Libertad de prensa en riesgo

Editorial Idhuca

Entre 2019 y 2023 hemos atestiguado cómo las y los periodistas salvadoreños han sido acosados a través de internet y redes sociales, amenazados verbalmente, agredidos de forma física, obligados a movilizarse tanto dentro como fuera del país e, incluso, encarcelados, como en el caso de Víctor Barahona, quien fue arrestado arbitrariamente y guardó prisión durante casi un año, convirtiéndose en otra víctima de violaciones al derecho de acceso a la justicia, tras la aplicación del régimen de excepción.

En su Informe sobre libertad de prensa en El Salvador 2022, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró, al menos, 147 hechos de vulneración a periodistas y profesionales de la comunicación durante 2022. Lamentablemente, cada acto de violencia contra un periodista no solo tiene un impacto en dicho gremio, sino también en la sociedad salvadoreña como conjunto. La situación de la libertad de prensa es el indicio de una democracia saludable o enferma y, en ese sentido, que en El Salvador no existan actualmente condiciones óptimas para el ejercicio del periodismo debería ser una preocupación común. 

Una de las consecuencias de que la libertad de prensa se encuentre en riesgo es la disminución de información veraz disponible, lo que impacta negativamente en la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas y responsables sobre cualquier aspecto de la realidad que les circunda. Solo a través del periodismo, la población salvadoreña ha tenido acceso a cuestiones como, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de los recientes encuentros deportivos regionales, cuya sede fue El Salvador; el número real de muertes a causa de la pandemia de covid 19 y el secretismo que rodea al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Desde una perspectiva crítica, si aplicásemos al periodismo una de las preguntas que Ignacio Ellacuría utilizó para filosofía, es decir, si nos preguntáramos, por ejemplo, ¿periodismo, para qué?, podría decirse que, por lo pronto, para no creer que en El Salvador la vida se resume en un video edulcorado de Youtube. 

Por supuesto, es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y protección de los periodistas y profesionales de la comunicación, así como también respetar el pleno ejercicio de la libertad de expresión de la ciudadanía en todas sus formas: a través de medios de comunicación, en redes sociales, de forma escrita y, por supuesto, la protesta pacífica de todas las personas y gremios profesionales. Llama la atención, sin embargo, que en la sesión del pasado 14 de julio frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador rechazó, de forma general, la existencia de violaciones a la libertad de expresión en el país, así como el seguimiento o acoso hacia periodistas, pese a la información compartida de manera pública por la APES. 

Es esencial, pues, que se investigue de forma exhaustiva a todo aquel responsable de menoscabar la libertad de prensa y, con ello, la libertad de expresión y cese el acoso a quienes ejercen la profesión. La impunidad al respecto de estas afectaciones a los derechos humanos no solo perpetúa la violencia sino que envía un mensaje de que en El Salvador se amedrenta a quienes buscan evidenciar la verdad sobre lo que pasa en el país.