Diez tesis sobre la institucionalidad en El Salvador

Reformas electorales y cambio político

La Corte Suprema de Justicia se aprestaba, el 23 de mayo pasado, a firmar la carta de defunción del sistema de repartición proporcional de los diputados, elaborado sobre la base del artículo 13 del vigente Código Electoral. Pero, sin saber todavía por qué canales, los llamados “Padres de la Patria” se enteraron de los problemas que esto podría traer consigo. Entonces, súbitamente, con la excusa de impedir un descalabro jurídico que provocaría un posible cuestionamiento de todas las leyes adoptadas por esta legislatura —si se declarase incompatible con la Carta Magna el método de repartición de los 84 diputados—, los partidos de derecha consumaron de manera inconsulta la reforma a la cuestionada ley. Con ello truncaron los sueños de varias organizaciones ciudadanas de influir en la modificación de la fórmula electoral.

Reflexiones sobre los problemas del desempleo y subempleo

En los últimos dos años, la situación del empleo ha estado marcada por diversas señales negativas que han vuelto aún más precarias las condiciones del mercado de trabajo. Por ejemplo, a finales de 2001, el Ministro de Economía, Miguel Lacayo, señalaba que durante el año se habían registrado datos y tendencias negativas, entre los cuales destacaban una tasa de desempleo del 7% de la Población Económicamente Activa (PEA), la pérdida de 50,000 empleos por los terremotos y de 10,000 más, a causa de la baja en los precios del café. Según los mismos datos, otros 2,000 puestos de trabajo se habrían perdido en la maquila.

Centroamérica en el primer semestre de 2002

¿Qué rumbo ha tomado Centroamérica durante los primeros seis meses de este año? Lo primero que salta a la vista es la prioridad que el llamado libre comercio ocupa en las agendas gubernamentales. Ello explica porqué en la política exterior de la región sea tan importante la posibilidad —aún no concretada— de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y el Plan Puebla-Panamá, que vincularía a los países centroamericanos con los Estados del Sur de México. También hay expectativas en torno a un posible TLC con la Unión Europea.

La Fiscalía: atormentada e intoxicada

Un tribunal de instrucción en Zacatecoluca sustituyó, el recién pasado miércoles 26 de junio, la medida de detención que pesaba sobre once jóvenes arrestados bajo cargos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. De esa forma, éstos quedaron en libertad mientras otros tres individuos aún permanecen en prisión, acusados por los mismos delitos. Todo el grupo fue detenido en una propiedad privada situada en la playa de Amatecampo, departamento de La Paz, durante la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de marzo, en lo que —de ahí en adelante— se conoció por todos los rincones del país como “la tormenta tóxica”. Así bautizaron al operativo que las autoridades policiales y fiscales quisieron presentar, ante la opinión pública, como un rotundo éxito en su combate al lucrativo e ilegal negocio relacionado con los estupefacientes.

El espectáculo comenzó el martes 26 de marzo, cuando la Asamblea Legislativa aún discutía la destitución del Director de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a la incursión de sus fieros agentes en ese Órgano estatal el pasado febrero. Ese mismo día, los principales medios de difusión masiva en el país dedicaron sus mejores espacios noticiosos a informar sobre la desarticulación de una supuesta red de vendedores de la droga conocida como “éxtasis”. En la portada de uno de los matutinos de mayor circulación en el país aparecía ese día, con las letras más grandes, el siguiente titular: Policía desbarata fiesta de “narcos”. El inmenso alboroto iba desde la utilización de una amplia cantidad de agentes para realizar las afamadas capturas, hasta el mismo nombre asignado al operativo.

Pero, más allá del desproporcionado manejo propagandístico en los medios para levantar el perfil de la institución policial, en la captura del grupo aludido ocurrieron significativas irregularidades que no aparecieron al inicio pero después —poco a poco— salieron a flote. Se dijo, por ejemplo, que las y los jóvenes detenidos traficaban y comercializaban “éxtasis”, pero el posterior análisis químico de las sustancias decomisadas demostró que sólo se trataba de acetaminofén, tan esencial para el combate de la epidemia de dengue que —semanas después— causó la muerte de varias niñas y niños en el país. Ese fue el primero de los muchos fiascos en la investigación de tan divulgado caso.

