Editorial Idhuca
Cuestionar, dar un punto de vista distinto e incluso señalar lo que no se hace bien es síntoma de que la diversidad existe y de que todas y todos podemos aportar para construir una sociedad que recoja los intereses de la mayoría. Opinar y disentir no debería ser tomado como un acto que merece represalias.
Cuando un mandatario hace jurar a un pueblo y les pide “no quejarse”, solicita, entre otras cosas, que no se ejerzan derechos que nos atañen a todas y todos. Según la RAE, un súbdito es una persona sujeta a la autoridad de un superior con obligación de obedecerlo. Sin cuestionar, sin titubear, sin quejarse.
En un Estado que se dice respetuoso de la democracia, no existen súbditos, sino personas o ciudadanía. Por eso yerra el presidente en querer tratarnos como súbditos, porque no somos o no deberíamos serlo. Somos personas que tenemos derechos, incluido, el derecho a exigir explicaciones, a solicitar información. Tenemos la libertad de cuestionar. Es nuestro derecho saber cómo se gastan nuestros impuestos, que son los que permiten al Estado hacer cosas. Es nuestro derecho acceder a un buen sistema de salud y de educación.
Es nuestro derecho no sentir miedo a expresarnos ni que nos lleven detenidos sin explicación. Incluso, es nuestro derecho quejarnos cuando las cosas no se hacen bien y son injustas.
El país que merecemos y soñamos no se construirá a base de milagros, sino con el compromiso y trabajo de cada una y de cada uno, y cuando el Estado asuma su responsabilidad de proteger y garantizar nuestros derechos y tenga la capacidad de escuchar otras voces, de escuchar los cuestionamientos cuando no hacen bien su trabajo, cuando manejan el poder sin límites, cuando no escuchan el sufrimiento y las necesidades de todas las personas en El Salvador.
Sólo el diálogo y la integración de todas las voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en los temas que más nos preocupan. Quedarse callados, no es una opción.