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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    El FMLN ha dado un nuevo motivo para que la derecha se alborote. Esta vez se trata de un documento donde detalla su estrategia para los próximos años, que serán de elecciones. El alboroto, en realidad, no tiene razón de ser, porque, cuando se conoce de antemano la estrategia del adversario, es fácil reaccionar, sabiendo a qué atenerse, y porque, además, con sus propuestas, el FMLN le da material a la derecha para hablar y así su discurso no cae en la repetición, ni se vuelve aburrido. Al menos, el FMLN tiene un proyecto con algunas ideas valiosas y provocativas, cosa de la cual carecen los otros partidos, que sólo piensan en ganar la mayor cantidad de votos posibles en las próximas elecciones, con el mismo discurso de promesas vacías. Aparentemente, a la derecha le escandaliza que el FMLN esté proponiendo retomar la lucha para instaurar un gobierno revolucionario, entendiendo por tal un gobierno que salve al pueblo de lo que este partido llama “la transición neoliberal globalizante”. Frente a esta transición de derecha, el FMLN parece dispuesto a levantar la bandera de “la transición democrática revolucionaria”.

    La transición alternativa del FMLN plantea “poner en el centro de la actividad política a la persona humana, oponiéndose a la lógica perversa de sujetar la vida a las ganancias”. El planteamiento, sin duda, tiene características revolucionarias. Pero no es para tanto. Juan Pablo II sostiene lo mismo y lo ha repetido hasta el cansancio: la persona humana, y no el capital, debe ser el centro de la política estatal. Y lo ha dicho aún con más claridad: el trabajo debe predominar sobre el capital. Asimismo, ha condenado en términos muy duros la forma actual de capitalismo, al cual califica de “salvaje”, por violentar a la persona.

    En esto, pues, el FMLN no se aparta de la enseñanza social de la Iglesia, o será, tal vez, que el Papa se ha acercado a la izquierda. Aun así el escándalo de la derecha no tiene razón de ser porque, en una página electrónica, de la cual parece ser responsable una fracción muy descontenta de ARENA, se acusa de lo mismo al Consejo Ejecutivo Nacional de ese partido. Militantes descontentos con el predominio del capital sobre ARENA y sus políticas de gobierno, exigen una reforma radical del partido más emblemático de la derecha en los últimos tiempos. El lenguaje que este grupo de descontentos utiliza para referirse a los capitalistas es francamente despectivo e insultante. El FMLN, al menos, hace una salvedad y asegura que su política no está dirigida “contra todo empresario capitalista de derecha”. Acepta, pues, el capitalismo, pero con ciertas reglas. Así, el FMLN y este grupo de descontentos de ARENA coinciden en sus críticas al modelo económico, impulsado por el gobierno. La coincidencia del Papa, los descontentos de ARENA y el FMLN no dejan de llamar la atención.

    La derecha conservadora no debe alarmarse por los métodos que el FMLN propone para retomar la lucha por el cambio revolucionario, puesto que todos ellos son democráticos. En efecto, el FMLN se propone utilizar “la lucha social y reivindicativa, la lucha parlamentaria y la lucha electoral”. Lo que sucede es que esta derecha está mal acostumbrada al autoritarismo y al servilismo que lo acompaña. Teme los procedimientos democráticos, la saca de quicio el cuestionamiento público, rehuye el debate político, y prefiere la obediencia ciega a la confrontación de opiniones y posturas. Razón tiene de estar temerosa ante los posibles resultados electorales, dada la turbulencia que existe en su seno, ocasionada por la voracidad del capital y por su incapacidad para dirigir el partido y el gobierno. Pero la amenaza más grave para la continuidad de su hegemonía política proviene más desde sus propias filas que desde el FMLN. La derecha está en problemas: no tiene dirigentes ni ideas para gobernar el país, en medio de la crisis.

    Por su lado, el FMLN pareciera que al fin ha caído en la cuenta de que la lucha no sólo debe darla en el plano legislativo y municipal, sino también en el social: “necesitamos de más pueblo” y “constituir un bloque social y político de fuerzas”. Pareciera haber comprendido que el aislamiento y la soledad no lo llevan a ninguna parte. Da la impresión que el arrinconamiento en el cual lo tiene sumido la derecha, en la Asamblea Legislativa y la gran prensa, lo ha hecho recapacitar. La impotencia en la cual se encuentra lo ha convencido de que tiene que volver a sus raíces, es decir, a la gente. En realidad, nunca debió haberla abandonado. Sufrió la ilusión del poder y ahora que lo ve reducido, reflexiona y busca la manera de volver a su aliado natural, las mayorías populares, en las cuales debiera encontrar su razón de ser.