También se informó que el valor de la droga encontrada en el lugar llegaba a los treinta mil dólares; después se supo que lo incautado apenas superaba los mil. Asimismo, las autoridades policiales aseguraron que en las transacciones circularon enormes sumas de dinero, pero al Juzgado de Paz sólo entregaron treinta y nueve dólares. El Presidente de la República, fiel a su acostumbrada imprudencia, se sumó a las primeras declaraciones erradas de sus subalternos, cuando afirmó que ciento ochenta y cinco personas habían participado de la fiesta “desmantelada”. ¿De dónde sacó esa cifra, si los agentes que realizaron la captura aseguraron que sólo había entre cincuenta y setenta personas? Lo que no comentó Francisco Flores fueron los graves errores cometidos por la Policía y la Fiscalía General de la República. Sus representantes —entre otras fallas— ingresaron a la propiedad donde se realizaba la famosa fiesta sin orden judicial de allanamiento, se excedieron en el tiempo de la detención administrativa y no individualizaron las responsabilidades de las personas detenidas.

Pero las de Flores no fueron las únicas declaraciones desafortunadas y temerarias. Al inicio, el Fiscal General de la República —Belisario Artiga— defendió su acusación contra las quince personas detenidas sosteniendo lo siguiente: “No existen, a mi juicio, y de acuerdo a nuestros procedimientos internos, confusiones sobre el tema.” Además, Artiga señaló que el requerimiento fiscal estaba muy claro contra los encausados. Francisco Bertrand Galindo, entonces Ministro de Gobernación, descartó que el caso se le pudiera caer a la Fiscalía por el hecho de que un lote de pastillas resultara ser acetaminofén y no “éxtasis”, como se afirmó al principio. La División Antinarcóticos de la PNC —la famosa DAN, dirigida por el Comisionado Ricardo Meneses, quien fue mencionado como el principal candidato a Director General de la Policía cuando el actual movía sus piezas para ser Ministro de Gobernación— dijo que no existía “error posible” sobre los jóvenes en prisión pues eran “los organizadores de la reunión”. La unidad especializada de la Fiscalía en narcotráfico solicitó “reserva total” del proceso, para “evitar que la publicidad” perjudicara “los intereses de la justicia”
La Jueza Primera de Instrucción de Zacatecoluca, Miriam Salazar de Argueta, rechazó esa última pretensión y además hizo serias advertencias a la Fiscalía General de la República, señalando con especial énfasis las contradicciones existentes entre los agentes encubiertos de la Policía que participaron en la fiesta y los representantes del Ministerio Público asignados al caso. Por ejemplo, planteó el siguiente cuestionamiento: “En el requerimiento fiscal se habla únicamente de quince personas, pero al hacer el estudio del proceso se menciona a dieciséis. Las cifras no coinciden, por eso pido que aclaren”. También solicitó al Ministerio Público investigar el nombre del propietario del rancho allanado. Sin embargo, hasta el momento nada se ha sabido sobre el o la dueña del mismo. ¿Incitó esa persona al consumo de drogas? De ser así, ¿por qué no lo implican?

Salazar confirmó la detención de los quince jóvenes, como lo había ordenado antes el Juez de Paz durante la audiencia inicial. En una actuación, para algunos, contradictoria, la funcionaria basó su fallo en las “diligencias de investigación” que hasta entonces se habían practicado. Después, el miércoles 26 de junio resolvió dejar en libertad a once de los jóvenes arrestados, tras atender solicitud de la Fiscalía para que modificara el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas por el de instigación, inducción o ayuda para el consumo de drogas. Para otorgar la libertad a los jóvenes, la Jueza sostuvo que —aunque el Artículo 294 del Código Procesal Penal prohibe que se otorgue la libertad condicional en delitos penados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas— existen tratados internacionales ratificados por El Salvador que establecen la detención como una medida excepcional.
Y surgieron de nuevo las declaraciones oficiales, pero distintas a las anteriores y sin ningún asomo de vergüenza por el cambio. El Director de la Policía no se opuso a la liberación de las y los muchachos; incluso dijo que su captura fue una “medida preventiva”, para que en los tribunales se decidiera su suerte. Insistió en que habían organizado la fiesta, pero admitió que no había suficientes evidencias para demostrar que distribuían drogas. Sandoval dijo que el operativo estaba orientado a capturar a los cuatro individuos que siguen presos, por ser ellos los distribuidores. El Director de la PNC también pidió a los padres y madres de familia evitar ser tolerantes con sus hijas e hijos. ¡La letra —señoras y señores— con sangre entra!

El Presidente Flores, como siempre, secundó a Sandoval. Atrevido como es, para justificar la captura de los otros detenidos dijo lo siguiente: “No estaba claro si estos jóvenes estaban participando en la venta de drogas; es decir, podía haber una diferencia entre vender ‘éxtasis’ o repartir Coca-Cola”. ¡Como si se tratara de cualquier cosa! Se trata del encarcelamiento de personas por un delito que no cometieron y lo único que hacen es cambiar el lenguaje, intentando darle un vuelco a la estrategia publicitaria del caso. Así, empiezan a utilizar la terminología correcta y eso indica que no la desconocen; peor aún, demuestra que la utilizan a su antojo y cuando más les conviene, sin importar que de esa forma denigren o acaben con la imagen pública de cualquier persona.

