PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 23
número 1010
agosto 7, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: La defensa de los generales

Política: La batalla por San Salvador

Economía: Reflexiones sobre la situación de las finanzas públicas

Sociedad: Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la paz en El Salvador

Regional: Alemán, al borde del desafuero

Derechos Humanos: Sobre derechos humanos y libertades públicas

 
 
Editorial


La defensa de los generales

 

El veredicto de un tribunal de West Palm Beach, Florida, en contra de los generales salvadoreños José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova —el primero, ex Ministro de Defensa, y el segundo, Director de la desaparecida Guardia Nacional, a principios de la década de los años ochenta—, ha generado diversas reacciones en la sociedad salvadoreña. Ha habido de todo un poco: desde las posturas más razonables, que han visto en el mencionado veredicto una expresión de la justicia debida a las víctimas de graves atropellos a sus derechos fundamentales, hasta las posturas más anodinas, que no han escatimado esfuerzos para defender a los generales.


Son estas últimas las que merecen una atención especial, no por su seriedad o importancia, sino porque ponen de manifiesto lo mucho que queda por avanzar en la creación de una conciencia democrática, es decir, en un imaginario colectivo que no vea a la justicia, a la solidaridad con las víctimas y al imperio del derecho como amenazas para la sociedad, sino más bien como su sostén necesario.


Antes del juicio por torturas y violación a los derechos humanos, los generales García y Vides Casanova habían sido acusados por su responsabilidad en el asesinato de cuatro monjas estadounidenses. En esa ocasión salieron bien librados, alegando su desconocimiento de las actividades realizadas por los hombres bajo su mando. En el nuevo juicio, ese mismo argumento no fue un buen anzuelo para un jurado que tuvo el suficiente tino para valorar el papel de los dos militares en aquellos años de abierto terror estatal de principios de los años ochenta. Pese a la condena, García y Vides Casanova —y, junto con ellos, muchos de los que prefieren cerrar los ojos ante el pasado reciente del país— no dejaron de insistir, como uno de los puntos de su defensa, en su desconocimiento de lo que hacían guardias y policías nacionales y de hacienda cuando salían a patrullar, a efectuar allanamientos o cuando realizaban operaciones conjuntas en zonas urbanas y rurales.


Con gran seriedad, más de alguno atribuyó el fallo del jurado estadounidense a su poco conocimiento de la historia salvadoreña, como si la condena a los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas requiriera de algo más que una dosis mínima de razonabilidad, sentido común y honradez ante un conjunto de pruebas consistentes acerca de aquella responsabilidad. Un conocimiento más exhaustivo de la historia salvadoreña desde finales de los años setenta y principios de los ochenta no hubiera hecho más que respaldar con creces la decisión del jurado estadounidense: no es posible que los generales García y Vides Casanova no se hayan dado cuenta de las actividades represivas que realizaban los hombres bajo su mando, a la vista de todos, a plena luz del día y con un despliegue de recursos operativos —incluidas las tareas combinadas— que, de no ser avaladas a priori o a posteriori por los mandos superiores, hubieran dado lugar a las más duras sanciones judiciales y militares sobre quienes las planeaban y ejecutaban.


La única forma de que García y Vides Casanova no se enteraran de los operativos combinados, los asesinatos, las torturas y las desapariciones en los que participaban miembros de los desaparecidos cuerpos de seguridad era que vivieran fuera de El Salvador, en algún rincón lejano del planeta. En el país, la violencia cruda y sin contemplaciones ejercida por guardias y policías estaba a la vista de todos. Y los generales García y Vides Casanova, siendo que estaban en El Salvador y que además eran los superiores de quienes salían a diario a cometer fechorías contra la población civil, no pueden alegar ignorancia acerca de lo sucedido en sus propias narices.


Si no estaban de acuerdo, tuvieron que haber hecho todo lo que estaba a su alcance para detener las actividades ilegales de sus hombres y sancionar a los responsables de planearlas y ejecutarlas. Al fin y al cabo, no se trataba de actividades ocultas, sino abiertas y públicas, lo cual facilitaba establecer la identidad de sus ejecutores. Asimismo, si no podían controlarlas, debieron renunciar a sus jefaturas correspondientes, puesto que esas actividades ilegales no sólo constituían un desacato a su autoridad —algo intolerable para un militar que se respete—, sino porque ellos eran los que tendrían que responder por los actos de sus hombres, conocidos y, según todo parecía indicar, avalados por ellos.


