Un Estado irresponsable que archiva las muertes de su población

Editorial Idhuca

Los Estados tienen distintas obligaciones en materia de derechos humanos. No solo se trata de no violentar activamente los derechos, sino que hay una obligación de protección, promoción, respeto y garantía de los mismos. Un Estado es responsable por violar derechos humanos cuando ha actuado, omitido o tolerado esa violación.

Además de lo que se conoce como sistemas nacionales de protección (los órganos, las normas y los procedimientos para proteger derechos humanos a nivel nacional), los Estados deben actuar con apego a estándares internacionales, sobre todo cuando han firmado determinados instrumentos, como los dos Pactos Internacionales o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por citar algunos.

Por ello, es condenable observar cómo, nuevamente, el Estado se desentiende de sus obligaciones e irrespeta la vida de las personas que han muerto al interior de las cárceles. Esas muertes son responsabilidad del Estado y su obligación es investigarlas bajo estándares de debido proceso y atendiendo la normativa internacional que vincula a El Salvador.

El Estado, a través de declaraciones del Fiscal General, ha reconocido que hay 142 personas fallecidas al interior de las prisiones, en lo que va del régimen de excepción. Y sin embargo, minimiza estas muertes, miente sobre la causa de estos fallecimientos -como le ha sucedido a tantas familias-, las ignora y se lava las manos al decir que se trata de muertes naturales.

Si existían condiciones de salud preexistentes para personas recluidas, continuaba siendo obligación velar por el derecho a la salud e integridad personal. Y si las condiciones de las cárceles son insalubres e infrahumanas, la responsabilidad del Estado es más evidente.

No se puede hablar de muertes naturales cuando se entregan cuerpos vapuleados. No se puede hablar de causas naturales cuando hay indicios de criminalidad. Es indignante escuchar declaraciones que señalan que se archivarán casos porque no se configuran delitos, cuando hay múltiples testimonios de personas que dan cuenta de la tortura sistemática y la represión que se vive al interior de las cárceles. 

Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad, atienda los llamados y solicitudes de distintos organismos internacionales de derechos humanos y no se desligue de sus obligaciones. La vida humana importa. No se trata de simples números, estadísticas o casos a archivar. Se trata de personas que han muerto y de familias que sufren y duelen por causa de un Estado represivo y violador de derechos humanos.