La Fiscalía también intentó justificarse. Belisario Artiga alegó lo siguiente, tratando de capear el temporal: “Yo siempre lo dije. Creo que estos muchachos son enfermos; son consumidores, pero no son los narcotraficantes que nosotros queríamos capturar”. Si lo dijo siempre, ¿por qué los mantuvo en la cárcel tres meses? Pero hay otra cosa: una de las jóvenes liberadas dijo en la audiencia especial —la del miércoles 26 de junio— que ella había pedido que se le hiciera el examen toxicológico al momento de su captura y un fiscal le dijo que no era necesario. ¿Qué dice y qué hará Artiga al respecto?

El resultado de este inútil y lamentable show publicitario, más digno de Hollywood que de estas tierras, fue la liberación provisional de once jóvenes que llevarán —en adelante— el estigma de haber protagonizado “la tormenta tóxica”. De esta forma, ha quedado en evidencia —otra vez— la incapacidad policial y fiscal para actuar conforme a la ley; que, como en otras ocasiones, metieron en la cárcel a ciertas personas sin existir motivos suficientes para ello. Por eso mismo, no le causa gracia a nadie que ahora diga el director de la Policía Nacional Civil que desde el principio esperaba que estos once acusados salieran en libertad. No tiene ningún sentido encarcelar a las personas, sólo para que una jueza les llame la atención y los sancione, como pretendía Mauricio Sandoval. Lejos de jugar un papel paternalista o moralista, el Órgano Judicial y sus funcionarios existen para asegurar que se haga justicia, aplicando las leyes como debe ser.

De igual forma, las declaraciones del Presidente Flores denotan ignorancia o encubrimiento de los graves errores de la institución policial y su director, así como de los agentes del Ministerio Público y del Fiscal General. Este último, pese a que fue reelegido hace unos días, continúa sin demostrar capacidad para formar un equipo digno y competente, capaz de dirigir funcionalmente a los investigadores policiales; así, en la práctica ha hecho de la Fiscalía un “órgano auxiliar” de la Policía.

Las violaciones al derecho a un debido proceso judicial cometidas contra las y los jóvenes liberados, no deberían quedar impunes. Es necesario investigar y tomar las medidas necesarias para sancionar a los funcionarios que actuaron mal. Asimismo, se debería reparar el daño causado a quienes poco a poco van pasando de implicados a víctimas. Esto tendría un gran valor, pues serviría para sentar un importante precedente y dejar un mensaje claro: que no se puede actuar discrecionalmente y encarcelar a cualquier persona que se ponga enfrente, sin que existan pruebas de que ha cometido un delito.

Lo ocurrido en el caso de la llamada “tormenta tóxica” no debe volver a suceder, mucho menos cuando este tipo de espectáculos tienen como objetivo último levantar imágenes caídas de funcionarios incompetentes, evitar destituciones o justificar medidas que le otorguen un poder absoluto a la Policía. De seguir así, dentro de poco cualquiera verá a un grupo de uniformados registrando su casa sin orden judicial, o se encontrará con sus cuentas bancarias congeladas por ser “sospechoso” de algo. Esas son algunas de las pretensiones del Director policial. De permitir que los acontecimientos sigan por ese rumbo, en El Salvador terminaremos —casi todas y todos— viviendo en libertad condicional.

Hagamos de la integración mesoamericana una realidad

A continuación, transcribimos el resumen ejecutivo del documento Hagamos de la integración mesoamericana una realidad. Los desafíos de Mesoamérica y el Plan Puebla-Panamá, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en abril del corriente año.

Hagamos de la integración mesoamericana una realidad
Los desafíos de Mesoamérica y el Plan Puebla-Panamá


La región mesoamericana, objeto del Plan Puebla-Panamá esta conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y los estados del sur-sureste mexicano: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz-Llave y Yucatán. El territorio de la región es mayor al millón de kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 64 millones de habitantes con un ritmo de crecimiento del 2.1% anual. La población indígena representa alrededor del 18% del total. El porcentaje es mayor en Guatemala, donde llega al 48%, seguida por México, con un 15.8% y Belice, donde el 13.7% es indígena. La región es conocida por el importante patrimonio cultural y arqueológico, así como por la riqueza y variedad de sus recursos naturales.
Hasta la década de los setenta, la región centroamericana se caracterizaba por un crecimiento estable; en promedio, el PIB creció al 6 por ciento y alcanzó una tasa del 2.7% del PIB per cápita. En los ochenta, se dieron conflictos armados en países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Gran parte del territorio de Honduras sirvió de base de operaciones a grupos guerrilleros opuestos al régimen nicaragüense, lo que condicionó y limitó el crecimiento económico y sus posibles beneficios sociales. Asimismo la crisis de la deuda económica afectó a países como Panamá y Costa Rica. En los noventa, con la época posterior al conflicto, se efectuaron importantes reformas estructurales que permitieron un mejor desempeño macroeconómico: se abre el comercio exterior y la inversión extranjera. Igualmente, se inicia la consolidación de la democracia y se da paso al proceso de reforma y modernización de las economías.

