La Sala de lo Constitucional ha tenido que dar orden al Gobierno de la República de readmitir a los salvadoreños en el exterior que están varados en otros países y no pueden ingresar a El Salvador. La Sala tiene razón en dar esa orden puesto que nuestra Constitución garantiza que todos los salvadoreños puedan regresar a su país cuando lo deseen. Pero, además, poder regresar al propio país está también garantizado por los instrumentos internacionales de DDHH que El Salvador ha firmado y ratificado. La propia Declaración Universal de DDHH en su artículo 13 dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Esta misma afirmación está garantizada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del mismo Pacto, ambos firmados y ratificados por el Estado Salvadoreño. La Convención Americana de Derechos Humanos expresa lo mismo en el artículo 22, inciso 5. ¿Está el Gobierno violando los Derechos Humanos de los salvadoreños que quieren regresar a su país y no pueden?
El Gobierno salvadoreño, obedeciendo a la Sala, ha iniciado conversaciones con la OIM para desarrollar un proceso de retorno al país de los salvadoreños varados en el exterior. En ese sentido ha dado un paso en la buena dirección y la OIM ha dicho que va a colaborar. Pero la lentitud del proceso, el silencio administrativo sobre el tema y el poco apoyo a los salvadoreños varados en el exterior hacen pensar en una violación a la pronta respuesta que ellos necesitan. A estos compatriotas se les puede pedir un tiempo de espera dadas las circunstancias. Pero especificando fechas y dándoles información adecuada. Si eso no se hace hay una clara violación de derechos. La situación está, además, en claro contraste con el trato que se les da a los salvadoreños deportados de Estados Unidos. Cuando los funcionarios gubernamentales se disculpan diciendo que con Estados Unidos hay un Convenio, olvidan que también hay Convenios, y más importantes, con los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado salvadoreño.
Un último punto delicado sobre el necesario retorno está en el modo de ser recibidos. Algunos funcionarios han dicho que los que retornen tendrán que pasar cuarentena antes de volver a sus hogares. En otras palabras, que después de varios meses varados en el exterior, muchas veces subsistiendo gracias al apoyo solidario de instituciones de otros países, les tocaría pasar un mes de cuarentena y aislamiento en su propio país. La obligación del Estado, especialmente después de obligar a los salvadoreños a residir fuera de su país demasiado tiempo, sería realizarles la prueba del Covid-19. Y si no están contagiados, deben enviarles inmediatamente a su hogar. Lo contrario sería una forma de mal trato adicional a la ya sufrida durante la larga espera fuera del país.