García y Vides Casanova ni sancionaron a quienes violentaban los derechos fundamentales de personas indefensas —por ejemplo, las monjas asesinadas por agentes de la desaparecida Guardia Nacional—, ni tuvieron la decencia de renunciar a sus cargos, ante la presunta desobediencia de que eran objeto. Si a sabiendas de lo que sucedía, no hicieron nada para controlar a sus subordinados, o —si no podían controlarlos— no tomaron la decisión de dejar sus cargos, fue porque estaban dispuestos a asumir la responsabilidad institucional por sus actividades de terrorismo y violencia.


Con menos insistencia, también se ha esgrimido como punto a favor de García y Vides Casanova que ellos sólo obedecían órdenes del Comandante General de la Fuerza Armada. Implícitamente, quienes abanderan esta postura no niegan que los cuerpos de seguridad ejercieron actividades de terror contra civiles indefensos, pero no creen que sean el ex Ministro de Defensa y el ex Director de la Guardia Nacional los que deban responder por los crímenes cometidos bajo su mando, porque ellos a su vez obedecían órdenes superiores. Con gran sentido de oportunidad, los que sostienen tal cosa saben que aquel entonces quien fungía como jefe máximo de la Fuerza Armada era el ya fallecido José Napoleón Duarte. Es claro que, de estar vivo, Duarte tendría que rendir cuentas ante la justicia, porque bajo su mandato, primero, como presidente de una de las juntas revolucionarias de gobierno de la época y, luego, como Presidente de la República, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos.


Pero la responsabilidad mayor de Duarte tiene que ver más con la complicidad y encubrimiento que con las decisiones sustantivas tomadas para combatir a la oposición política. Está más que demostrado que esas decisiones eran exclusivamente tomadas por los jefes militares salvadoreños, muchas veces asesorados por militares estadounidenses, pasando por encima de la autoridad de Duarte. Quien piense que este último ejercía algún poder sobre el estamento militar está absolutamente equivocado; durante la década de los años ochenta, los militares salvadoreños fueron el poder por antonomasia. Por consiguiente, son los principales responsables de asesinatos, desapariciones, torturas y persecuciones a civiles indefensos. Nadie, pues, debe mostrarse extrañado porque ahora se les pida cuentas por lo que hicieron. Su responsabilidad es mayor, en cuanto que la violencia que ordenaron o toleraron fue ejercida desde el Estado. Esto es algo que no debieran olvidar todos aquellos que gustan de las simetrías a la hora de juzgar a los autores directos e indirectos de crímenes políticos.

G

 

Política


La batalla por San Salvador

 

Si todo sigue marchando según lo previsto, en las elecciones municipales de 2003 los salvadoreños residentes en la ciudad capital tendrán que decidir si Héctor Silva, el actual alcalde, es digno de recibir un tercer mandato para dirigir los destinos de este municipio. Por lo que se puede apreciar, al final de la decimoquinta Convención Nacional del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los efemelenistas no tendrán mayores inconvenientes en postular a Silva. De parte de la oposición (¿de centroizquierda?) no se vislumbran, de momento, obstáculos insalvables. Todo parece indicar que los renovadores serán marginados. Los partidos y movimientos políticos (CDU, AP, Iniciativa Ciudadana) que en este momento comparten el gobierno municipal con el FMLN han decidido formar una coalición con este último, sin tomar en cuenta al partido en formación Movimiento Renovador. Los efemelenistas decidieron, en su Convención, no hacer alianza con este grupo. Los demás partidos no están dispuestos a sacrificar la carta de Silva por un partido todavía en pañales, sin idea aún del respaldo con que cuenta en el electorado salvadoreño.

G

 

Economía


Reflexiones sobre la situación de las finanzas públicas

 

Pese a que los funcionarios del gabinete económico no lo admiten públicamente, las finanzas públicas muestran ser proclives al desequilibrio. El aumento del déficit fiscal desde niveles de 2% en 1998 a 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2001 es solamente el indicador más evidente, pues, en realidad, subyace detrás de la dinámica una situación mucho más compleja que ha sido adicionalmente agravada por factores coyunturales.

G

 

Sociedad


Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la paz en El Salvador

 

El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En enero de 1992 —poco antes de cumplirse los 12 años después de la muerte del Arzobispo de San Salvador— el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaban los Acuerdos de Paz, en virtud de los cuales se ponía fin a la guerra civil salvadoreña.

G

 

Regional


Alemán, al borde del desafuero

 

El ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, está a un paso de perder su intocabilidad y de responder ante la justicia por los actos de corrupción cometidos durante su gobierno. La iniciativa por retirarle al otrora mandatario su inmunidad parlamentaria está tomando mayor fuerza en la Asamblea Nacional. La oposición parlamentaria y una fracción significativa de la bancada oficial están cercando a Alemán. Sin embargo, como es natural, el proceso ya está causando tensiones políticas.

