La Cicíes y la impunidad

Por José María Tojeira, S.J.
Director Idhuca.

La Cicíes está en marcha. La OEA se ha comprometido a apoyarla y la ONU está estudiando las posibilidades de colaboración. Faltan normas que la rijan, objetivos claros, aparato institucional y personal adecuado. Pero es evidente que hay voluntad gubernamental y que hay posibilidades de apoyo. Así las cosas, está claro que las Cicíes será más pronto que tarde una realidad. Pero precisamente porque está en construcción es importante que la ciudadanía participe dando opinión, haciendo propuestas y aportando a la construcción de esta nueva institución. Al final será una institución orientada al servicio de todos. En ese sentido vayan algunas acotaciones sobre el tema de los objetivos, pues de momento la tendencia parece dirigirse exclusivamente a la lucha contra la corrupción estatal y su tradicional impunidad. El tema resulta así muy limitado. No incluye por ejemplo la corrupción empresarial que utiliza empresas “offshore” y dinero depositado en paraísos fiscales para evadir impuestos. Y al estar tan orientada a la corrupción de funcionarios del Estado, tampoco toca la impunidad de los graves crímenes, todavía impunes en su inmensa mayoría, de nuestra guerra civil.

Sobre este último punto hay algunas reflexiones. Sería una auténtica vergüenza que tanto la OEA como la ONU trabajaran exclusivamente el tema de la impunidad de los funcionarios gubernamentales contra la corrupción. Desde los principios de ambas instituciones, que parten de la igual dignidad y libertad de la persona, es evidente que los crímenes de guerra y de lesa impunidad son todavía más graves que la corrupción estatal. Y por eso ONU y OEA tienen instituciones incluso judiciales, dedicadas a defender los Derechos Humanos, especialmente en el campo de la vida y de la integridad personal. Centrarse en la corrupción y olvidarse de la impunidad existente en crímenes de lesa humanidad no tiene sentido. La ONU y la OEA estarían trabajando un tema menor, mientras permiten que crímenes muy graves, que están obligados a enfrentar, permanezcan en la impunidad. Al final, en la medida que la lucha contra la impunidad de la corrupción estatal distraiga de lo prioritario, la ONU y la OEA podrían aparecer como cómplices de la impunidad más brutal en El Salvador.

Por otra parte, hay menos impunidad respecto a la corrupción que respecto a los crímenes de lesa humanidad y de guerra. De hecho tenemos un expresidente preso, dos expresidentes a los que se les abrieron procesos por corrupción (uno de ellos ya fallecido y otro huido)  y varias personalidades políticas que están enjuiciadas o condenadas. Es cierto que hay algunas limitaciones, como el hecho de que a pesar de haber plena prueba de que el partido ARENA se ha gastado institucionalmente dinero corrupto, no lo ha devuelto como corresponde en ley. Pero las cosas han avanzado más que las investigaciones y juicios sobre las gravísimas masacres acontecidas durante la guerra. La Fiscalía ha dedicado más fiscales y recursos a combatir la corrupción que a perseguir los delitos de lesa humanidad. Estando mejor y siendo más eficaz la lucha contra la corrupción que el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, ¿es justo que la Cicíes atienda solamente los delitos de corrupción?

La ONU y la OEA deben reflexionar sobre este tema y no a hacer política al estilo de nuestros países que buscan con frecuencia éxitos en problemas menores y dejan intactas o casi intactas las causas de los problemas. Con el riesgo, además, de que cuando haya cambio de gobierno en El Salvador, un presidente corrupto, como Jimmy Morales en Guatemala, pueda doblarles el brazo e incluso meter preso a un buen fiscal, como lo ha intentado hacer el mandatario mencionado con la Fiscal Telma Aldana. Combatir la impunidad significa enfrentar los abusos más graves del poder contra el ciudadano. Y el abuso más grave e impune en El Salvador es el de los delitos de lesa humanidad y de guerra. Sería desalentador que la ONU y la OEA se dejen llevar por el afán de espectáculo y dejen desamparadas a las víctimas de los delitos más graves, eso sí, rodeadas de pactos, convenciones y tratados de Derechos Humanos que queden solamente en el papel.