Organizaciones registran 4,723 casos de violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción

27-marzo-2023

Organizaciones sociales presentaron este 27 de marzo el “Informe Anual sobre violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el marco del estado de excepción en El Salvador”. Dicho documento es el resultado de la homologación de casos atendidos por AMATE, Cristosal, FESPAD, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Red Defensora de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) durante los últimos 12 meses.

Las organizaciones firmantes registraron un total de 4,723 casos de violaciones de Derechos Humanos. Por su parte, AMATE documentó un total de 44 casos, con un número equivalente a víctimas directas; Cristosal, reportó 3,260 casos, los cuales constituyen un total de 3,385 víctimas directas; FESPAD contabilizó 208 casos, de los cuales fueron identificadas un total de 297 personas afectadas de manera directa; el Idhuca documentó un total de 677 casos, los cuales engloban a 821 víctimas directas; la Red de Defensoras atendió  32 casos, con un total de 33 víctimas directas y el SSPAS registró un total de 187 casos con un número equiparable de víctimas directas reportadas.

"Un régimen de excepción implica la suspensión, de manera extraordinaria, de derechos. No es una política pública, no es una política que debe ser permanente en el tiempo", señaló Gabriela Santos, directora del Idhuca.

Según el informe, la población afectada se encuentra conformada en su mayoría por adultos y jóvenes constituidos por el 93 % del total de víctimas. Aunado a esto, los datos reflejan que el 2 % del total corresponde al grupo vulnerable de niñez y adolescencia víctima de detenciones arbitrarias. La identidad de género de las víctimas corresponde en un 83.55 % al género masculino y el 14.62 % al género femenino. Existe registros de víctimas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ entre ellos/as hombres y mujeres trans y no binario o Queer, dejándoles en condiciones que amplifican su condición de vulnerabilidad.

"Nuestra preocupación es justamente a esas afectaciones que se han generado en la población inocente, como por ejemplo la pérdida de los ingresos familiares, igualmente los gastos que este régimen ha generado a las familias (...). Igualmente se ha generado una crisis de los cuidados", indicó Gonzalo Montano, de AMATE.

De acuerdo con lo expresado por los y las representantes de las organizaciones, el hecho violatorio que ha caracterizado al régimen de excepción ha sido la detención arbitraria, el cual predomina en un 95 % de las denuncias documentadas. Este hecho vulnerador no puede verse aislado y en gran medida las denuncias reflejan que ha estado acompañadas de otras vulneraciones como el allanamiento de morada, las amenazas, el acoso policial, malos tratos, tratos crueles inhumanos o degradantes, limitación ilegal a la libre circulación, intimidación, la falta al debido proceso, entre otras afectaciones que establecen escenarios que dan pauta al desplazamiento forzado interno. Así mismo, el informe contabiliza un total de 111 muertes de personas privadas de libertad, sin que a la fecha existan investigaciones independientes a través de las cuales se determinen las responsabilidades penales que individualicen a los responsables de dichas muertes.

"Estas muertes no necesariamente están investigadas y muchas veces vienen con otros signos de violencia que parecen haber sido generados dentro de la detención, entre ellos, por ejemplo, estrangulamiento, quebraduras de costillas, heridas de abdomen y cabeza, incluso en reportes oficiales de las mismas autoridades (...). Aquí hay una dificultad porque no se tiene mucha claridad sobre las causas de las muertes", recalcó Verónica Reyna del SSPAS.

Dentro de las instituciones señaladas como responsables de los hechos violatorios ocurridos durante el régimen de excepción se encuentra en primer lugar la Policía Nacional Civil (PNC) con un 74 % de presencia en las denuncias recibidas, seguida por acciones conjuntas entre la PNC y la Fuerza Armada con un 16 %, luego la Fuerza Armada de manera individual con un 6 % y el 3 % los hechos violatorios fueron atribuidos a otros actores estatales.