Por José M. Tojeira, S.J.
Director Idhuca
Este día 20 de Febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. El concepto y la idea de justicia social se desarrolla en el siglo XIX a partir de la opresión que sufrían los trabajadores de las fábricas industriales, y a partir también de la reflexión sobre los derechos fundamentales de toda persona que se iba estableciendo en el pensamiento de mucha gente. En El Salvador la Justicia Social aparece en el Artículo 1 de nuestra Constitución como una de las obligaciones fundamentales del Estado en el servicio que debe dar a los habitantes de la república. Y por tanto el acceso a la justicia social es un derecho ciudadano. Pero la pregunta que todos debemos hacernos es ¿qué piensa el liderazgo político, económico y social sobre la justicia social?
El liderazgo político, incluidas personas que contribuyeron en la elaboración de la Constitución en 1983, tiende a pensar que la justicia social consiste simplemente en garantizar y prestar algunos servicios básicos a la ciudadanía, como posibilidades de educación, salud y poco más. La calidad de los servicios, su universalidad e igualdad en el trato, no entran de hecho en el concepto de los políticos. Porque si entraran, no habría las graves diferencias y desigualdades tanto en la labor educativa como en la atención médica o en las diversas instituciones de protección social. Las élites económicas tienen, por su parte, una fuerte tendencia a confundir la justicia social con la limosna. Y en las élites sociales hay una amplia gama de pensamientos. Desde quienes piensan que la justicia social es un concepto obsoleto y cercano al marxismo, hasta instituciones como la Iglesia Católica, que entiende la justicia social como el estado de plenitud de derechos derivados de la igual dignidad humana.
De hecho la primera definición de justicia social la dio en el siglo XIX un sacerdote italiano especialista en la teología moral de Santo Tomás de Aquino. Este sacerdote pionero de la Doctrina Social de la Iglesia decía que “la justicia social debe igualar, de hecho, a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Por primera vez se hablaba de justicia social y ya indefectiblemente se ligaba el concepto a la plena realización de los Derechos Humanos. El término de justicia social lo asumieron posteriormente los movimientos socialistas democráticos y ya a principios del siglo XX lo adoptó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su propia Constitución, en la que afirma que “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Hoy tenemos que decir que sin justicia social es imposible que haya una democracia sana. Porque la injusticia social corrompe siempre lo más auténtico de la democracia que es el respeto a la igual dignidad de la persona humana.
El Papa Pío XI, hace exactamente 90 años, decía también que el reparto de la riqueza existente debía debía cambiarse y ajustarse “a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados”. Aunque la desigualdad ha descendido en muchos países en los últimos años, las diferencias económicas y sociales continúan siendo escandalosas. Consciente de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió el año 2007 celebrar todos los años, el 20 de Febrero, el día de la Justicia Social; recomendando que en ese día se recuerde la responsabilidad de todos y se trabaje en favor de "erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos".
En El Salvador, dada la injusticia social persistente y los intereses del poder político y económico de no discutir abiertamente este tipo de temas, el día de la Justicia Social ha tendido a pasar desapercibido. Cuando la pandemia ha aumentado la pobreza y la desigualdad, ha interrumpido y frenado oportunidades, recordar los derechos económicos y sociales de nuestra población se vuelve impostergable. Un proceso serio de transformación y fortalecimiento de las instituciones de protección social, un reparto más justo de la riqueza y una mayor inversión en la gente y en el desarrollo de sus capacidades son pasos indispensables para avanzar en justicia social. El pleno y universal cumplimiento de los Derechos Humanos es la base para este tipo de justicia, necesaria para la convivencia pacífica e indispensable para que un sistema de gobierno pueda considerarse una democracia sana.