Reforma Fiscal – ICEFI

Ponencia pronunciada el 18 de julio de 2018, en el foro político «En la búsqueda de un acuerdo fiscal integral para El Salvador.

Por: José M. Tojeira, S.J.
Director Idhuca.

Cuesta caer en la cuenta de la relación que existe entre una reforma fiscal orientada al desarrollo y lo que llamamos Estado de Derecho. El documento del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)  nos ayuda a darnos cuenta. La clave del estado de derecho es el individuo junto con sus derechos. Es precisamente la idea y el deseo de que los derechos individuales estén protegidos lo que lleva históricamente a sellar un pacto social que contenga deberes y derechos que todos debemos asumir. Derechos y deberes que quedan consignados, normalmente, en una Constitución. Y si leemos la Constitución de El Salvador, especialmente los artículos iniciales, que son especialmente programáticos, veremos cómo se consignan toda una serie de derechos que el Estado debe garantizar y que hoy por hoy no se pueden cumplir con la fiscalidad existente. Hoy estos derechos parecen utópicos. Pues mientras la Constitución nos dice que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, el bienestar económico y la justicia social”, los datos oficiales nos hablan de aproximadamente un tercio de la población en pobreza. Y la pobreza, lo sabemos, reduce la libertad de la persona, vuelve la salud más vulnerable, niega el bienestar económico y es una injusticia social. Podría uno preguntarse si el Estado, y por ende los partidos e incluso todos nosotros, estamos conscientes de esa obligación estatal e incluso de nuestro deber de exigirle al estado que cumpla con sus obligaciones. Los estudios del PNUD estipulan en su informe regional 2016 sobre Desarrollo Humano, dedicado al progreso multidimensional, que en El Salvador, además de ese tercio de población en pobreza, un 47.8% de la población se halla en situación de vulnerabilidad económica. Al final estamos hablando de aproximadamente un 80% de la población que o bien carece del derecho al bienestar económico o bien está en riesgo de perderlo, que eso significa pertenecer al sector económicamente vulnerable. Los datos recopilados por ICEFI en su informe nos muestran también, y en toda su crudeza, esta misma realidad de un estado incapaz de cumplir con obligaciones básicas de derechos humanos y constitucionales por falta de recursos. La desigualdad económica y social es también desigualdad impositiva, y además inversamente proporcional a la tenencia de bienes y al ingreso.

         Los datos pueden parecer duros, y más cuando los recordamos en esta burbuja de bienestar de un salón de hotel. Pero no se trata ni de fustigarnos a los que estamos aquí presentes, ni de atacar a nadie. Simplemente se trata de buscar caminos para evitar que nuestra Constitución, y con ella nuestro Estado de Derecho nos diga una cosa, y la realidad del país nos diga otra. Si en otros tiempos los discursos grandilocuentes y los textos utópicos disimulaban las miserias de la realidad, en esta época de la comunicación y del desarrollo de la conciencia individual es imposible engañarnos. No tiene sentido continuar elaborando proyectos de desarrollo sin tener mecanismos de evaluación y seguimiento adecuados. El documento que hoy presenta ICEFI es una propuesta concreta, bien pensada, objetiva, clave para evaluar nuestra realidad, trabajar sobre datos y corregir injusticias. Sólo con estudios como este relanzaremos un diálogo eficaz para la construcción de un futuro plenamente democrático en El Salvador.

         Poco antes de ser asesinado en 1989, y hablando con el P. Ellacuría sobre su futura actividad una vez dejara de ser Rector de la UCA, me decía que quería constituir un equipo que pensara El Salvador. Insistía en que en nuestro país se estaba pensando con inteligencia la salida del conflicto civil, pero que no se estaba pensando adecuadamente la construcción del futuro democrático. Sin negar diversos intentos de pensar con seriedad El Salvador del futuro, el documento del ICEFI nos ofrece hoy pistas de trabajo para una tarea indispensable, la reforma fiscal, a la hora de planificar y construir un futuro salvadoreño en el que que se unan justicia social, bienestar económico y democracia. Sin embargo la preparación para un debate serio no es fácil. La ignorancia de una buena parte del liderazgo respecto a temas complejos y la tendencia a sepultar en la polarización política a toda opción enfrentada a las rutinas del poder, dificulta la planificación de un futuro mejor. Lo hemos visto tanto en los debates sobre el agua como en otros temas relacionados con la violencia, el delito y la persecución y castigo del mismo. Pero el documento del ICEFI tiene la virtud de evidenciar a través de datos incontestables la necesidad de establecer una nueva relación fiscal en El Salvador. Los datos no mienten y las soluciones propuestas son claras.

         En la Doctrina Social de la Iglesia Católica se nos dice lo siguiente: “Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad”. El documento del ICEFI nos dice lo mismo desde el análisis económico, orientado a que los ingresos fiscales sean suficientes para lograr la universalización de los derechos básicos del ciudadano. Y es que efectivamente, el Estado sólo cumple adecuadamente con su función si universaliza los servicios de calidad que el ciudadano necesita en dimensiones como la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, la protección de la familia, el acceso a la propiedad o el trabajo con salario justo. La insistencia del ICEFI en dotar de recursos adecuados a las redes de protección social del Estado nos muestra el mejor camino para entender, debatir e impulsar una reforma fiscal dotada de modernidad, racionalidad y capacidad de impulsar el desarrollo humano. La progresividad en el sistema impositivo, el establecimiento de nuevos impuestos directos y la reducción drástica de la evasión, son factores clave para ello.

         Si la racionalidad es uno de los conceptos que sistemáticamente utilizamos para promover, desarrollar o criticar cualquier tipo de proyecto, el ICEFI nos da hoy una lección de racionalidad económica plenamente humana. Razón, economía y ética no siempre han caminado juntas en la historia de la humanidad. Tampoco en El Salvador. La tendencia a utilizar instrumentalmente la razón al servicio del poder económico o político, permanece presente en nuestros días y en nuestras instituciones, generando desigualdad y conflicto social. El documento del ICEFI sabe unir racionalidad, economía y ética solidaria. Es una apuesta en favor de tomar medidas frente a una situación no sólo insolidaria, sino insostenible. La desigualdad es siempre fuente de conflictos y violencia. La reforma Fiscal es necesaria para reducir la desigualdad y con ella una de las fuentes más poderosas de la violencia. Felicidades al ICEFI y ojalá la claridad de su planteamiento nos lleve al diálogo y a acuerdos fiscales coherentes con los derechos de todos, respetuosos con la igual dignidad humana.