G

 

Derechos Humanos


Sobre derechos humanos y libertades públicas

 

La tradicional celebración del día del periodista en El Salvador tiene lugar el 31 de julio de cada año. Esa fecha parece servir, de un tiempo a esta parte, para que las “cabezas visibles” del quehacer mediático salgan de sus oficinas y salas de grabación para brindar a la sociedad un análisis crítico sobre la situación en que se encuentra el gremio actualmente. Con motivo de tal festejo, un día antes se realizó un evento que a la sazón prometía mucho; sobre todo, por el renombre de los panelistas. En efecto, el martes 30 de julio los representantes de dos medios escritos y uno televisivo junto a los presidentes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras (ASDER) se sentaron frente a las cámaras del Canal 21 para hablar —sin mayores inhibiciones y desde sus particulares puntos de vista— sobre los problemas de la prensa en el país y, por extensión, sobre las libertades de información, expresión y de comunicación.


Como se pudo comprobar durante la realización del evento, lo ocurrido durante el mismo no defraudó las expectativas generadas; entre otras cosas, lo más notable es que ahí se revelaron —de nuevo y dentro de las características propias de un ámbito como el señalado— la polarización y la intolerancia que prevalecen en nuestro país. Pero no nos vamos a ocupar de eso ahora, como tampoco nos detendremos a comentar el furibundo editorial que uno de los panelistas asistentes al referido foro leyó, ese mismo día, en el noticiero de televisión que él mismo dirige. Quizás lo hagamos en otra ocasión.


En esta oportunidad, consideramos más importante centrarnos en los derechos a la información, a la libre expresión y a la comunicación para analizar los niveles de su realización concreta en un país como el nuestro, dejando de lado el limbo de las generalidades. No obstante, siempre resulta necesario y útil hacer algunas consideraciones conceptuales previas. Así, podemos detallar en forma muy puntual que la información es unidireccional, vertical, cerrada, jerarquizada, irreversible y no siempre susceptible a ser respondida. La comunicación, en cambio, es “poner en común”; es diálogo; es abierta, libre, circular y dinámica. Es inherente a todos los seres humanos, forma parte de la propia condición de las personas y —por tanto—- es inalienable por naturaleza.


Al respecto, el mexicano José Alvear García sostiene: “Como todos los bienes que sirven para la subsistencia humana, la información tiene que contemplar —de manera en muchos casos vital— un control de calidad estricto y riguroso. La veracidad en la información es la esencia, no sólo de la tarea de difusión sino de la información misma. Pero mientras no haya un apego estricto a la realidad por parte de quien informa, se provoca irremediablemente un fenómeno de contaminación de la comunicación misma… La información es la primera instancia de la comunicación. Es, quizás, la materia prima de este proceso en la medida en que la información sea falsificada, la comunicación por ende no será más que una caricatura de la realidad y, en el peor de los casos, un sistema de falsos entendimientos que está al servicio de quien tiene el poder de difundirlos. Si entendemos a la comunicación, pues, como un proceso de acuerdo entre los seres humanos y a la información como a la materia prima para que se lleve a cabo, es indispensable incluir la veracidad de la información como uno de los requisitos para la realización de los derechos humanos”.


La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también contribuye a iluminar el panorama. “En su dimensión individual —señala la Corte—, la libertad de opinión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos proclama que la libertad de pensamiento y de expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento, está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción a las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho a expresarse libremente”.


Y continúa diciendo que “si en principio la libertad de expresión requiere que los medios (...) estén abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones con respecto a éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla”. Dichos medios —afirma la Corte— “sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad”. “Para el logro de los fines mencionados” —señala el alto tribunal interamericano— “los medios de información deben estar libres de todo género de presión e imposición, y quienes utilizan los medios de información asumen una gran responsabilidad ante la opinión pública y deben, por tanto, ser fieles a la verdad de los hechos”


Así las cosas, el derecho a una información veraz y oportuna así como los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la comunicación se encuentran vinculados —de manera indisoluble— a dos temas fundamentales: el de la verdad, por un lado, y el de la real participación de la población en los asuntos trascendentales relacionados con su calidad de vida, por el otro. Así se construyen sociedades verdaderamente democráticas. Desde esa perspectiva, al observar el panorama nacional afirmamos —con sobradas razones— que no estamos nada bien en la materia.


