Marzo nos recuerda las distintas violencias que viven las mujeres. Una lucha de eterna resistencia ante tantas desigualdades estructurales. Y no importa el contexto. Los derechos de las mujeres se llevan la peor parte porque se viven impactos diferenciados en diversas circunstancias: en conflictos armados, en pandemias, en regímenes autoritarios, en la calle, en lo cotidiano.
Marzo nos trae a la memoria dos fechas importantes: el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo; y el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que se conmemora el 24 de marzo, fecha del martirio de Monseñor Romero.
Estas son fechas que ponen en relieve la necesidad de cuestionar los machismos enraizados de nuestra sociedad, el desprecio y la discriminación constante hacia la mujer y los estereotipos basados en género con los que les toca convivir a las mujeres día a día. Es lamentable atestiguar cómo esa violencia estructural se convierte en violencia feminicida de la cual el Estado no se hace cargo, siendo el acceso a la justicia una deuda siempre pendiente y pospuesta. Y cuando intenta hacerse cargo ante el incremento de feminicidios, busca responder con una estrategia ineficaz, basada en el mismo machismo que la originó, pensada exclusivamente por hombres y que perpetúa los problemas estructurales y la impunidad.
Es ese mismo Estado el que estigmatiza y violenta a las mujeres con el sistema represivo que ha implementado. A estas mujeres empobrecidas, el Estado les niega una y otra vez el derecho a saber sobre sus familiares capturados en el marco del régimen de excepción y las obliga a redoblar su función de cuidar y proveer a la vez, por si no fuera suficiente todo con lo que previamente deben lidiar. Un Estado incapaz de brindar, siquiera, información sobre las personas que han detenido arbitrariamente. Una situación similar la observamos en los casos de personas desaparecidas: son las mujeres de las familias quienes hacen la labor de búsqueda y seguimiento ante las instancias por la poca respuesta del Estado.
Vivimos una situación crítica. Es urgente la necesidad de que el enfoque de género permee los procesos y políticas públicas, que se respeten verdaderamente los derechos de las mujeres de manera integral y bajo un enfoque de equidad y que no se instrumentalicen sus casos. Que el miedo no sea la razón por la que no denuncian a sus agresores y que la falta de acompañamiento del Estado no sea lo que las ponga aún más en riesgo. Es necesario que se respeten sus cuerpos, los derechos sexuales y reproductivos, y que frente a mujeres en una situación de acentuada vulnerabilidad, el Estado sea capaz de responder conforme a las obligaciones que le corresponde.
De lo contrario, los derechos de las mujeres y el deseo de una vida libre de violencia seguirá siendo una ilusión.