El estado de los derechos humanos durante 2022

Editorial Idhuca

En El Salvador, el 2022 estuvo marcado por la vigencia ininterrumpida del Régimen de Excepción, a partir de su aprobación hacia finales de marzo, lo que se ha traducido en graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos atribuidas a distintas instituciones del Estado, como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República (FGR), el Órgano Judicial, el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Dirección General de Centros Penales (DGCP), violaciones que permanecen.

Los múltiples patrones de abusos han sido una constante, entre los que se incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias; uso desproporcionado de la fuerza; torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; muertes bajo custodia de Estado sin investigación; abusos contra población privada de libertad; falta de garantías para el acceso a la justicia; entre otros. 

En el contexto del régimen de excepción, las vulneraciones a derechos humanos se inician con una detención arbitraria en la cual las autoridades no mencionan el motivo de la detención. Estas detenciones masivas, en la mayoría de los casos, se realizan sin órdenes de captura, y se han basado únicamente en la apariencia o lugar de residencia de la persona. Asimismo, se niegan a dar información a la familia sobre el paradero del detenido y su estado de salud e impiden la comunicación con su familia y su defensor; sumado a que en reiteradas ocasiones, tampoco se les informa cuando la persona ha fallecido a manos de agentes del Estado. De igual manera, ha existido un aumento de casos de personas que han tenido que dejar sus lugares de habitación por miedo al acoso policial o a ser detenidos arbitrariamente.

El régimen de excepción también se acompañó de reformas legales en materia penal, procesal penal y penal juvenil, que han representado un retroceso en derechos, libertades y seguridad jurídica para la población. Lo anterior ha sucedido en un marco de anulación del sistema nacional de protección de derechos humanos, en tanto ninguna de las instancias encargadas está ejerciendo efectivamente su misión de controlar los abusos del poder estatal. La FGR ha perdido toda independencia y se ha plegado al Ejecutivo, con lo cual omite la investigación de las violaciones de derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) ha guardado silencio respecto de los abusos del poder y frente a las diferentes vulneraciones ocurridas. La mayoría de los jueces también han perdido su independencia, incluida la cúpula del Órgano Judicial.

Esto implica que no hay garantía para un debido proceso o de respetar aspectos tan básicos como la presunción de inocencia de una persona. En el 2022 y hasta hoy en día, la Policía se ha convertido en “jueces de la calle”, contraviniendo su mismo propósito y desatendiendo estándares de protección en derechos humanos.

Debido a que en el 2022 el foco ha estado en el régimen de excepción, la violencia feminicida y la violencia sexual han sido prácticamente invisibilizadas, a pesar de que siguen presentando altos índices y, que ataca principalmente a mujeres y niños, niñas y adolescentes. Las familias de las personas desaparecidas también han denunciado la paralización de las investigaciones, lo que aumenta la espiral de impunidad que vivimos en el país.

La libertad de expresión se ha visto mermada, debido a los reiterados ataques a la libertad de prensa y la opacidad que se ha convertido en política de Estado, por los impedimentos de acceso a la información que debería ser pública. En los casos particulares donde la información se ha compartido, no se tienen datos desagregados, lo que obstaculiza una atención integral del Estado, pues si no se tienen en cuenta las distintas interseccionalidades que afectan a una persona, la respuesta a la protección de sus derechos será ineficaz.

Junto con todo esto, hay un deber que el Estado ha desatendido de manera histórica y es la reparación integral a las víctimas, tanto aquellas del conflicto armado, como a las de la actualidad. El Estado no sólo no repara, sino que violenta activamente derechos humanos a través de su actuación, omisión y tolerancia. 

El panorama del primer trimestre del 2023 no ha sido diferente del 2022 y la población salvadoreña continúa desconociendo qué son los derechos humanos y su importancia. Como Idhuca, seguiremos insistiendo en la necesidad de su reconocimiento, seguiremos compartiendo insumos para el análisis, seguiremos denunciando los abusos del poder, sabedores que no podemos construir una nueva sociedad bajo el paradigma de menosprecio hacia los derechos humanos.