Desde el punto de vista de indicadores económicos, la tasa de crecimiento de la región mejoró a principios de los noventa, pero el “enfriamiento” de la economía de Estados Unidos ha tenido incidencia negativa. El problema más crítico de la región es la pobreza. Los indicadores sociales señalan que existe una falta de equidad en el acceso a los servicios de salud y saneamiento, un alto grado de analfabetismo y bajos años de escolaridad. A pesar de que la esperanza de vida al nacer ha mejorado, siguen siendo preocupantes la mortalidad infantil y la desnutrición.

Desde el punto de vista vial, la región cuenta con un poco más de doscientos mil kilómetros de carreteras, de las cuales, menos del 30% están pavimentadas. En comunicaciones, el aprovechamiento de tecnología moderna se da especialmente en Costa Rica, Panamá y Belice, países que, en 1999, registraron una densidad telefónica más alta, casi seis veces por encima de los otros países.

Para enfrentar esta situación de densidad y pobreza, la región mesoamericana tendrá que interrelacionar el crecimiento económico, el desarrollo social y el manejo sostenible de los recursos naturales. Igualmente deberá aprovechar la integración regional que permita beneficiarse de las economías de escala, para generar empleo, disminuir costos de transacción y lograr el desarrollo humano.

El relanzamiento de la integración tiene sus cimientos en el Tratado de Esquipulas en 1987, el que, con la visión de paz, proporcionó un nuevo proceso de integración regional como medio para impulsar el desarrollo humano. Los Grupos Consultivos Regionales de Centroamérica han tenido un papel importante para avanzar en el diálogo entre estado, sociedad civil y donantes.

En 1999, se reunió el Grupo Consultivo de Estocolmo, con motivo de la reconstrucción y transformación de Centroamérica a raíz de los efectos del Huracán Mitch. El 8 y 9 de marzo de 2001, se celebró en Madrid una nueva reunión de seguimiento, cuyo objetivo era entender la situación de la región, comprobar las potencialidades y estudiar conjuntamente proyectos para el futuro, orientados muy especialmente a la integración regional. Las iniciativas que surgieron de la reunión sirvieron de base para el Plan Puebla-Panamá (PPP).

El PPP, sugerido por el Presidente mexicano Vicente Fox, y aceptado por los Presidentes de la Región en el marco del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla, tiene como objetivo potenciar la riqueza humana y ecológica de la región mesoamericana, dentro de un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural, étnica y el medio ambiente. Por ello, se plantea una estrategia integral para la región que ampara un conjunto de iniciativas y proyectos mesoamericanos. Cuenta con dos capítulos, el de México y el mesoamericano.

El Esquema Organizativo del PPP muestra cómo los Presidentes de los países de la región son la instancia máxima del Plan. Están asesorados por el Grupo Técnico Interinstitucional1, coordinado por el Banco Centroamericano para la Integración Económica (BBCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los Presidentes nombraron una Comisión Ejecutiva, compuesta por un Comisionado por cada país. Cada uno de ellos está encargado de liderar y darle seguimiento a la Iniciativa que, de común acuerdo, les ha sido asignada. Son ellos quienes han definido las grandes líneas de acción.

El conocimiento de la estrategia para la Modernización y Transformación de Centroamérica, presentada por la Secretaría General del SICA en nombre de los países centroamericanos en el Grupo Consultivo Regional de Madrid, en el que participó como interlocutor la sociedad civil a través de CC-SICA y Centroamérica Solidaria, hizo viable eventualmente la compatibilización de los principales desafíos de la Región con las Iniciativas propuestas para el PPP.

El Plan incluye ocho iniciativas: desarrollo sustentable, desarrollo humano, prevención de desastres naturales, turismo sustentable, facilitación comercial, interconexión vial, interconexión eléctrica, y telecomunicaciones.
El proceso que se vive actualmente es el de la identificación de proyectos viables en el marco de las ocho iniciativas que sean de carácter regional, es decir que trasciendan las fronteras nacionales y tengan interés y cobertura para los ocho países.

Es de suma importancia diferenciar aquellos proyectos de responsabilidad nacional que cada país atiende y que son parte de sus propios planes Nacionales de Desarrollo. Este punto genera un reto concreto a la sociedad civil de los países para su participación en los procesos de diálogo nacionales y regionales.