Editorial Idhuca
Entre el 5 y 6 de mayo de 2023, El Salvador experimentó temperaturas de hasta 42 grados en la zona oriental. Las altas temperaturas a nivel global son el resultado de los graves daños que hemos ocasionado al planeta tras siglos de depredación ambiental sin límites. No fue sino hasta 1970, con el surgimiento de los derechos medioambientales y la concepción de la justicia ambiental, que la discusión sobre el abuso de los bienes naturales empezó a tener relevancia en el debate internacional, pero ¿qué relación existe entre las altas temperaturas, el cambio climático y el pleno goce de otros derechos humanos?
Para la CEPAL, el cambio climático implica afectaciones directas al derecho a la salud y a la vivienda. También es un agravante del acceso al agua y por tanto, al generar cambios en el ciclo de producción de cosechas y precios de alimentos, constituye un impedimento para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria. Por otra parte, el cambio climático es un proliferador de amenazas para la humanidad: aquellos países con mayores niveles de desigualdad, como El Salvador, perciben sus efectos de manera desproporcionada entre sus habitantes, siendo los sectores poblacionales más vulnerables quienes siempre reciben el mayor impacto, al carecer de viviendas adecuadas para sobreponerse a las fuertes temporadas lluviosas y por la falta de acceso a agua potable para paliar las altas temperaturas.
La situación es en verdad alarmante. Durante la segunda semana de mayo, la Organización Meteorológica Mundial de la ONU publicó un informe indicando que para los próximos cinco años, el planeta Tierra tiene un 66% de probabilidades de aumentar su temperatura hasta en 1,5° grados. De ser así, esto significaría que entre 2023 y 2027 podríamos superar la temperatura global promedio correspondiente a los años 1850-1900.
Por supuesto que tenemos una responsabilidad compartida en el cuido del medio ambiente, pero es una responsabilidad diferenciada. No solo involucra a la población en general, sino que requiere un involucramiento activo del Estado. Pero no solo ello. La empresa privada tiene gran responsabilidad en la explotación de recursos como el agua y la tierra. Por tanto, es imperativo exigir de manera conjunta y urgente el cese de la depredación ambiental, de tal manera que las generaciones presentes y futuras podamos gozar de un planeta en buenas condiciones.