“Herramientas jurídicas” para qué

Editorial Idhuca

El 26 de julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintidós”, así como reformas a la Ley contra el crimen organizado.

Estas reformas penales se suman a otros paquetes de reformas aprobadas en el 2022, siempre en materia penal, que lo que hacen es profundizar la injusticia y el dolor de personas inocentes y de sus familias. Esta práctica se ha vuelto común en el gobierno: cambiar las reglas del juego cuando el juego perverso ya se está llevando a cabo, sin que ninguna autoridad ponga un freno, porque todas responden a convertir en órdenes los deseos del presidente y su círculo.

Desde un aspecto formal, la nueva normativa carece de técnica legislativa y de rigurosidad; sin embargo, dejando los aspectos formales de lado, hay otros elementos de fondo que resultan muy preocupantes. En el dictamen de las disposiciones transitorias se habla de forma reiterada de dos aspectos: (1) la necesidad de brindar “las herramientas jurídicas necesarias” para (2) ordenar o regular el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción. Sobre ello es importante mencionar que las herramientas jurídicas ya existen y una regulación del proceso penal, también. 

Sin embargo, no es una regulación que les favorezca, debido a las detenciones masivas realizadas y la incapacidad de la Fiscalía de individualizar la participación delictiva de más de 71,000 personas, a las cuales, en su mayoría, se les ha acusado de “agrupaciones ilícitas” o de pertenecer a “organizaciones terroristas” sin más. Tampoco son reformas para preservar la igualdad y los principios del derecho, si no para facilitarle el trabajo a la Fiscalía, un trabajo que ha sido mal ejecutado desde el inicio, gracias a las normas represivas por órdenes del ejecutivo, materializadas por la Asamblea Legislativa y llevadas a cabo por una mezcla de trabajo cómplice y arbitrario por parte de la policía, fuerza armada, fiscalía y jueces que responden a las órdenes del régimen. La solución para un problema que el mismo gobierno ha causado es dejar de lado los presupuestos del debido proceso y el derecho de defensa, que lo único que hará es fomentar la impunidad y la injusticia.

Como todo el poder está concentrado, sabemos que la judicatura está también plegada a las órdenes del oficialismo -porque si no, los destituyen o trasladan- pero en todo caso, con estas reformas los jueces pasan a tener un rol secundario, pues el papel protagónico lo tiene, de nuevo, la Fiscalía, a quienes estas reformas le conceden una discrecionalidad impresionante. Hasta se modifican las reglas de competencia para dejar todo a la decisión de la Fiscalía, sin mayor claridad de cómo procederá en realidad.

Esas más de 71,000 personas detenidas y procesadas en distintos tribunales del país serán agrupadas en uno o varios procesos penales. No sabemos cuántas personas pueden llegar a agruparse, pues todo queda al arbitrio de la Fiscalía. Asimismo, serán agrupadas según la “estructura criminal a la que pertenecen”. ¿Qué pasará con las personas inocentes? ¿Serán absueltas o serán arbitrariamente asignadas a una estructura aunque nunca fueron parte de ella?. Asimismo, la duración del proceso penal se extiende, lo que deja en una incertidumbre e inseguridad jurídica a las personas por más tiempo del esperado.

Por otro lado, la incorporación de un registro fotográfico de adolescentes atenta contra su derecho a la privacidad e intimidad, exponiéndoles a una vulnerabilidad adicional, contrariando normativas internacionales en la materia y el interés superior de los mismos. Esta captura de fotografías puede dar pauta a la estigmatización y acosos.

Todo esto contradice lo que se conoce como “sistema penal acusatorio”, que fue impulsado en la reforma de 1998. Básicamente se trata que las partes puedan participar en un proceso en igualdad de condiciones ante un juez imparcial, quien decidirá con base en pruebas, argumentos y el respeto a los derechos humanos, debido proceso y principios importantes como la presunción de inocencia.

Señalamos que estas reformas se dan en un contexto de detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos ejecutadas en su gran mayoría por agentes de seguridad, las cuales afectará a todo un conglomerado de personas detenidas de manera injusta. Por tanto, denunciamos que esta normativa solo perpetúa la violación sistemática de los derechos humanos, fomentando una institucionalidad al margen de los deberes del Estado y el respeto a los estándares internacionales que debe cumplir.