Las prioridades del gasto público son otras

Editorial Idhuca

Con dispensa de trámite; es decir, sin mayor discusión, la Asamblea Legislativa aprobó recortar $108 millones a distintas instituciones y trasladarlas al Ministerio de Hacienda, para que este "cumpla con obligaciones generales del Estado”, así como "otros compromisos adquiridos interna y externamente”. El recorte afecta a más de 16 instituciones, donde preocupa de sobremanera, los $60 millones que se le quitan al Ministerio de Educación (Mineducyt) y $7.4 millones a Salud. También se recortan $10 millones a Desarrollo Local, $3 millones a Agricultura y $1 millón a la Procuraduría General de la República (PGR).

Con referencia al recorte al Mineducyt, el presidente afirmó en la inauguración de la ex represa El Chaparral que se trataba de un recorte a una línea presupuestaria adjudicada a Educación, pero que tiene que ver con construcción, por lo que esa línea se había reorientado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Obras Municipales (DOM). Sin embargo, aún cuando ese discurso se repitió en la cadena nacional del domingo 23 de octubre, lo cierto es que lo que la Asamblea Legislativa aprobó fue que esos recursos se trasladaran al Ministerio de Hacienda, a la partida llamada “obligaciones generales del Estado”, que contiene doce partidas, pero no se establece lo que menciona el presidente.

La Ley de Presupuesto General del Estado importa porque ahí se vislumbra hacia dónde se orientará el gasto del Estado y sus prioridades. Con eufemismos se habla de una “reorientación”, cuando se trata de un importante recorte en lo social. La publicación que acompañó el anuncio del recorte menciona que lo que se busca es “optimizar los fondos públicos para garantizar nuestro bienestar”. Es lamentable que lo que orienta muchas veces el quehacer estatal es lo meramente propagandístico, sin importar colocar a la persona al centro y priorizar el ejercicio integral de sus derechos.

Es muy penoso que estos recortes se hayan dado en el marco del 17 de octubre, que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en El Salvador la pobreza extrema afecta ya al 10.8% de la población rural y al 7.5% de la urbana. Hacer recortes en lo social, solo viene a profundizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias.

El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a un medio ambiente sano; es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, no son deseos ilusos, o al menos no deberían serlo. Aun cuando en la práctica parecieran ser privilegios, se trata de derechos que las personas tenemos la facultad de ejercer, con la consecuente obligación del Estado para garantizarlos. Por tanto, debe disponer medios y recursos -a través de políticas públicas y demás-, para hacer valer estos derechos.

Mientras eso no suceda, los problemas estructurales del país seguirán sin resolverse y la mayor parte de la población seguirá sufriendo las consecuencias de la falta de priorización del gasto público y de la corrupción. En un contexto como el que vivimos, que se destine tanto dinero a publicidad o que no se sepa cómo se gastan nuestros impuestos es un acto vil que afecta directamente a las y los salvadoreños, sobre todo los más empobrecidos.