¿Por qué? Pues porque —debido a causas elementalmente vitales— son otras las prioridades de las mayorías populares; porque existen limitaciones estructurales para que la gente se involucre y/o porque, sencillamente, sus realidades esenciales no son asuntos de interés para quienes detentan los poderes. Son esas mayorías golpeadas por la violencia física y económica en el pasado y el presente, las que tienen hambre y padecen enfermedades; las que no van a la escuela nunca o dejan de ir muy pronto; las que no encuentran trabajo; las que sufrieron un enorme desencanto en este El Salvador de los últimos diez años, sin guerra pero también sin una verdadera paz; las que sienten una enorme desconfianza; las que, a estas alturas, no perciben señales que las animen a creer en los promocionados cambios y las que salen a la calle a buscar —de cualquier forma— el sustento diario.
Son, pues, todas aquellas personas que actualmente sólo tienen dos preocupaciones básicas en su horizonte: vivir y sobrevivir; dicho en otras palabras: no morir violentamente y tener qué comer. Fuera de eso que por ahora es lo más importante, probablemente no hay espacio para otra cosa. Son esas mayorías las que, además, cuando han buscado expresarse libremente y establecer una comunicación real para resolver sus conflictos más apremiantes, han visto cerrarse los pocos espacios para ello sin poder hacer nada por impedirlo.


A lo anterior se debe agregar que la inmensa mayoría de los medios masivos de difusión en el país han estado —antes, durante y después de la guerra— en manos de familias con mucho poder económico y ligadas estrechamente al poder político. Eso explica muchas de las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre la prensa nacional, de las cuales transcribimos tres:
— Nunca se habla de las causas posibles del conflicto armado, no tiene origen en la realidad salvadoreña; su origen, de existir, sería externo.
— Se presenta lo que denominaremos la paradoja salvadoreña, ya que se habla de paz y muy poco de guerra, lo cual conlleva a negar el por qué de la guerra, pero al mismo tiempo el por qué de la paz.
— El silencio informativo, la desinformación y la impunidad ante el crimen forman parte de una realidad que la prensa escrita contribuyó a forjar.


Habrá quien diga, con malicia o sin ella, que eso ya no ocurre más en el país; que es cosa del pasado y que la realidad actual es muy distinta. No nos engañemos. Para muestra, un botón: el caso reciente del hijo de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño ejecutado impunemente por la versión más intolerante y sanguinaria de la guerrilla salvadoreña en mayo de 1975. Los siguientes son algunos fragmentos del comunicado sobre este grave incidente que fue enviado por PROBIDAD, organización social que lucha contra la corrupción en el país.


“La Prensa Gráfica —dice el texto—, el periódico matutino de mayor circulación en El Salvador, canceló a partir del 1ro. de agosto de 2002 la columna editorial del periodista Juan José Dalton, que se publicaba semanalmente, por diferir con la línea editorial de dicho medio, según la notificación que recibió de la dirección del mismo. En su columna del domingo 28 de julio, titulada ‘Torturadores chillan’, el periodista Dalton criticó la posición asumida por La Prensa Gráfica en relación a una reciente condena dictada en el estado de Florida (Estados Unidos) contra ex-militares de alto rango implicados en torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado que sufrió este país en la década de los ochenta. La Prensa Gráfica es de la posición que los crímenes del pasado deben ser olvidados…”


Y continúa dicho comunicado: “Los espacios editoriales de los medios de comunicación son vitrinas de la democracia, a través de ellos se puede medir la pluralidad, tolerancia y madurez política que han alcanzado las sociedades. La cancelación de la columna editorial del periodista Dalton es una clara y grave evidencia de la inercia histórica de la mayoría de medios de comunicación salvadoreños, que siguen abrazando resabios ideológicos del pasado y que no dudan en sacrificar su independencia cuando de defender intereses de grupos económicos o políticos se trata, tanto aquellos que se identifican con la derecha política (y que son los principales del país), así como aquellos que lo hacen con la izquierda… Y en un escenario de esas características, el desprecio por el estado de derecho, la alta incidencia de la corrupción y la impunidad, y las profundas desigualdades económicas y sociales seguirán prevaleciendo en este país.”


Sin duda, es tiempo que nuestra gente empiece a conocer y reconocer lo que sucedió en el pasado y nos llevó a la guerra, así como lo que sucede ahora junto a lo que puede ocurrir más adelante, de no asumir con responsabilidad las tareas urgentes que se imponen para la construcción de una sociedad distinta, donde la calidad de la democracia se pueda medir por los niveles de respeto a todos los derechos humanos sin distinción alguna. Y es que ahí donde la gente no puede expresar su opinión, donde no recibe a tiempo información objetiva y donde no cuenta con las posibilidades reales de comunicarse libremente —sostiene Enrique Pedro Haba— “tampoco está seguro ningún otro derecho, pues tienen cercenado el camino para conocer los abusos y hacer causa común contra éstos”.

G

 


 


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