Desde su fundación, el principal objetivo del Idhuca ha sido contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos, a través del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas.

Desde 1980 hasta 1992, un enfrentamiento armado –originado por la crisis económica, el cierre de espacios políticos para la participación ciudadana y la constante represión– generó la violación de los derechos humanos de la mayoría de la población salvadoreña. Preocupada por lo que sucedía, la comunidad internacional se interesó en observar esa situación. Así, año tras año varios organismos gubernamentales y no gubernamentales, se dedicaron a darle seguimiento al acontecer nacional.

En el ámbito interno, el padre Segundo Montes Mozo S.J., había creado el Socorro Jurídico Cristiano (SJC), en 1975. Esta entidad funcionó en el Colegio Externado San José y brindó un valioso apoyo legal a las víctimas de la represión política y sus familiares. En 1985, el padre Montes también fundó el Idhuca con la idea de que fuera un instituto universitario congruente con el compromiso de la UCA: de interpretar la realidad salvadoreña e influir en ella para construir de una sociedad basada en el respeto pleno de la dignidad humana. Así pues, desde la dirección del Idhuca, se preocupó por registrar cuidadosa y rigurosamente las violaciones a estos derechos, pero su trabajo no se limitó a una simple recopilación de atropellos, sino que se esforzó por iniciar una reflexión sobre su significado teórico y práctico. Y por último, procuró movilizar a la opinión pública y organizar una red de solidaridad internacional con El Salvador.

En la madrugada del 16 noviembre de 1989, la UCA y el Idhuca sufrieron un duro golpe por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el Padre Segundo Montes, y dos colaboradoras. A pesar de lo que significó esta pérdida, no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad salvadoreña, el Idhuca no se detuvo en su labor y bajo la dirección del sacerdote jesuita Michael Czerny retomó su misión y su razón de ser. En este esfuerzo continuó en gran medida, gracias a la persistencia de la subdirectora del Instituto, Margaret Popkin.

Ya en esta etapa, los bandos en conflicto comenzaron a negociar el fin de la guerra. Entonces el Instituto se planteó abordar el problema del respeto de los derechos humanos a partir de un tratamiento multidisciplinario del mismo, con el objeto de propiciar, dentro y fuera de los espacios académicos, una mejor comprensión del fenómeno y posibilitar la búsqueda de propuestas fundamentadas para su solución.

Además, el Idhuca concentró parte de su trabajo en la resolución del caso jesuitas, y desde entonces ha luchado para lograr justicia en este brutal crimen que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que a nivel nacional ha logrado avances en los últimos años.

Una vez firmados los Acuerdos de Paz en El Salvador, el Idhuca asumió un rol activo y propositivo para el cumplimiento de los compromisos asumidos. La transición hacia el régimen democrático abrió una amplia gama de posibilidades y desafíos. En ese momento toma la dirección del Instituto Benjamín Cuéllar. Así pues, durante la primera etapa de este período de transición, se planteó como prioridad apoyar el trabajo de la comisión Ad Hoc para la depuración del ejército, que tenía como objetivo contribuir a la transformación profunda de la Fuerza Armada a través de la evaluación de sus miembros, y de la Comisión de la Verdad, diseñada para evitar la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra.

Asimismo, el Idhuca colaboró de manera decidida a la construcción y consolidación, de las dos instituciones permanentes encargadas de garantizar el respeto a los derechos humanos en el país: La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Además, el Instituto enfocó el área de educación en el trabajo por el fortalecimiento institucional, capacitando a funcionarios públicos en la defensa y respeto de los derechos humanos.

Es a partir de la experiencia de acompañamiento a la familia García Prieto en su búsqueda por la verdad y la justicia, que el Idhuca decide centrar su trabajo en la detección de las violaciones a los derechos humanos que se producen en el marco del sistema democrático. En este contexto, entiende prioritarias cuestiones como el combate de la corrupción, ineficacia e impunidad imperante en el sistema nacional de derechos humanos, y otros aspectos como el acceso a la justicia, las condiciones de detención, el acceso a la información y la libertad de expresión, la discriminación, la situación de los inmigrantes y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, y culturales.

Al mismo tiempo, se consideró ineludible la tarea de mantener viva la memoria del pasado y continuar la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto bélico.

El Idhuca también investiga y propone a la sociedad y al Estado medidas para garantizar el respeto de la dignidad humana. Para eso, cuenta con un área de investigación que también monitorea las noticias relacionadas con la situación de derechos humanos en el país, elabora editoriales radiofónicos para YSUCA, así como artículos para el periódico Co Latino y la revista ECA.

Otra forma de incidir en el fortalecimiento de las instituciones ha sido el desarrollo de diplomados sobre derechos humanos, victimología y resolución alternativa de conflictos con funcionarios del Ministerio Público y miembros de la PNC que posteriormente conformaron la Unidad de Derechos Humanos.

El Idhuca ha trabajado en la formación, organización, consolidación y funcionamiento de diez Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia, una Comisión de Derechos Humanos vinculada con la Parroquia de San José las Flores (Tonacatepeque) y dos mesas interinstitucionales de prevención de la violencia en los municipios de Colón y Zacatecoluca. Por ese esfuerzo que incluye instituciones del estado y de la sociedad civil, el Idhuca fue reconocido en el 2004 con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa.

El seguimiento del Idhuca a la realidad nacional y el funcionamiento de las instituciones estatales permitió reabrir una línea de trabajo que antes había sido impulsada –de forma pionera – por Segundo Montes: la emigración. Desde enero del 2001, el Idhuca ha extendido sus servicios de asesoría legal a migrantes y sus familiares, nacionales y extranjeros; además, ofrece capacitación sobre el tema con enfoque de derechos humanos y ha realizado investigaciones bajo la modalidad de monitoreos, para develar la ausencia de un debido proceso administrativo a favor de población migrante y la necesidad de una moderna legislación en la materia.

En 2016 asume la dirección del instituto el Padre José María Tojeira Pelayo S.J., incansable defensor y promotor de los derechos humanos, quien era provincial al momento del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras y quien estuvo liderando el proceso legal en el intento de esclarecer el crimen.

A 38 años de su fundación, el Idhuca sigue manteniendo su espíritu de lucha, defensa y promoción de los Derechos Humanos, brindando atención jurídica gratuita a las personas que lo requieran, víctimas y familiares sobrevivientes del conflicto armado en la época de 1980, y graves violaciones de derechos en el contexto de violencia actual que vive El Salvador, además de trabajar la formación en derechos humanos a través de diplomados y cursos especializados.

Galería de Directores

_{Segundo Montes Mozo, S.J. Fundador y director del Idhuca  (1985 - 1989)}

P. Michael Czerny, S.J. Director del Idhuca. (1989 - 1992)

Benjamín Cuéllar. Director del Idhuca. (1992 - 2014)

Luis Monterrosa. Director del Idhuca.   (2014 - 2015)

P. Andreu Oliva, S.J. Director del Idhuca. (2015 - 2016)

P. José M. Tojeira, S.J. Director del Idhuca. (2016 - 2022)

Gabriela Santos. Directora del Idhuca. (2022 - actualidad)