OUDH presente su informe anual 2023: El estado de los derechos humanos en El Salvador

17-abril-2024

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Idhuca presentó el pasado 17 de abril su informe anual 2023, titulado "El Estado de los derechos humanos en El Salvador". En el informe, el OUDH examina la situación de cuatro derechos humanos en el país. El 2023 se caracterizó por la continuidad del Régimen de Excepción (RE), lo que se tradujo en graves retrocesos en materia de derechos humanos:

En el derecho a la vida, durante el 2023 se registró un Índice de letalidad de 3.78, lo que representa un aumento del 134.8% respecto del año 2022, cuando este indicador fue de 1.61, un porcentaje de muertes ocasionadas por el Estado del 11%, y una proporción de 34 civiles fallecidos por cada agente estatal que murió en estos enfrentamientos. Todos los indicadores apuntan a la existencia de un patrón de vulneración de los principios de proporcionalidad, estricta necesidad, legalidad y mínimo daño del accionar policial.

En relación con las muertes violentas, el dato oficial reportado por las autoridades (154) adolece de subregistro, ya que no toman en cuenta la totalidad de muertes violentas ocurridas durante el 2023, dejando fuera las muertes de personas civiles en contextos de enfrentamientos armados, muertes de personas privadas de libertad, osamentas localizadas y muertes de personas catalogadas como pandilleras. El dato oficial solo estaría registrando el 49.8% de la totalidad de muertes. Según nuestras estimaciones, el número real de homicidios alcanzó un total de 309, lo que representa una tasa de 4.87 homicidios por cada 100,000 habitantes. La PNC reportó 21 muertes de mujeres, mientras que la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registró 46.

En el derecho a la libertad, las organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, registraron 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración, acompañadas por detenciones arbitrarias previas, presentadas en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2023.  Entre enero y diciembre de 2023, el Idhuca registró 123 casos de desaparición forzada de corta duración; 92 del género masculino (74.80%) y 31 femenino (25.20%). Además, el Idhuca recibió 522 denuncias por detenciones arbitrarias.

A través del monitoreo de noticias de la Asamblea Legislativa y declaraciones de funcionarios públicos se registraron alrededor de 15,440 detenciones en 2023, con un promedio estimado de 40 detenciones diarias y 1,262 mensuales en el marco del RE. Una muestra de los primeros seis meses del año, donde las capturas globales reportadas mediante solicitud de información pública por la PNC ascienden a 21,941 -de las cuales unas 9,285 se dan en el marco del Régimen de Excepción-, plantea que la actividad policial sigue manteniendo altos niveles de capturas, aunque la mayor parte de ellas se estén realizando fuera del RE. Para diciembre de 2023 se calculan 104,747 personas privadas de libertad (PPL), lo que se traduce en una tasa de 1,652.45 PPL por cada 100 mil habitantes. El hacinamiento carcelario para 2023 fue del 241.37% de forma generalizada. En el resto del sistema penitenciario diferente al CECOT, el hacinamiento podría llegar al 298.79%.

En el caso del derecho a la integridad se han evidenciado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales. Los agentes señalados como responsables de hechos violatorios a la integridad son, en su gran mayoría, pertenecientes a la PNC, con el 82% del total, mientras que los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) representan el 18%. Esto guarda especial coincidencia con la prolongación del régimen de excepción y con rasgos evidentes de actuar arbitrario, como los actos de intimidación, coacción, malos tratos, persecución o indagaciones ilegales, entre otros. Entre enero y septiembre se llevaron a cabo un total de 539 investigaciones a agentes de seguridad pública, en 121 casos se debieron a hechos que atentan contra la integridad personal.

El Estado no ha presentado información sobre violaciones a personas LGTBIQ+, sin embargo, Aspidh Arcoíris Trans registró a 44 víctimas de hechos que van desde actos de discriminación, intimidación o amenazas, golpizas o agresión física, acoso u hostigamiento entre otros, todos perpetrados por agentes del Estado. En cuanto al desplazamiento forzado interno (DFI), la Procuraduría General de la República (PGR) reportó un aumento en comparación con el 2022, durante el cual hubo 1,176 víctimas. Para el 2023 se reporta un total de 2,099 víctimas de DFI en El Salvador. Las víctimas más afectadas por este fenómeno son del género femenino, acompañadas de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el Observatorio de derechos de primera infancia, niñez y adolescencia en El Salvador del Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) reportó, entre abril y diciembre de 2023, un total de 5,430 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 90% pertenecen al género femenino. Es decir, que en El Salvador hay una tasa de 526 niñas y adolescente víctimas de violencia sexual por cada 100,000 niñas y adolescentes.

En el caso del derecho de acceso a la justicia, las reformas penales implementadas han generado graves vulneraciones a garantías judiciales, como la detención indefinida y penas desproporcionadas. Las disposiciones transitorias especiales se han utilizado para extender la detención provisional de forma indefinida. Además, aquellas están diseñadas para juzgar colectivamente por la pertenencia a una organización ilícita, sin identificar responsabilidades individuales, lo que ha provocado violaciones de derechos. La implementación del RE y las reformas legales que la acompañan constituyen un derecho penal del enemigo que ha resultado en la negación del acceso a la justicia desde las detenciones injustas y muertes bajo custodia del Estado, evidenciando problemas como el acceso limitado a expedientes judiciales y la falta de medidas sustitutivas a la prisión. En el caso de los habeas corpus para el año 2023 se registraron un total de 2,869 casos, de los cuales sólo el 0.14% fue admitido. Además, se observó que, de los 283 amparos registrados en 2023, sólo el 13% fue admitido. En cuanto a las inconstitucionalidades emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 2023 se ingresaron un total de 60 casos, de los cuales solo 5 fueron admitidos.

Los datos presentados evidencian una situación grave y preocupante: el aumento del índice de letalidad en enfrentamientos armados, el significativo incremento del desplazamiento forzado interno y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales, junto con la persistencia de casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencia sexual y obstáculos en el acceso a la justicia, agravan aún más la situación. Esta información subraya la urgencia de tomar medidas concretas para proteger los derechos humanos en nuestra sociedad. Resulta esencial que las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional colaboren para abordar estos desafíos de manera efectiva e integral, garantizando un acceso equitativo a la justicia para todas las personas. Únicamente a través del pleno respeto a los derechos podremos avanzar hacia un futuro más justo para todos y todas en El Salvador.