Dos años sin independencia judicial

Editorial Idhuca

El mes de mayo inicia con el Día Internacional de la Clase Trabajadora, donde cientos de personas salen a las calles a marchar y exigir condiciones laborales más justas. Pero desde hace dos años, a la marcha se ha sumado un sector que se había mantenido ajeno a esta conmemoración: los jueces y juezas. 

Y es que, desde hace dos años, en El Salvador se ha profundizado el ejercicio del poder sin límites. La noche del 1 de mayo del 2021 fue una noche violenta, una noche donde se concretó la concentración del poder. Tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como el Fiscal General de la República, fueron destituidos y reemplazados de manera inconstitucional, sin un mínimo de respeto al debido proceso. 

Los nuevos funcionarios impuestos fueron instalados a la fuerza en las oficinas, acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil, una institución que debe mantenerse alejada de tintes político-partidarios. No bastando eso, su director fue recibido como un héroe en la Asamblea Legislativa.

La destitución de funcionarios sin seguir las reglas del juego no solo implicó vulneraciones a los derechos de quienes fueron destituidos, sino que, como podía preverse, sus consecuencias se han sentido en la población, pues estamos hablando que fueron removidos de su cargo los integrantes del más alto tribunal de justicia en nuestro país.

Después de esas acciones desafortunadas se han aprobado también reformas a la Ley de la Carrera Judicial, así como al Código Procesal Penal, logrando que ese órgano se pliegue completamente al Ejecutivo. Los jueces y juezas tienen como función la defensa y garantía de nuestros derechos y, por tanto, tienen en sus manos un rol de suma relevancia al poder decidir sobre la situación de muchas personas, como lo vivimos actualmente.

Por ejemplo, para cada marcha que muestra descontento sobre la situación del país, ya se volvió una constante instalar retenes, no permitir que las personas que vienen del interior del país se movilicen, decomisando DUIs y licencias de conducir. Ante las limitaciones al derecho a la protesta y a la libre circulación no hay institución estatal a la que se pueda acudir, que denuncie y que proteja esos abusos del poder.

Tampoco hay a quién acudir con cada acción inconstitucional que realiza la Asamblea Legislativa, como la prórroga ininterrumpida del régimen de excepción y su permanencia luego de meses -que ha implicado la captura y muerte de personas inocentes-. La justicia no solo no es efectiva, sino que es inexistente. También están pendientes miles de hábeas corpus que se traducen en personas que no han obtenido justicia o cuyos familiares no tienen ninguna noticia sobre ellos.

La independencia judicial nos debe importar porque se hace aún más difícil que las personas víctimas, tanto del conflicto armado, como de la actualidad, obtengan justicia, y coloca a muchas personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Ninguna denuncia va a tener eco si no hay independencia judicial. No hay ningún tipo de protección, ni garantías. En un Estado donde el poder está concentrado, todo puede pasar y nadie nos puede defender.