    No le será tan fácil conseguir el apoyo social requerido para ganar las siguientes elecciones presidenciales, ni tampoco establecer alianzas con otras fuerzas sociales. El aislamiento ha sido demasiado prolongado y el olvido ha sido demasiado ingrato y doloroso para quienes, en otro tiempo, confiaron ciegamente en él, hasta el extremo de entregarle a sus hijos e hijas sin condiciones. Las heridas y las desconfianzas causadas por la prepotencia no se superan a la sombra de dos elecciones. Sin embargo, no tiene alternativa. La que ha escogido es la mejor y la única que puede contrarrestar la tentación del poder, la cual puede volver a presentársele, cuando las cosas le salgan bien. Este regreso será arduo y necesitará tiempo para consumarse, porque antes deberá vencer desengaños y frustraciones. Después de haber confiado y entregado tanto y tan sin reservas y de haber sido abandonado, no se vuelve a confiar y a dar de manera fácil. La infidelidad tiene un costo muy elevado, cuando la entrega ha sido tan intensa y total.

    Es cierto que el FMLN necesita “más revolucionarios”, pero para eso es indispensable recuperar la utopía de una sociedad más igualitaria y de un hombre y una mujer más humanos. Supone levantar la enseña de la justicia social, un ideal con el cual la mayoría de la población todavía sueña, pero que hasta ahora no ha encontrado eco, ni siquiera en el FMLN. No le falta razón al reconocer que “la expectativa de ganar vía parlamento y sin confrontación debilitó el acompañamiento de la lucha social por las banderas reivindicativas, o simplemente se dejaron de formular e identificar”, porque cuando se está del lado de la gente, la contradicción y el conflicto son inevitables. Está por verse si los dirigentes actuales tienen capacidad para sobreponerse al peso de la edad, para abandonar las posiciones cómodas que han ocupado desde hace diez años y para despojarse de la prepotencia que los cargos de poder les han dejado como herencia. Sólo así le será posible encontrarse de nuevo con el pueblo real y sus luchas.

[Extracto]
 Las exigencias y demandas laborales quedaron atrás este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. El altercado entre simpatizantes del principal partido de oposición, FMLN, y algunos comunicadores sociales se robó la atención en los principales medios informativos nacionales. El irrespeto, la violencia, la intransigencia y la intolerancia se impusieron ante las legítimas —y casi inexis-tentes— reivindicaciones laborales que perecieron ahogadas en un mar de imágenes sobre el citado altercado. Una ocasión que se perfilaba como propicia para el debate sobre las exigencias sociales y laborales de los trabajadores devino en una batalla más de la declarada “guerra de imágenes” librada entre un disminuido FMLN y una insuflada derecha partidaria, de cara a las próximas elecciones (legislativas y municipales de 2003 y presidenciales, un año después). La po-liti-zación, como en otras ocasiones, se en-señoreó de la jornada ese día de mayo.

[Extracto]
Han pasado cinco años después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno guatemalteco y la antigua guerrilla de la URNG. Las dificultades intrínsecas a toda etapa de posguerra —por ejemplo, la necesidad de sustituir la “crítica de las armas” por el debate—, junto a sonados casos de corrupción estatal y a reiteradas violaciones a los derechos humanos, crean un panorama poco alentador.
 Los acuerdos de paz, que concluyeron con una guerra civil de treinta y seis años, tendrían que haber sido el punto de partida para construir una Guatemala distinta. Esto, en El Salvador, suena tremendamente familiar. En ambos países, la etapa posterior a la firma de los acuerdos no ha implicado la superación radical de los problemas que condujeron al estallido de la confrontación armada.

[Extracto]
Como indicamos hace poco en este mismo espacio, no hace falta ser muy avispado para distinguir a las claras que en la práctica la campaña electoral inició desde hace algún tiempo, aunque falten varios meses para que inicie el período constitucional que permite realizar actividades propagandísticas de cara a las elecciones legislativas y municipales a realizarse en marzo del 2003. Desde la lucha por “tomar el poder” en la Comisión Electoral de la Asamblea hace unas semanas —que enfrentó a Walter Araujo con Schafik Hándal— hasta la “quema” mediática de este último con motivo de los incidentes durante la marcha del 1º de mayo, los hechos hablan por sí mismos: es claro que las cúpulas partidarias pusieron en marcha ya sus maquinarias proselitistas destinadas más a desalentar la participación que a promoverla.

