprenderse del evento es que, siendo la energía un bien estratégico para el desarrollo nacional, las decisiones no pueden dejarse completamente al arbitrio de los intereses privados, menos aún cuando estos intereses son los de un monopolio.