    Reconocida esa realidad, habría que ponernos necesariamente en antecedentes. Después de las votaciones de 2000, la Asamblea Legislativa creó la Comisión de Reformas Electorales con la misión explícita de analizar modificaciones al Código Electoral. La “genial” propuesta planteaba aprovechar que, en ese momento, se abría un período —relativamente largo— libre de presiones políticas por la ausencia de un ambiente electoral. Sin embargo, hasta ahora, dicha Comisión no ha hecho nada de lo que se ha propuesto. Es más, ahora que se avecina un evento electoral, la posibilidad de reformar la normativa sobre la materia aparece de nuevo; pero también reaparecen —como por arte de magia— las resistencias al cambio en boca de las y los diputados, pues temen ver afectados sus privilegios. Así, el problema que hace unos días tuvieron entre manos las y los “honorables” legisladores no era otro que la reforma del artículo 12 del Código Electoral, por su notoria inconstitucionalidad. Y lo resolvieron a su manera.

    Hay que afirmar que dicho artículo determinaba la composición de la Asamblea Legislativa con 84 diputados, veinte de los cuales eran electos mediante la “circunscripción nacional” mejor conocida como la “plancha nacional”; los restantes 64 eran elegidos por las circunscripciones departamentales, estableciendo un número específico de legisladores con base a la población de cada departamento. El mencionado artículo —por la inclusión de la “plancha”— contradecía el artículo 79 de nuestra Constitución, el cual determina que “para elecciones de diputados se adoptará el sistema de representación proporcional”.

    Ante tal problemática, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —cabeza del Órgano Judicial— tomó cartas en el asunto; aunque la forma en que lo hizo evidencia mucho la situación en la que se encuentra. Así, el pasado 17 de mayo se filtró la noticia del próximo fallo que ésta emitiría dándole respuesta favorable a un recurso de inconstitucionalidad presentado hace dos años. Por supuesto, al enterarse de eso, las y los miembros de la Asamblea Legislativa reaccionaron y se afanaron con laboriosidad a discutir los posibles cambios a realizar.

    Una vez revelado el contenido de la sentencia, pudimos conocer cómo los magistrados del “más alto tribunal” dieron una vuelta más a la realidad de nuestro país. El veredicto reconoce la inconstitucionalidad del citado artículo del Código Electoral y analiza el hecho de que hemos vivido en la ilegalidad: al haber sido electos diputados de forma contraria a la ley, todos sus actos posteriores también lo son. Durante diez años y tres legislaturas todo lo realizado debería, entonces, quedar en blanco.

    Sin embargo, según los magistrados, ordenar esto provocaría un caos jurídico y afectaría “situaciones jurídicas consolidadas, derechos adquiridos y situaciones político-históricas definidas” en el país. Así las cosas, de una forma u otra, el Órgano Judicial no pudo o no supo llegar hasta donde debía y terminó “sometido” —una vez más— a los intereses de los grupos políticos partidaristas y de sus poderosos patrocinadores, poniendo en evidencia su cuestionada “independencia”. Para no verse implicados en la controversia, los magistrados han recurrido a la fórmula jurídica mediante la cual la sentencia sólo tendrá “validez” y será de “obligado cumplimiento” después de su publicación. De seguro, a tan ilustres jueces les debió “temblar el pulso” al firmar el fallo. Las y los politiqueros, por su parte, rápidamente superaron el problema derogando el citado artículo y aprobando algo que, en la práctica, resultó ser más de lo mismo.

    El actual problema obliga a un necesario e inevitable ejercicio de memoria histórica que nos remonta —por lo menos— a 1992. Al momento de firmar la paz en Chapultepec, lo que más interesaba a la diplomacia extranjera y al oficialismo de nuestro país era el fin del conflicto armado, aunque se dijera otra cosa. Tal objetivo —que era por demás válido, aunque insuficiente— fue el único bien logrado de los cuatro propósitos fundamentales contenidos en el Acuerdos de Ginebra, firmado al inicio del proceso de negociación entre las Partes el 4 de abril de 1990. Los otros tres objetivos —la “democratización” del país, el respeto “irrestricto” a los derechos humanos y la “reunificación” social— quedaron a medias, pendientes y quizás hasta en franca regresión, en lo relativo a algunos avances que se habían obtenido.

    Pero, independientemente de lo limitado de los alcances en esos tres últimos, para su “anhelado” cumplimiento se creó la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ). Dicha Comisión es muestra de la exclusión de la población mayoritaria salvadoreña –esa que luchó en ambos bandos y, sobre todo, esa que sufrió por los combates entre ambos bandos— en lo relativo a su involucramiento dentro de este “nuestro proceso de paz”. COPAZ se creó en teoría para ser “un organismo de control y participación de la sociedad civil en el proceso de cambios resultantes de las negociaciones”. Pero, en la práctica, no sabemos cuál fue esa “sociedad civil” en una Comisión compuesta por “dos representantes del Gobierno, incluido un miembro de la Fuerza Armada, dos del FMLN y uno por cada uno de los partidos o coaliciones con representación en la Asamblea Legislativa”.

    Como entre sus atribuciones se encontraba la de preparar los anteproyectos legislativos que fueran necesarios para el desarrollo de los acuerdos, dentro de COPAZ se gestó y creó la reforma electoral que todavía arrastramos. Fue así cómo por obra y antojo de un grupo de políticos —los que se bautizaron como representantes del pueblo— se decidió aumentar 24 miembros dentro de la Asamblea Legislativa, pasando de 60 que había, a 84. De aquí surgió la circunscripción o “plancha” nacional, que depende del voto que el partido obtiene a nivel nacional y no del apoyo en un lugar específico del país. Así, los candidatos por esta vía no requieren de perfiles, objetivos, tareas ni compromisos específicos con los votantes. Lo que se creó como una “concesión” política a la izquierda ex guerrillera, terminó incrementando los niveles de corrupción en el sistema político. Es más, el Código Electoral que fue modificado para acoger tal reforma estableció números absolutos tomando en cuenta un censo de población de 1971, porque “no estaba listo” el que había sido elaborado ese mismo año.

    Pasada una década tras el fin de la guerra, siguen pendientes las grandes reformas electorales. Es necesaria una ley de partidos políticos, que fiscalice su actuación; también se requiere de una la ley procesal electoral, que determine los mecanismos jurídicos para impugnar las decisiones en el transcurso de las elecciones; y urge la ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral así como la reforma del Código Electoral. Y mientras se discute y discute sobre proporcionalidad y representación, continuamos sin conocer a ciencia cierta cuál es la población real de nuestro país, elemento básico para determinar quién puede votar y quién no. Para colmo de males, en el afán de algunos políticos por perpetuarse, se ha decidido que sólo cuando el país “supere los 10 millones de habitantes” se podrá modificar la legislación electoral.

    Como es lógico, ha habido reacciones para todos los gustos. Incluso el Presidente Francisco Flores encuentra tiempo —entre conferencias y cumbres en el extranjero— para opinar sobre los asuntos internos y apoyar la circunscripción nacional. Quizás lo hace porque fue uno de los beneficiados por ella, como también lo fueron el secretario general del FMLN, Schafik Handal, y el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Zepeda, cuyo partido ya no debería sorprender a nadie cuando aparece involucrado en una nueva controversia de corruptelas y otras linduras por el estilo.

    Por lo anterior, no cuesta mucho comprender que la crisis institucional del sistema político nacional tiene ya un largo recorrido y que, contrario a lo que algunos sostienen, se vio “fortalecida” tras los acuerdos de paz. Lo pactado “afuera” por los de “arriba” se hizo sin contar “adentro” con los de “abajo”. Las grandes mayorías del país continúan “pagando” su exclusión por la adopción de unas decisiones que nunca tomaron y cada vez más se alejan de eso que sólo “huele a podrido”: los partidos políticos. Esta población desencantada mira con recelo y desconfianza a unos políticos que tan sólo se acuerdan de ella para las campañas proselitistas, pero que le han fallado al momento de dar respuesta a sus problemas más graves.

    La representatividad de la población en las instituciones públicas se logra, en parte y entre otras formas, a través de las elecciones. Pero con el sistema vigente en El Salvador, ésta se ha desnaturalizado por completo. El bajo nivel de las discusiones en la Asamblea Legislativa, los escándalos de corrupción y otras muestras de una absoluta falta de ética en su seno, suponen una constante pérdida de credibilidad que a final de cuentas favorece a ese vergonzante tipo de politiqueros vernáculos. Les favorece porque aleja a la gente de las urnas y les permite seguir sacando provecho particular a la cosa pública.

    Así las cosas, en la actualidad ningún partido está dando las muestras suficientes de estar dispuesto a “inmolarse” para dar paso a una nueva generación de ideas y políticos en el país. Temen perder el control de lo logrado para ellos en los últimos diez años. Pero el ejemplo más claro de esa rastrera condición contra el interés colectivo es el de la unión entre la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN), apoyada en numerosas ocasiones —casi en todas— por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los grupos económicos más poderosos del país, a través de ella han manipulado las fuentes de beneficio de las mayorías privatizándolas a su antojo y favor. Además, de diversas maneras, esa perversa coalición se encarga de frenar las posibles vías de participación social; tampoco deja que se funcionen y se desarrollen los mecanismos estatales para la contraloría de la administración pública, desalentando así el ánimo de la población para la  contraloría social.

    La democratización del país, aspiración contenida dentro de los acuerdos de paz, hoy no es más que un espejismo. Son abundantes los hechos de la realidad que desmontar el discurso de quienes pretenden ofrecer la imagen de El Salvador como ejemplo en la materia. Y eso es muy peligroso. Así lo confirma nuestra historia y la de otros pueblos.
 
 
 

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